Sitio de Agustín del Castillo

Los panistas del ayuntamiento tapatío piden que los 260 millones de pesos que se recibirán por el predio del recinto ferial no vayan a deuda o nómina.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Los panistas, que votaron en contra de la venta del terreno de 14 hectáreas ubicado en la zona de Huentitán para la construcción del nuevo recinto de las Fiestas de Octubre, debido a la falta de transparencia y de consulta ciudadana, insisten que los 260 millones de pesos que se recibirán se apliquen en obra para los tapatíos de la zona, en la compra de nuevos terrenos de la comuna e incluso en el mercado Corona. Pero no en pago de deuda y laudos cuya legitimidad desconocen.

En conferencia de prensa, el coordinador de los regidores de Acción Nacional, Alberto Cárdenas Jiménez, señaló que esta mañana se ha entregado en el despacho del presidente municipal, Ramiro Hernández García, la propuesta de asignación de ese dinero, y que si bien votaron en contra, no se debe a que se opongan a que las fiestas regresen a la capital tapatía ni al uso del terreno, sino a las formas con que se pretende llevar a cabo, sin preguntar a los habitantes de las colindancias y sin definir claramente el uso de los dineros.

“El Código Urbano establece con claridad que es obligatoria la consulta a los ciudadanos, y no se ha hecho; también quisimos que se asentara en el acta de cabildo de esa sesión, del 11 de febrero pasado, el destino del dinero, y de última hora los priistas decidieron no apoyar esa propuesta, esto nos obligó a votar en contra”, explicó el ex gobernador de Jalisco.

Se trata de una operación en la que se adelanta la mitad del pago y la otra mitad se aplica en doce mensualidades. De este modo, los blanquiazules pretenden que los 260 millones (1,900 pesos por metro cuadrado) se apliquen del siguiente modo:

60 millones de pesos para el fideicomiso Voltea a la Barranca; 30 millones de pesos en mejoramiento de colonias aledañas; 20 millones de pesos en rehabilitación de parques y jardines de la ciudad, especialmente “en las zonas norte y oriente, que es dónde más carencias de áreas verdes se tienen”; 20 millones de pesos a mejoramiento de mercados municipales; cinco millones de pesos para establecer bebederos con agua potable permanente en las zonas de vía recreactiva y unidades deportivas; 17 millones de pesos en cámaras de videovigilancia; 50 millones de pesos para la compra de reservas territoriales y 60 millones para equipamiento a dependencias y servicios públicos, “lo que podría dedicarse al mercado Corona”.

Cárdenas Jiménez advirtió que hay mil millones de pesos de deuda de corto plazo “muy poco clara” incluso en sobre a quiénes se le debe, y que laudos millonarios no deben ser pagados con ese dinero porque tienen el tufo de la corrupción.

El juez cuarto de Distrito suspendió de forma provisional la edificación de la presa a más de 80 metros, lo que se suma a tres resoluciones judiciales más.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Los diputados perredistas no lograron la suspensión que buscaban contra los actos y omisiones del propio poder Legislativo, que se ha negado a reclamar la ejecución de la sentencia de la controversia constitucional 93/2012, que dejó hace un año en la ilegalidad la cortina del Zapotillo a 105 metros y la limitó a 80 metros, pero al menos, el juez cuatro de distrito les concedió mantener en suspenso esa edificación mientras juzga si el reclamo es procedente. Como efecto, se acuymula una determinación judicial más, que impide que las obras continúen por arriba de la cota de 1,630 metros sobre el nivel del mar.

"El gobierno del estado, en su actuar ciego y sordo, está incurriendo en violencia institucional  cuando en el caso de El Zapotillo pretende hacer pasar por encima de los derechos humanos, civiles, políticos y culturales, una obra que dejará grandes afectaciones a la población alteña [...] a quienes despojará del agua para consumo humano, agrícola, ganadero y agroindustrial, para llevarla al centro económico de El Bajío, con sede en León", dijo la diputada del sol azteca, Celia Fausto Lizaola.

En conferencia de prensa, explicó la suerte que ha tenido la demanda de amparo que interpuso esa fracción legislativa (expediente 2650/2014), que se interpuso en contra de la negativa de la mesa directiva y del pleno del Congreso del estado a reclamar que la resolución que les fue favorable hace un año, fuera efectivamente ejecutada.

"En aras de atenuar la violencia institucional del gobierno del Estado en contra de un segmento importante de los jaliscienses [...] el pasado 25 de julio presentamos demanda de amparo indirecto contra la decisión de la sesión [sic] del pleno del 10 de julio, que rechazó la presentación de la queja por defectos en el cumplimiento de la controversia, toda vez que eso se debía hacer de oficio para resguardar la institucionalidad de un poder que recurrió a ese recurso cuando el poder Ejecutivo en su momento violó sus propios derechos en el tema y aprobó el convenio de 2007 para hacer la cortina a 105 metros", agregó la legisladora.

Y si bien, no se concede para una larga lista de efectos invocados, como son justamente que debía interponerse el recurso de oficio, sin votación de por medio, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación; la omisión de velar por el cumplimiento de la sentencia; la omisión del propio gobierno del estado, que a juicio de los perredistas, no ha velado por que las constructoras y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se sometan al mandato judicial; todos estos se analizarán en el fondo del juicio, y podrían derivar en una suspensión definitiva. El hecho que previene es el de que se siga edificando la cortina más allá de los 80 metros, lo cual ya había sido suspendido en al menos tres juicios más, por lo que viene a reforzar la losa judicial sobre la obra, que según sus propios constructores, dejaron de construir a 30 centímetros de la cota 1,630 msnm, el pasado 3 de julio, justamente para eludir efectos legales negativos (MILENIO JALISCO, 29 de julio de 2014).

De acuerdo a los responsables de la obra, la cortina de la presa está a 30 centímetros de alcanzar los 80 metros de altura.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El consorcio constructor de la presa El Zapotillo, que lidera la compañía Peninsular, determinó suspender la edificación de la cortina de 30 centímetros antes de que alcanzara los 80 metros, con la finalidad de evitar responsabilidades legales derivadas de las diversas suspensiones judiciales que penden sobre la obra.

En un oficio entregado el pasado 3 de julio por el director del proyecto, Gilberto Rangel Gómez, dirigido al director del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico, José Elías Chedid Abraham, se informa al funcionario que en esa fecha se alcanzó la elevación de mil 629.70 metros sobre el nivel del mar.

“Derivado de lo anterior, a partir de las 10:00 horas del día de hoy, todo el personal y equipo asignado a las actividades de fabricación, transporte y colocación de concretos compactados con rodillo y concretos convencionales que de conformidad con el programa de obra vigente se venían ejecutando en la estructura denominada cortina, quedaron suspendidos”, refiere el responsable de los trabajos al titular regional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Esto se realizó, por que la cota 80 se alcanza en los mil 630 metros sobre el nivel del mar, y ya se había acordado no sobrepasarlos mientras estuvieran vigentes las impugnaciones legales, esto tras dos oficios de la Conagua emitidos los días 10 y 9 de junio de 2014, que derivaron en un recorrido por la zona el pasado 24 de junio.

El documento de los constructores fue entregado por Chedid Abraham al juzgado primero de distrito en materia administrativa y del trabajo en el marco de “incidentes por defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva 1046-2014”, promovido por la asociación civil Salvemos Temaca.

Junto al representante regional de la Conagua le pide al juez que deje sin materia este procedimiento ante la evidencia, dice, “de que se ha cumplido de manera rigurosa con la suspensión otorgada”, por lo cual debería ser calificado como “infundada”.

Son fraccionamientos y comunidades reconocidas por los ayuntamientos debido a que resolvían sus necesidades de abastecimiento, pero hoy utilizan gratuitamente la infraestructura.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Entre los problemas financieros más acuciantes del SIAPA se encuentra la falta de pago de más de 20 mil usuarios de una veintena de asentamientos humanos que aunque se autoabastecen de pozos concesionados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), utilizan las redes de alcantarillado para desahogar sus aguas negras, y peor aún, son subsidiados en el saneamiento de esos vertidos, que ya se cobra a más de un millón de usuarios en la ciudad.

En conjunto, acumulan más de medio millón de metros cúbicos mensuales y están evadiendo pagar en dos conceptos: el uso de la red de alcantarillado que significaría cinco pesos por m3, y el de saneamiento, que es de 2.90 pesos, lo que ascendería a casi cuatro millones de pesos al mes que deja de recibir el organismo operador.

Es un problema que no se ha podido resolver. En parte deriva de la resistencia de los mismos colonos, que arguyen ser autosuficientes en el tema y contar con convenios de los ayuntamientos como prueba de que no cuestan sus servicios. Pero usan la red porque ninguno sanea sus aguas o las reutiliza, salvo casos marginales, y mucho menos recargan el acuífero del que provienen. A ello se suma que los propios municipios no son ni siquiera mediadores en la negociación con el SIAPA y no han establecido la necesidad de modificar el esquema jurídico. Finalmente, salvo tres casos, son colonias con alto nivel socioeconómico y poder de negociación política superior al promedio, lo que empantana más una salida.

“Con las colonias autoabastecidas existe un vacío legal, en el origen a lo mejor se debe a que el organismo operador negó la factibilidad de los servicios, o que carecíamos de la infraestructura y ellos lo resolvieron, pero esas colonias hoy sí se encuentran conectadas  a la red de drenaje y a los colectores que tiene el SIAPA y deberán de cubrir las cuotas correspondientes en los resolutivos del propio consejo tarifario; solamente tres, que son Colinas de San Javier, Las Fuentes y Santa Isabel, cubren el uso del drenaje y alcantarillado, pero no el tratamiento de las aguas, que son dos cosas diferentes, y ya estamos trabajando porque se normalicen todas”, apunta el presidente del consejo de Administración del organismo operador, Francisco Ayón López.

