Sitio de Agustín del Castillo

El abogado Joseph Olid destaca que el ayuntamiento tapatío solamente buscó compensar la violación a su institucionalidad .

Agustín del Castillo / Guaadalajara. MILENIO JALISCO. 

El proceso de regularización de “torres chuecas” en Guadalajara podría ser justificado como el rescate de recursos por la autoridad municipal, pero lo que de ninguna manera se han restituido son los derechos de los ciudadanos que vieron dañados sus bienes inmuebles y su estilo de vida, además de claras omisiones en materia penal, advierte el abogado Joseph Irwing Olid Aranda, quien asesora a numerosos colonos en el tema. “Yo creo que conforme vamos modernizando el marco jurídico, es una cuestión de principios; tenemos vigentes tratados internacionales en materia ecológica; tenemos disposiciones de los diferentes niveles de gobierno, la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, los artículos cuatro, 26 y 27; tenemos el Código Urbano de Jalisco […] si estuviéramos respetando los derechos humanos, el derecho a la ciudad, los magistrados del Tribunal Administrativo, los jueces y magistrados federales, y las propias autoridades municipales, irían más a fondo”, advierte en entrevista con MILENIO JALISCO.

Así, “el tema procesal debería de ser: yo te doy las bases, pero tú deberías saber cómo resolver, y no irte a una tendencia que sea siempre a favor de los desarrolladores; así que lo que se requiere es prácticamente un cambio de conciencia, porque me parece que los criterios que prevalecen son obsoletos”. Esto ha derivado en el descrédito del TAE y de la autoridad municipal, porque siempre está como prioridad la búsqueda de ganancia económica y no los derechos de todos los ciudadanos, dice.

El especialista ha analizado los expedientes y su contexto, y aborda la posibilidad de que las “torres chuecas” entrañen delitos que debían perseguirse. “Con la información pública no se puede establecer tajantemente, sin embargo, si es factible la existencia de varios, el Código Penal lo establece”. Y de parte de funcionarios del ayuntamiento, se encuadra el delito de omisión, es decir, “se habría sido omiso en denunciar los delitos que advirtió una vez que estuvo analizando cada uno de los expedientes de construcción; esta omisión constituye el delito de encubrimiento”.

No obstante lo anterior, Joseph Olid observa que “en la mayoría de los casos ya habría transcurrido el plazo para la prescripción de la acción penal”. Los posibles delitos están tipificados en los artículos 253, 254 y 263 (ver texto de abajo).

Su análisis parte de la pregunta “¿se reparó el daño causado por los constructores?” La contestación a esta interrogante puede ser subjetiva, desde el punto de vista del ayuntamiento, este señala que sí, sin embargo, “es errónea la concepción de la reparación del daño a la luz del estándar constitucional, las disposiciones civiles y las disposiciones penales”.

En materia civil, recuerda los conceptos básicos.” Daño: menoscabo en el patrimonio de una persona. Perjuicio: ganancia licita que se dejó de obtener con motivo del daño. Daños punitivos: sanción que se impone a quien genera un daño a diverso particular, la cual tiene el carácter de justa indemnización y como medida que persuade a no volver a cometer la conducta. La reparación es para el directo afectado, que acredita su interés jurídico”. En materia penal. “Conceptos: restitución, restablecimiento o reintegración en los derechos afectados y bienes despojados (carácter patrimonial). Rehabilitación o reintegración de la víctima como tal a la situación que tenía antes (carácter emocional). Compensación se otorga por los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables. Satisfacción incluye derecho a la verdad y publicidad de la sanción, sanciones por otras vías y justicia en sentido amplio. Garantía de no repetición puede ser económica, material o simbólica”.

Los derechos que el ayuntamiento habría rescatado con la regularización: “Conceptos: compensación se realiza mediante pago, obras específicas o la entrega en especie de los bienes señalados. Indemnización: pago para resarcir el daño o perjuicio realizado, a través de una retribución económica. Mitigación: el ejercicio de un conjunto de medidas para contrarrestar o minimizar los impactos generados producidos. ¿Hacia quien se dirige la reparación? El Ayuntamiento de Guadalajara”.

De este modo, los vecinos de las torres, y la sociedad en general, son quienes permanecen agraviados, pues a fin de cuentas, el edificador de las torres “se salió con la suya” y su negocio fue más importante para la autoridad que los derechos de las personas afectadas, concluye el litigante.

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Claves  

Delitos urbanos en el Código Penal 

Artículo 253

“Se impondrán de cuatro a diez años de prisión y multa por el importe de veinte a cuatrocientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, cuando el propietario de un inmueble por sí, o por interpósita persona, transmita bajo cualquier título en forma fraccionada, sin contar con la autorización correspondiente de la o las autoridades competentes, la propiedad o sus derechos sobre la misma, respecto de inmuebles, pactando precios de contado o a plazos reales o simulados, o mediante contratos señalados como preparatorios", ‘preliminares, ’promesa’, o cualquier otro innominado, cuando se reciba la totalidad o parte del precio, o se pacten abonos periódicos a éste y se haga entrega de la posesión del inmueble […] en la misma responsabilidad incurrirá el o los representantes del propietario transmisor o sus agentes que intervengan en las operaciones a que se refiere el párrafo anterior, a sabiendas de que se carece de la autorización mencionada en el mismo”

Artículo 253 Bis

“Se impondrán de dos a cuatro años de prisión; destitución del empleo, cargo o comisión, e inhabilitación de uno, y hasta por tres años para desempeñar otro, y multa por el importe equivalente de mil a tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; a los servidores públicos que de manera dolosa, contraviniendo la zonificación primaria o índice de edificación contenida en los planes de desarrollo urbano: I. Aprueben modificaciones de zonificación primaria señalada en los planes de desarrollo urbano de centro de población o los planes parciales de desarrollo urbano, respecto de inmuebles o en licencias de urbanización, construcción o edificación; II. Emitan dictámenes que modifiquen o contravengan las determinaciones de zonificación primaria de los planes de desarrollo urbano de centro de población o los planes parciales de desarrollo urbano, aplicable de forma específica al inmueble para el que sea solicitado; o III. Autoricen licencias o permisos que excedan o contravengan las determinaciones de número máximo de niveles, coeficientes de ocupación y utilización del suelo, áreas de restricción, unidades de vivienda o unidades comerciales y de servicios, señalados en los planes de desarrollo urbano de centro de población y los planes parciales de desarrollo urbano”

Artículo 253 Ter

“Se impondrán de dos a cuatro años de prisión y multa por el importe equivalente de mil a tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; a los propietarios de inmuebles, sus promotores, representantes legales y constructores que de manera dolosa lleven a cabo acciones de urbanización, construcción o edificación, cuya autorización al momento de su ejecución viole la zonificación primaria o índice de edificación contenida en los planes de desarrollo urbano de centro de población y los planes parciales de desarrollo urbano”

Artículo 253 Quáter

“Se le impondrá de dos a cuatro años de prisión y multa por el importe equivalente de mil a tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, al Director Responsable de Obra o Corresponsable de Obra que de manera dolosa autorice el desarrollo de una construcción, de la que otorgó su responsiva sin apego a la licencia, autorización o permiso otorgado por la autoridad competente. La misma sanción se impondrá al propietario del inmueble donde se desarrolla la construcción, a su representante legal y al constructor que, teniendo conocimiento de la ilegalidad del acto, no presente la denuncia correspondiente ante la autoridad competente, permita la edificación sin sujetarse a la licencia o permiso de construcción o urbanización”

Artículo 254

“Se impondrán de seis meses a seis años de prisión multa por el importe de cuatro a cuarenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, al que habiendo recibido mercancía con subsidio o franquicia, concedidos por el estado, municipio u órgano descentralizado, estatal o municipal, para darles un destino determinado, desvirtúe en cualquier forma los fines perseguidos con el subsidio o franquicia”.

Artículo 263

“Se impondrán de un mes a tres años de prisión al que, después de la ejecución del delito y sin haber tenido en éste alguna de las intervenciones señaladas en el artículo 19, ayude en cualquiera forma al responsable a eludir las investigaciones de la autoridad correspondiente o a substraerse a la acción de ésta, u oculte, altere, destruya o haga desaparecer los rastros, pruebas, instrumentos u objetos del delito o asegure para sí, o para el inculpado, el producto del mismo […] Igual sanción se impondrá a quien no procure, por los medios lícitos que tenga a su alcance, impedir la consumación de los delitos que sepa van a cometerse o se están cometiendo, si son de los que se persiguen de oficio”

No existe ni siquiera un padrón confiable de dueños del bosque, pero la relación ha sido la más compleja en la historia del área protegida.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Afianzar una relación sólida y fluida con los dueños de los terrenos donde se ubica el bosque La Primavera es tarea que preocupa a los hacedores de la nueva versión del plan de manejo del área de protección de flora y fauna. Pero si se echa un vistazo a la composición de ese colectivo, sean ejidos o parvifundistas, las cosas no son simples.

“Dentro del polígono, 57.4 por ciento de la superficie es propiedad privada, 23.8 por ciento es propiedad ejidal y 18.7 por ciento es propiedad estatal, de estas últimas, 5,290 hectáreas se adquirieron en 1984 por donación presidencial, y 700 ha fueron adquiridas en 2001, por un convenio expropiatorio y el apoyo de la LV legislatura”.

El padrón de propietarios del Bosque La Primavera, “está en continua actualización, ya que depende del acercamiento de los poseedores y legales dueños de predios, al Organismo Público Descentralizado”, al que muchos de eso propietarios rechazan.

“En este momento, se encuentran en el sistema de información geográfica, un total de 189 predios registrados en la categoría de pequeña propiedad o propiedad particular, mismo que representan 74 por ciento del total de superficie catalogada en este rubro [es decir, como propiedad privada], porcentaje que equivale a 11,790 hectáreas aproximadamente, dentro del área de protección de flora y fauna”, destaca el documento.

