Las promesas del gobierno de ese estado han paralizado las negociaciones con los posesionarios, advierten líderes huicholes. Temen que se asome la violencia.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
"El gobernador [Roberto Sandoval] nos prometió que mientras él esté en funciones, no tendríamos que entregar un solo metro de tierra a los huicholes", asegura, con un dejo de súbita desesperanza, don Abel Romero Villa, a la salida de la audiencia en la cual el magistrado del tribunal unitario agrario 56, Aldo Saúl Muñoz López, les acaba de avisar a él y su esposa, que deberán regresar el rancho de 184 hectáreas que han usufructuado por décadas en la familia.
No es una decisión arbitraria: esa posesión forma parte de los terrenos de la comunidad indígena de Wuaut+a (San Sebastián Teponahuaxtlán), reconocidos por el rey de España a los wixaritari (huicholes) desde 1718. Es apenas el primero de 60 juicios restitutorios para recuperar un vasto agostadero de diez mil ha que les fue arrebatado –en un proceso gradual y no siempre pacífico- desde los años 50 del siglo XX.
La promesa acuñada por el mandatario nayarita está lejos de ser una casualidad. Fueron los gobiernos de ese estado los que impulsaron una política de colonización en sus linderos oriente con el afán de "legitimar" la ocupación de tierras del antiguo cantón de Colotlán; tras constituirse como estado en 1917, ya se habían hecho fuertes en Apozolco, al sur del área, arrebatado al municipio de San Martín de Bolaños desde los tiempos de la guerra cristera, una demarcación que pertenecía totalmente a Jalisco. El éxito de la política nayarita fue posible porque los gobernadores que despachaban en Guadalajara vieron el asunto con total indiferencia y dejaron a miles de sus gobernados a su suerte.
Quizás por eso, Miguel Vázquez Torres, presidente del comisariado de bienes comunales de Wuaut+a, establece que la pertenencia del territorio comunal a una u otra entidad es casi secundario, porque el derecho agrario les da la razón y no están dispuestos a negociar ningún pedazo de su territorio primordial. Eso no significa que le parezca irrelevante la suerte de los posesionarios. Ese sentimiento los ha hecho apostarse, la misma tarde del juicio, con unos 40 comuneros en la delegación estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), cuyo papel se les antoja exasperantemente lento ante las urgencias de prevenir cualquier conflicto social e incluso hechos de sangre durante las restituciones en la sierra.
La delegación nayarita de Sedatu integró desde hace meses expedientes de posesionarios que deberán dejar sus tierras al perder los juicios restitutorios, pero en el camino a México se perdieron, o al menos eso le dijeron a los líderes indígenas que hace menos de dos semanas visitaron la Ciudad de México.
"En oficinas centrales no había nada", advierte con molestia el secretario de la comunidad, Ubaldo Valdez Castañeda, lo que genera incomodidad y perplejidad al delegado, Gerardo Aguirre Barrón. También le comentan que la actuación del gobierno nayarita deja mucho que desear, "parece que no quiere resolver el problema", le espetan. El funcionario se disculpa: Sedatu es gobierno federal. Mientras, el gobernador Sandoval sonríe en la sala, como desmintiendo el aserto: una gran foto suya con un menesteroso adorna la estancia de juntas de la dependencia.
Aguirre Barrón –un apellido de resonancias separatistas: la casa Barrón y Forbes financió la guerrilla lozadista que paradójicamente, defendía wixaritaris y náyeris (coras) al tiempo que impulsaba la separación del cantón de Tepic del dominio de Guadalajara, en la lejana mitad del siglo XIX- tampoco asegura que los expedientes estén completos. Señala que visitó la zona y se reunió con los afectados, pero a lo sumo habrán acudido un tercio de los posesionarios. "Alguno de los vecinos ha comentado que prefiere comprarse una pistola que pactar la entrega", desliza con preocupación un testigo que conversa con un reportero.
La abogada de los pequeños propietarios, Rosa Carmen Rodríguez McCarthy, aprovecha el espacio de esta audiencia para pedir a los wixaritari que sean compasivos con sus vecinos: "Me confieso ignorante de su ideología sobre la tierra, pero hablando de la madre tierra, creo que los posesionarios la han cuidado y la han amado como ustedes, además, les han dado amistad y trabajo... sería justo que consideraran la posibilidad de que no se les quitara todo". A rato le responden los líderes aborígenes, a rato la ignoran. Son contundentes: "Nos preocupa que los posesionarios no se queden con nada, no queremos problemas sociales, son nuestros vecinos. Pero nuestra tierra se nos regresará completa, los juicios los vamos a ganar", señala con firmeza el secretario Ubaldo, licenciado en ciencias políticas por la Universidad Autónoma de Nayarit.
