Sitio de Agustín del Castillo

Pese a problemas para operar plantas, Comisión Nacional del Agua dice que hay avances en el tema. Identifica la tarifa eléctrica como el “coco” del saneamiento, ya que suele llevarse los mayores costos de operación.

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

La Comisión Nacional del Agua (CNA) identifica el costo de la tarifa eléctrica como el “coco” del saneamiento, ya que suele llevarse los mayores costos de operación. Por ello, sugiere que los ayuntamientos aprovechen que los esquemas de inversión para la obra son absorbidos al menos en 80 por ciento por los gobiernos federal y estatal, de manera que es mejor una tecnología de mayor costo inicial pero con menor costo de operación.

“De lo contrario, se puede tener una obra más barata pero que después no pueda operar”, puso en relieve el director del organismo de cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, Raúl Antonio Iglesias Benítez.

“El subsidio que nosotros damos, de 50 centavos, es un poquito paliativo a costos de energía eléctrica […] para no esperar a hacer ajuste de tarifas de la CFE [Comisión Federal de Electricidad], salió el programa, para fomentar el que se sigan trabajando las plantas, es decir, sólo hay beneficio de subsidio si se demuestra que eso se hace”, dijo.

Jalisco trae para este año alrededor de 42 millones de pesos de este subsidio, y se opera a través de la Comisión Estatal del Agua (CEA).

Entrevistado luego de que se dio a conocer que una cuarta parte de las 204 plantas de tratamiento de aguas residuales municipales que existen en Jalisco no está operando por desinterés o falta de recursos de los ayuntamientos (Público, 28 de junio de 2008), el funcionario indicó: “Nosotros recomendamos que al hacerse un proyecto de saneamiento, se haga una corrida financiera a 25 años para determinar si es viable financieramente el proyecto, y aprovechar los subsidios a la obra […] en caso inverso, los costos de operación se van a las nubes. Con el esquema de Finfra [Fondo de Infraestructura] se está subsidiando regularente, al menos en 80 por ciento, y eso es práctico para tener una tecnología menos complicada y cara de operar”.

A juicio de Iglesias Benítez, hay dos problemas serios del sector agua: Uno, “el tiempo de duración de las administraciones de los municipios es muy escaso, sólo tres años, corto para conocer y entender para operar bien un sistema; esto nos lleva a que cuando ya aprendieron del tema, se van; el segundo es que desgraciadamente hay mucho ayuntamientos que no logran consolidar un organismo operador y los ingresos por el renglón del agua los usan como caja chica para otro tipo de necesidades”.

No obstante, tanto en Jalisco como en los estados de la región se ha avanzado. “Hay un proceso de consolidación de organismos operadores en toda la región; los que llevan mano son Querétaro con un organismo estatal, luego Guanajuato, y vienen después Jalisco y Colima, con avances menores en Michoacán, México, Zacatecas y Nayarit”. En el norte del país se registran los procesos de manejo del agua más consolidados, debido a la escasez cíclica que allí se padece.
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Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

Fue cancelada temporalmente la licitación pública a que había convocado la Comisión Estatal del Agua (CEA) para el “Proyecto ejecutivo de reubicación de basílica y monumentos históricos al Centro de Población de Temacapulín Municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco”, reconoció la propia dependencia. Sin embargo, esto no afecta el proyecto de edificación de la presa, asegura.

“La CEA Jalisco aclara que en relación a la convocatoria CEA-002/2010 publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de abril del 2010, en la cual se anuncia la licitación Pública Nacional número 43111001-002-10, cancelada temporalmente el pasado 24 de junio del presente”, es relativa exclusivamente a ese asunto. Es decir, no tiene que ver con el “proyecto de construcción de la presa El Zapotillo, el cual continúa conforme a lo dispuesto por los distintos órdenes de gobierno”, aseguró el organismo que preside César Coll Carabias.

Las razones de la suspensión: la falta de condiciones que se tiene en el poblado para poder realizar una obra de tal envergadura, pues buena parte de sus habitantes se oponen a la reubicación.

Por la mañana de ayer, la Fundación Cuenca Lerma Lago Chapala Santiago difundió un comunicado bajo la versión de la práctica salvación de Temacapulín, pues no se edificaría la presa cuestionada.

“El gobernador Emilio González Márquez nos informa, que el gobierno federal da por cancelado el proceso de licitación número 43 111001-002-10 y la convocatoria número CEA-002/2010 publicada en el Diario Oficial el pasado 29 de abril, el gobierno de Guanajuato tendrá que solicitarle al gobernador de Jalisco que asigne otro punto para darle agua a León, Guanajuato, y nosotros ratificar nuestras propuestas de que se nos den los 372 mm3 [millones de metros cúbicos] del río Verde y del sitio de Loma Larga II. Y de esta manera cumpla el gobernador de Jalisco Emilio González Márquez con los decretos federales del 7de abril de 1995 y del 17 de noviembre de 1997, que nos otorgan el derecho al agua para consumo humano del río Verde”, señaló el organismo que preside el empresario Manuel Villagómez Rodríguez, ex regidor por Zapopan y ex diputado local.

“El 24 de mayo de 2005 iniciamos la lucha en contra de la construcción de la presa El Zapotillo, porque fue un grave error del ex gobernador y hoy diputado Francisco Ramírez Acuña el pretender desaparecer las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo para darle agua a León, Guanajuato. Con esta noticia, los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo van a recuperar su salud espiritual, física y mental […]”, añadió. Horas después fue parcialmente desmentido.

La Comisión Estatal del Agua reconoce una crisis del sistema de saneamiento. Se discute la posibilidad de entregar la obligación al estado, con recursos financieros suficientes, pues decenas de ayuntamientos dejan instalaciones como elefantes blancos por falta de dinero o desinterés

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 28 de junio de 2010


Casi la cuarta parte de las 204 plantas de tratamiento de aguas residuales municipales que existen en Jalisco, no están operando. Parece poco si se considera que sólo constituyen cuatro puntos porcentuales de los casi 20 mil litros por segundo de agua de desecho que se generan en toda la entidad, pero en términos cualitativos, dañan cuencas locales o regionales de forma severa y reducen las oportunidades para miles de pobladores que dependen de ríos y arroyos.

Además, sólo se poseen instalaciones con capacidad para limpiar entre 23 y 24 por ciento de los residuos estatales, lo que aumenta la importancia de omitir la operación de poco más de medio centenar de plantas, algunas de las cuales son obras nuevas. La causa fundamental es la economía precaria de los ayuntamientos, responsables de hacerlo según el artículo 115 de la Constitución mexicana. Pero a la escasez financiera se suelen agregar factores políticos: falta de voluntad para establecer sistemas de agua sanos que obliguen a cobrar el servicio a precios reales, admite el director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), César Coll Carabias.