“Es importante mencionar que la integración de datos e información de predios a dicho padrón, no cuenta con un parámetro de medición en cuanto al número de propietarios, dado que la dinámica actual obedece a que un número indeterminado de dueños y poseedores, realizan operaciones de compra venta de predios, los cuales a su vez son fraccionados para su promoción inmobiliaria. No obstante, sí se puede determinar su avance en cuanto a superficie”, explica.

Los resultados contrastan con un ejercicio realizado en 2014. “Un ejercicio de la Dirección Ejecutiva del bosque, realizado durante los últimos meses en los archivos e instrumentos públicos disponibles: las direcciones de catastro de los cuatro municipios, el Catastro estatal y el Registro Público de la Propiedad, pone nombre y apellido en una parte sustantiva de la tierra, hasta identificar plenamente 126 propiedades que se extienden sobre 7,390 ha, menos de la mitad de la superficie de la pequeña propiedad, y consignar otros 295 nombres que podrían arrojar la nómina casi completa, que totaliza en 421 predios y unos 400 dueños privados” (MILENIO JALISCO, 6 de marzo de 2014).

Es decir, se trata de un tema en el que no se contará con datos completamente fidedignos mientras no se cuente con un padrón completo y actualizado, reconoce el documento que en unas semanas será sometido a consulta.

Otra cosas es el destino que cada propietario da a los predios. En la versión preliminar del plan se dan ejemplos: “…en el predio del Picnic (que dicho de paso es UMA) desde 2012 se construye una torre cuya finalidad se desconoce, aunque refiere un proyecto de educación ambiental y museo. Destaca también el rancho de nombre La Providencia, en el kilómetro 15.5 de Mariano Otero ya que en éste se construyó un par de cabañas con el objetivo de realizar actividades de educación ambiental. Terminó por ser recinto para recibir campamentos de rehabilitación de grupos de ex adictos al alcohol y/o drogas, que realizan terapias dentro del bosque. Existe un doble propósito, donde el propietario asegura realizar proyectos en favor del bosque o con fines de fomentar la educación ambiental, pero son en su mayor parte propiedades para uso y disfrute personal o pecuniario”.

Evidentemente, esto se liga con las tentativas de cambio de uso de suelo. “De acuerdo con la estadística de denuncias levantadas y verificadas por la Dirección de Inspección y Vigilancia del ANP, durante el periodo de 2009 a 2014, el cambio de uso de suelo encabeza la lista de denuncias, representando un 70 por ciento. En total se registraron 102 casos en sitios verificados en campo, dando como resultado cambios de uso por construcción en un 72 por ciento de los casos, cambio de uso forestal a agrícola en 20 por ciento y la apertura de bancos de material y caminos en 8 por ciento”. De este modo, “cerca de 0.25 por ciento de la superficie del ANP se encuentra ocupada por construcciones, la mayoría de ellas irregulares”.

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Claves 

Una relación histórica llena de dificultades

“El reconocimiento de los derechos de sus propietarios bajo mecanismos y esquemas que les ofrezcan las mejores condiciones dentro de los márgenes de lo establecido por la ley, haciendo prevalecer el interés público sobre cualquier otra consideración” es un objetivo central del plan de manejo, versión 2018

“Se estima que habitan de manera permanente alrededor de 200 personas dentro del ANP. Dentro del ANP se encuentran once ejidos reconocidos en el Registro Agrario Nacional: 1) Emiliano Zapata, 2) Huaxtla, 3) Jocotán, 4) Lázaro Cárdenas (ex Comunidad Indígena de San Juan de Ocotán), 5) La Primavera, 6) La Venta del Astillero, 7) San Agustín, 8) San Juan de Ocotán, 9) López Mateos, 10) Colli y 11) Tala. Actualmente se encuentra en litigio la dotación de territorio en el área protegida, del ejido Ampliación de Santa Cruz del Astillero. Se estima que en el régimen de propiedad ejidal hay 2,644 beneficiarios dentro del bosque y en sus límites, además de un número no determinado de propietarios privados”

La inviabilidad práctica de conciliar el interés público con el interés privado de los propietarios, particulares y colectivos (ejidos), provoca “una tensión permanente no resuelta, factor de conflicto que se manifiesta en la atomización creciente de la propiedad, la edificación hormiga, la fragmentación y perdida de conectividad interna, y el débil control y regulación de la visitación pública”

En 1980, “algunos propietarios vivieron la declaratoria como un despojo ya que vino a limitarles drásticamente los derechos sobre su propiedad; para otros actores sociales la declaratoria se quedó muy corta ya que al no modificar el régimen de tenencia de la tierra no se sentaron las bases para garantizar el tipo de protección y conservación que ameritaba en función de los beneficios que proporciona a la ciudad. En la actualidad coexisten posiciones antangónicas que plantean que deberían ‘relajarse’ las restricciones a los propietarios, y esfuerzos a favor de una expropiación para hacer del Bosque La Primavera un Parque Nacional”

Así, “existe una brecha muy amplia entre los conceptos de conservación y manejo sustentable que nos señala el Programa de Manejo y las actividades que interesan a los propietarios, desarrolladores y las comunidades asentadas alrededor del área”

De este modo, actividades y acciones primordiales son la “replicación de casos exitosos en materia de actividades productivas por parte de propietarios (en materia de coordinación, fondos, monitoreo y seguimiento); coordinación con propietarios para el diseño y financiamiento de proyectos estratégicos; dar continuidad a casos exitosos en compensación (PSA) y buscar otras alternativas compensatorias; identificar qué actividades productivas y tradicionales pueden hacerse en el BLP (explorar la viabilidad de reconversión de cultivos actuales por plantaciones comerciales forestales) y elaborar estudios de capacidad de carga y programa de uso público (por actividad y por zona)”

Fuente: Plan de manejo 2018 La Primavera, versión preliminar

Los dirigentes de las comunidades de la montaña que comparten Jalisco y Colima desmienten abusos contra derechos humanos y señalan que su agua no nace en Ayotitlán

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El agua que el Cerro Grande provee a Colima-Villa de Álvarez no tiene que ver ni con Toxín, ni mucho menos con el territorio de Ayotitlán, sino que nace justamente en esa montaña de casi 2,550 metros de altura cuya geología calcárea la distingue del resto de los macizos montañosos del Eje Neovolcánico y de la Sierra Madre del Sur, con los que colinda.

Al ser de piedra caliza, es altamente erosiva, por lo que el agua ha abierto más de un centenar de cavernas por donde se da el proceso de recarga de un acuífero que brota en los manantiales de Zacualpan, de donde se envía por acueducto a la zona metropolitana Colima-Villa de Álvarez. Este es en síntesis el argumento con que los ejidatarios poseedores de la montaña desmienten las aseveraciones del presidente de la Red Jalisciense de Derechos Humanos , Óscar González Garí, quien descalificó como “violatorio de derechos humanos” la aprobación por el Congreso de Colima, del mecanismo de pago de servicios ambientales (MILENIO JALISCO, 6 de septiembre de 2018).

“Nosotros, que somos habitantes y dueños de predios en Cerro Grande, en la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán, consideramos que el licenciado González Garí está mal informado. Agradecemos a la Red Jalisciense de Derechos Humanos sus esfuerzos para defender los derechos que tenemos pobladores de la Sierra de Manantlán. Coincidimos en que no se debe privatizar el agua y que los legítimos dueños de los territorios que producen agua deben ser consultados sobre proyectos que les afecten. Hubiéramos agradecido que viniera a consultar con nosotros antes de hacer sus manifestaciones. Él no ha venido a nuestras comunidades en Colima para analizar esta situación, y por este motivo sus manifestaciones están equivocadas. En vez de ayudarnos nos perjudica por que confunde a la opinión pública”, dijeron en una misiva a este diario, firmada por Mariano Jiménez, presidente del Subconsejo Intercomunitario de Cerro Grande, y Jesús Flores Carrillo, presidente de la Comunidades Rurales para la Conservación y Desarrollo Sustentable de Cerro Grande, AC.

Y enumeran lo que para ellos son los errores en la crítica del activista: uno, su aseveración de que es ’falso que el mecanismo de pago de servicios ambientales hidrológicos vaya a beneficiar a los dueños de los bosques donde se genera el agua’ es equivocada. El mecanismo abre nuevas oportunidades para beneficiarnos a través de un financiamiento de proyectos de desarrollo comunitario que nosotros mismos hemos estado definiendo. Esto es muy importante para nosotros considerando la contradicción de que en nuestros territorios que producen el agua para la capital de Colima, pero paradójicamente ¡no tiene agua! Por ser piedra caliza no fluyen arroyos ni ríos superficialmente, y nuestra agua se infiltra por cuevas y sale solamente en la parte baja de Cerro Grande”.

Dos, “cuando dice que no ha habido ‘…el mínimo respeto por el derecho humano de la consulta libre, previa e informada’ y que el mecanismo es ‘…violatorio de los derechos humanos de los habitantes de la reserva’, se equivoca. Las comunidades de Cerro Grande sí hemos sido consultadas durante años, y tanto las comunidades ejidales como indígena somos co-responsables en diseñar del Mecanismo como parte del consejo asesor de la RBSM en el Estado de Colima”.



Tres, “sus manifestaciones de que ‘el agua de Cerro Grande viene de El Toxín… y por ende, forma parte sustancial de los recursos naturales de la Comunidad Indígena de Ayotitlán’ y que se manifiesta un ‘… despojo de recursos naturales que única y fundamentalmente le pertenece a la Comunidad Indígena de Ayotitlán, Jalisco’ es incorrecta. El agua en cuestión se genera en los bosques de Cerro Grande donde somos propietarios los ejidos de La Laguna y Toxín en Jalisco; y El Terrero, Campo Cuatro, Platanarillo, Lagunitas y la Comunidad Indígena de Zacualpan en Colima, donde emerge el agua generada en la parte alta. Toxín, además de que no está en el ejido de Ayotitlán, se encuentra en una subcuenca cerrada en la cuenca del Marabasco, y el agua fluye por una cueva debajo de la montaña y emerge en una localidad llamada ‘La Tasa’ que sale al río Ayuquila y por lo tanto no está conectado con el manantial de Zacualpan de donde sale el agua para Colima”. Anexan un mapa elaborado por técnicos de la Universidad de Colima “que muestra que el agua de Cerro Grande, incluyendo la de la comunidad indígena de Zacualpan en la cuenca del Río Armería, no tiene relación alguna con el agua de las cuencas del Río Marabasco que es donde está ubicado Ayotitlán”.