“En su momento el SIAPA determinó que no podía otorgar el servicio, entonces los desarrolladores compraron derechos a la Comisión Nacional del Agua [Conagua], perforaron pozos y el ayuntamiento les dio el permiso y los responsabiliza, les cobra, pero ya con el uso de nuestras redes es diferente, porque se sobrecargan y además se deben sanear las aguas”, secunda el director del organismo, Aristeo Mejía Durán.

Sin considerar el caso del fraccionamiento El Palomar, de Tlajomulco, que también descarga a la red de la ciudad, son 15,469 predios con 61,876 habitantes de comunidades de Guadalajara y Zapopan. Si se suma el gran asentamiento que colinda con Zapopan en las montañas de La Primavera, habrá que agregarle 4,464 predios más con un estimado de 18 mil habitantes más, para una gran cuenta de 20,024 usuarios que en los hechos están subsidiados (ver detalle en recuadro anexo).

El caso más antiguo es el de la colonia Chapalita, pero considerando lo que establece el sistema  de contribuciones legalmente vigente, el atraso en pagos toparía a cinco años. Si se calculara a rajatabla: 48 millones de pesos para este año por el tema de que ya se paga el saneamiento; en los cuatro anteriores, sin ese concepto, 120 millones de pesos más, en cifras redondas, para un total de 168 millones al cierre de este año, a precios actuales.

“Debemos buscar resolverlo ya, justamente porque se encarece el servicio con la entrada en operaciones de la planta de tratamiento de Aguaprieta y no podemos eximir cuentas porque entonces el resto de la ciudad los está subsidiando, lo que no es justo ni equitativo, y no ayuda a las finanzas del organismo que hemos buscado consolidar con los cambios que hemos hecho en los últimos años”, apunta Ayón López.

Si bien, ya hubo una inauguración formal, la pasada semana, de la saneadora ubicada en la barranca del río Santiago, su proceso está todavía en fase de estabilización, y se espera que a mediados de septiembre ya trate de forma adecuada los 5,500 a seis mil litros que le aporta la ciudad por segundo en estos momentos. Por ello, de los tres tipos de cuotas que cobran los concesionarios al Siapa, ya reciben aportaciones de tarifa uno y dos (t1 y t2). Para septiembre se pagará también la t3. El pago es de 98 centavos por m3. El SIAPA prevé pagar por mes 23 millones 361 mil pesos, más seis millones 196 mil mensuales que se pagan por el tratamiento en la planta de El Ahogado.

- Cuando se analice el tema de la incorporación de Tlajomulco, este problema se va a multiplicar, allí hay muchos pequeños sistemas…

- Sí, es que no hay un sistema integral, hay soluciones de colonias, pero no hay un sistema, y en cambio, [en Atemajac-Tesistán] sabes hacia dónde va a desembocar el agua, en un solo sistema mientras en Tlajomulco son como células aisladas, parches de colonias, y en el momento en que el SIAPA pueda generar una solución lo tendremos que hacer por zonas, ir generando de manera gradual la incorporación para mantener un sistema integral, y también revisar de dónde vas a traer el agua, para solucionar el conflicto, ahorita en la zona hay problemas de abasto y de calidad del agua, quizás lo podamos solucionar  con la planta de Toluquilla.

Colonias no incorporadas al SIAPA

Colonia Arcos Sur, nivel socioeconómico alto, con 263 predios, 1052 habitantes y un consumo mensual de 7,890 metros cúbicos de agua

Fraccionamiento Bugambilias, nivel socioeconómico muy alto, con 2,800 predios, 11,200 habitantes y 84 mil m3 mensuales

Colonia Chapalita, nivel socioeconómico alto, con 2,553 predios, 10, 212 habitantes y 76,500 m3 de consumo al mes

Fraccionamiento Ciudad del Sol, nivel socioeconómico muy alto, con 2,600 predios, 10,400 habitantes y 78 mil m3 de consumo mensual de agua

Fraccionamiento Colinas de San Javier, nivel socioeconómico muy alto, con 749 predios 2,996 habitantes  y 22,470 m3 de consumo mensual de agua

Colonia El Batán, nivel socioeconómico medio-bajo (popular), 341 predios con 1,600 habitantes y ocho mil m3 de consumo mensual de agua

Colonia Las Fuentes nivel socioeconómico alto y muy alto, 1,230 predios con 4,920 habitantes y 36,900 m3 de consumo mensual de agua

Colonia Lomas del Valle, nivel socioeconómico muy alto, con 335 predios, 1,340 habitantes y 10,050 m3 de consumo mensual de agua

Colonia Monraz, nivel socioeconómico alto, con 222 predios, 888 habitantes y un consumo mensual de 6.660 m3 de agua

Fraccionamiento San Wenceslao, nivel socioeconómico alto, 249 predios con 996 habitantes y 7,470 m3 mensuales de consumo de agua

Fraccionamiento Santa Isabel, nivel socioeconómico alto, con 180 predios, 720 habitantes y 5,400 m3 mensuales de consumo de agua

Fraccionamiento Vallarta Poniente, nivel socioeconómico alto, con 170 predios, 680 habitantes y 5,100 m3 mensuales de consumo de agua

Fraccionamiento Villa Universitaria, nivel socioeconómico alto y muy alto, con 368 predios, 1,472 habitantes y un consumo mensual de agua de 11,040 m3

Fraccionamiento El Palomar, nivel socioeconómico alto, 4,464 predios con 16,800 habitantes y 120 mil m3 de consumo mensual de agua

San Juan de Ocotan, nivel socioeconómico medio y bajo (popular), con 1,350 predios, 5,400 habitantes y un consumo mensual de agua de 40,500 m3

Colonia Monraz Terrazas, nivel socioeconómico alto, con 1,500 predios, 6 mil habitantes y 45 mil m3 de consumo de agua por mes

Fraccionamiento Arcos Vallarta, nivel socioeconómico medio y alto, con 300  predios, 1,200 habitantes y un consumo mensual de 9 mil m3

Fraccionamiento Colomos Patria, nivel socioeconómico medio y alto, con 200 predios, 800 habitantes y un consumo mensual de agua de 6 mil m3

Colonia Fábrica de Atemajac, nivel socioeconómico medio y bajo, con 150 predios, 600 habitantes y 4,500 m3 de consumo mensual de agua

FUENTE: SIAPA

La frontera de este ecosistema ha crecido desde los años setenta, pero cada vez enfrenta más presiones para su conservación en Jalisco.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Con 2,502.4 hectáreas de superficie de manglar en 21 cuerpos de agua a lo largo del litoral, Jalisco posee aún un recurso importante que permite la protección de costas y la reproducción de ictiofauna de alto valor comercial, como crustáceos y mariscos; sin embargo, tiene amenazas no menores ante la fuerte deforestación de sus cuencas, que propicia la llegada masiva de azolves, y la contaminación generada por las actividades económicas.

Hoy es el Día Mundial de los Manglares. El investigador Francisco de Asís Silva Bátiz, Jefe del Departamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras de la Universidad de Guadalajara, destaca que la frontera de este tipo de vegetación, en un análisis realizado con base en fotos de satélite y aéreas, no sólo no ha retrocedido, sino que ha tenido una modesta ganancia si se comparan coberturas de 1976 y de 2007, aunque hay retroceso en dos casos específicos: la laguna Barra de Navidad (108 hectáreas menos) y el estero El Chorro-Majahuas (60 ha menos). En contraste, aumentó la superficie de mangle en el estero Aguadulce-El Ermitaño (186 ha), en la laguna de Chalacatepec (57 ha) y en el estero de La Manzanilla (25 ha), si se analizan solamente el caso de siete sitios con declaratoria Ramsar como humedales prioritarios internacionales, de los 21. Esos siete son los que guardan la mayor superficie.

"Es importante seguir avanzando en el tema del manejo, ya salieron los programas elaborados para que se camine cada vez más a una gestión sostenible, donde es fundamental sumar las voluntades de los usuarios de los cuerpos de agua, esto es, sobre todo pescadores y prestadores de servicios turísticos", explicó.

En su nota conmemorativa de esta jornada, la Comisión Nacional Forestal difundió: "existe un ecosistema que aporta grandes cantidades de oxígeno, es capaz de limpiar el agua de contaminantes tan fuertes como el petróleo o el cromo, en él comienza la vida de una fuente de alimento tan importante para el ser humano que es la pesca, protege a los pueblos de los tsunamis, inundaciones o ciclones, mitiga el cambio climático y ahí descansan un sinnúmero de aves migratorias y mamíferos: el manglar".

Estos ecosistemas, añade, "se encuentran en 123 países, en regiones tropicales y subtropicales y se conocen 54 diferentes especies [de mangle]". En México la extensión de estos ecosistemas suman 655,667 hectáreas.

"No obstante, este importante ecosistema también ha sufrido de alteraciones por el ser humano, como el cambio de uso de suelo, el cambio del curso del agua por la construcción de caminos, carreteras y granjas camaronícolas, construcción para habitar las zonas, así como la extracción de recursos maderables, los incendios forestales y la contaminación".

En 2000 se estableció el día 26 de julio como el Día Internacional de la Defensa del Ecosistema Manglar. Manglares dominantes en México son el mangle rojo, el mangle negro, el mangle blanco y el mangle botoncillo. Son especies en peligro de extinción de acuerdo con la norma oficial mexicana 059.

Un análisis del INECC advierte que apenas se invierten 161 pesos por ha en la cuenca, pero de estos, sólo 40 tienen efecto ambiental directo.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El sector público mexicano invierte en acciones ambientales, en promedio, 870 millones de pesos por año en los 54 mil kilómetros cuadrados de la cuenca Lerma-Chapala, pero ese recurso económico no ha detenido, ni mucho menos revertido, el enorme deterioro ambiental sobre todo del último medio siglo, advierten investigadores del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).