“Sorprende cuando el mismo alcalde que la solicitó, semanas o meses después la deje abandonada, porque desde que ellos hacen su solicitud a la CEA empezamos a ver en qué lugar se puede hacer, los derechos de vía para los colectores, conseguir terrenos muchas veces con problemas; irnos después a la licitación, que en algunos casos es cuestionada […] hoy en día la normatividad exige que se haga una gestión social también, que la gente tome conciencia de que se necesita la planta, que deben estar al pendiente de la misma, de que sí se opere; sin embargo, no es nada más que participe la sociedad de buena voluntad, sino el orden económico: las plantas de tratamiento por diversas razones se estén parando, creo que lo que está fallando es el modelo…”.

El funcionario indica que el sistema de construir plantas y entregarlas a los municipios está mostrando sus límites. “Si analizamos con más profundidad el hecho de que el artículo 115 les otorgue facultades para las aguas en lo general, aguas potables, pluviales, tratadas, resulta que en la mayoría de los casos el ayuntamiento no cumple: no cumple en suministrar un agua con la calidad que requiere la población, un agua que sea totalmente cristalina, inodora, sobre todo que no traiga residuos fecales y ese tipo de cosas; no cumple en la continuidad que debe haber en el servicio […] también notamos que muchos no cloran, por ahorrar dinero, y el no clorar puede traer un problema severo a la comunidad, como un salmonelosis, una disentería, ese tipo de enfermedades gastrointestinales provocadas por la falta de calidad del agua”.

Es decir, hay un marco de incumplimento común que rebasa con mucho el tema del saneamiento. “Ahí empiezas a ver que no tienen la capacidad, la sapiencia debida para tratar de hacer las cosas bien, luego viene el efecto de cobranza, que si tu lo analizas objetivamente es de los pocos servicios que se cobran, porque la basura no se cobra, el alumbrado publico no se cobra, la cuestión de mercados, la policía […] éste se cobra mensual o bimensualmente, y resulta que la estructura del municipio tampoco está preparada; la relación personal con las pequeñas poblaciones es muy grande, todo mundo sabe dónde vives, de quién eres hijo, cuáles son tus hermanos, y el efectuar la cobranza en esas poblaciones se complica enormemente, porque salen a relucir una serie de amistades, de intereses, que por una o por otra causa no se cobra, y esto ha provocado que el municipio tenga que subsidiar la distribución de agua, lo cual quiere decir que de sus finanzas, y no recuperan el costo del servicio…”.

En ese escenario, llega una planta de tratamiento, la Ley de Ingresos señala que se cobra 20 por ciento de la tarifa para financiar su operación, pero no lo hacen. “Aunque lo pongan en el recibo tampoco lo cobran a fin de cuentas, y si en promedio vemos que se cobra alrededor de 30 por ciento de lo que cuesta el servicio de agua potable, hay un 70 por ciento que ya no se cobraba cuando empezó el saneamiento, que por supuesto tampoco se pagará”. El escenario no puede ser peor. Nueve de las plantas construidas en los últimos tres años no están funcionando, pero la lista, que es fluctuante mes a mes, tuvo 51 instalaciones sin operar en el corte más reciente. Y no se trata sólo de municipios rurales (ver gráficos anexos), porque están en ellas municipios como Zapotlán el Grande, Zapopan, Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos y Tlajomulco, entre los más urbanizados de la entidad.

Esta realidad ha abierto una discusión seria con el Congreso del estado, añade Coll Carabias: la posibilidad de que la CEA se responsabilice de operar las plantas, siempre que se le otorguen los recursos para hacerlo, lo cual implica un golpe de timón, pues este año, la CEA apenas tuvo presupuesto para lo más sustantivo de sus obligaciones. Al director del organismo de cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, de la Comisión Nacional del Agua (CNA), Raúl Antonio Iglesias Benítez, la propuesta no le parece descabellada, y en todo caso, no afecta la relación que el gobierno federal tiene con el tema.

“Nosotros tenemos un subsidio para quien opere una planta de tratamiento, tratando de ayudar a resolver los problemas financieros que arrastran los ayuntamientos, y sobre todo en relación con la tarifa de electricidad que deben pagar, que es lo más les pega […] hemos calculado de forma promedio que sanear un metro cúbico, o mil litros de agua, sale a peso, entonces entregamos 50 centavos, siempre que el agua salga en las condiciones específicas en la que está comprometida y las condiciones particulares de descarga, esto avalado por un laboratorio certificado […] pueden ser informes trimestrales o semestrales, pero ahora estamos repartiendo en Jalisco 42 millones de pesos en este tema”.

Admite que es un paliativo, y que es incierta su duración. A su juicio se trata de ir creando costumbre para que los sistemas municipales asuman con el tiempo la responsabilidad. Algo en que con todo y crisis de agua, ya se han tardado.

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO, edición del 25 de junio de 2010

Sigue la controversia entre la bancada del PRI en el Congreso local y la Comisión Estatal del Agua. El coordinador priista, Roberto Marrufo, acusó al titular de la CEA, César Coll Carabias, de mentir respecto a la solicitud de prórroga respecto a los recursos federales de la planta de Aguaprieta, y además insistió en que se excedió de sus facultades al firmar el contrato de concesión para la edificación y operación de la instalación por 20 años.

La CEA responde que el propio Congreso en dos decretos (números 21,540 y el 22,585) dio atribuciones a la CEA para firmar contratos y créditos en relación con la planta de tratamiento. Y que incluso, la propia Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios establece la facultad del funcionario. El artículo V del decreto 22,585 señala que “se faculta al director general de la CEA para que suscriba los instrumentos jurídicos y mecanismos legales necesarios, incluyendo la celebración del mandato y/o constitución de fideicomisos o la adhesión a los mismos, para la celebración y ejecución de créditos”.

Pero el priista insistió por medio de un comunicado de prensa: “El contrato que existe es anómalo, con errores, viciado, entonces nosotros queremos antes de dictaminar que nos responda por las irregularidades que hay en ese contrato, como la que estoy comentado de por qué suscribe el ingeniero César Coll un documento sin autorización del Congreso”. También lo acusa de mentir sobre la prórroga: “Que nosotros hayamos hecho la denuncia el día 15 obligó al Ejecutivo a extender una prórroga, que se dio a partir del día 16, que es después que hicimos la denuncia. Creo que es positivo, no estamos en contra, y así lo seguiremos haciendo para que se logren los beneficios. Son mil millones para el estado que [...] no podíamos

Regidores de Guadalajara analizan revocar contrato con TecMed. El tiradero produce 90 mil toneladas de contaminantes que se van al aire y cuyo uso en generar energía se retrasará con el conflicto

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

El tiradero de basura de Matatlán, con ocho millones de toneladas de desechos que producen alrededor de 90 mil toneladas anuales de bióxido de carbono equivalente a la atmósfera de Guadalajara —poco más de 10 por ciento de las emisiones totales de la ciudad— podría seguir como foco de contaminación si hoy se revoca el contrato a la empresa TecMed, que pretende aprovechar el biogás para generación de electricidad, aseguraron ayer Jorge Preciado Peralta e Ignacio Fuentes Larios, miembros de la subsidiaria de Urbaser SA, de origen español.