Si bien “hay conflictos de linderos entre Jalisco y Colima en Cerro Grande, en ningún caso tiene que ver con el Ejido de Ayotitlán, donde los conflictos de linderos entre los estados están asociados a la mina de Peña Colorada. Comprendemos el argumento de González Garí sobre los ‘territorios ancestrales’ que algunos mencionan que llegaban hasta la costa del Pacífico, pero debemos respetar los linderos legalmente establecidos. Apoyamos que Ayotitlán reciba los terrenos a los cuales tienen derecho, pero sin afectar los derechos de otras comunidades indígenas y ejidos circundantes”.

En ese tenor, desestiman el argumento de que los consejos asesores han desaparecido, pues ellos participan en el de Colima, y es el que presidirá el mecanismo local en esta zona.

“Creemos que se equivoca cuando describe el Mecanismo como una de las ‘patrañas privatizadoras’ del agua. Estamos en contra de la privatización del agua. El mecanismo es un esquema de financiamiento público para manejo público del agua para beneficio tanto de los dueños de los terrenos donde se produce el agua como de la población donde se recibe el agua. El agua es un derecho humano universal que nunca debe ser privado. Creemos que no es útil que se generen conflictos entre las comunidades de la Sierra de Manantlán cuando más bien nos debemos estar apoyando mutuamente. Esperamos que se respeten nuestros derechos a recibir pago por los servicios ambientales que prestan nuestras comunidades rurales a las ciudades”, concluyen.

Tercer Tribunal Colegiado de Distritobuscaría discutir más a fondo la demanda del empresario de ser reconocido como comunero.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Los abogados que llevan el litigio de la comunidad indígena de Mezcala en contra del empresario Guillermo Moreno Ibarra, confían que los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado de Distrito, resuelvan con criterio el amparo promovido por éste, que pretende ser parte de la comunidad indígena para no perder once hectáreas comunales que tiene en posesión desde finales del siglo pasado, pero que no pueden salir del régimen comunal por ser imprescriptibles.

Los defensores hablaron de casi dos décadas de litigio donde diversas instancias les han dado la razón, y aún así, el presunto invasor no ha sido juzgado en esa calidad, lo que significa una conculcación de la justicia para la comunidad. “Hicimos un exhorto para que se observe la legislación vigente en materia de comunidades indígenas para proteger estas tierras que son del pueblo originario de Mezcala, y que al pretender darle el rango de comuneros, obliga a retomar juicios y costos para poder hacer frente a sus intereses, cuando todos sabemos que no es indígena y adquirió el derecho mediante una compra”, refirió el abogado Rubén Ávila Tena.

La audiencia para resolver el amparo en revisión 390/2016 fue pospuesta por los magistrados José Manuel Mojica Hernández (ponente), Elías Hermenegildo Banda Aguilar y Hugo Gómez Ávila, bajo el argumento de que se buscaría discutir más a fondo la demanda del empresario de ser reconocido como comunero, pues recibió en herencia ese derecho de un comunero legítimo, Cresenciano Santana, a la par de las once hectáreas de régimen comunal en la zona boscosa de la comunidad. Los comuneros han reclamado que esos actos se encuentran viciados de origen y exigen se dé vigencia al régimen especial que tienen las comunidades, cuyos derechos son imprescriptibles (nunca pierden vigencia), y sus bienes no se pueden vender (son inalienables).

La suspensión de la audiencia fue el pasado jueves 13 de septiembre, y técnicamente, los magistrados tienen hasta un mes para reanudarla, según el propio abogado.

“La preocupación de los comuneros y pobladores de Mezcala es que si los magistrados juzgan al empresario como comunero, los diecinueve años del juicio de restitución se echarían a la basura, ya que se iniciaría un nuevo proceso pero ahora se le juzgaría como comunero y por lo tanto no habría ninguna restitución de tierras para la comunidad; en cambio si los magistrados lo juzgan como un particular que es la calidad que tenía al inicio del juicio agrario, tendría entonces que restituir las tierras al pueblo de Mezcala”, señalaron desde el día siguiente los representantes comunales.

Se incrementará la superficie bajo políticas de conservación y protección, mientras las reglas para visitar al bosque serán más estrictas.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

La consulta pública del nuevo plan de manejo de La Primavera será la que definirá la nueva zonificación que requiere un área natural protegida que en 18 años perdió más de 600 hectáreas por un proceso judicial de exclusión, y cuyas condiciones de presión frente a la expansión de Guadalajara se ha agravado. Por eso, independientemente de lo que se apruebe, la tendencia es a incrementar la superficie con políticas de protección y conservación, y consolidar el manejo eficiente de las abiertas al uso público.

El texto preliminar, del que posee una copia MILENIO JALISCO, fue elaborado por la empresa 2 Grados Consultores, bajo la coordinación de Cecilia Valencia Sandoval, Rafael González Franco de la Peza y Mónica Varela Cuevas. A la par del texto, se elaboraron propuestas de mapas con la zonificación nueva, lo cual es el tema medular de negociación con los pequeños propietarios y los ejidatarios que poseen derechos en la zona.

“Desde su declaratoria y posterior a la aprobación del Programa de Manejo del 2000, algunas condiciones biológicas, pero sobre todo las socio-políticas del área de protección de flora y fauna cambiaron de manera significativa. Es por ello, que no solamente se justifica, si no también es necesario adecuar la zonificación de 2000 a una zonificación que contemple las condiciones y demandas que presenta actualmente y así garantizar su protección; bajo el entendido que para ello deberá garantizarse la aplicación y cumplimiento irrestricto de la ley”, destaca el texto.

“Se presentan dos propuestas de zonificación: una, la que prioriza criterios de protección, y dos, la que además de priorizar los criterios de protección, toma en cuenta los factores sociales. Con respecto a la geotermia, tanto la recomendación de los expertos, como nuestra conclusión bajo estrictos criterios técnicos, es que no debe de llevarse a cabo”, subraya.

Para hacer el ajuste, se consideraron siete criterios: uno, protección de valores de flora y fauna, tomando en cuenta la biodiversidad existente como son especies presentes en la NOM-059-SEMARNAT-2010, especies nativas de México de flora y fauna silvestre bajo alguna categoría de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio, así como a los tipos de vegetación existentes; dos, protección de valores geológicos; tres, protección de cabeceras de cuenca; cuatro, protección de corredores biológicos; cinco, protección de predios adquiridos por el gobierno del estado; seis, demanda social, tanto de visitación como de actividades productivas que realizan los propietarios, y siete, afectaciones severas al ecosistema debido a incendios y a factores humanos derivado de hechos ilícitos de carácter ambiental.

Esto derivó en poner en mapa los siguientes tipos de zonas: uno, las que contienen especies en riesgo y endémicas, con alta riqueza biológica y ecosistemas relictuales, como bosque bien conservado y antiguo; dos, con criterio de protección de cuencas, tanto para la recarga de acuíferos, como para la distribución de especies; tres, con valor geológico, tanto como zonas representando rasgos únicos y distintivos, como el origen de calderas, y zonas que muestren procesos con fines educativos; y cuatro, que contengan criterios de conectividad biológica.

“En cuanto a amenazas, se identificaron zonas que presentan las siguientes: uno, incendios; dos, expansión urbana; tres, erosión; cuatro, impacto por visitación; cinco, sismos y vulcanismo; seis, extracción de material geológico; siete, geotermia, ocho, asentamientos irregulares; nueve, basureros y diez, carreteras”.

Estas son las complejas necesidades de una zonificación nueva, la parte más difícil de la consulta con los dueños de la tierra, que mantienen una actitud de oposición a diversas acciones de control en el bosque que se han implementado los últimos años.

Claves

Criterios para determinar la zonificación:

1 Protección de cabeceras de cuenca,

2 Protección de corredores biológicos,

3 Protección de valores de flora y fauna,

4 Protección de valores geológicos,

5 Protección de predio de gobierno del estado,

y 6 Demanda social (visitación y propietarios).

Lo que cambió 

1 Presión/expansión urbana. “La presión a la cual se enfrenta el área, asociada al crecimiento urbano, es cada vez mayor, por lo que el estrangulamiento del área y la pérdida de conectividad biológica están poniendo en riesgo al área protegida”.

2 Cambios en el régimen de tipo de propiedad. En los últimos años, el gobierno del estado ha adquirido territorio dentro del bosque con el fin de garantizar su conservación.

3 Incremento en la demanda de visitación. “La demanda de visitación ha incrementado drásticamente en las últimas décadas, tanto en número de visitantes como en tipo de actividad; por lo que la presión hacia el ecosistema debido a este tipo de actividad es mayor”.

4 Incremento en conocimiento científico. “Desde la publicación del Plan de Manejo de 2000, se han realizado estudios los cuales brindan evidencia de los valores, procesos e importancia del bosque (de flora y fauna, hidrología y geología), así como estudios que muestran las zonas de conectividad biológica con otras áreas de la región, las cuales son fundamentales para la viabilidad a largo plazo”.