Es decir, no se trata nada más de la insuficiencia de una aplicación promedio de 161 pesos por hectárea, sino de inversiones que en términos generales no obedecen al diagnóstico ambiental de la zona y en consecuencia, muy poco aportan para resolver sus enormes pasivos: deforestación y cambio de uso de suelo, contaminación, erosión y pérdida de suelos fértiles, y extinción de especies. La situación es más grave ante la perspectiva nada halagüeña que ofrece el cambio climático, con un posible descenso en cien milímetros de lluvia en el promedio anual y un alza del calor de dos a tres grados en las siguientes décadas, que podría tener efectos drásticos sobre la ecología y economía regionales (ver recuadro).

“Las acciones más apoyadas en la cuenca son las obras hidráulicas las cuales en conjunto representan 70 por ciento del presupuesto que se tiene contabilizado […] en proporciones menores se encuentran las acciones de reforestación, mantenimiento y protección [8 por ciento] residuos sólidos [6 por ciento], estudios y proyectos [4 por ciento], programas de manejo forestal, Umas o de conservación [4 por ciento], pago de servicios ambientales y sanidad forestal [2 por ciento] y conservación de suelos [1 por ciento]”, destacan Helena Cotler Ávalos, Carlos Enríquez Guadarrama,  Karina Ruiz Bedolla y Verónica E. Bunge Vivier.

El documento se llama “Evaluación de las acciones realizadas por el sector ambiental en la cuenca Lerma Chapala. Recomendaciones para programas de política pública”, y contiene datos más o menos completos entre los años 2007 y 2010, recuperados hasta finales de 2012, dado que se toparon con la frecuente opacidad de las instituciones públicas.

“La reducida inversión en el gasto público destinado a acciones de conservación impacta en la atención integral de la estructura y funcionamiento de la cuenca.

“Cuando se comparan la tipología de las acciones con la problemática de las subcuencas, se observa que las acciones no siempre tienen la orientación ni la especificidad necesaria para abordar el tipo de problemas particulares de cada subregión”, refieren.

Otro debería ser el diseño del gasto, más allá de su volumen, si se consideraran dos cosas esenciales: uno, que el medio ambiente es la base indispensable para la sociedad y la economía, porque los humanos no pueden vivir sin los servicios que les provee la naturaleza; y dos, que esos servicios están comprometidos, según las siguientes cifras: pérdida de espacios silvestres de 30 por ciento (las selvas primarias pasaron de 2,214 km2 en 1976 a 1,397 km2 en 2000; en el mismo periodo, los bosques pasaron de 5,162 km2 a 3,600 km2), pérdida de fertilidad en 56.9 por ciento de las tierras agrícolas; más de medio centenar de acuíferos en abatimiento; agua superficial de calidad mediana a mala.

Ejemplo de la falta de atención a los problemas específicos: “La ausencia de acciones relacionadas con el manejo y disposición final de los residuos sólidos peligrosos que es trascendente en las subcuencas del río Duero y del lago Chapala o bien la problemática de la contaminación por agroquímicos presente en las subcuencas del río Zula, Lerma, Pátzcuaro y Angulo, cada una con sus particularidades. Otro tema recurrente y poco atendido se refiere al de las descargas industriales que contaminan los ríos en las subcuencas del río Zula [tequileras], Solís [granjas porcícolas], Angulo, Duero y el lago de Chapala”, refieren.

Las actividades agrícolas e industriales, así como la aglomeración de centros urbanos “han sido los detonantes de los procesos de degradación tales como la escasez en la disponibilidad de agua, la contaminación por descargas industriales y urbanas, la degradación de suelos, la deforestación, la fragmentación de ecosistemas y la eutrofización [invasión de materia orgánica] de embalses. Esto ha ocasionado no sólo impactos en la dinámica ecohidrológica, sino también impactos sociales e institucionales que generan competencia por el recurso hídrico”.

La incorrecta atención presupuestal se debe a que “prevalece la visión de conceptualizar el problema hídrico como un problema únicamente de infraestructura que garantice la distribución del agua hacia sus principales usuarios”; no se considera el modo en que funcionan los ecosistemas, cómo se propicia el ciclo del agua, cómo se retienen suelos y cómo se elude la contaminación. La insuficiencia de la estrategia de gasto está a la vista (el documento completo: http://www.inecc.gob.mx/descargas/dgioece/Evaluacion_INECC_Cuenca_Lerma_Chapala.pdf).

Efectos del cambio climático en la zona

El cambio climático será un fenómeno que transformará el modo de vivir en la cuenca Lerma-Chapala, de 54 mil km2 (incluyendo sus cuencas endorreicas), donde se produce actualmente 10 por ciento del producto interno bruto nacional, pero viven de sus recursos casi 20 millones de mexicanos (19 por ciento del total), si se considera que la ciudad de México y Guadalajara dependen parcialmente de sus aguas.

Los escenarios no son los mejores: en el espacio de las siguientes décadas es seguro el cambio en el régimen de precipitaciones a la baja, aunque se desconoce a qué velocidad ocurrirá. Lo cierto es que la lluvia anual, de 719 milímetros en el promedio 1942-2000, descenderá a 660, 640 y hasta 620 mm en diversos escenarios, lo que aunado al aumento poblacional, a la fragilidad social de casi cuatro millones de habitantes pobres, y al aumento de temperatura entre dos y tres grados centígrados, podrá provocar situaciones drásticas, según el análisis “Escenarios probables de disponibilidad (del agua) al año 2030 considerando efectos del cambio climático”, de Rafael Rosales González, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

“En la cuenca Lerma-Chapala, entre 2013 y 2030 se podrían esperar anomalías medias anuales negativas de entre 2.7 y 4.3 por ciento de la media anual e lluvias, con máximos hasta de menos 10 por ciento. Por su parte, el aumento de la temperatura podría provocar un incremento de la evapotranspiración. Todo esto se reflejará en una disminución de los escurrimientos superficiales”, advierte.

(AC/Guadalajara)

Chapala será beneficiado, los vecinos de Temaca no pueden evitar la inundación, en León los pobres también recibirán el agua y Los Altos no son deficitarios, los argumentos que sostiene Chedid ...

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) se ha vuelto a subir a la arena de la discusión sobre el proyecto de El Zapotillo, y ante las fuertes críticas al megaproyecto de abasto de las ciudades de Guadalajara y León, el director del organismo de cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, José Elías Chedid Abraham, lanzó públicamente “trece verdades” sobre ese sistema.

En una presentación realizada en el precongreso de la Asociación Mexicana de Hidráulica, la semana pasada en el Colegio de Ingenieros, el funcionario mexiquense detalló sus trece postulados que pretenden ser demoledores de los cuestionamientos de sus críticos. En resumen:

Uno. “El trasvase también beneficia al lago de Chapala, que recibirá el mismo volumen [120 millones de metros cúbicos] de agua residual tratada, vía el río Turbio”.

Dos y tres. “La distribución de la reserva de agua con El Zapotillo a 80 metros, es una relación dos a uno en favor de Guanajuato; en cambio para una presa de 105 m, es dos a uno en favor de Jalisco. Con la presa a 80 m pierde el área metropolitana de Guadalajara”.

Cuatro. “Hay agua suficiente en la cuenca del río Verde para satisfacer la reserva de agua potable y el desarrollo agrícola y pecuario de Los Altos”. Cinco. “El volumen de agua en el río Verde, en promedio, es el mismo en los últimos 50 años, la disponibilidad se ha reducido por que se han satisfecho necesidades de los municipios de Los Altos”.

Seis. “La precipitación y el escurrimiento de agua en la cuenca […] son muy erráticos, se registran valores que van de 100 a 3,200 millones de m3 […] para aprovechar la reserva es necesaria una capacidad de regulación de 1,600 millones de m3, El Zapotillo contribuye con 911 millones de m3”.

Siete. La cortina a 80 m deja diez metros abajo a Temacapulín, “los diques no tienen ninguna factibilidad de construcción, es necesario el reasentamiento oportuno”. Ocho. “En el reasentamiento de poblaciones se cumplen estándares internacionales de respeto a la carta de derechos humanos, en Acasico se dio el mejor ejemplo de reasentamiento participativo consensuado”. Verdad nueve, los municipios alteños reciben el agua primero desde el acueducto.

Diez. “El macro circuito de agua que llegara a León, beneficia sin distinción a mexicanos de todas las edades, sexo o nivel económico”. Once. “El estrés hídrico de Guadalajara se muestra en medio millón de personas sin el servicio de agua […] la sobreexplotación de acuíferos y reducción de niveles en Chapala”. Doce y Trece. La cuenca de El Verde se ha estudiado por muchos años, la mejor opción geológica, hidrológica, social y financiera es El Zapotillo.

Acuerdo de Chapala, sin grandes logros ambientales. La temática ecológica, que debería sustentar el desarrollo de la estresada región de cinco estados, está rezagada, documenta investigación.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

A diez años del nuevo acuerdo de distribución de aguas superficiales de la cuenca Lerma Chapala, el resultado de la recuperación ambiental en la importante región hidrográfica es más bien precario, sostiene el investigador del Iteso, Rodrigo Flores Elizondo.

El académico ha dedicado al tema varios años. El fruto es el libro “Los afluentes y los ríos, la construcción social del medio ambiente en la cuenca Lerma-Chapala”, que acaba de sacar a la luz pública la universidad jesuita, donde se analiza la guerra del agua que pudo ser entre Jalisco y Guanajuato, los acuerdos que detuvieron el conflicto político y social, y sobre todo, cómo el tema ambiental –que el sentido común indicaría es básico para recuperar los servicios ambientales que permiten la agricultura, la industria y las ciudades- nunca fue primordial en las discusiones.