En entrevista con este diario, aseguraron no haber incumplido los términos del contrato suscrito con el Ayuntamiento de Guadalajara en 2007, pues la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades) no ha liberado el predio al faltar la certificación de su cierre, y, en consecuencia, el terreno no se les ha entregado formalmente por parte del municipio, como lo establece la cláusula 6.1 del citado contrato.

La Organización de las Naciones Unidas apenas otorgó el visto bueno al proyecto, y ése era el requisito más importante, pues es un proyecto inscrito dentro del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kioto.

“Estamos listos para dar inicio al aprovechamiento, ya que después de cubrir muy diversos trámites, requisitos, estudios técnicos y financieros, la empresa obtuvo el pasado 29 de abril de 2010, la certificación y autorización del proyecto por parte de la ONU [https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/AENOR1256290639.17/view]; para que el contrato [firmado en 2007] comience a surtir efecto, falta cubrir un requisito que está fuera de la competencia de TecMed y que corresponde al Ayuntamiento de Guadalajara, que es la entrega formal del predio del vertedero conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-083- SEMARNAT 2003, por lo cual TecMed confirma no caer en incumplimiento del contrato, puesto que dicha entrega marca el inicio de la vigencia y de los plazos estipulados en dicho contrato”, aclaró Preciado Peralta.

La empresa se enteró de que este día, en sesión de ayuntamiento, existe la propuesta de la regidora panista Vanesa Pérez Rubí de revocar el contrato aduciendo incumplimiento por parte de la empresa. Fuentes Larios advirtió que, de darse, no conviene a ninguna de las partes, pues sería un proceso “largo y costoso, ya que, hasta que no funcione la planta de aprovechamiento de biogás se seguirán emitiendo gases contaminantes a la atmósfera, y el ayuntamiento dejaría de percibir las regalías correspondientes por la venta de bonos carbono”.

Dichas regalías son más de 200 mil dólares anuales, si se considera el pago al municipio por los bonos, y la entrega de electricidad subsidiada. Si la revocan hoy, TecMed se verá obligada a reclamar en instancias judiciales locales, nacionales e internacionales, sin posibilidad de desistirse, y el aire de la ciudad seguirá contaminándose, pues en conflicto legal no se puede concesionar el proyecto a un tercero, añadió.

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO, edición del 23 de junio de 2010

Infiltrar el agua de lluvia para evitar inundaciones es algo muy cercano a un sueño guajiro, opina el gerente técnico del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), Carlos Hernández Solís.

En el hipotético caso de que se hagan bien las cosas, obligaría a invertir 180 mil millones de pesos, pues el agua, además de inyectarla, hay que someterla a tratamiento para no contaminar los mantos subterráneos, dice. En contraste, limitarse a regular las grandes avenidas de agua que se dan con las tormentas más intensas en la zona metropolitana de Guadalajara, obliga a una erogación de cuatro mil millones, diferencia casi de 45 a uno.

“En alguna evaluación comparábamos el costo que tiene hacer presas que captaran las aguas de lluvia, vía los escurrimientos que se dan por la topografía que tenga el terreno, y nos llevaba a esos cuatro mil millones de pesos, contra infiltrar toda el agua de Guadalajara, que nos llevaba 180 mil millones; hay consideraciones partiendo de que, insisto, no basta el pozo de absorción, hay que prever actividades que no arriesguen la calidad del agua del acuífero”.

A su juicio, “lo que es preocupante es que haya confusión entre lo que es captación, lo que es aprovechamiento, lo que es infiltración y lo que es el control de inundaciones; puedes captar agua en un balde, en un tanque, en una botella; aprovechar agua es captar el agua y llevártela para un fin determinado…”.

Igual se confunden las cosas y se piensa “que una obra de infiltración pueda dar solución a situaciones de inundación, y la recomendación que nosotros queremos hacer y que nos cuesta trabajo técnicamente que la entiendan, es que sepan que infiltrar lleva el propósito de recuperar en la medida de lo posible los grados de sobreexplotación que se tengan en las aguas subterráneas, la velocidad de infiltración es 0.0003 metros por segundo, son diezmilésimas por metro por segundo de velocidad, y las avenidas por las lluvias torrenciales, por las grandes inundaciones, traen velocidades superiores a un metro por segundo,[...]contra diez milésimas de metro por segundo que dura la infiltración, pues no es una solución”.

Pasa igual cuando se habla de aprovechar aguas pluviales, que demandan esquemas distintos a las obras de regulación o de infiltración. “Se trata de que no se tengan colectores combinados, entiéndase agua pluvial que no se mezcle con agua sanitaria, captar el agua de un techo para poder tenerla unos días del año, pero no olvidemos que no se trata nada más de captar, hay que cumplir con las reglas de agua potable que establece la Secretaría de Salud, lo que incrementa costos”.

Hernández Solís, quien laboró 29 años en la Comisión Nacional del Agua y cinco en la Estatal (CEA), advierte que “la naturaleza no se equivoca, del ciclo hidrológico desde la primaria sabemos que llueve, cae agua en el continente, y escurre a los arroyos y ríos, y por [éstos] es como se logran las captaciones del agua de lluvia; todo va ligado a posibilidades económicas, para hacer obras hidráulicas […] debe quedar muy claro que yo puedo hacer infiltración, pero saber qué debo esperar de eso, pero hacerlo a grande escala es muy costoso y no funciona como control de inundaciones”.

Guadalajara. Agustín del Castillo.PÚBLICO-MILENIO, edición del 22 de junio de 2010

Más de un centenar de trabajadores del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), junto con algunas empresas contratistas, llevan a la fecha un avance de 80 por ciento en la limpieza de bocas de tormenta de las cuencas de Atemajac y Tesistán, donde el organismo operador abastece a más de 3.5 millones de personas. Hay doce mil de quince mil puntos ya saneados, informó el gerente de Agua Potable y Alcantarillado del organismo operador, Aristeo Mejía Durán.

“Este año iniciamos [las labores de desazolve] hace mes y medio, se contrataron a más de cien personas, eventuales, más aparte el personal que tenemos de base para estos fines, que independientemente de que sea temporada de lluvias o no continúan haciendo este tipo de trabajo o acciones, y que son del orden de 30”, explicó el funcionario.

Puso en relieve que en el organismo están preparados para enfrentar el temporal, coordinados con Protección Civil y con Bomberos. “Hay una comunicación y coordinación permanente con ellos; también con las direcciones de servicios generales de los ayuntamientos; hemos tenido reuniones los martes de cada semana afinando precisamente el plan preventivo, y en el mismo, dentro de cada ayuntamiento participan además parques y jardines, e incluso la Comisión Federal de Electricidad”.