5 Incorporación al Programa de Reserva de la Biosfera MAB/UNESCO. “En 2006, el área de protección de flora y fauna fue incorporada al programa MAB de la UNESCO. Dichas reservas constituyen ‘sitios de apoyo a la ciencia al servicio de la sostenibilidad’, es decir, zonas especialmente designadas con objeto de probar enfoques interdisciplinarios para comprender y gestionar los cambios e interacciones de los sistemas sociales y ecológicos, incluidas la prevención de conflictos y la gestión de la biodiversidad”

Fuente: versión preliminar del plan de manejo, 2018

El ayuntamiento sostiene que ya tiene en operación unos 160, y han dado “grandes resultados” al problema local de residuo

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Los llamados “puntos limpios” cuestan ahora entre 950 mil y un millón de pesos, y su instalación corre a cargo de la empresa Plastic Omnium, que ha instalado ya más de 170, lo que implica un cobro superior a 140 millones de pesos, pero, a la larga, es algo que le conviene a la ciudad, advierte el director de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Guadalajara, José Luis Sube.

“Cuando se llegó a esto, se evaluó la facilidad de poner una infraestructura que fuera accesible a todas las personas, con la ventaja de tener mayor concentración, menos vueltas, y la logística de horarios nocturnos […] los puntos limpios tienen diferentes objetivos, no solo la separación, hay algunos que sirven como modelos educativos ambientales, como es el caso de Los Colomos, que nos ha funcionado muy bien; y también nos ayudan a solucionar otras problemáticas, es decir, donde había puntos rojos, una gran concentración de residuos, logramos tener una imagen citadina mucho mejor, ya que antes, si pasaba un pepenador o un perro, fácilmente lo podrían destrozar”, explica en entrevista con MILENIO JALISCO.

- ¿Cómo se analizó la relevancia que tendrían los puntos limpios?

- La idea era ponerlos en los lugares más necesarios en la ciudad, obviamente no se pueden construir de un día para otro; ahorita tenemos cerca de 160 puntos limpios operativos, y nos está acercando a zonas consolidadas como Huentitán, El Country - donde en toda el área ningún punto limpio está a más de 500 metros -, en Providencia, en el barrio de Mexicaltinzgo, en la colonia Americana […] 250 puntos a 2019 es la meta que nos propusimos, creo que vamos a terminar la administración[en octubre próximo] con 180; estamos cerca, y todavía se siguen instalando, porque 250 no es el tope, en su tipo, tenemos ya el sistema más robusto a nivel Latinoamérica

- ¿Cuánto cuesta un punto limpio y cuánto cuesta el mantenimiento y cuál es el período de vida útil? 

- Inicialmente andaba en 800 mil pesos, ahora es casi un millón, unos 950 mil pesos; estimamos que un solo camión recolector puede atender entre 35 y 50 puntos limpios, es un estado óptimo, se está trabajando en esto; estamos caminando a equipar a más vehículos, tomando las acciones necesarias. La concesionaria atiende solo 20 puntos, conforme a su convenio, y los otros 140 los opera Aseo Público. Equipar un camión para operar los puntos limpios anda en 150 mil pesos, aunque un camión nuevo equipado cuesta entre un millón 800 mil pesos y un millón 900 mil pesos. Puedo decirte que cada equipo tiene una vida útil de hasta 30 años, y más allá de la limpieza, operan con la batería de los camiones, entonces es una inversión que dura mucho y vale la pena.

Hay apenas unos seis camiones con el equipamiento necesario, pero han sido suficientes. Y como las 90 toneladas que se recolectan en los puntos limpios cada semana forman parte del convenio con una empresa tratadora de residuos que se llama Aire, que se ubica en la zona industrial y que recibe también la basura de las 8,600 “papeleras inteligentes”. Esto significa que más de 150 toneladas a la semana (si se consideran 63 toneladas de las papeleras) no se canalizan al vertedero metropolitano, sino que tienen un manejo integral.

“En Guadalajara hay una tendencia a la baja de la cantidad de residuos que genera el municipio, no necesariamente que no se generen, sino que el manejo que hace el municipio ya no está a la alza, después de 20 años, en que había una tendencia cada año de más toneladas; en cuanto a costos, estamos en los mismos niveles del 2015, que fue cuando entramos, solo que ha habido una fuerte inflación”, advierte. Y los puntos limpios no son todo, pero sí uno de los ejes de la estrategia.

La cuenca de Atemajac es la más presionada por procesos urbanos descontrolados en la actualidad, debido al alto valor de sus tierras altas

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La construcción de plaza Patria sobre el lecho del arroyo Atemajac, en los límites de Zapopan y Guadalajara, no fue vista en 1974 con la extrañeza y desaprobación con que ahora se ve la ocupación de cuerpos de agua y el entubamiento de los ríos, pero sin duda es el factor que más ha condicionado la historia posterior de la cuenca de Atemajac, por la obra en sí y por el modelo de ocupación de cuencas que implantó en el área.

“Era tan común desecar cuerpos de agua y ocupar sitios inundables, que plaza del Sol, el proyecto pionero, también alteró el arroyo del Chicalote, y nadie en su momento lo lamentó”, señala el arquitecto urbanista Ricardo Alvirde Sucilla.

¿Cómo se gestó la historia? El proyecto fue del arquitecto Julio de la Peña. Los dineros fueron canalizados por diversos inversionistas, entre quienes destacan miembros de la comunidad libanesa, las familias Hemuda y Dau. No hubo, hasta donde se sabe, una sola autoridad que alertara sobre los riesgos. Hubo lluvias intensas en 1975 y 1976, pero el daño fue menor. La explicación es sencilla: al poniente existía completo el gran bosque Los Colomos, apenas estaba en construcción el campus principal de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Colinas de San Javier y Providencia eran límite de la ciudad construida, Zapopan no se había desbordado de su cabecera municipal. El paisaje era un descampado entre barrancas y lomeríos, y los manantiales del parque que el gobierno de Jalisco había adquirido desde fines del siglo XIX brotaban con libertad.

“A la mejor era la costumbre ganarle terrenos al agua. Basta ver la cantidad de represas que tenían Guadalajara y Zapopan y que simplemente fueron desecadas, rellenadas y urbanizadas; yo tengo un plano de 1942 en donde solo en esos dos municipios se registran 14 presas, ninguna existe ya ahora”, añade el especialista.

Para el arquitecto Sergio Peraza, quien fue testigo de una parte de esas transformaciones, los intereses de corto plazo y la falta de poder de la planeación ocasionaron un desastre ambiental, que ya es social, por las inundaciones.

“Imagina una gran cuenca y en esta cuenca es como una V muy abierta en donde todo el agua de arriba va a escurrir a la parte más baja que es estrecha; la desgracia está en que a esta cuenca se le han construido muchos fraccionamientos. Y estos fraccionamientos lo que ya todos sabemos: comienzan en la propia construcción de un bypass del agua [bypass es un conducto artificial o trasplantado mediante el cual se comunican dos puntos de una arteria para evitar una zona dañada o en mal estado. Por extensión, la modificación de la hidrología natural para desviar el agua de algún terreno] y la mandan a la calle colectora y así sucesivamente el siguiente fraccionamiento. Nadie se hace cargo de su agua, esta no es retenida y en las calles colectoras se acumula cada vez en mayor volumen, en la medida en que hay más alteración de la red hidrográfica, además de que se impermeabiliza la zona donde el agua era recargada al subsuelo”, explica a MILENIO Jalisco.

“El problema de Plaza Patria, sabemos que se trata de un arroyo en donde los señores Hemuda construyeron; pero en ese tiempo aguas arriba no había tanto problema, no había tanto fraccionamiento ni estaba tan impermeabilizado. Ahora se ha incrementado mucho la densidad de construcciones, y el problema se ha hecho más serio”, sostiene.


Toda la parte alta de la cuenca está hoy urbanizada. “Por ejemplo, en avenida Universidad, donde yo he hecho obra: si hoy observas los terrenos, tiene una serie de agrietamientos por haber tomado arena de los mismos y hacer rellenos y no recuperaron la superficie verde, por lo que se producen agrietamientos y la arena se va deslizando aguas abajo y toda es arena se va juntando un canal y ese canal también alimenta todo a avenida Patria”. A la par, los colectores naturales fueron adelgazados, y la falta de zonas de absorción y el mayor volumen en superficie hace que aumente la velocidad del agua.

El geógrafo Luis Valdivia Ornelas, investigador de la Universidad de Guadalajara, coincide con el diagnóstico: “se restringió la capacidad del cauce a través de la construcción de la plaza, y eso ocasionó una necesidad de hacer un colector que tuvo menor capacidad de conducción ; si a esto le sumamos la segunda variable, la urbanización en la parte alta, en la zona de Andares, el mal manejo del agua ha ocasionado el aumento de la escorrentía, entones hay más agua concentrándose en plaza Patria, que no tiene la capacidad de conducción, y por eso aumentan los desbordes y la inundación en la misma plaza”.

Por esas condiciones transformadas, considera un error que se haya permitido ampliar la plaza, pues demandaba antes “un estudio de impacto ambiental que considerara el cambio en las condiciones de urbanización en la cuenca, particularmente en esa parte alta, para poder establecer toda una serie de estrategias que habrían permitido manejar la escorrentía de manera eficaz”.

La plaza Patria original, con un bosque urbano contiguo, padece inundaciones a partir de los años 80, cuando la cuenca se empieza a “llenar”. Avenida Patria fue conectada completamente alrededor de 1990, y fue el vector para que la especulación inmobiliaria comenzara a presionar y “morder” el bosque Los Colomos. Pero Alvirde Sucilla recuerda que el estacionamiento subterráneo original contaba con galerías filtrantes para manejar los excedentes de agua, pero esa infraestructura no era a prueba de los cambios físicos dela cuenca.


Atemajac recibe cada año alrededor de 900 milímetros de lluvia, de la cual, en tres meses se concentra 90 por ciento, lo que a su vez ocurre en menos de tres horas de cada día. Eso explica por qué se satura pronto de agua. Si al dato se añade que un terreno urbanizado pierde de 70 a 90 por ciento su capacidad de infiltración, agua que irá sobre la superficie… la explicación queda manifiesta.