El citado acuerdo (abreviado a ADAS) “es un logro y puede ser la base para muchas cosas, pero también tiene carencias. Parecería demasiado querer evaluarlo en términos de sustentabilidad”, pero en el sector oficial “lo propusieron como caso de éxito en el VI Foro Mundial del Agua en 2006, si bien han aclarado [después] que lo que se tiene son las bases para una mejor gestión del líquido”, explica.

16 grandes compromisos se asumieron con ese ADAS firmado en Metepec por cinco gobernadores: sistema de información y contabilidad hidrológica, rehabilitación y modernización de distritos de riego, mejoramiento de zonas con pequeña irrigación, banco de agua, coordinación técnica del consejo de cuenca, inventario y diagnóstico de la infraestructura de captación, conducción, control y retorno de la cuenca.

Sigue: reglamento de la cuenca, marcar en campo nivel de conservación y operación de las presas, revisión de los valores fijados para la operación, propuesta de pago por servicios ambientales, restauración del cauce, revisión de las políticas de distribución, convenio de aguas subterráneas, indicadores de desempeño, monitoreo de la calidad del agua y plantas de tratamiento.

Revisados los logros contra lo que plantean agencias internacionales (Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU), el reflejo es escaso, frágil. “Esta fragilidad se manifiesta en la gran capacidad de simulación que tienen las políticas públicas en nuestro país que, dándoles un formato adecuado, pueden hacer creer a las instituciones internacionales que se están haciendo cambios hacia la sustentabilidad, cuando los proyectos de los agentes en realidad siguen su curso apenas modificado”, opina.

De manera que ese instrumento fue útil para conciliar posturas encontradas, y si bien no dejó contento a nadie, detuvo la escalada del conflicto. El aspecto ambiental rescatado fue “por exclusión”: que el agua excedente, que todos se disputaban, se quedara en las presas y pudiera eventualmente ir hacia el lago. La agenda ambiental permanece como gran pendiente en la zona. El libro está disponible en la librería electrónica: http://www.publicaciones.iteso.mx/libro.php?id=239.

Crecieron la demanda y las concesiones desde 1998, pero han descendido la recarga de acuíferos y las lluvias, lo que amenaza el tejido social y económico, según documento.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La concreción del proyecto de exportación de aguas del río Verde (El Zapotillo-Guadalajara/León) puede tener consecuencias destructivas para el tejido social y la economía de Los Altos de Jalisco, señala un estudio del Centro de Investigación y Formación Social del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), que comenzó a difundirse ayer.< La conclusión: “Que existe una gran escasez y presión hídrica, y un gran desconocimiento del problema, tanto de particulares como autoridades municipales; que las decisiones en esta materia las toman personas ajenas a la región y que no les importan las consecuencias negativas que producirá el trasvase, de concretarse; que el impacto será fuerte en los sectores agropecuario y ambiental, y que los productores pequeños serán los más afectados; que aumentará la delincuencia, la emigración, la pobreza, la desertificación e impactará a la baja la producción de los alimentos y elevará los precios”, destaca un adelanto del documento, al que tuvo acceso MILENIO JALISCO. El trabajo será integrado a los documentos de análisis del naciente Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco, como parte de su primera recomendación en la materia. El estudio se titula “Agua para el desarrollo regional en Los Altos de Jalisco, gestión del agua e impacto social de la presa El Zapotillo”, y será socializado entre representantes de los sectores productivo, social y político de la meseta alteña, en reuniones que comenzaron ayer en Tepatitlán de Morelos, San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno, principales cabeceras urbanas de la demarcación enclavada al este de Guadalajara. “La disponibilidad de agua se ha reducido mientras aumenta la demanda en los volúmenes de agua, causando la sobreexplotación de acuíferos y la reducción de escurrimientos en los ríos y arroyos que alimentan los caudales del río Verde. No ha sido evaluada esta situación ni el impacto ambiental, social y económico que está generando a partir de los proyectos de presas y volúmenes de distribución de agua en la cuenca del río Verde, particularmente respecto al caso de la presa El Zapotillo y el acueducto El Zapotillo-León, Guanajuato”, destaca. Mientras Jalisco —para la Zona Metropolitana de Guadalajara— y Guanajuato tratan de alcanzar el tope de lo concesionado en los acuerdos de 1995 y 1997, “los Altos de Jalisco, las autoridades municipales y los diferentes usuarios de la región están excluidos de estas obras hidráulicas que no les fueron consultadas y les asignaron un volumen limitado para los usos público urbano [56.7 millones de metros cúbicos, equivalente a un gasto máximo de 1,800 litros por segundo] y pecuario [12.6 millones de m3, equivalente a 400 lps], impidiendo cualquier otro uso o demanda de agua. Este volumen reservado es insuficiente y la escasez de agua representa una amenaza”.

Los autores lo fundamentan: “La disponibilidad media anual de las aguas superficiales del río Verde se redujo a una sexta parte entre 2002 y 2007, pasando de 77.3 millones de m3 a solo 12.95 millones de m3 anuales; después de los acuerdos de distribución de aguas entre Jalisco y Guanajuato, entre 1998 y 2008 se concesionaron 140.2 millones de m3 de aguas superficiales para diferentes usos en los municipios de Jalisco que forman parte de la cuenca del río Verde; en el periodo 1998 al 2000 el uso público urbano obtuvo concesiones por un total de 2.83 millones de m3 anuales de aguas superficiales, equivalente a un 51.6 por ciento adicional al volumen concesionado hasta 1997 en los municipios alteños que forman parte de la cuenca del río Verde”.

Por si fuera poco, la cantidad de población creció en 118 mil habitantes, 21.2 por ciento, entre 1995 y 2010 en los municipios de Acatic, Cañadas de Obregón, Encarnación de Díaz, Jalostotitlán, Lagos de Moreno, Mexticacán, Ojuelos de Jalisco, San Diego de Alejandría, San Ignacio Cerro Gordo, San Juan de los Lagos, San Julián, San Miguel El Alto, Teocaltiche, Tepatitlán de Morelos, Unión de San Antonio, Valle de Guadalupe, Villa Hidalgo y Yahualica de González Gallo, que integran la cuenca.

De manera que “la población de Los Altos de Jalisco y la producción pecuaria está en situación de vulnerabilidad hídrica debido a que existe una disponibilidad muy limitada de aguas superficiales en las subcuencas con mayor cantidad de población y producción: río Encarnación, río Lagos, río San Miguel, río Valle, río Grande y presa El Cuarenta”.

Además, la disponibilidad de agua definida por la Conagua no considera el caudal ecológico que define la Norma Oficial Mexicana NMX-AA-159-SCFI-


2012, que se estableció para garantizar agua para los ecosistemas ribereños.

Respecto a las aguas subterráneas, están concesionados 1,024.6 millones de m3, y “existe un déficit regional de 125.8 millones de m3 al año”, dado que diez acuíferos están en situación de sobreexplotación, por lo que “en los últimos cuatro años la disponibilidad total de aguas subterráneas se redujo de 160.3 millones de m3 a solo 35.8 millones de m3 anuales”.

El análisis del ITESO concluye: “La sobreexplotación sólo puede contenerse mediante el aprovechamiento sustentable de las aguas superficiales a través de medidas adecuadas a la situación de cada subcuenca tributaria. Sin embargo, al no existir volúmenes de aguas superficiales disponibles para las diferentes necesidades de aprovechamiento crece la amenaza sobre el equilibrio ecológico, el abastecimiento de agua para las poblaciones y el sostenimiento de la producción agropecuaria de alimentos”.



EN NÚMEROS

20% de la proteína de origen animal del país se produce en Los Altos de Jalisco.

23% del producto interno bruto estatal de Jalisco allí se genera.

17% de la leche que se consume en el país es producida en esta meseta.

3 de cada 5 cerdos que se comercializan en el mercado nacional son sacrificados en la región.

1 de cada dos huevos que todos se comen en los hogares mexicanos los produjo la avicultura alteña.

22 de agosto de 1931 es la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación de la veda de aguas  superficiales en Los Altos, por tiempo indefinido y ratificada y ampliada el 20 de agosto de 1947.

12 de julio de 1987, el DOF publicó la veda para las aguas subterráneas, con el propósito de “conservar o proteger a los acuíferos de sobreexplotación”.

770 mil habitantes, en números redondos, es la población regional según el censo de Inegi de 2010.

Entró oficialmente en operaciones la planta de Agua Prieta, que puede sanear hasta 6 mil 500 litros por segundo.

Agustín del Castillo /  Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El presidente Enrique Peña Nieto inauguró esta tarde la que es por el momento la planta de tratamiento más grande de México, en el límite norte de la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde se asoma el abismo de la barranca del río Santiago.

Con un tratamiento de aguas residuales municipales de hasta 6 mil 500 litros por segundo, el complejo de 13 hectáreas permite crecer el agua tratada en 57 por ciento para la capital del estado, lo que a nivel nacional genera 4 puntos porcentuales más de aguas tratadas, explicó el jefe del Ejecutivo Federal.

Será al menos hasta el año 2015 cuando esa instalación mantenga el primer lugar nacional dado que para entonces se prevé que entre en operaciones la planta de Atotonilco, que saneará la mayor parte de las aguas del Valle de México.

“De ese modo, estamos pasando de un saneamiento del 50 por ciento, a 54 por ciento, cuando tenemos una meta para todo el sexenio de 65 por ciento, lo cual indica que estamos dando especial prioridad al agua como recurso vital para los mexicanos”, subrayó, Peña Nieto.

Agua Prieta tiene como particularidad que genera su propia electricidad a través del biogás, lo que significa el ahorro de 12 millones de pesos mensuales y permite mantener el precio en 98 centavos por metro cúbico, uno de los más bajos que se pagan en el país, dijo por su parte el director de la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld Federman.

La obra costó 3 mil 258 millones de pesos y el 49 por ciento fue financiado por el Gobierno Federal vía Fondo de Infraestructura (CINFRA). Permanecen pendiente las obras de colectores en las cuencas del oriente de Guadalajara, las cuales no permiten llegar a la planta más de 2 mil litros de aguas por segundo.