Por otro lado, añadió, “también desazolvamos los once sifones existentes en la Línea 2 del Tren Ligero; algunos de ellos tienen también su equipo de bombeo, para en dado caso que suba el nivel del agua, operen en forma automática, para que sea abatida en el menor tiempo posible el agua; de igual forma con los pasos a desnivel, que son 33 en la zona metropolitana, ya fueron totalmente limpiados, desazolvados”.

Detalló que hay en la zona de servicio 73 puntos de inundación recurrente. “El problema es mayor en Guadalajara, con unos 50 puntos, pues tiene el mayor número de hectáreas urbanizadas; en Zapopan deben andar sobre las doce zonas de inundación, en Tlaquepaque entre seis y ocho, en Tonalá serán cuatro”.

Mejía Durán dijo que los trabajos quedarán a tiempo. “Yo considero que en quince días a lo sumo, porque aparte contratamos a cuatro empresas para que nos apoyaran, independientemente del personal que mencioné; entonces al concluir con eso terminamos lo que es preventivo, sin embargo, habrá problemas durante las lluvias con todo y esta prevención; los ayuntamientos han quedado de monitorear y reportarnos con la mayor oportunidad posible; vamos a tener también personal nocturno para cualquier contingencia importante”.

El SIAPA cuenta con cuatro bases para atender las urgencias; aparte, “tenemos 21 pluviómetros, para detectar zonas donde se pueda presentar lluvia intensa y proteger tanto la infraestructura como a las personas”.

El gerente pidió a los usuarios que avisen sobre cualquier evento al organismo, por medio de SIAPAtel (3668-2482). También, exhortó a evitar arrojar basura y escombro sobre el arroyo de las calles, pues eso repercute taponando colectores y propiciando graves anegamientos.

En tres años se han invertido apenas en obras temporales preventivas. Este año no habrá ninguna reconocen la CEA, que recibió el más bajo presupuesto de los últimos años, y el SIAPA, que carece de liquidez; se requiere hacer presas de control de avenidas de agua en la ZMG, así como desazolvar presas y reconstruir canales

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO, edición del 22 de junio de 2010

Las amplias necesidades de inversión que se tienen en materia de control de inundaciones, que rondan ocho mil millones de pesos, no cuentan con presupuesto estatal para el año en curso, mientras las asignaciones municipales son mínimas, reconocieron el director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), César Coll Carabias, y el gerente técnico del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), Carlos Hernández Solís.

En el primer caso, el de la CEA, se trata de financiar el amplio programa para restablecer el funcionamiento hidrológico de la cuenca de El Ahogado (valle de Toluquilla), el cual demanda 4,200 millones de pesos, pero apenas se han canalizado en los años anteriores unos 200 millones de pesos. La dificultad estriba en que esa zona cuenta con infraestructura hidroagrícola y recibe en los últimos años una expansión caótica de asentamientos humanos que nadie previó que ocasionaría graves problemas de anegamientos por el temporal.

En cuanto el programa para control de inundaciones que tiene el SIAPA en la zona metropolitana, se requieren alrededor de cuatro mil millones de pesos, pero están en fase final de integración los proyectos específicos, por lo que se tendrá que definir más adelante el techo presupuestal y el modo en que se podrán financiar. No obstante, el organismo operador tiene una deuda superior a dos mil millones de pesos —cuyo servicio anual es de 216 millones de pesos— y grandes pendientes de inversión en las áreas de abastecimiento, distribución y comercialización de agua, que tornan más difícil establecer un esquema para dar fondos a las obras. No obstante, Hernández Solís dijo que pronto se presentarán los proyectos para comenzar a trabajarlos en ese sentido.

Por su parte, Coll Carabias destacó que el organismo que preside padeció una fuerte merma de recursos para 2010, lo que obligó a cancelar numerosas inversiones. Por eso se ha presentado con los diputados locales para exponer la situación que afrontan. En el caso del proyecto para restablecer la capacidad hidráulica con un uso urbano en la cuenca El Ahogado, señala que se ha podido avanzar por aportaciones de los ayuntamientos y de otras dependencias, pero no es el caso ni de la CEA ni de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder), que ya concluyó un proyecto para resolver el desahogo de las aguas pluviales en la parte baja de la cortina de El Ahogado, un proyecto clave para manejar el agua de la cuenca, lo mismo que el desazolve y la regulación del agua en la propia presa.

“Esperamos que el año que entra haya la sensibilidad para dotarnos de presupuesto para cumplir con las inversiones necesarias [...] como estamos, las inundaciones en la cuenca dependerán de la cantidad de agua y el tiempo en que llueva”, puso en relieve.

Las cuencas de Atemajac, Tesistán y El Ahogado demandan “cirugía mayor”. El SIAPA y la CEA cuentan con los diagnósticos y los proyectos, pero carecen de los recursos para realizar las grandes obras de control necesarias para evitar el caos que provocan las lluvias intensas.

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 21 de junio de 2010


Construir las grandes obras de control de avenidas de agua que requiere el espacio urbano de Guadalajara demanda poco más de ocho mil millones de pesos, incluidos los valles de Atemajac, Tesistán y Toluquilla (o El Ahogado).

Esta enorme inversión, 25 por ciento mayor a la prevista para el viaducto elevado, más del doble de la cancelada presa de Arcediano o equivalente a 16 puentes atirantados como el que se construye en el cruce de la calzada Lázaro Cárdenas y la avenida López Mateos, tiene ya entre tres y cuatro años en gestión, pero apenas se ha podido conseguir recursos, reconocen las instancias técnicas del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) y de la Comisión Estatal del Agua (CEA).

De este modo, no sólo no se tienen soluciones de fondo para los puntos de inundación recurrente en la zona conurbada, sino que el problema tiende a aumentar y agravarse ante el crecimiento caótico de la ciudad, sobe todo en el valle de Toluquilla.

Carlos Hernández Solís, gerente técnico del SIAPA, señala que están en fase de integración catorce proyectos ejecutivos, con base en los cuales, se buscará el recurso para su ejecución, priorizando los que benefician mayores espacios y más población en la superficie consolidada de la ciudad, que corresponde a los valles de Atemajac y Tesistán. Las inversiones totales para esto rondan cuatro mil millones de pesos.

La CEA también tiene ya un amplio diagnóstico de la situación en El Ahogado, con una serie de acciones en cinco grandes rubros, dentro de las cuales, destaca la adquisición y restauración de los canales de riego y las presas de la zona, de manera que recuperen su papel hidrológico y sirvan para desahogar las demasías de agua sin ser acompañadas por las inundaciones desastrosas que hasta la fecha se presentan, señala el director de cuencas del organismo estatal, Héctor Castañeda Náñez. Son inversiones que rondan 4,200 millones de pesos, de los cuales, apenas se han conseguido ejercer “alrededor de 5 por ciento” (ver nota anexa).