Una cuenca, codiciada pero frágil 

La progresiva transformación urbana de la cuenca de Los Colomos o Atemajac, la mejor posicionada en el mercado inmobiliario de Guadalajara, está configurando una especie de “anticiudad” en la cual las relaciones entre los grupos son sustituidas por los cotos privados, mientras la posibilidad de padecer por eventos naturales se torna más real, subrayan los autores de la monografía Los Colomos, Enrique García Becerra, Ricardo y Pablo Robles Gómez, de la Universidad de Guadalajara

“La zona está sometida a un intenso proceso de transformación en el uso de suelo y en su medio físico, por parte de inmobiliarias y promotores, a quienes sólo interesa obtener las mejores ganancias económicas, y lo que menos les importa es la desaparición de los cuerpos de agua, los cuales se han secado, desviado, rellenado, obstruido […] transformando por completo, de forma negativa, el sistema hidrológico, que además, ha sufrido la modificación del relieve [relleno de barrancas, aplanamiento de las lomas y compactación de suelo] y la destrucción de la cubierta vegetal”

Los científicos elaboraron un patrón de las alteraciones sufridas por el sistema natural: En cuanto a movimientos de suelo, hay cuatro grandes tipos de daños

Uno, “elaboración de taludes en los escurrimientos para el trazo de avenidas metropolitanas”, como es el caso de la avenida Patria en su cruce con la avenida Naciones Unidas. “Esta situación, junto con la falta de una salida de agua, ocasiona acumulaciones forzadas del líquido con la consecuente infiltración, lo que a su vez genera un proceso de lavado de material fino y altos contenidos de agua en el subsuelo”.

Dos, ampliación de lechos de arroyos mediante recortes de las vertientes, los cual es muy común en lechos angostos “y genera formación de escarpes [“declive áspero del terreno”, según la RAE] artificiales” en el suelo.

Tres, relleno de parteaguas de la cuenca (partes altas) para ampliarlos y construir sobre ellos. La mala técnica utilizada ha hecho que el suelo se mueva y aparezcan agrietamiento en las construcciones allí establecidas.

Cuatro, los escarpes activos; es decir, la erosión natural y la inducida provoca que se mueva el subsuelo y que los cimientos de las partes altas se vayan descubriendo, pues pierden soporte.

En cuanto a inundaciones, dos usos constructivos las fomentan: uno, canalización o confinamiento de escurrimientos. “Ha representado una práctica muy común en el arroyo Atemajac, entre Acueducto y Federalismo [sobre la zona de Patria]. El problema de desbordamiento se incrementa de manera considerable debido a lo irregular de la urbanización, trayendo consigo problemas de arrastre de materiales […] este problema es muy particular en la zona de plaza Patria debido a su localización y al desnivel que presenta, que la convierte en zona altamente susceptible de inundarse en su planta baja”

Dos, el relleno de barrancas. “Es el caso más común que se presentó en las partes altas de las barrancas que se localizan entre lo que hoy es avenida Vallarta, avenida Patria y Naciones Unidas. Permanentemente se presentan problemas de pequeños hundimientos sobre la carpeta asfáltica y en algunos edificios. En general, las construcciones presentan marcas por los altos contenidos de humedad en el suelo”

Por qué y cómo se alteró la cuenca 

Una “fuerte dinámica en los procesos geomorfológicos” dio origen al sistema de barrancas de Los Colomos, a partir de 95 mil años atrás, señalan Enrique García Becerra, Ricardo y Pablo Robles Gómez, de la UdeG

Como resultado de eventos volcánicos, “en la cuenca, los materiales predominantes que encontramos son las cenizas volcánicas [tipo] lapilli y pumicitas, composición que forma los suelos poco consolidados como el regosol y feozem […] las capas de materiales pumíticos, altamente permeables, provocaron procesos de infiltración del agua al subsuelo, trayendo consigo, para el poniente de la cuenca de Atemajac, el colapsamiento de la capa de material pumítica, lo que dio lugar a un proceso erosivo, causando la formación de las barrancas”

Es un fenómeno que no ha terminado. “Pese a que el proceso de formación de barrancas es joven, su dinámica es muy intensa, tal como se puede observar en las barrancas junto al fraccionamiento Puerta de Hierro y al norte de este, junto al periférico”, añade.

Es decir, “los ríos subterráneos provenientes de La Primavera […] con el transcurso del tiempo han realizado un trabajo de erosión subterránea, lo que ha provocado hundimientos lentos en el área, producto de la sustitución del material acarreado por los escurrimientos del subsuelo hacia las zonas más bajas”.

Hay otra condición decisiva del sitio: “la mayoría de los arroyos [superficiales] en el área son de tipo intermitente y torrencial”, o sea, salen solamente en lluvias intensas

Fuente: “los Colomos”, Enrique García Becerra, Ricardo y Pablo Robles Gómez, UdeG.

El texto preliminar del plan de manejo destaca que el instrumento es insuficiente porque las grandes amenazas vienen de afuera.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El gran tema con el área de protección de flora y fauna La Primavera, es que todos los intereses que orbitan sobre él, deben tener claro que su valor reside justamente en permanecer como bosque.

Es decir, la prioridad es cuidar su riqueza biológica, su diversidad de ecosistemas y los servicios ambientales que como efecto provee. No se trata de un espacio de desarrollo de proyectos que puedan poner en riesgo esa capacidad de “autorregulación” que le ha permitido sobrevivir a los embates humanos, sostiene el diagnóstico del nuevo plan de manejo que actualmente se discute al interior de la junta de gobierno del organismo público descentralizado.

En la página 62 indica: “El decreto de creación del área natural protegida [ANP] estuvo motivado fundamentalmente por ser un área con características muy singulares, toda vez que es una serranía que surge como efecto de una intensa actividad volcánica, de la que la actividad hidrotermal es un remanente. Sin embargo, por su origen, la composición geológica y el tipo de suelos, [es] un ecosistema sumamente frágil, no solamente por su susceptibilidad a la erosión, sino también por su cercanía a la segunda ciudad más importante del país. En aquel entonces se vio una oportunidad de dotar de racionalidad al crecimiento de la mancha urbana, manteniendo una fuente de servicios ambientales de vital importancia para la salud de la ciudad. Desde esta perspectiva es que debe comprenderse la importancia de mantener al ANP en su estado natural, lo que no quiere decir estático de ninguna manera, que por las características mencionadas, sobre todo por su fragilidad como ecosistema y su contigüidad a una extensa mancha urbana que crece descontroladamente ejerciendo fuertes presiones desde su perímetro, requiere, además de estándares de manejo aplicables a todas las ANP, otros que atiendan con perspectiva sistémica la relación bosque-ciudad, como una de las particularidades específicas…”.

Esto “implica leer el complejo territorial del bosque y su entorno natural y urbano como un socioecosistema; de manera que se analicen los procesos de intercambio que ocurren en él bajo la perspectiva de metabolismo social”.

Bajo esta premisa esencial, “actividades como cambios de uso del suelo, construcción hormiga, incendios forestales, visitación desordenada, extracción de material geológico, el aprovechamiento irracional y clandestino de especies silvestres, introducción de especies exóticas por abandono de animales domésticos y la reproducción a altas tasas de especies ferales [animales domésticos asilvestrados] y actividades productivas que exceden la capacidad de carga del sistema están alterando de manera negativa el hábitat. Además, prolifera el abandono de escombro y basura, el vandalismo, la contaminación de cuerpos de agua, y la contaminación paisajística y lumínica. Son muchos los factores que provocan estrés al bosque y comprometen seriamente su estado de salud. A todo ello hay que agregar intervenciones erróneas en el área al pretender forzar los procesos naturales de sucesión y regeneración del bosque, como ha sido el caso de reforestaciones mal planteadas y por lo tanto fallidas o hasta contraproducentes”.

Esto obliga a la claridad de un diagnóstico donde se identifiquen presiones internas y externas que concilien las distintas e incluso contrapuestas opiniones de los actores “sobre el estado del bosque y su capacidad de carga, así como de la forma en que debe manejarse, lo cual repercute en la falta de una ‘imagen objetivo’ consensuada para el futuro y acuerdos que logren el concierto de los esfuerzos”.

Por ello anterior, “el uso y manejo del territorio que comprende el ANP ha representado y sigue representando un reto que involucra a propietarios, sociedad civil y gobierno para detener y revertir los impactos negativos que provocan el debilitamiento del bosque”, lo que deriva en la necesidad de un Plan Maestro.

La Primavera, agrega, “requiere de un Plan Maestro con una perspectiva regional integral de largo plazo que incluya acciones en la zona de influencia, así como estrategias y políticas más allá del polígono decretado”.

Esto, debido a que un programa o plan de manejo “está restringido al interior del área decretada y acotado por las disposiciones de ley […] y por la valoración de la Cofemer [Comisión Federal de Mejora Regulatoria], en cuanto al impacto regulatorio, lo que limita el ámbito de acción que puede prescribir el plan de manejo. Tales disposiciones responden a una concepción de programas de manejo ya superadas, además de que están alejadas de las especificidades de una ANP como La Primavera, tanto por sus propias características como por su localización contigua a una gran urbe. Desafortunadamente, por lo pronto, es difícil superar tales limitaciones”.

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Claves 

Plan Maestro: lo que está más allá del bosque protegido 

Algunos de los aspectos que rebasan el alcance del plan de manejo pero que deberán considerarse como parte del conjunto de acciones necesarias en un plan maestro:

Detener y revertir los cambios de uso suelo y los asentamientos irregulares en la periferia del ANP con incursiones sin consideración alguna de sus límites

Asegurar conectividad regional mediante corredores biológicos hacia el resto de la región

Regulación de actividades productivas en la periferia

Regulación del crecimiento urbano y de infraestructura en la zona de influencia con impactos directos e indirectos en el ANP Estrategias para la adquisición de tierra para destino voluntario para la conservación

Conformación de “un sujeto social colectivo ciudadano” que sea factor de presión y contrapeso gubernamental, es decir una sociedad organizada e informada participando activamente en un rol equivalente a una contraloría social

Alternativas al uso del fuego en las actividades agropecuarias

Fuente: versión preliminar de plan de manejo de La Primavera

Ya está en discusión al interior del OPD; el documento busca que se trabaje sobre la zona de amortiguamiento y la zona de influencia, para preservar el bosque.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La versión preliminar del nuevo plan de manejo del bosque La Primavera busca, al interior del polígono protegido, impedir la realización de proyectos geotérmicos, frenar la urbanización hormiga y las actividades extractivas descontroladas, y establecer una norma de fuego que acabe con los incendios potencialmente catastróficos.