El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, dijo que hay un compromiso ambiental con la zona metropolitana, lo cual llevó a no instalar el relleno de biosólidos de la planta en un terreno del área de protección hidrológica del rio Santiago; las 510 toneladas resultantes del proceso de saneamiento serán confinadas en un deposito ubicado en las cercanías de la planta del Ahogado, a un costo mayor, pero a menor impacto ambiental, puntualizó.

El ex gobernador destaca la inversión de 5 mdp en la planeación que debe dar ya resultados. El plan maestro deberá aplicarse pronto, asegura el regidor panista.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La prioridad que reviste para la ciudad defender una de sus zonas verdes más importantes, el área natural de protección hidrológica de Los Colomos, debe reflejarse en la aplicación del plan maestro que se elaboró el año pasado, y en la defensa ante invasores inmobiliarios, que debería contar con un equipo de abogados a cargo del erario, advirtió ayer el ex gobernador de Jalisco, Alberto Cárdenas Jiménez.

El hoy regidor por la fracción panista de Guadalajara, puso en relieve que hay un importante capital de conocimiento invertido en el plan, por lo que se debe implementar para acarrear más recursos con los cuales afrontar sus principales problemas: carencias de infraestructura, atención de arbolado, integridad territorial e impulso a la cultura ciudadana por el ambiente.

“Entendemos que es la joya verde de la zona metropolitana […] afortunadamente, el año pasado, por gestión del grupo del PAN en el ayuntamiento, sacamos adelante una partida de cinco millones de pesos, para que se tuvieran una serie de ordenamientos y planteamientos de fondo; son trabajos profesionales, que están aprobados ya, y deberán tener efectos positivos en la salud del bosque”, refirió en entrevista con MILENIO JALISCO.

El riesgo es real si no cambian las cosas, admitió; “pero creo que con las personas de Arturo Gil Elizondo y de Salvador Cornejo –presidente del patronato y director del parque- yo soy optimista, porque la estrategia está colocada, y tenemos ejecutores de calidad”.

- Entonces, esos estudios que se pagaron, ¿no se van a quedar guardados?

- De ningún modo; en la última sesión del consejo de Los Colomos se aprobaron dos instrumentos importantes: uno el financiamiento y otro el plan maestro, que sirve para todos los proyectos; son los instrumentos básicos para tomar la ruta; yo creo que se lograrán cosas buenas, y sobre todo, esto tendrá que abrir puertas a los presupuestos estatales y federales, que es lo que se busca.

- Señala el plan maestro que la estructura del gobierno del bosque tendría que ser más ágil y autónoma, ¿cómo lo ve?

- Sí, yo creo que hay que darle mayor sustentabilidad al consejo para conducirlo de manera más eficaz […] un consejo tan grande como el que se tiene no ayuda mucho, ojalá en las siguiente sesiones se tomen las decisiones para conseguir todo esto.

- Es, como usted dice, una de las joyas de la corona en Guadalajara, pero rodeada de fraccionamientos de alta plusvalía: las invasiones inmobiliarias al bosque siempre han sido un dolor de cabeza…

- Es un tema que se ha planteado muchos años, y los riesgo que trae al bosque son tan claros que no de casualidad ha perdido más de la mitad de su terreno original […] creo que el estado debe abanderar la defensa; yo le dije en su momento al exsecretario de Gobierno, Arturo Zamora, que si requiere hacer un equipo, con injerencia directa del estado y del municipio, para afrontar los asuntos judiciales, hay que hacerlo, porque en Los Colomos no hay capacidad financiera ni la jurídica; bastante trabajo ya tienen con el mantenimiento del área.

TRANSFERENCIA PENDIENTE

La anomalía administrativa que significa que una propiedad del gobierno del estado tenga una gestión exclusivamente municipal, deberá resolverse en un plazo medio con la transferencia de la propiedad a la ciudad, advierte el también ex secretario federal de Agricultura y de Medio Ambiente.

No obstante, “creo que es más fácil, mientras son peras o manzanas, y en lo que llega esa propuesta del ayuntamiento al Congreso”, lo práctico “es llevarlo con abogados que lo defiendan, para que el bosque Los Colomos no pierda nada más; pero es complicado cambiar porque hay derechos laborales adquiridos, quién es el patrón, que si el OPD, que si el municipio o el estado; pero aquí lo urgente es esto, pero la solución final sería que el estado ceda totalmente los derechos al municipio, ojala se pudiera dar esta medida de una vez, porque son muchos los beneficios ambientales que tenemos por este bosque”.

Un patronato inmanejable y una excesiva intromisión del ayuntamiento  tapatío impiden la fortaleza jurídica para enfrentar fraccionadores y deterioro.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El bosque urbano Los Colomos, la principal área natural protegida al interior de la zona conurbada de Guadalajara, vive en riesgo ante la falta de solidez de su marco jurídico y el “manoseo” excesivo de actores políticos desde el Ayuntamiento de Guadalajara, responsable de mantenerlo y darle viabilidad.

Reducido a 90 hectáreas de 160 ha que se tenían del lado del municipio de Guadalajara desde comienzos del siglo XX -90 ha más, que también han padecido invasiones urbanas, están al otro lado del río Atemajac, en el municipio de Zapopan-, este fragmento de bosque cultivado para proteger sus manantiales, que fueron identificados como fuente de abastecimiento de agua desde 1590 -menos de medio siglo después de la fundación de la ciudad-, es el único de la urbe que genera toda clase de servicios ambientales, pero su ubicación, que es una de sus fortalezas, se convierte también en una de sus principales amenazas: está rodeado por algunos de los sitios residenciales de mayor plusvalía en la metrópoli.

Una junta de gobierno con 24 asientos –buena parte de los cuales no hacen acto de presencia, lo que paraliza la toma de decisiones- son el “Frankenstein” que sacaron adelante las fracciones del PRI y el PAN desde 2011, cuando se generó el reglamento del Organismo Público Descentralizado (OPD). La institución depende de forma crítica de lo que resuelvan al seno del ayuntamiento, lo que le quita autonomía de gestión y explica la lentitud con que se enfrentan los procesos judiciales contra fraccionadores que reclaman fragmentos de su territorio, así como el problema de presupuestos y de plagas en sus miles de árboles: conchuela, descortezador, muérdago y barrenador.

En marzo pasado se terminó el Plan Maestro del Bosque Los Colomos, donde se plantean “golpes de timón” para cambiar el estado de cosas reinante. No obstante, no ha sido presentado oficialmente, no se ha hecho nada por difundirlo y en consecuencia, no se aplica.

La página de Internet del OPD, www.bosquecolomos.org.mx, no tiene información actualizada. La última acta de sesión de la junta de gobierno es del 27 de febrero de 2013 –deben sesionar cada dos meses-; aunque presenta la opción de acceder al plan de aprovechamiento y al “plan de manejo”, en realidad solo se presenta por duplicado el primero, que data de 2006. Los planes operativos anuales se detienen en 2013, los informes de actividades se detienen en agosto de 2012 y sólo los estados financieros están a mayo de este año. Hay identificadas licencias para 17 personas físicas como prestadoras de servicios diversos dentro del parque.

El plan maestro identifica las debilidades principales: “institucionalidad insuficiente y vulnerable, conservación  limitada y sin recursos, personalidad jurídica vulnerable, situación jurídica de territorio en conflicto y riesgo, e infraestructura inadecuada, insuficiente y en malas condiciones”, de acuerdo a una presentación preliminar del mismo, a que tuvo acceso MILENIO JALISCO.

Elaborado por seis consultores y pagado del erario, ese documento es un “conjunto de estudios,  proyectos, políticas  y estrategias integrados en el documento rector  del espacio físico, de la gestión, manejo y  operación”, que busca “organizar lo que se debe hacer para aprovechar el potencial del sitio elevando al mismo tiempo la calidad de los servicios  y de los espacios, reforzar los servicios ambientales que brinda, y potenciar su rol para la construcción de una nueva cultura ambiental  de los habitantes de Zona Metropolitana de Guadalajara y de toda la región”.

Así, el trabajo “define los criterios arquitectónicos y organización de espacios, identifica necesidades de renovación de infraestructura, de implementación y mejora de espacios y mobiliario (bancas, caminos acceso, estacionamientos); zonificación, capacidad de carga y regulación de las actividades y orienta las acciones de conservación y restauración de flora, fauna, suelo y agua”, y además, “desarrolla el proyecto integral de procuración de fondos, filantropía y comercialización, y define  bases, requerimientos y políticas  necesarios para implementar campañas de financiamiento”.

El nuevo plan profundiza en el tema de que el bosque sea un centro de educación ambiental, y también, la necesidad de una política de comunicación social que fortalezca la percepción de los ciudadanos sobre la importancia del sitio.

“Es necesario hacer cambios para cuidar este bosque, y nos dimos a la tarea de contratar un plan que nos diga por qué está tan sujeto a estos cambios, en cada trienio, y en definir las prioridades; así que analizamos muchas variantes, las características de la zona, las cuestión jurídica, la operación, el aspecto político, social y ambiental”, dijo al respecto la hoy ex directora de Los Colomos, Leticia Reyes de la Torre, durante su participación en el Encuentro sobre Manejo de Parques Urbanos, el 29 de octubre de 2013, realizado en esta ciudad bajo el patrocinio de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), en coordinación con Ciudades 8-80, que preside el famoso urbanista Guillermo Peñalosa y la Fundación Más Espacios.

“Realmente pudimos comprobar la importancia de este espacio; una cosa es el arbolado, que en la zona nos ayuda a mitigar el efecto del cambio climático; pero este bosque actúa como un filtro natural de agua y aire, regula la temperatura, reduce el ruido, y no dejemos de lado que es un  lugar de inspiración y recreación y el principal refugio de la biodiversidad dentro de la zona metropolitana […]”.