Las obras del SIAPA
Los catorce proyectos en Atemajac y Tesistán atienden la mayor parte de los 73 puntos de inundación recurrente que ha detectado el SIAPA en la zona metropolitana de Guadalajara.

“Lo que se está buscando es aprovechar que todavía hay espacios, parques, uno que otro campo de futbol, que pudieran aprovecharse para almacenar el agua torrencial que como producto de una lluvia intensa de una hora o menos, llega en gran volumen; lo que tenemos que hacer es captar esa agua temporalmente e ir desalojando poco a poco ese gran torrente de agua, lo convertimos en un chorrito controlado, mediante cajas que almacenan, que regulan: aprovechar espacios todavía no urbanizados que permitan hacer un tanque de almacenamiento para desalojar esa lluvia en 24 horas con un pequeño chisguete a los colectores, de tal formas que los colectores no se desborden, no se tapen”, explica Hernández Solís.

Eso es en esencia el Programa Integral de Manejo de Aguas Pluviales (Promiap). “Ya tenemos catorce proyectos. Queremos ya tratar de consolidar la gestión del recurso económico para irlos ejecutando”, afirma.

Un ejemplo: “Todo lo que es el río Atemajac, entiéndase avenida Patria, el arroyo de La Campana, cruzamiento con el Country Club, con [la avenida] Montevideo; viene incluida toda la seria de colectores medio recuperados con un tanque que rompa ese pico de gran lluvia, aprovechar las propias escorrentías del arroyo […] así con otros colectores y arroyos de la ciudad, el de Plutarco Elías Calles, el de la zona de López de Legaspi, la zona de El Deán, etcétera”.

—¿Pero en este caso implicaría la adquisición de predios o serían sólo parques y espacios públicos o zonas federales?

—Básicamente involucra costos de infraestructura, pero sí se tiene que manejar la gestión social, porque puede haber por ejemplo una unidad deportiva que tenga un campo de futbol, que si bien puede ser propiedad pública, demanda la gestión social y la aceptación de que debajo de ese campo vamos a hacer un tanque, o bien, se aprovecha el campo de futbol, se inunda el terreno en el periodo de lluvias, y en el periodo de secas se mantiene como campo deportivo […] el programa sí implica algunas adquisiciones de tierra, por supuesto, pero en menor medida.

Los catorce primeros proyectos, añade, son con los que se daría respuesta en un alto porcentaje a los problemas de inundación que hay en la metrópoli.

—Cuando se concluyan los proyectos, ¿cómo en cuánto reducirá el problema?

—Se puede aventurar que será un beneficio, hay que ser claros, de un 80 por ciento, asociado al control de inundación, que tendría un 5 por ciento de probabilidades de ocurrencia, eso se llama “periodo de retorno” en hidrología […] es muy difícil hablar de una solución total.

—Es decir, si un día hay una lluvia verdaderamente abundante y extraordinaria, esto solo va a amortiguar y va a ser finalmente desbordado…

—Así es de claro.

—¿Por qué la dificultad de financiar algo que es tan necesario y benéfico para la ciudad?

—Bueno, las obras de control de inundación son costosas, y como son obras que no tienen un esquema tarifario de apoyo de recuperación; es como el caso de las calles, ¿una pavimentación a quién se la cobras, al que pasa diario, al que pasa cien veces, al que pasa mil veces, los identificas o no los identificas? Son obras que no pueden arrojar una esquema de recuperación, el gran beneficio que te dejan es que no te estés inundando; si le metes evaluación económica, asociando los daños que provocan las lluvias y disminuyendo las probabilidades de ocurrencia, resulta que si bien son inversiones fuertes, los beneficios son mayores, pues dejaron de haber cuantiosas pérdidas, y ese es el mayor de los beneficios, aunque sean difíciles de llevar a un esquema de recuperación económica de las propias inversiones.

En el Promiap se ha calculado un perjuicio promedio anual causado por las lluvias de 350 millones de pesos, correspondiente exclusivamente a la zona que atiende el SIAPA. Quiere decir que una inversión de esta envergadura se justifica y paga en tan sólo doce años.

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Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 20 de junio de 2010

La madrugada del pasado 28 de mayo, un incendio devoraba bosques de pino y mesófilo de montaña entre las zonas de Huescalapa y El Fresnito, ladera oriente del Nevado de Colima. “Alrededor de las cuatro de la mañana frente a los ojos de todos nosotros, un aguacatero de nombre Efraín aprovechó el incidente y prendió fuego a una parte de su bosque […] aprovechó que estaban las brigadas y quemó lo que quería […] luego desapareció”.

Quien relata la historia es el director del parque nacional, José Villa Castillo. La gran amplitud del siniestro y la falta de presencia de personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) o de policías municipales, le impidió actuar.

Pero el hecho lo dejó consternado. Y si bien, la cifra oficial del desastre que dio a conocer la Comisión Nacional Forestal fue de apenas ocho hectáreas, las evaluaciones de la propia dirección del parque revelan alrededor de 380 hectáreas por donde pasó el fuego y las condiciones de los ecosistemas fueron alteradas, sin haberse determinado hasta ahora la gravedad de los daños y los costos económicos y de tiempo que llevará la regeneración.

Pero el cambio de suelo aguacatero busca que ese proceso no se dé. Villa Castillo recuerda otro suceso del año 2006, en la misma zona de El Fresnito, cuando el bosque de pino fue quemado y no hubo poder humano que impidiera establecer en su lugar un huerto de aguacate que ahora prospera.

Por eso, el biólogo ha encendido las luces de alerta: el Nevado de Colima (4,260 metros sobre el nivel del mar), gran macizo montañoso de más de 80 mil hectáreas que comparten Jalisco (85 por ciento) y Colima (15 por ciento), donde se ubica uno de los volcanes más activos del país, está en riesgo de pasar por la misma suerte que ocurrió a las otras grandes montañas del eje neovolcánico: los cambios de uso del suelo de las últimas décadas, sobreexplotación de sus recursos y la fuerte impronta humana han empobrecido su flora y fauna.

Hoy, los gigantes Pico de Orizaba o Citlaltépetl (5,670 msnm), Popocatépetl (5,452 msnm), Iztaccíhuatl (5,282 msnm), Nevado de Toluca (4,564 msnm), Sierra Negra (4,400 msnm), Cofre de Perote (4,282 msnm), La Malinche (4,107 msnm) y Tancítaro (3,900 msnm), han perdido buena parte de sus ecosistemas originales, y constituyen, en buena medida, un atractivo solitario, pues la mayor parte de su fauna carismática original, como el lobo mexicano, el puma, el jaguar (en las partes bajas de las montañas cercanas a las líneas de costa), el venado cola blanca y el águila real, han desaparecido.

