martes, 1 de marzo de 2016

Comienza la restitución de tierras huicholas de Huajimic



Los comuneros de Wuaut+a comienzan con una remesa de once asuntos; urgen a la Sedatu a indemnizar a los invasores.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

"Ya nos dejaron en la calle”, dijo resignada doña Enriqueta Montoya Ultreras, la primera de 45 posesionarios de la zona de Huajimic, a quien se fijará término para que regrese 184 hectáreas de su rancho, que forman parte del polígono original de la comunidad de Wuaut+a (San Sebastián Teponahuaxtlán), en la Sierra Madre Occidental.

Si bien, recibió ese predio de su padre hace unos 38 años, la aplicación del principio de que “el primero en tiempo es primero en derecho” ha determinado que no es suyo: los títulos virreinales de San Sebastián datan de 1718, y fueron reconocidos por el gobierno mexicano en 1953.

En la sala de audiencias del tribunal unitario agrario número 56, en la capital nayarita, su abogada Rosa Carmen Rodríguez intentó detener con recursos infructuosos lo que al parecer es inevitable: al tratarse de una cosa juzgada, sólo procede ejecutar la sentencia.

Y es apenas uno de once expedientes que se ventilaron ayer; pero mientras sus diez vecinos posesionarios de este extremo donde se encuentran el norte de Jalisco y el oriente de Nayarit una frontera porosa e indefinida no se presentaron, la mujer sesentona y de rasgos caucásicos decidió tomar el toro por los cuernos, y reclamar la indefensión en que a su juicio se le deja, dado que su rancho, Bola Negra, es el patrimonio de toda su vida. Poco efecto tuvo frente a un grupo de impertérritos wixáricas de piel morena que aunque se condolieron de su suerte, advirtieron que la devolución de las tierras no es tema negociable.

El magistrado Aldo Saúl Muñoz López urgió a que se pidieran cuentas de una eventual indemnización para la perjudicada, que se estaría gestionando en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) –los posesionarios llegaron a la zona impulsados por el gobierno nayarita que les dotó de tierras supuestamente baldías, y fueron apoyados por programas de estímulo del gobierno federal para quedarse allí-, pero eso no es condición para que se regrese la tierra, una “sentencia que no se ejecuta es justicia denegada”, subrayó.

En ese sentido, “invito a la señora Enriqueta para que proponga las circunstancias de modo y tiempo en las que deberá entregar legal y materialmente las 184.73 hectáreas a la comunidad demandante”, exhortó. La resistencia a hacerlo sin tener una compensación asegurada, hizo que el juzgador determinara que, tras un plazo de cinco días hábiles concedidos a la Sedatu para informar del asunto, se establecerá la fecha  y hora “en la que el actuario se trasladará al terreno y ejecutará la sentencia  del 14 de junio de 2012, en los términos indicados en sus puntos resolutivos”.

En el caso de los diez expedientes restantes, tres fueron debidamente  notificados y seis lo fueron “por estrados”, es decir, en las instalaciones de juzgado, lo que obliga a enviar a un actuario, a comienzos de abril, para que los emplace en su comunidad. La idea es que entre mayo y junio se puedan ejecutar todos los casos, pero será apenas el comienzo:  se trata de unas 580 hectáreas de un total de diez mil ha que se les invadieron, lo que lleva a casi 50 casos judiciales más que se encuentran en diversas etapas en el Tribunal Unitario Agrario 16, de Guadalajara. El papel del TUA 56 es sólo de ejecutor para la primera remesa de asuntos, aclaró el magistrado.

FUERZA PÚBLICA

Los tribunales agrarios son instancias juridiccionales que deben ser apoyadas por la fuerza pública para ejecutar sentencias, en caso de resistencia de los afectados. El magistrado del TUA 56, Aldo Saúl Muñoz López, lamentó que a veces hay poca disposición a ayudar por las instancias civiles, por lo que se hace necesario el apoyo del Ejército. Confió en que pese a la oposición de los posesionarios, la devolución de las tierras a los huicholes, que apenas comienza, se haga en paz.

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