La funcionaria identificaba seis conflictos jurídicos por terrenos en los linderos, aspectos que exigían acciones enérgicas e inmediatas para que no continuara la pérdida del patrimonio de la ciudad.

“Desafortunadamente, este bosque tiene otros problemas; problemas de conservación como la erosión del suelo; problemas de infraestructura inadecuada o insuficiente, y nos dimos cuenta que hay poca valoración de la importancia del bosque entre la metrópoli y sus habitantes […] hay que hacer todo lo que esté disponible para recuperarlo”, añadía. El plan maestro del que derivan esas conclusiones nadie lo conoce, fuera de los actuales responsables del parque. Tampoco lo tiene el portal de Internet, aunque fue pagado con recursos públicos.

Los datos

En el bosque Los Colomos, 80 de cada 100 pesos se gastan en la nómina, y dos pesos se ejercen en mantenimiento, de acuerdo al reporte de 2013, cuando se ejercieron 12 millones 407,028 pesos

Ingresos principales: boletaje, cuatro millones 471,912 pesos; estacionamientos, dos millones 834,961 pesos; subsidio del Ayuntamiento de Guadalajara: dos millones 385,252 pesos (se aportaban tres millones de pesos hasta 2011)

El bosque recibe tres mil visitantes por jornada; la entrada y el estacionamiento cuestan seis pesos cada una

Se calcula existen 33,000 árboles entre los que predominan varias especies de los géneros pinus, eucalyptus y casuarina.

Se han encontrado 178 especies de fauna: 6 anfibios, 15 reptiles, 141 aves y 16 mamíferos. 57 cuentan con poblaciones  residentes. Treinta y cinco especies de aves, un anfibio, dos reptiles y cuatro mamíferos se registraron allí por primera vez para toda la ZMG

En la actualidad el área de Los Colomos es de unas 90.72 ha, “incluyendo  las dos zonas de invasión reportadas a principios de la década de 1990; por lo  tanto, el parque de Los Colomos cuenta apenas con 55 por ciento de la superficie total comprada por el gobierno a finales del siglo pasado y principios del presente; la mayor parte de la superficie restante (45%) corresponde a terrenos ubicados en la parte noroccidental y se desconocen las causas por las cuales no se incluyen en el plano actual de la propiedad”

Fuente: Programa de aprovechamiento del área municipal de protección hidrológica Bosque Los Colomos

La Profepa fue, tomó nota y se regresó; el puente sobre el río Santiago sigue en construcción, aunque la falta de permiso ambiental afecta a la totalidad de trazo.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se presentaron ayer por la tarde en la zona del ejido La Capilla, que sostiene un litigio contra la obra del Macrolibramiento de Guadalajara, y trataron con frialdad a los vecinos del área que se acercaban a la comitiva que los seguía; muy distinta era la actitud que guardaban con los trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y con los responsables del proyecto, de la constructora IDEAL, quienes parecían sus anfitriones.

"Yo me acerqué a ponerme a sus órdenes y me atajaron con un '¡sin comentarios!'; me sentí como un pordiosero que pide ayuda cuando esperaba a un policía que me dijera que iba a cuidar nuestros ahuehuetes [...] luego vi la afabilidad con que trataban a los que son presuntos infractores de la ley, y me dejaron muy mal sabor de boca", dijo el escultor Jorge de la Peña, uno de los defensores del ecosistema que podría destruirse por la cercanía de la carretera.

Lo cierto es que sí hubo diligencias de personal de la Profepa en diversos puntos de la ruta de 11 kilómetros, pero igualmente cierto es que al menos el frente de trabajo de esta área: un puente que se construye sobre el río Santiago, estaba activo. 30 trabajadores plantaban castillos, movían colados de concreto y operaban maquinaria en el discreto paso de una corriente pluvial que se encañona apenas unos kilómetros aguas abajo, a partir de El Salto de Juanacatlán.

Hasta ahora, no hay evidencias de que se cuente con el permiso ambiental: la entidad que lo extiende, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), notificó hace cinco días que no se prorrogó a partir de abril de 2013, y las suspensiones de los amparos que obligaron a esa omisión, se mantienen.

Sin embargo, las inspecciones de ayer no detuvieron nada. Donde no se veían trabajos, simplemente se debió a que ya habían sido abandonados en días previos. La autorización de impacto ambiental aplica para toda la ruta que cubrirá la obra, de manera que tendrían que haberse detenido hace quince meses todos los frentes, no de forma selectiva. El Centro Jalisco de la SCT mantuvo por otra jornada su "estrategia" de no responder por el tema ante la opinión pública.

"Insistimos en que se respeten nuestros derechos y se mueva el trazo para no destruir el arroyo de Los Sabinos", subrayó el campesino Víctor Madrigal. Es verdad que La Capilla tiene un conflicto interno y que el Instituto de Derecho Ambiental (Idea) asesora al grupo opositor al proyecto, bajo premisas ambientales. Un miembro del Idea, Carlos Valentín Veyna, es miembro del Núcleo Jalisco del consejo consultivo de la Semarnat, pero no es autoridad. La autoridad judicial es la que suspendió la obra en cinco juicios de amparo; la administrativa, la que no prorrogó, en consecuencia, los permisos.

Esos son los escollos a combatir por IDEAL, la concesionaria, y SCT, la dependencia promotora. "Pero tratan de confundir a la gente, cuando todo está muy claro: no tienen permisos", agregó el campesino.

Defensores de "Temaca" interpusieron incidente de incumplimiento de suspensión ante juez de distrito en materia Administrativa.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Los pobladores de Temacapulín que se oponen al megaproyecto que amenaza con hundir una historia de más de cinco siglos están dispuestos a ir hasta lo último en su batalla contra la presa El Zapotillo.

Y han pedido al juez primero de Distrito en materia Administrativa y del Trabajo, que les concedió suspensiones judiciales contra la obra, que ésta se ajuste al mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de agosto de 2013: no más de 80 metros de altura.

Guadalupe Espinoza Sauceda, a nombre de Salvemos Temaca AC, ayer le pidió al juzgador tras un escrito largamente argumentado: “Se acuerde de conformidad a lo solicitado por ser procedente conforme a derecho, se garanticen los derechos fundamentales de la quejosa, se señale la fecha para la audiencia de ley y se requiera a las autoridades responsables para que rindan informe en relación con el incumplimiento de la suspensión definitiva”.

El incidente está en el cuaderno de suspensión 1046/2014, “en contra de las autoridades responsables Comisión Nacional del Agua, Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la misma dependencia, Gobierno del Estado de Jalisco y Comisión Estatal del Agua, por el incumplimiento de la suspensión definitiva, por defecto en su ejecución, con notoria mala fe y negligencia inexcusable”.

Recuerda: “9 de mayo de 2014, los quejosos presentan recurso de amparo y protección de la justicia federal”, pues en la controversia constitucional 93/2012 la corte invalidó el fundamento del proyecto a 105 metros, un convenio del año 2007 entre Jalisco, Guanajuato y el gobierno federal. Ello regresaba la obra al convenio anterior, de 80 metros.

En las audiencias incidentales del 4 y 26 de junio de 2014 el juez otorgó la suspensión definitiva “para el efecto de que las responsables se abstengan de construir una cortina que sobrepase la altura originalmente autorizada en el convenido de uno de septiembre de 2005, de 80 metros […] hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que al efecto se dicte en el juicio principal del cual deriva la presente incidencia”.

Sin embargo, “podemos afirmar que a lo largo de estos meses, las autoridades responsables no han emprendido las acciones jurídicas, administrativas y técnicas para dar cumplimiento a la suspensión definitiva y por el contrario han venido realizando actos en contra de los derechos fundamentales y la protección más amplia a la que están obligados”.

El abogado señala que la cortina ya está en 80 metros; que los ajustes que eran necesarios para dejarla en esa altura nunca se hicieron por considerarse costosos y complejos y demandar un nuevo proyecto ejecutivo; “A pesar de que la SCJN ordenó la suspensión de los trabajos al llegar a los 80 metros de altura de la cortina, apreciamos que no han empezado los trabajos de remate de la misma y de los vertedores de excedentes, lo que nos genera una grave preocupación de que mantengan la decisión de conservar la altura proyectada que es de 105 metros, en desacato a la mencionada sentencia”, afirma. El juez tiene la pelota en su cancha.

Habría proyectos “excelentes” pero las solicitudes tuvieron diversas irregularidades; los requisitos se han hecho más estrictos, advierte delegado de la Semarnat.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.  

El delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Jalisco, Sergio Hernández González, reconoce que es malo para Jalisco que 47 solicitudes de apoyo para Unidades de Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre (abreviadas a Umas) no hayan pasado la aduana de las oficinas centrales de la ciudad de México, debido a omisiones que van desde presentar credenciales de elector caducas hasta brincar pasos indispensables para ser calificadas de forma positiva.

“Sale una convocatoria en enero; el límite para recibir proyectos fue el 14 de febrero, y quienes quieran obtener el subsidio deben presentar estudios en relación al proyecto y la documentación anexa en el espacio de contacto ciudadano; es lo que recibimos en proyectos, nosotros conformamos un comité, y primero tiene que hacer una revisión jurídico-administrativa, después se hace una revisión técnica, y después se mandan las observaciones a la Dirección General de Vida Silvestre, porque nosotros como delegación no decidimos qué proyectos van a salir beneficiados”, explicó en relación a la publicación de este diario, del pasado 15 de julio de 2014.