“Es necesario tomar conciencia que el Nevado y el Volcán de Fuego son ya los últimos grandes refugios de especies que nos quedan entre las grandes montañas, y hacer lo necesario para salvarlos”, urge el director del parque, quien también funge como director del recién creado parque estatal Bosques Mesófilos del Nevado de Colima.

“La cuestión es que a pesar de la explotación forestal persistente por 50 años, el complejo volcánico de Colima es quizá uno de los puntos del eje neovolcánico mejor conservado, sobre todo respecto a las grandes montañas del centro del país, donde las actividades humanas afectan todos los días sus ecosistemas”, apunta la bióloga Sonia Navarro Pérez, de la Universidad de Guadalajara. El vecino Tancítaro, que asoma por el oriente las tardes despejadas, es el espejo de lo que no se quiere en el futuro del gigante de Jalisco: el mayor pico de Michoacán es una amplia montaña llena de verdor, pero en su mayor parte por las huertas aguacateras. Allí, la economía se impuso a la ecología.

Datos de la devastación
En el sitio www.cuencas.ine.gob.mx, el Instituto Nacional de Ecología y el CentroGeo AC, diseñaron e implementaron el Sistema de Consulta de las Cuencas Hidrográficas de México, con la finalidad de facilitar el acceso al acervo de datos geográficos de cada una de ellas.

Si se descarga la información de uso del suelo y vegetación de los años 1976 y 2000, así como la degradación de suelos para las ocho prominencias montañosas del Eje Neovolcánico Transversal: Pico de Orizaba, Popocatépetl, Iztaccihuatl, Nevado de Toluca, Malinche, Cofre de Perote, Pico de Tancítaro y Nevado de Colima, saldrán importantes evidencias del deterioro.

El uso de estas imágenes “demuestra que los volcanes Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Nevado de Toluca y Pico de Tancítaro presentan la mayor pérdida de bosques al poder observarse mayores cambios en el uso de suelo […] sobre lo anterior en más notable el cambio de uso del suelo y fragmentación del bosque en los volcanes Pico de Orizaba, que perdió una gran parte de sus bosques presentes aún en la década de los setenta; y más alarmante en Cofre de Perote, con la presencia de amplias zonas de pastizal inducido para ganadería extensiva; por su parte, Nevado de Toluca perdió sus bosques en la base de la montaña para dar paso a pastizales inducidos, y en Pico de Tancítaro eso sucedió para el cultivo de aguacate”, afirma Villa Castillo.

En cuanto a los volcanes Popocatépetl, Iztaccíhuatl y La Malinche “no se observan mayores cambios en el uso del suelo y vegetación, aunque con la aplicación del zoom de Google Earth con imágenes del año 2007 se puede observar un bosque más bien abierto y degradado por el gran impacto de las actividades antrópicas de más de 30 millones de habitantes que rodean estos volcanes de los estados de México, Puebla, Tlaxcala y Morelos”.

Jorge Neyra, prominente montañista, opina del tema por vía electrónica: “me consta el proceso de degradación de ciertas montañas como el Cofre de Perote, en donde hay talamontes casi en el límite del bosque, ¡A 3,900 msnm, del lado sur!, lo cual ya es grave porque cuando acaben con los escasos pinos ya no habrá nada qué explotar. Al Tancítaro hace cuatro años que no voy, pero supongo que por el estilo andan las cosas precisamente por el abuso de los cultivos de aguacate. En la Malinche he visto mucha tala más bien del lado de Puebla, aunque tengo referencias de que también en Tlaxcala han abierto unos claros […] El Iztaccíhuatl no está aún tan devastado, hay áreas bien conservadas pero quién sabe cuánto se mantengan así. Y no dudo en absoluto que el Zapotépetl o Nevado de Jalisco [sic] sea la mejor conservada de todas las altas montañas, además de que no hay gente o poblados a tres mil msnm como sí sucede en el Nevado de Toluca, en donde hay nueve mil personas dentro del parque nacional”.

En contraste, sigue Villa Castillo, el Nevado de Colima “es la única de las montañas analizadas con anterioridad que conserva sus bosques sin cambios en el uso de suelo y vegetación […] aunque actualmente sí existe presión antrópica para forzar el cambio de uso de suelo con la quema de sus bosques para la introducción de huertas de aguacate”.

La riqueza en deterioro
Quedan reductos de la riqueza espectacular que han ido perdiendo los grandes volcanes mexicanos, enclavados en una franja que parte al país del océano Pacífico al golfo de México. “De las cuatro regiones montañosas del país, la Franja Volcánica Transversal registra el mayor número de plantas vasculares de los bosques templados, con 5,139 especies […] se encuentran casi todos los tipos de vegetación de México, dominando el bosque de coníferas [31 por ciento] y el de encinos [28 por ciento], los cuales reúnen el mayor número de especies de pino a nivel mundial”, explica la investigadora Sonia Navarro.

Y como se trata de la gran zona transicional entre la América Neártica y la Neotropical, identifica una alta tasa de recambio de especies y, por ende, una importante “recombinación genética”. Un ejemplo es la concentración de una cuarta parte de la herpetofauna (reptiles) mexicana: “249 especies del total de 1,165 para todo México, 80 por ciento de ellas exclusivas […] además, dos de cada tres especies de aves del país se distribuyen en esta franja”.

Para Navarro Pérez, los esfuerzos de conservación deben buscar recuperar todas las grandes montañas además de detener las amenazas que acechan a los volcanes de Colima, tratando de que la economía no se imponga a la ecología. Pese a todo, los colosos siguen dominando el paisaje mexicano, imponentes y silenciosos.

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Se debe aprovechar servidumbre del ferrocarril como espacio integrador para transporte y peatón: Francisco Pérez Arellano. En EU no se logró; en México, con menos dinero, es imposible, indica especialista. Sumar áreas verdes, equipamiento y ciclovías al proyecto del Viaducto Exprés, pide

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

Estados Unidos apostó en la mayor parte de sus grandes ciudades por el automóvil particular como el esquema de movilidad de sus ciudadanos, y pese a la enorme cantidad de recursos que volcó en edificar grandes avenidas, pasos vehiculares, segundos pisos y freeways, no lo logró. “En México, en Guadalajara, con mucho menos recursos, está claro que nunca ganaremos esa carrera”, subraya el urbanista Francisco Pérez Arellano.

A juicio del consultor, quien concibió el proyecto de Malecón de la Barranca —uno de tantos planteamientos de áreas verdes para la ciudad que no han recibido apoyo gubernamental en los últimos quince años— el razonamiento del gobernador Emilio González Márquez, de una mezcla de proyectos de movilidad, desde no motorizada hasta transporte público y autos particulares, que ayudaría a resolver el problema y combatir la contaminación, es teóricamente razonable. Sin embargo, cree que la gran presión que ejerce el auto particular, que moviliza más personas que nunca en esta área metropolitana, se ha traducido en un apoyo para proyectos viales a favor de ese tipo de transporte —el puente atirantado y el segundo piso en la servidumbre del ferrocarril son los ejemplos más recientes— por encima de otras opciones que se intentan generar.