El viejo principio de "el primero en tiempo es primero en derecho" está demostrando sus efectos en las restituciones de Huajimic. No obstante, don Abel se aferra a la antigüedad de sus posesiones. "Mi esposa tiene como 30 o 40 años con la tierra, se la entregó su papá, pero mi familia tiene allí viviendo desde 1845, hay documentos. En mi tiempo tuvimos problemas con esa comunidad [Wuaut+a], hay un certificado que le dieron en México a mi bisabuelo, y ganamos eso, se vino abajo la resolución para ellos". Alude a otro rancho que no está en el polígono de la restitución y que quedará como heredad de la familia con la pérdida de Bola Negra. Esboza su teoría del arribo de los wixaritari: "Hace 200 años aquí no había ninguno de esa zona, después llegó un huichol que era vecino, se hizo huichol y midió: hasta aquí, y dijo, estas tierras ya son de aquí, y se inconformaron durante mucho tiempo, nomás llegaban hasta ahí y se paraban...".
Y por si faltara, reivindica sus raíces indias. "Yo desciendo de los meros indios de acá, pero ah no ahora ellos son los que están vestidos como huichol, y si a mí me ponen un traje de huichol soy indio completo, qué más puedo decirles", señala el hombre de piel morena, pero fisonomía típicamente mestiza.
Los enfrentamientos entre la comunidad aborigen y la de colonos permiten reiterar clichés: "Nosotros hemos hecho productivas estas tierras, ganado se ha producido todo el tiempo, y sembrar maíz y sorgo, que más le podemos hacer, así contribuimos nosotros, nomás que ya nos agarró la comunidad y ahora no, ustedes son posesionarios, nos dicen; no, somos propietarios, les digo". ¿Alguien quiere una prueba de que esas tierras no son bien gestionadas por la etnia? "Vea las tierras que les devolvieron en Puente de Camotlán, antes eran cultivadas y llenas de ganado, ahora los pastos están crecidos; están ociosas", secunda la esposa de Abel, Enriqueta.
Los colonos tienen meses preocupados por el curso de los juicios, pero decidieron confiarse a las palabras de Roberto Sandoval. "Dijo el gobernador que no habría ejecución [de los juicios], que mientras él estuviera no sería así", insiste don Abel.
- ¿Se los dijo hace mucho?
- No, como un año. Nos recibió en palacio de gobierno.
Pero la noticia que les da el magistrado los sumerge en la preocupación. "Pos nos dejan en la calle –señala doña Enriqueta, la titular, dueña del rancho Bola Negra de 184 ha; no nos pagan nada, aparte uno ya está grande, no tiene preparación ni nada; todavía si le pagaran bien a uno se le haría la lucha, pero así no se va a poder...".
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Claves
La sierra indígena
- La Sierra Madre Occidental, la cadena montañosa más larga de México, ha sido refugio histórico de pueblos indios tras los procesos de conquista que vivió el país desde el siglo XVI
- La conquista de El Nayar, la gran provincia indígena dominada por los náyeris o coras, el "hermano mayor" de tepehuanos (O'dam) y huicholes (wixaritari), en la segunda década del siglo XVIII, derivó en la ocupación del núcleo central de esa civilización, y políticas de amenaza y distensión con sus vecinos. San Sebastián (Wuaut+a) fue reconocido y recibió títulos virreinales en 1718
- Las leyes liberales de la segunda mitad del siglo XIX derivaron en "denuncia" masiva de "tierras ociosas" o "bienes de manos muertas". Los terrenos serranos sirvieron para engrosar haciendas, pero suscitaron una rebelión indígena y campesina de grandes dimensiones, liderada por Manuel Lozada, el famoso Tigre de Álica, precursor de la reforma agraria que se aplicó a partir de 1917
- Fue la constitución de 1917 la que planteó devolver sus tierras primordiales a los pueblos indígenas. El procedimiento de restitución culminó con un decreto presidencial en 1953 a favor de San Sebastián Teponahuaxtlán (Wuaut+a). En esos años también se generaron reconocimientos para San Andrés Cohamiata (Tateikie) y Santa Catarina Cuexcomatitlán (Tuapurie), los otros dos grandes núcleos del pueblo huichol
- Los gobiernos estatales vecinos, Zacatecas, Durango, y sobre todo, Nayarit, utilizaron la misma reforma agraria para generar disensiones internas en los núcleos huicholes, lo que derivó en el desmembramiento territorial de las tres grandes comunidades
- Nayarit fomentó la separación de la comunidad de Guadalupe Ocotán de su entidad madre, San Andrés. También realizó políticas de colonización con las tierras deWuaut+a, entre las que destacan Puente de Camotlán y Huajimic. El primero fue restituido hace una década. El segundo está en vías actualmente
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