“Por ese lado está muy clara la convocatoria, allí vienen los documentos a presentar, y en este caso son nueve documentos que nos piden, dependiendo si es persona física o moral, o si es asociación, con la advertencia de que deben ser Umas en zona rural […] recibimos la documentación de 47 proyectos, que en total sumaban 47 millones y medio e pesos; el comité jurídico revisó que la documentación legal cumpliera con el lineamiento, y nos dimos cuenta que hay cosas que no concuerdan: hay una cláusula que dice que la credencial del IFE debe estar vigente, y en algunos no estaba; otra dice que las actas de asamblea deben estar registradas ante el Registro Agrario Nacional, y no sucedía; otra aludía a la situación fiscal. La convocatoria dice que la falta de cualquier dato da motivo para descartar la solicitud […] como era nuestra obligación, mandamos un informe interno, y al ver que ninguno de los 47 cumplía con los requisitos, pues nos atan de manos, porque no podemos favorecer a nadie y advertirle que corrija su documentación”.

Hernández González lo lamento; dijo que “hay proyectos realmente interesantes; por ejemplo, en la zona norte teníamos proyectos de conservación del oso, del águila real; en otros puntos había algunos proyectos de venado, de hongos, estaba el mismo cocodrilario en La Manzanilla, en el que quieren hacer la parte del museo […] estoy  preocupado porque es parte de mi trabajo el apoyo, pero yo no tengo recursos para darles”.

En México “me dicen que los lineamientos se tienen que cumplir tal como se publicaron”, y reconoce que fueron más estrictos para este año. A su juicio, los prestadores de servicios técnicos son responsables porque se les contrata para que hagan su trabajo a cabalidad y observen las reglas. Quizás el hecho de que se haya bajado a 20 por ciento el porcentaje máximo de lo que puedan cobrar por proyecto, significó un estímulo para improvisar el trabajo o para tratar de reunir más expedientes, lo que derivó en la mala calidad de las presentaciones, puntualiza.

Luego de dos denuncias formales de ambientalistas, el organismo realizará diligencias en los frentes de obra; constructores deberán acreditar permisos ambientales.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Mientras dos denuncias populares de agrupaciones ambientalistas se acaban de interponer ante la delegación Jalisco de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por la falta de permisos de las obras del Macrolibramiento de Guadalajara, el organismo tiene listas ya las diligencias —que se realizarán a partir de esta mañana—, para determinar los frentes de obra y si estos se trabajan de forma ilegal.
El Centro Jalisco de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) cumplió hoy cuatro días sin acreditar la vigencia de la autorización de impacto ambiental, que no se ha renovado desde abril de 2013; extraoficialmente, trascendió que el director del organismo, Bernardo Gutiérrez Navarro, se ha contactado con funcionarios estatales y federales en busca de lograr tiempo para regularizar la situación del proyecto del que es concesionaria la constructora IDEAL, de Grupo Carso. El funcionario tampoco ha respondido a la solicitud de información de MILENIO JALISCO. Los ambientalistas demandan que la obra se detenga, se cancele el permiso de impacto ambiental de forma definitiva y se corrijan los defectos del trazo, que ponen en riesgo la integridad de dos ecosistemas vitales para la región conurbada de Guadalajara: las áreas protegidas Cerro Viejo-Chupinaya-Los Sabinos, estatal, y La Primavera, federal.

Este día, el procurador ambiental, Guillermo Haro Bélchez, realizará una gira de trabajo por Puerto Vallarta en la que participará en un encuentro sobre playas y diversas reuniones de las delegaciones, y abordará el asunto del Macrolibramiento de Guadalajara, una de las obras de infraestructura más importantes de este sexenio, con la delegada de Jalisco, Xóchitl Yin Hernández.

Las denuncias populares referidas fueron interpuestas, respectivamente, por el núcleo Jalisco del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable, entidad de expertos independientes que aconsejan a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y por el Instituto de Derecho Ambiental (Idea), que preside Raquel Gutiérrez Nájera, Premio al Mérito Ecológico 2010.

Ambas entidades señalan a la SCT debido a que ha mantenido en ejecución el proyecto del Macrolibramiento de Guadalajara, pese a que este carece de permiso ambiental vigente desde abril de 2013 (ver edición de este diario del 15 de julio de 2014).

La denuncia “se interpone para que se lleven a cabo los actos de inspección y vigilancia en torno al proyecto carretero denominado Libramiento Guadalajara, conocido como Macrolibramiento, en su trayecto completo, lo anterior, por ser de conocimiento público y un hecho notorio [...] que dicho proyecto no cuenta con autorización para el calendario de obra de abril de 2013 a la fecha, por parte de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat”, señala la primera de las denuncias.

Así, “por ser de interés público el cumplimiento de las condicionantes de la autorización [...] en relación a la vigencia para la ejecución de la obra, es que recurrimos a denunciar diversos frentes de obra del Libramiento Guadalajara-Macrolibramiento, efectuados fuera de plazo de vigencia y que al día de hoy persisten en: puente elevado en márgenes del río Santiago, en los municipios de Juanacatlán e Ixtlahuacán de los Membrillos [...] construcción de camino elevado en forma paralela al arroyo de Los Sabinos [...] construcción de camino de forma paralela al área de protección hidrológica Cerro Viejo-Chupinaya-Los Sabinos, municipio de Tlajomulco de Zúñiga”, y “construcción de camino en los municipios de El Arenal y Tala del estado de Jalisco”.

Señalan en particular el papel del Centro Jalisco de la SCT, por omisiones que consisten en “irrumpir al principio de veracidad de la información proporcionada por la promovente, SCT; irrumpir en terrenos parcelados del ejido La Capilla, del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos”, y “colapso del sistema hidrológico del arroyo de Los Sabinos, tributario del río Santiago, como del canal de riego denominado Atequiza”.

Hace un año, la recomendación

Los consejeros del núcleo Jalisco ya habían puesto el dedo en la llaga respecto la irregularidad ambiental del Macrolibramiento de Guadalajara: la manifestación de impacto ambiental de 2004 que aprobó la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), cuya exposición pública ha sido complicada para todos los solicitantes de información, omite la existencia del arroyo de Los Sabinos, lo cual es, a juicio de los firmantes, suficiente razón para cancelarla, aunque las omisiones son mucho mayores: inventarios inadecuados de flora y fauna, no valoración de corredores, desprecio de datos sobre vegetación natural, entre otros.

“La MIA no tiene validez dada las considerables omisiones, falsedades, inconsistencias, insuficiencias y carencias [sic] de validez de los análisis ambientales y de cumplimiento de vinculaciones legales y normativas, por lo que debe reponerse y completarse el proceso de evaluación en materia de impacto ambiental”, señala el documento del 12 de junio de 2013.

(AC/Guadalajara)

Acusan al Centro Jalisco de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de propiciar obras ilegales al permitir obras sin contar con prórroga de la autorización de impacto ambiental, desde ...

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El núcleo Jalisco del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable, entidad de expertos independientes que aconsejan a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), interpuso una denuncia popular en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) debido a que ha mantenido en ejecución el proyectos del Macrolibramiento de Guadalajara, pese a que este carece de permiso ambiental vigente desde abril de 2013.

El documento fue hecho del conocimiento de la delegada de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Xóchitl Yin Hernández, el día de ayer, tras conocerse de la inexistencia de un permiso de impacto ambiental vigente, lo que dejaría en la ilegalidad toda la obra realizada el último años y tres meses (ver MILENIO JALISCO, 16 de julio de 2014).

La denuncia "se interpone para que se lleven a cabo los actos de inspección y vigilancia en torno al proyecto carretero denominado Libramiento Guadalajara, conocido como Macrolibramiento, en su trayecto completo, lo anterior, por ser de conocimiento público y un hecho notorio [...] que dicho proyecto no cuenta con autorización para el calendario de obra de abril de 2013 a la fecha, por parte de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat".

Así, "por ser de interés público el cumplimiento de las condicionantes de la autorización [...] en relación a la vigencia para la ejecución de la obra, es que recurrimos a denunciar diversos frentes de obra del Libramiento Guadalajara-Macrolibramiento, efectuados fuera de plazo de vigencia y que al día de hoy persisten en: puente elevado en márgenes del río Santiago, en los municipios de Juanacatlán e Ixtlahuacán de los Membrillos [...] construcción de camino elevado en forma paralela al arroyo de Los Sabinos [...] construcción de camino de forma paralela al área de protección hidrológica Cerro Viejo-Chupinaya-Los Sabinos, municipio de Tlajomulco de Zúñiga", y "construcción de camino en los municipios de El Arenal y Tala del estado de Jalisco".

Señalan en particular el papel del Centro Jalisco de la SCT, que preside Bernardo Gutiérrez, por omisiones que consisten en "irrumpir al principio de veracidad de la información proporcionada por la promovente, SCT; irrumpir en terrenos parcelados del ejido La Capilla, del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos", y "colapso del sistema hidrológico del arroyo de Los Sabinos, tributario del río Santiago, como del canal de riego denominado Atequiza".

Se desconoce oficialmente si la Profepa ya ejerció algún acto de autoridad, pues con independencia a esta denuncia y otra más interpuesta por el Instituto de Derecho Ambiental (Idea), en términos muy similares, la dependencia fue enterada de la falta de permiso desde el pasado lunes 14 de julio.

Ayuntamientos y fraccionadores, responsables de dotar estos servicios en delante, advierte Ayón López.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Una inversión de 510 millones de pesos será necesaria para integrar a casi 489 mil moradores de la zona metropolitana de Guadalajara que no tienen los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento; en total, 97 asentamientos humanos que serán atendidos en dos etapas con recursos federales, estatales, municipales y del SIAPA, dijo el presidente del consejo de Administración del organismo operador, Francisco Ayón López.

De ese gran monto, el Congreso aprobó el paquete que ya comienza a ejecutarse este año, para 72 colonias con 383,516 habitantes, el cual costará 388 millones de pesos. De ese recurso, 169 millones son aportados por los municipios de Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, y 219 millones son de origen estatal, ambos vía un préstamo de Banobras. En este caso, se trata de resolver los pendientes que dejó el programa Todos con agua heredado con diversas anomalías de la anterior Administración, 52 asentamientos humanos donde no concluyeron obras, más 20 fraccionamientos más que se han sumado al déficit en los años siguientes.