“Creo que habría que analizar una estrategia o plan de movilidad que no conozco como tales, que plantee los antecedentes y alternativas, y otras cosas necesarias, además de la movilidad […] la movilidad de la ciudad no se va a resolver sólo con obras para transporte vehicular y privado […] aparte de generar más y mejor transporte colectivo, debemos buscar cómo lograr trayectos menos largos, lo que nos lleva a plantear núcleos urbanos autosuficientes con mezcla de uso de suelo que permita tener a distancias razonables los centros de trabajo, esparcimiento, de abasto y escolares; en la medida que se logre, podemos diminuir la cantidad de autos y de horas en que se deben utilizar”, explicó.

En la integración de un esquema de esas características, es necesario facilitar todo tipo de sistemas de transporte, no satanizarlos; “mejorar lo que se tiene y promover la viabilidad social de los mismos involucrando a la sociedad y a los sectores interesados en su discusión […] sin embargo, se deben tomar decisiones y asumir riesgos. No es posible esperar que todo mundo esté de acuerdo, lo normal es que no sea así…”.

Respecto al Viaducto Exprés o segundo piso sobre la servidumbre del ferrocarril, que acaba de anunciarse con inversión privada para atravesar la ciudad de poniente a suroriente, Pérez Arellano reflexiona: “Una alternativa es volver a decir que no, siempre le sabemos encontrar las cosas negativas a los proyectos; otra alternativa, es irnos por la posibilidad de que esa vía da para establecer una espina dorsal de la metrópoli, una diagonal metropolitana que articule muchas cosas, que sea además de segundo piso, una vía reforestada, una línea de tren ligero, que además tenga ciclopista, que rescate áreas para el peatón, que se vaya articulando con otros espacios públicos de área verde y equipamiento que ahora no existen…”.

Por ejemplo, aprovechar para rescatar los parques del ferrocarril en la zona del Agua Azul, como lo han hecho otras ciudades. A juicio de Pérez Arellano, eso deriva en un beneficio urbano y ambiental, y no limitarlo a un beneficio privado, como es el planteamiento de viaducto de cuota.

“Si es una decisión tomada, una alternativa es en vez de oponerse a la ola, aprovechar la fuerza de la ola para complementar el proyecto”. Pérez Arellano considera que falta discutirse el tipo de ciudad que se quiere, y establecer un mínimo de estrategia general con el claro fin que debe tener la gestión de toda ciudad: mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

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Se están cumpliendo los plazos para la mayor instalación de saneamiento de Jalisco, asegura la Comisión Estatal del Agua. La fracción del tricolor cuestiona el contrato y asegura que están en riesgo de perderse mil millones de pesos federales para la planta de tratamiento; el organismo estatal desmiente el riesgo.

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 16 de junio de 2010

La coordinación de los diputados locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) cuestiona los términos en que se dio la contratación de la planta de tratamiento de Aguaprieta, la cual saneará 80 por ciento de las aguas residuales de la zona metropolitana de Guadalajara, a un costo mensual para la ciudad de 21 millones de pesos.

En el tema, los tricolores señalan al titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), César Coll Carabias, de excederse en sus atribuciones, violar los plazos de ley, dar privilegios al conglomerado de empresas contratistas —Renova Atlatec SA de CV— y poner en riesgo la llegada de poco más de mil millones de pesos del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).

El organismo público del Ejecutivo desmintió ayer todo: los dineros no se van a perder porque se pidió una prórroga para su ejercicio desde mayo, cuando el plazo vencía en junio; Coll Carabias cuenta con autorización del gobernador, mediante decreto publicado en el periódico oficial El estado de Jalisco, para firmar contratos: en consecuencia, no se excede en sus atribuciones, señaló a este diario la vocera de la CEA, Jessica González Alcalá.

“No hay ningún riesgo [de perder los mil millones de pesos], sería un descuido imperdonable […] el director [César Coll] señala que ingresó la solicitud de prórroga en mayo, y que no se ha resuelto porque no se ha reunido el Comité de Crédito del Fonadin, pero se dio en términos de ley y no va a pasar que se nos vayan los recursos federales, que son 49 por ciento —a fondo perdido— de la inversión necesaria para la planta”, añadió la funcionaria.

Los priistas difundieron ayer por la tarde un documento de prensa en donde daban por hecho la pérdida de ese dinero: “Esto se evidenció luego de que la CEA solicitó una prórroga para no perder esos recursos federales, pero hasta la fecha no hay respuesta favorable a esta petición por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La propia CEA, a través de su personal, aceptó que el pasado 2 de junio de este 2010, técnicamente se perdieron mil millones de pesos…”.

Como consecuencia de no realizar la obra, “un atraso o suspensión temporal por causas no imputables a la empresa, la CEA tiene la obligación de pagarle a la empresa Renova Atlatec SA de CV con o sin operación, de acuerdo a una de las cláusulas del contrato”. Dicha penalización consiste, según las fuentes priistas, en pagar lo comprometido a partir de la mensualidad 36, esto es, 21 millones de pesos por mes hasta completar 240, que es el plazo de vigencia de la concesión. Por eso se considera que el contrato es “leonino” para los intereses de Jalisco.

Otra presunta irregularidad es que el contrato fue firmado por Coll Carabias, “a pesar de que debió ser firmado por el titular del Poder Ejecutivo del estado de Jalisco”. Dice que la Constitución local permite delegar firmas, pero no firmar contratos que impliquen enajenación de bienes. En el proyecto Aguaprieta, hay una cesión en comodato de inmuebles estatales.

Más grave aun juzgan que el titular de la CEA firmara un contrato que trasciende el periodo de gobierno de Emilio González Márquez, pues para ello debe contar con la aprobación previa del Congreso, como se determina en el artículo 35, fracciones dos y once, de la Constitución Política de Jalisco.

Según el documento de prensa de los legisladores del PRI, el coordinador de la fracción, Roberto Marrufo Torres, explicó que “en consecuencia, nos encontramos en una disyuntiva de inconstitucionalidad del contrato suscrito por la CEA y la empresa Renova Atlatec SA de CV, dándose con ello una total incertidumbre de dicho contrato”.

Insiste en que “las condiciones del contrato son muy generosas y favorables a Renova Atlatec SA de CV […] no se cuenta con un proyecto ejecutivo para la realización de la obra y, entre otras observaciones al contrato, la contraprestación a la empresa por el tratamiento de las aguas asciende a 21 millones de pesos anuales, pero no se sabe de dónde se obtendrán los recursos para hacer frente a dicha contraprestación”.