Hacia afuera, el documento, del que MILENIO JALISCO posee copia, plantea la necesidad de manejar un área de amortiguamiento de dimensiones similares al bosque protegido, con políticas territoriales municipales y estatales que reduzcan la presión al área natural, y a mediano plazo, contar con un plan maestro que norme el manejo de toda la zona de influencia a fin de que las presiones externas sean mitigadas y que los corredores biológicos, el eje de la biodiversidad de la zona, que rebasa 1,200 especies documentadas de plantas, animales y hongos, sean debidamente restaurados para contener la degradación de las montañas y de sus servicios ambientales.

En contraste con el plan original, que data de 2000 y que tiene un referente previo en un plan elaborado en los años 90 por la Universidad de Guadalajara, la revisión plantea que “los proyectos de geotermia, como se conocen hasta la fecha, no son compatibles con los objetivos del área protegida”, presenta un análisis sobre necesidades de zonificación para lograr una conservación más efectiva de la naturaleza, ofrece orientaciones para un plan de acción a cinco años que atienda lo urgente y lo importante, e identifica las áreas de oportunidad para fortalecer el modelo de gobernanza adoptado por la administración de Aristóteles Sandoval Díaz en la figura del organismo público descentralizado. El documento se encuentra en etapa de revisión por el OPD, las dependencias estatales y federales responsables de la gestión del área protegida, y se prevé que pasará por un proceso de consulta pública en las siguientes semanas.

El documento integra los diferentes estudios y diagnósticos de los últimos años -realizados por investigadores, consultores, la propia dirección del OPD y organizaciones sociales - para actualizar el estado del área natural protegida, de entre las que destaca el crecimiento del AMG y la pérdida de conectividad. También resalta la situación y problemática del ANP en su contexto regional, mostrando la necesidad urgente de conjuntar esfuerzos metropolitanos para asegurar su protección y conservación en acciones alineadas estratégicamente por parte de los gobiernos municipales, estatal y federal.



En el tema de la zonificación del territorio, que suele ser la más polémica, porque determina lo que se puede y no se puede hacer en cada metro de superficie protegida, primero analiza los efectos de la zonificación vigente desde criterios de valoración geológica, faunística y de flora, y su sistematicidad ecológica, los impactos de las presencia humana y el modelo de gestión en los últimos años, tras lo cual propone una actualización con el propósito de dar cumplimiento cabal al decreto del ANP, en el mejor escenario posible de conciliación del interés público con los intereses legítimos de sus propietarios.

Por ley, los planes de manejo deben ser revisados cada cinco años. Para ese periodo, propone un plan de acción a cinco años, para ponerse al día en las acciones necesarias para un manejo del ANP que responda a aspectos urgentes y estratégicos, desde señalización, regulación del uso público y fortalecimiento de capacidades para atender los incidentes de fuego, hasta estudios y sistemas de información para la toma de decisión, apoyada científicamente, en toda intervención en el área.

Guadalajara necesita a La Primavera 

Sin La Primavera, el futuro del área metropolitana de Guadalajara es aciago: en la caldera volcánica se recargan 240 millones de metros cúbicos de agua (más de la que la ciudad extrae del lago de Chapala) debido a sus características geológicas y a que alberga millones de árboles, y además, su función de regulador climático es tan importante, que se ha documentado que vivir a menos de 10 kilómetros del bosque es factor para reducir el riesgo de muerte prematura (pág. 12).

Por eso, el texto ha establecido la urgencia de alcanzar un reconocimiento social pleno entre los habitantes de la AMG; que los dueños de los terrenos del bosque se integren al modelo de soluciones y sean beneficiados por compensaciones económicas directas e indirectas a cambio de proteger la floresta, y que se desarrolle un esquema de pagos o donaciones de recursos para capitalizar las acciones de gestión en el área protegida.

“Su contiguidad al segundo centro metropolitano más grande del país la convierte en un regulador del crecimiento de la ciudad, además de un importantísimo atributo de la misma y un factor determinante de la calidad de vida de sus habitantes. Su protección representa, por tanto, un reto, dadas las presiones que le imponen el crecimiento de la mancha urbana; pero también, ofrece la oportunidad de generar, a través de programas de educación ambiental y vinculación con la sociedad, una cultura de conservación de la naturaleza y apoyo ciudadano para todo el sistema de áreas naturales protegidas del estado y del país”, señala.

Es la primera ocasión en que un documento que será oficial plantea la urgencia de que la región de influencia y la zona contigua adopten políticas territoriales que mitiguen su daño al bosque.

“Aunque se encuentra fuera del polígono de protección, es indispensable identificarla. Dicha zona está definida con base a cuatro criterios: uno, el ecológico, que en esencia incluye el impacto climático del bosque en su entorno (tanto positivo, mejorando el clima, la calidad del aire, disminuyendo temperatura y capturando carbono, como negativo emitiendo humo durante incendios forestales), el impacto hidrológico en su entorno y el impacto como fuente de fauna silvestre y biodiversidad a su entorno. Dos, el impacto sociocultural, lo que en esencia se delimita por la distancia desde dónde vienen los visitantes a La Primavera a recrearse, hacer ejercicio, inspirarse, y en general a las diversas actividades que el sitio posibilita, incluyendo práctica tradicional agrícola/cultural”.


Tres, “el económico, que se define en la distribución de los servicios y recursos que presta La Primavera a su entorno y que generan ingresos a los propietarios e inclusive ocasiona una derrama económica en los municipios circundantes. Y cuatro, el criterio político, que se refiere a la población que debe tener derecho en participar en la toma decisiones en la gestión del área y particularmente de los municipios que conforman el OPD”.

Por tanto, “el área de influencia de La Primavera es toda el área metropolitana de Guadalajara. Diferenciando una zona de influencia con los criterios arriba señalados, de una zona de transición o franja de amortiguamiento deseable para la protección a cabalidad del área natural protegida, ésta comprendería una extensión de 30,434.37 hectáreas y está delimitada por la carretera MEX 015 (Guadalajara-Nogales) al norte; la carretera federal 70 al noroeste; la carretera Tala-Ahuisculco al oeste; la carretera Tlajomulco de Zúñiga-San Isidro Mazatepec al sur; y la carretera MEX 090 (Guadalajara-Barra de Navidad) y Periférico poniente, desde la avenida López Mateos hasta la avenida Vallarta, al este”.

La franja de amortiguamiento “no es parte del ANP, aunque comprenden la superficie aledaña, por lo que deberán hacerse esfuerzos sostenidos de gran calado para asegurar que cumpla con esa función, mediante ordenamientos del territorio y políticas públicas consecuentes”, aconseja.

Ambas escalas de territorio no pueden ser ignoradas si se busca un bosque para siempre.

OPD, el desafío de la falta de compromisos 

Quienes elaboraron la nueva versión del plan de manejo identifican un déficit de gobernanza que se refleja en la “resistencia de propietarios privados y colectivos a aceptar las restricciones impuestas por el decreto y poca colaboración, un débil e inestable involucramiento de dependencias de los gobiernos federal y estatal, y de los municipios, en la Junta de Gobierno del OPD y en las acciones necesarias para el bosque, e irregularidades en cumplimiento de normativa por parte de las instancias gubernamentales”.

Esto lleva a políticas públicas desarticuladas, pues “no se ha logrado una visión integral de intervención estratégica orientada por parte de la Junta de Gobierno”, y por ello, “no obstante estar mostrando su pertinencia y efectividad, el esquema de gobernanza no ha logrado la efectividad deseada, por problemas de identidad y eficacia de la Junta de Gobierno y los Comités Ciudadano y Científico que lo integran”, con rol difuso, débil formalidad y agenda de trabajo poco clara.

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Claves 

Las amenazas para La Primavera 

Presiones internas:

La inviabilidad práctica de conciliar el interés público con el interés privado de los propietarios, particulares y colectivos (ejidos), hay una tensión permanente no resuelta, factor de conflicto que se manifiesta en:

– Atomización creciente de la propiedad

– Edificación hormiga

– Fragmentación y pérdida de conectividad interna

Débil control y regulación de la visitación pública, los puntos de concentración recreativa y con otros fines y ciclismo (eventos masivos que se derivada de una demanda de los propietarios)

Resistencia a asumir responsabilidades, reglas o restricciones, con honrosas excepciones, desde el propietario hasta el visitante

Susceptibilidad a incendios provocados de gran magnitud

Disturbios al ecosistema: especies exóticas e invasoras y plagas, y contaminación de agua y suelos

Erosión y pérdida de suelo y cobertura vegetal

Degradación biológica del suelo Proyecto de geotermia de la CFE Presiones externas:

Crecimiento del área metropolitana de Guadalajara y despliegue de infraestructura (carretera y otras) causando:

– fuertes presiones en sus límites,

– la obstrucción de la conectividad biológica y

– la afectación a procesos vitales para la salud de la ciudad (vgr: urbanización del Bajío, que debió haberse decretado como zona de importancia hidrológica para el área metropolitana).

Cambios de uso de suelo y asentamientos irregulares en la periferia e incursiones dentro del polígono

Actividades ilícitas y presencia de crimen organizado Incendios forestales originados en áreas de uso agropecuario y centros de población en la periferia del bosque

Fuente: versión preliminar del plan de manejo de La Primavera (2018)

El tribunal suspende sesión donde se revisaría el amparo.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Ayer, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Estado se desahogó la sesión para resolver la revisión del juicio de amparo 390/2016, en que el empresario Guillermo Moreno Ibarra reclama que el tribunal agrario y la comunidad indígena de Mezcala lo reconozcan como comunero.