Una segunda etapa se hará a partir del año 2015, con recursos del propio SIAPA y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) vía APAZU (Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas). Son 122 millones de pesos de los que aporta 60 millones el gobierno federal y 62 millones el SIAPA, ya con los recursos que genera por el cobro de los servicios que da a los usuarios.

En este caso, son 25 colonias solamente, pero se trata de casos en los cuales no hay nada de infraestructura, por eso, aunque son 105,007 habitantes beneficiados, su integración será más costosa que en el paquete previo, en el cual ya había líneas de drenaje o de agua sin conexión, o sin obras de cabecera.

No obstante, la diferencia no es tan grande. Para que quede clara: integrar a 383,516 habitantes (paquete uno) costará 1,011 pesos con 60 centavos por persona. Integrar a 105,007 (segundo paquete) se lleva 1,161 pesos con 80 centavos por morador beneficiados.

Ayón López se compromete: “vamos a ser transparentes, no vamos a hacer eventos para decir una promesa, vamos a hacer actos públicos donde se abra la llave del agua potable, es decir, sea ya una realidad, y no como lo que pasó creo en 2008 en Meza Colorada, con el riesgo de que nos dijeran: oigan,  este mismo evento lo hicieron hace seis años; vamos al punto en que el servicio ya sea concreto y nos permita generar la ampliación de la cobertura a 383 mil beneficiarios más; es una deuda histórica de la institución, el SIAPA, que por malos manejos no se pudo lograr en un tiempo determinado; pero que le podemos dar solución a esta gente que ya llevan seis años esperando […] pretendemos entregar las primeras obras en octubre de este año, y de ahí a noviembre, diciembre, enero y febrero, para tener las 72 colonias del primer paquete a finales de febrero o inicios de marzo de 2015”.

- Las 25 pendientes, ¿dependerán entonces de las finanzas del SIAPA con la mezcla de apoyos federales de 2015?

- Esto tendremos que verificarlo ya con los recursos propios de la institución, buscando el apoyo del gobierno federal; lo que sí hemos planteado con los ayuntamientos es que vamos a hacer un corte, y decir: después de estas 25 colonias en el tema del drenaje y agua potable, lo que siga será tarea de los fraccionadores y de los ayuntamientos […]  que apliquen la revisión necesaria para que esto no vuelva a ocurrir, es decir, que controlen lo que pasa en su territorio y hagan cumplir las leyes y normas, porque es muy claro la obligación del fraccionador de dotar esa infraestructura.

Magdalena Ruiz Mejía señala que pronto realizará visita a la zona, sin especificar fecha; ayer no se detuvieron labores de construcción.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) ve factible la modificación del trazo del Macrolibramiento de Guadalajara en las áreas donde puede provocar mayores problemas al entorno natural, como son el bosque La Primavera y el arroyo de Los Sabinos, ambas, reservas protegidas.

“La ingeniería es la capacidad del ingenio humano para hacer una modificación positiva y creo que ahorita tan adelantados están los procesos, que se pueden hacer las modificaciones; se pueden hacer las inversiones en un área para que por primera vez tengamos pasos de fauna, como deben ser pasos hídricos y una modificación en el trazo, más una posibilidad de negociación para que se destrabe en lo jurídico”, dijo la titular de la dependencia, Magdalena Ruiz Mejía.

En entrevista con MILENIO RADIO la funcionaria aclaró que la última palabra es del gobierno federal pero “nosotros como estado nos encontramos muy al pendiente”.

— ¿Usted ve apertura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para pedir a la empresa que corrijan el trazo?

— Así es, nosotros siempre estaremos en la mejor disposición para hacer cualquier tipo de recomendación que marquen los lineamientos de lo técnico, es decir, dar asistencia en el tema del trazo, de la cercanía del arroyo, de la longevidad de los ahuehuetes; vamos a hacer una visita en estos días a la zona para ver la relación de este arroyo con los ahuehuetes, los perímetros de influencia de los dos lugares y hacer recomendaciones con un alto nivel de coordinación con la federación, para lograr una mayor sustentabilidad.

— Es la propia Secretaría de Medio Ambiente federal la que afirma que no hay permisos…

— Así es, estamos en el conocimiento de que todavía no hay ninguna autorización en el tema medio ambiental.

— ¿Pero la obra debería parar?

— Pero también debemos saber que la obra tiene diferentes cauces y no ha sido competencia propia; yo voy a estar vigilante de la relación con el bosque La Primavera, de la relación con Cerro Viejo [a cuya zona está ligado el arroyo de Los Sabinos], con un acercamiento con los grupos ambientalistas […] fue el acuerdo que tuve la semana pasada, para hacer una evaluación de lo territorial, de impacto, y hacer una serie de recomendaciones, que espero que les sirvan a la federación y, sobre todo, a los pobladores.

De acuerdo a diversos peritajes emitidos en juicios de amparo promovidos por ejidatarios y particulares, el trazo en su situación actual condena al corredor de sabinos, pues pasa hasta a 30 metros de la corriente superficial, mientras la recomendación es que la distancia sea de al menos un kilómetro, según esos dictámenes (MILENIO JALISCO, 26 de agosto de 2013).

Ayer, la zona del ejido La Capilla, en Ixtlahuacán de los Membrillos, no tuvo actividades por parte de la constructora IDEAL (Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina), que en contraste, sí trabajaba el frente de obra en el puente que construyen sobre una propiedad particular, muy cerca de la desembocadura al río Santiago.

Funcionarios de la Semarnat le confirmaron a los miembros del Núcleo Jalisco de su consejo consultivo que no se ha prorrogado la autorización debido a 5 amparos.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Funcionarios de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), le revelaron al núcleo Jalisco de su consejo consultivo, que desde abril de 2013 no existe autorización vigente en materia de impacto ambiental para el Macrolibramiento de Guadalajara, obra que tiene concesionada la empresa IDEAL de grupo Carso, por lo cual, los frentes de obra deben ser clausurados.

En una reunión realizada en el piso ocho del palacio federal, donde se ubica la sede de la Semarnat Jalisco, acudieron con los consejeros dos funcionarios de la DGIRA: María del Carmen Caranchero Rangel, quien funge como directora de Evaluación de Proyectos Estratégicos, y Raúl de Jesús Contreras Ceja, director de Instrumentos Normativos, quienes manifestaron su sorpresa ante la existencia de dos frente de obra, uno en la cercanía del ejido La Capilla, de Ixtlahuacán de los Membrillos, y otro más en un paraje del municipio de El Arenal, muy cerca del bosque La Primavera.

Conforme al acta de la quinta reunión extraordinaria del denominado Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable núcleo Estado de Jalisco de la Semarnat, de la que MILENIO JALISCO posee copia, no existe un permiso vigente por cinco juicios de garantías interpuestos por ejidos o particulares a lo largo de los 11 kilómetros del trazo.



La directora de Evaluación de Proyectos Estratégicos “expone a los asistentes los antecedentes y variaciones que han surgido en torno al tema discutido, hace saber que en este momentos están imposibilitados en emitir alguna pronunciación [sic] técnica ya que expone a los asistentes que existen algunos amparos y que el proyecto está en una situación jurídica que no permite el avance del mismo ya que se encuentra suspendido”. La DGIRA tiene registrado el proyecto como Libramiento Guadalajara.

“Los representantes de la DGIRA responden al comentario hecho por los consejeros relacionado con que se están realizando obras en diversos tramos del proyecto, a lo cual [los funcionarios] recomiendan a los consejeros llevar a cabo denuncias ante Profepa [Procuraduría Federal de Protección al Ambiente]”, refiere el acta de la sesión.

Carlos Valentín Veyna Martínez, consejero que fungió como relator del encuentro, abundó: “la funcionaria nos dijo que la vigencia de cinco juicios de amparo impide autorizar extensión de plazos solicitada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes [SCT] para la vigencia de la autorización de impacto ambiental, lo que al mismo tiempo es una limitante para atender la petición del consejo, de que dicho permiso fuera cancelado por sus evidentes omisiones” (ver edición de ayer de este diario).

Sin embargo, “dicha funcionaria se vio sorprendida cuando se le indicó por parte de una de las consejeras del Núcleo Jalisco, la doctora Liliana Peñuela, sobre la existencia en forma visible de la construcción de dicha carretera en el punto de El Arenal, indicando que ellos no han autorizado desde abril de 2013 a la fecha, la actualización del calendario de obra”.

Para Veyna Martínez, “al parecer, para la DGIRA en oficinas centrales, no hay obra en construcción”.



Tras la presentación de ambos funcionarios, acudió el subdelegado jurídico de la Semarnat, Francisco Javier Silva Castañeda, quien dijo a los consejeros “que se han iniciado cuatro procedimientos [en el trazo de la obra] mismos que no han ameritado infracciones ni medidas correctivas […] hace saber que no ha recibido notificación alguna de parte de la Semarnat ni de ningún juzgado referente a suspensión alguna”. No obstante, ante la evidencia, nueva, de que no hay permiso vigente, se comprometió a actuar en estos días para inspeccionar los dos frentes de obra referidos; si los responsables no presentan un permiso vigente en el caso de la MIA, las obras serán clausuradas.

La obligación de esa autorización

Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, artículo 28. “La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan  causar desequilibrio ecológico […] requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría: I.- Obras hidráulicas, vías generales de comunicación, oleoductos, gasoductos, carboductos y poliductos; […] VII.- Cambios de uso del suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas…”

El Macrolibramiento de Guadalajara obtuvo autorización en la materia con vigencia a ocho años, lo que obligó a pedir prórrogas a partir de 2012. Pero no se concedió en 2013, lo que impide que se ejecuten obras.