Para los comuneros, se trata de una trampa para no reintegrar el territorio comunal. “La comunidad indígena lleva ya diecinueve años esperando que se restituyan las tierras invadidas […] los magistrados quienes sesionaron fueron José Manuel Mojica Hernández (ponente), Elías Hermenegildo Banda Aguilar y Hugo Gómez Ávila. El ponente anunció que ante la controversia de si el empresario debía de ser juzgado como comunero o no, solicitaba se suspendiera la sesión para revisar con mayor profundidad el conflicto agrario. De manera unánime los tres magistrados aceptaron la propuesta del ponente”, señalan en un comunicado emitido por la tarde.

“La preocupación de los comuneros y pobladores de Mezcala es que si los magistrados juzgan al empresario como comunero, los diecinueve años del juicio de restitución se echarían a la basura, ya que se iniciaría un nuevo proceso pero ahora se le juzgaría como comunero y por lo tanto no habría ninguna restitución de tierras para la comunidad; en cambio si los magistrados lo juzgan como un particular que es la calidad que tenía al inicio del juicio agrario, tendría entonces que restituir las tierras al pueblo de Mezcala”, añade.

Guillermo Ibarra, subrayan, “es un invasor. Este empresario se hizo comunero de manera ventajosa, ya que compró su sucesión. La comunidad de Mezcala no lo reconoce como comunero”. Los campesinos cocas lo dicen: “nosotros los comuneros nos conocemos, somos vecinos, somos familia. Nos vemos en las asambleas, en el cerro, en la isla de nuestro pueblo….este hombre no tiene nada de nosotros”.

cuenta con 3,600 hectáreas de territorio comunal. Sobre este juicio agrario ha recibido dos sentencias favorables. La primera sentencia fue en el año de 2014 y la emitió el Tribunal Unitario Agrario 15, mientras que la segunda la dictó el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo. “Ambas le dan la razón legal a la comunidad indígena coca de Mezcala”, reiteran.

El director de la dependencia asegura que la renegociación del contrato con Plastic Omnium bajo costos para el erario municipal.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El contrato de 10 mil “papeleras inteligentes” que heredó el gobierno municipal de Aristóteles Sandoval Díaz (2010-2012) a los de Ramiro Hernández García (2012-2015) y Enrique Alfaro Ramírez (2015-2018), ha sido modificado, con una reducción a 8,600 papeleras y la reubicación de más de 200. También se ha eliminado el costo de llevarlas a la estación de transferencia de la concesionaria de la recolección domiciliaria, con el convenio con un particular. De este modo, nueve toneladas al día son entregadas en una empresa de reciclaje enclavada en la zona industrial.

Este es en resumen la historia actual del proyecto que en su momento fue señalado como de avanzada en el tema de resolver el problema de la basura en el primer cuadro de la ciudad, pero después fue criticado acremente por ser de impacto bajo y generar focos de infección ante la costumbre de la población de acumular residuos en torno a los postes donde se instalaron los contenedores verdes. De hecho, el director de Aseo Público de Guadalajara, Juan Carlos Valencia, señala que ese tipo de abusos deben ser desterrados, pero de algún modo, los convenios renegociados con la concesionaria Plastic Omnium permitieron ampliar las funciones que esta empresa realiza, pues además de operar las 8,600 papeleras, se encarga de el “hidrolavado” de 27 puntos públicos de la ciudad, y de operar 20 “puntos limpios”, que es el programa de contenedores que aportó la actual administración.

“Cuando nosotros llegamos a la administración, nos encontramos con el contrato firmado desde 2010, que contemplaba 10 mil papeleras en la zona centro del municipio; en este rubro lo que se hizo fue una evaluación, de aquellas que por su ubicación y uso que se les daba no estaban cumpliendo con su función; entonces fueron eliminadas 1,400 papeleras, y reubicadas en otros puntos de la ciudad las que así lo ameritaban; esto generó un ahorro para el municipio, y ese ahorro fue similar al gasto que se genera con el hidrolavado en el centro, que se hace todas las noches en sitios emblemáticos y turísticos”.

Pero también se evitó que lo colectado en las papeleras se entregara a la central de transferencia de Caabsa (la otra concesionaria), y evitar el pago de 150 mil pesos al mes. Esto ha sido posible por el convenio alcanzado por un particular.

“Actualmente el residuo de las papeleras es llevado a un centro de tratamiento, donde el costo para el municipio es de cero pesos, en tratamiento, disposición y demás; son nueve toneladas diarias”, subraya.

En el tema de la reubicación, “las papeleras fueron hacia zonas donde realmente se requerían, por ejemplo Chapultepec, en el tramo de Niños Héroes a Circunvalación Agustín Yáñez; en avenida Vallarta, en López Cotilla, de Francisco Rojas a Chapultepec; en avenida México, de Américas a Chapultepec. Son zonas con gran afluencia de turistas y de visitantes. Reubicamos como 260”.

El director de Aseo Público pide a los ciudadanos que no usen de forma incorrecta las papeleras. “A veces las papeleras están vacías, pero todo alrededor está lleno de bolsas, de cajas; las personas deben entender que la recolección domiciliaria la hace Caabsa y que los negocios deben tener por ley sus propios recolectores autorizados; afortunadamente hemos hecho que las dos concesionarias no se desentiendan”. La instrucción es tanto para Caabsa como para Plastic Omnium: que esa basura no se quede en la calle.

19 años después del primer juicio, un tribunal definirá si el empresario Guillermo Moreno Ibarra es "indígena".

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Hoy, la justicia federal definirá, tras 19 años, una desgastante controversia para la comunidad indígena de Mezcala, enclavada en la ribera norte del lago de Chapala: la presencia, dentro de sus tierras de los intereses de un empresario del calzado y bolsas finas de piel que a últimas fechas ha incursionado en negocios mineros, Guillermo Moreno Ibarra, a quien acusan de haberse apoderado de once hectáreas del patrimonio comunal con el apoyo de un comunero, Cresenciano Santana, el cual, en vida, no solo fungió como su prestanombres, sino que lo designó su heredero y le dio así su principal argumento jurídico para reclamar un título, en opinión de sus detractores, de forma espuria.

El Tercer Tribunal Colegiado de Distrito en Materia Administrativa tiene hoy la audiencia para resolver el amparo en revisión 390/2016. El hombre de negocios reclama que se le acepte como integrante de la asamblea, es decir, como si fuera parte de esa cultura local, los viejos indios cocas, situación que es permitida desde la promulgación de la Ley Agraria vigente, en 1992, pero que, dadas las circunstancias del enfrentamiento, les parece a los aborígenes una burla y una claudicación.

El tribunal se pronunciará como instancia final acerca de la sentencia que le fue desfavorable al empresario: la que emitió en el marco del juicio de amparo 222/2015 el juez tercero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo. En esa ocasión, el juzgador consideró que el demandante no tenía los elementos de derecho para decirse comunero, y como las superficies comunales son imprescriptibles, inembargables e inalienables, tarde o temprano, bajo el peso de esa resolución, tendría que reintegrar el rancho que estableció en la parte plana del cerro de El Pandillo, en medio de los mejores bosques de la comunidad, a sus vecinos hostiles.

El primer juicio en esta disputa data de 1999, en materia agraria, para la restitución. Como Cresenciano daba la cara legalmente, se logró alargar por mucho tiempo cualquier determinación. Fue hasta siete años después, en 2006, que el tribunal unitario agrario 16, con sede en Guadalajara, abre el expediente de restitución 653/167/2006, pero la resolución no se alcanza sino hasta 2014, en el expediente 475/2013 (desahogado por el tribunal vecino en Guadalajara, el número 15), fallado a favor de la comunidad.

Entonces, la disputa se va por la vía de la personalidad: Moreno Ibarra reclama ser comunero. El fallo definitivo será en el curso de esta jornada.

La comunidad coca y sus aliados emitieron un comunicado preventivo para alertar a la sociedad:  “El próximo jueves 13 de septiembre de 2018 (hoy) se resolverá el juicio de tierras de la comunidad indígena de Mezcala por la invasión que realizo el empresario Guillermo Moreno Ibarra […] los magistrados quienes resolverán este largo y conflictivo  juicio son Hugo Gómez Ávila, Elías Hermenegildo Banda Aguilar y José Manuel Mojica Hernández (ponente). La comunidad indígena está esperanzada a recibir justicia después de 19 años de espera. Espera que ha llevado a órdenes de aprehensión, presos, represión, y tantos insultos más a esta comunidad milenaria […] exigimos la protección especial a las tierras indígena que deben de observar los tribunales conforme al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y los artículos 1 y 2 de la Constitución y el protocolo de actuación emitido por la Suprema Corte”.

Mezcala se ufana de haber resistido con una partida rebelde a las tropas realistas durante la larga lucha por la Independencia mexicana, hace dos siglos. Hoy espera ratificar su rebelión victoriosa ante los intereses de un hombre pudiente y con relaciones políticas que insiste en poseer un pedazo de sus antiguas tierras.

Papeleras y puntos limpios son la estrategia de recolección y separación más exitosa, asegura Guadalajara, pero investigador ve resultados pobres.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

La presencia de 8,600 papeleras y 132 “puntos limpios” en el municipio de Guadalajara arroja balances opuestos entre lo que señala como logros espectaculares la autoridad municipal, y lo que ha observado críticamente uno de los investigadores que mejor conocen el tema de la basura en esta ciudad: Gerardo Bernache Pérez, doctor por el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social de Occidente (CIESAS).

Para el segundo, la operación de estos contenedores - heredadas las “papeleras inteligentes” del gobierno municipal de Aristóteles Sandoval (2009-2012), habilitados como estrategia nueva los “puntos limpios” en la gestión que concluirá Enrique Ibarra Pedroza – está desligada de una gestión integral y metropolitana, lo que limita fuertemente sus resultados: solamente se separa alrededor de 10 por ciento de la basura generada en la demarcación, y apenas una de cada diez toneladas de ese volumen es fruto de los “puntos limpios”, sostiene.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Guadalajara establece que su Programa de Gestión de Residuos Base Cero ha sido tan exitoso que ha permitido disminuir, si se compara el año 2014 con el 2018, casi en diez mil toneladas la generación de basura por mes, lo que significaría 18 por ciento menos basura neta que la reportada hace casi cinco años.

En un documento proporcionado por el ayuntamiento a MILENIO JALISCO, denominado “Yo limpio, Guadalajara limpia”, se defiende con datos propios; la suya es una estrategia que habría ocasionado hasta abril de 2018, “una disminución en volumen de residuos sólidos urbanos por 411,530.92 toneladas, y en términos económicos el ahorro ha totalizado 222 millones 301,134 pesos”.

Y el eje de ese ahorro son los puntos limpios, que el gobierno municipal niega se trate de un esfuerzo aislado, como lo ve Bernache Pérez (ver entrevista anexa). Las “papeleras inteligentes” están integradas al esquema, pero con la gran desventaja de que no son susceptibles de un proceso de separación, contra la idea de los “puntos limpios”. El éxito de la gestión de la basura, según el ayuntamiento, lo representan esas plataformas mecánicas con cuatro contenedores para separar basura, que han servido para que los vecinos aprendan la lógica y las bondades de la separación.

Cambio de modelo

Guadalajara mantiene a la empresa Caabsa Eagle como concesionaria de la recolección doméstica, y a Plastic Omnium (también herencia del gobierno de Sandoval Díaz) como recolectora de las papeleras. La administración se encarga directamente del primer cuadro de la ciudad. Pese a que cotidianamente las calles céntricas lucen llenas de basura, el mismo Bernache reconoce que la eficiencia de recolección es la más alta de la metrópolis, hasta 98 por ciento de los residuos.

¿Qué fue lo que cambió en comparación con el modelo heredado de las administraciones priistas? “el Gobierno de Guadalajara gestiona los residuos sólidos urbanos a través de tres actores/módulos: Aseo Público Municipal que recolecta basura generada por los servicios públicos municipales, limpia el polígono del Centro Histórico, y da soporte a eventos y actividades de gobierno. La concesionaria Caabsa Eagle que realiza la recolección domiciliaria y presta servicios especiales (ejemplo: mercados municipales). La concesionaria Plastic Omnium que opera la red de 8,600 papeleras en la vía pública, hidrolava el Centro Histórico y desarrolla la red de Puntos Limpios”.

Agrega el documento oficial: “Ante la existencia de un modelo de gestión que cada vez se volvía más oneroso (más basura y mayor costo de gestión), así como la falta de iniciativas de reducción en los volúmenes de generación de basura, se volvió indispensable replantear el modelo. El Programa de Gestión de Residuos Base Cero parte de la idea de que podemos desarrollar un modelo de operación responsable con el medio ambiente al reducir el volumen de residuos generados, mientras que se reduce la carga económica para la gestión de este servicio público sin generar una carga fiscal a los ciudadanos; es decir, que sea sustentable”.

¿Cómo se alcanzó? “Fue necesario redefinir las concesiones para la gestión de los residuos domiciliarios y municipales (Caabsa y Plastic Omnium). En una primera etapa se implementó una estricta supervisión de los servicios en tanto se inició con el análisis de cada uno de los servicios y costos involucrados. Para abril de 2016 se renegociaron las concesiones a efectos de mejorar sus módulos de servicios, elevar la calidad y respuesta en el servicio, iniciar la transición del esquema de tarifa por peso a un modelo de gestión logística; y se lanzaron nuevos módulos de servicio de limpieza en la vía pública, categorización de residuos, reuso de materiales y nació el programa piloto de Puntos Limpios. Adicionalmente, se iniciaron los trabajos para una nueva planta de transferencia de residuos eficiente y responsable en materia ambiental”.

El investigador Bernache señala que los “puntos limpios” son una oportunidad no aprovechada de educación ambiental, pero, asegura la autoridad, con estos “se inició un programa de Educación Ambiental en todas las escuelas públicas de Guadalajara para hablar de la utilización de la Red de Puntos Limpios. Se implementó un equipo de trabajo para que cada que iniciara operación un Punto Limpio, éste fuera socializado en su comunidad de impacto directo”.

Un Punto Limpio “es un centro de acopio de residuos de manera categorizada ubicado en la vía pública. Consiste en una plataforma soterrada con 4 buzones para recepción de plástico y PET, cartón y papel, aluminio y metales, y el resto. Los residuos depositados en los tres primeros buzones pueden convertirse en materia prima y dejan de ser basura. La capacidad de almacenaje es de 4,400 litros, lo que equivale a 88 papeleras de 50 litros […] son el paso más contundente para migrar al modelo de tarifa de gestión por logística y no por peso”. La concesionaria Plastic Omnium los opera por 20 años.

Las zonas de Huentitán, Colonia Americana, Mexicaltzingo, Medrano, Miravalle, El Sauz y Providencia Norte, así como el corredor comercial de la nueva Línea 3, son las más avanzadas en el sistema. Hay 132 puntos limpios y 38 más en proceso de instalación. “Para abril de 2019, a tres años de haber iniciado este proyecto, se espera contar con una red de 250 puntos limpios”.

Claves

Para Guadalajara, “no es una utopía”

1 El programa piloto de 20 Puntos Limpios, lanzado en abril de 2016, “ha sido un éxito en materia de política ambiental sustentable, un cambio de paradigma en la responsabilidad de los residuos generados, y ha llamado la atención del debate público respecto a la importancia del tema. Para finales de 2016 inició la etapa de desarrollo del modelo alcanzando una red de 132 Puntos Limpios ya en operación para mayo de 2018”

2 En los ejercicios de Presupuesto Participativo para 2017 y 2018, “los ciudadanos de Guadalajara ubicaron a los Puntos Limpios en el top 3 dentro de los 7 temas y acciones que estuvieron sujetas a escrutinio público”

3 Actualmente “contamos con Puntos Limpios cuya pureza en la categorización de los residuos alcanza hasta un 91%, lo que habla muy bien de los ciudadanos. Una vez consolidada la correcta utilización de los Puntos Limpios, podemos estimar que por cada 100 Puntos Limpios podremos reducir en un 5% el volumen de residuos generados en Guadalajara”

Fuente: Ayuntamiento de Guadalajara

Sigue sin implementarse un sistema de gestión integral, advierte académico

Para el experto del CIESAS, Bernardo Bernache Pérez, lo que vive ahora el municipio de Guadalajara en el tema de la basura “no es una estrategia, son acciones aisladas que tienen otra lógica en la misma administración, pero no resuelven el problema”. Esto se debe a que “es un problema muy complejo y se le trata de dar soluciones simples y de corto tiempo, cuando lo que hace falta es una gestión integral en una ciudad como Guadalajara, una gestión metropolitana que esté articulada en programas, estrategias, porque hoy por hoy el gran porcentaje de los residuos separados no sobrepasan 10 por ciento del volumen total, y en eso, lo que se aporta de puntos limpios, no creo que alcancen ni 1 por ciento; pues seis a siete puntos lo generan los pepenadores, y el otro 2 por ciento se genera en programas universitarios, en escuelas, en algunos fraccionamientos”, señala en entrevista con este diario.

A su juicio, siempre se piensa en el corto plazo, “yo creo que cada uno se puede manejar y dar a la empresa lo que le corresponde, y también pensar a mediano y largo plazo, porque se ve que es lo que conviene ahorita, pero qué es lo que conviene a cinco o diez años; y sobre eso tomar decisiones, evaluar bien a las empresas, en el rubro de disposición, de revalorización, mejorar el servicio y evaluar si vale la pena seguir en ese esquema. Algo que podrá ayudar es que las autoridades municipales ya pueden ser reelectas y eso permite tener plazos medianos, no nomás a tres años, porque hasta ahora cada tres años se reinventan los programas, los intereses, las acciones, y eso no permite una continuidad”

- ¿Sirven realmente los “puntos limpios” para separar basura? -

- …los puntos limpios en la ciudad son buenos donde hay buena movilidad, porque ahí hay más población y hay más plazoletas, pero debe ir con un programa de participación ciudadana, porque simplemente dejar un bote ahí puede funcionar a medias, o puede funcionar mal; los puntos limpios son buenos con la recolección separada, con la participación de universidades y escuelas que tienen una masa crítica y pensante, pero mientras sean acciones aisladas como el poner un bote de color muy bonito, eso no te va a solucionar el problema,

- ¿La recolección realmente se hace más eficiente?

- Creo que uno de los grandes aciertos de las compañías concesionarias es que en general han mejorado mucho la recolección; en Guadalajara se estima que la recolección está por 98 por ciento, pero también existe una cultura ambiental que a veces es precaria; a mí me han dicho de gente que cuando está lloviendo avienta la basura al arroyo, así como hay gente que deposita la basura en su lugar, y esta se tiene que poner en las rutas, en donde te digan, afuera de las casas, o en contenedores, pero si la tiras en otras partes ya fue mal dispuesta, entonces se juntan las dos cosas, es un problema muy complejo que se tiene que atender, en dos ángulos, y una estrategia lleva acciones coordinadas, lleva educación ambiental, participación ciudadana, y de otros sectores, cosa que ahorita no se ve.

A juicio de Bernache, el problema no son solo las concesiones, “las concesiones son novedosas e históricamente el estado mexicano y el partido en el poder, el PRI, tuvieron los brazos metidos en las concesiones; los grupos de pepenadores son sindicatos, uniones, grupos, ligados al PRI, a la CNOP, a la CROC, y había un cambio de favores a los grupos, se les daba ciertas libertades, y ahorita todavía los pepenadores son grupos fuertes, y tienen su poder, ya es un juego más complejo frente a los otros intereses.

- En resumen, ¿las papeleras y los puntos limpios no van a resolver el problema?

- Sí, lo que aportan es poco, no es que no solucionen nada, pero su aporte es menor, no es a lo que le hacen promoción, definitivamente.