Según el contrato, el monto total de la inversión asciende a más de 2,600 millones de pesos.

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En riesgo, obra para la laguna de Zapotlán

Está en riesgo la terminación y entrada en operación de la planta de tratamiento de la localidad de San Andrés Ixtlán, en el municipio de Gómez Farías, cuyos desechos se vierten a la laguna de Zapotlán. Se trata de un proyecto prioritario porque mejoraría sensiblemente la calidad del agua de ese embalse natural endorreico (es decir, de una cuenca cerrada), y que ha sido juzgado esencial porque allí se realizarán varias competencias de los Juegos Panamericanos de 2011.

El problema es dinero, dijo ayer a los diputados de las comisiones de Asuntos Hidráulicos y de Hacienda el titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), César Coll Carabias, quien compareció a solicitud de los propios legisladores para abordar el asunto.

El problema es un ayuntamiento endeudado y la falta de dinero de la propia CEA, que de por sí ya absorbe 80 por ciento de la inversión, 10.5 millones de pesos, de un total que asciende a 13.7 millones.

Tras la comparecencia, quedó en suspenso la solución para que el ayuntamiento de Gómez Farías entregue los 2.7 millones de pesos que le corresponden.

La obra tratará once litros por segundo con una calidad de cuerpo de agua tipo C, es decir, apta para consumo humano y recreación. Sin embargo, el municipio arrastra deudas con el gobierno federal que han frenado la inversión: la composición inicial del gasto de la obra era 50 por ciento de aportación federal, 30 por ciento estatal y 20 por ciento municipal.

La Federación se negó a entregar su parte debido a que el ayuntamiento le adeuda años de pago por los derechos federales de agua. El estado de Jalisco, considerando la importancia de la obra, determinó absorber la parte federal y que el municipio se limitara a entregar la parte que le toca, pero, aun así, no ha sido posible, pues Gómez Farías carece de recursos.

Los diputados pidieron a la CEA absorber la totalidad de la inversión, pero el organismo estatal no tiene de dónde sacarlos, pues sólo recibió recursos para obras en el municipio de Tlajomulco. Se analizará de dónde obtener tanto la parte final de la inversión, como los recursos para operar la instalación saneadora de aguas negras municipales.

Investigador del ITESO subraya: las contingencias ambientales en la ZMG serán más frecuentes.
Emisiones por quema de combustible aumentaron 60% de 1990 a 2009, indica experto,que no atisba un futuro saludable porque se sigue favoreciendo al automóvil y no se crean áreas verdes.

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO, edición del 15 de junio de 2010

La tendencia es que la contaminación atmosférica en Guadalajara presentará con mayor frecuencia crisis por violación de los niveles máximos permitidos de puntos imeca (índice metropolitano de la calidad del aire), pues los contaminantes que se emiten crecen desde 1990 a un promedio de 3 por ciento anual, advirtió el investigador Arturo Balderas, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

En la conurbación, “las emisiones por quema de combustible aumentaron 60 por ciento de 1990 a 2009, es decir, aproximadamente 20,600 toneladas de bióxido de carbono [CO2] por día, sin incluir otros contaminantes como gases de la industria, el consumo de gas doméstico, la basura y aguas residuales”.

A propósito de la jornada de contaminación por ozono más severa en doce años, que se vivió el pasado 9 de junio en la estación Vallarta de esta ciudad, con 255 puntos imeca, el científico subrayó que “la tendencia actual de los problemas de calidad del aire augura un futuro nada saludable”, pues se deben añadir los cambios que se esperan por el calentamiento global: “Tendremos mayor variabilidad en el régimen de lluvias, aumento global de la temperatura y el efecto burbuja del calor en la ciudad —este efecto se refiere a que hace más calor en las zonas urbanas, un factor provocado por el concreto en las calles—”.

El experto ubicó entre las causas inmediatas de la jornada del 9 de junio la coincidencia de “condiciones atmosféricas desfavorables y las emisiones por transporte. Sin embargo, el problema es que la calidad del aire no mejora porque bajemos la contaminación, lo que no estamos haciendo, sino porque el viento se la lleva a otros sitios”.

Es decir, “no podemos controlar el clima; lo que podemos controlar es la cantidad de contaminación que generamos. La causa de origen es que estamos contaminando demasiado y no podemos apostar a que nuestra solución sea la dispersión de la contaminación. Los niveles de contaminación se vuelven peligrosos debido a su coincidencia con condiciones atmosféricas desfavorables, pero el origen son las emisiones, en este caso las emisiones de vehículos”.

También destacó “el crecimiento desproporcionado del parque vehicular con respecto al transporte público […] hoy día, hay 219 autos particulares por cada camión de pasajeros; en 1990 había un autobús por cada 70 coches particulares. Si veo cómo ha evolucionado el transporte en Guadalajara, podemos decir que, al igual que en el proceso de urbanización, vamos al revés”, llamó la atención el especialista en economía y política ambiental, quien cursa un doctorado en economía y política ambiental en la Universidad de Twente, en Holanda.

Privilegiar obras viales para incentivar el uso de los autos particulares traerá la consecuencia inminente de más parque vehicular y, por lo tanto, “tendremos mayor consumo de gasolinas y diesel y más contaminación”.

Balderas no atribuye el problema en exclusiva al sistema de movilidad, pues también contribuye el modelo de crecimiento urbano adoptado para la ciudad. Dispersar a la población y llevarla a vivir en cotos alejados de los centros urbanos es una forma de crecimiento que imita el modelo que Estados Unidos adoptó a partir de la creación de una gran red de carreteras y comunicación.

“Uno de los motivos que movieron al gobierno de EU a contar con una red eficiente de comunicación después de la Segunda Guerra Mundial fue tener la facilidad para acceder a su territorio rápidamente en caso de conflictos bélicos […] En Guadalajara, este modelo no se gestionó de la manera más indicada: buscando maximizar las ventas de lotes para construir casas, el proceso de urbanización se ha hecho a la inversa. Se urbaniza sin contar con servicios y sin dejar espacios para ellos, y después se trata de paliar los problemas, como tráfico, falta de servicios de educación, salud, aseo público. Esto crea la necesidad de recorrer grandes distancias desde las ‘ciudades dormitorio’ hasta los centros de trabajo y servicios…”.

Para el académico, una de las soluciones es desincentivar el uso del auto privado, con estrategias como “hacer que sea más caro utilizar el vehículo, siempre y cuando generemos alternativas eficientes, seguras y más económicas de transporte público”. Así, “me parecería mucho más interesante una línea de metro o tren ligero elevado, como en Copenhague o algunas líneas del metro de la ciudad de México o Monterrey, y no un segundo piso para automóviles”.

La recomendación más limitada sugiere 4,200 hectáreas; sólo hay mil en toda la ciudad, es decir, 2.38 m2 por habitante, contra un mínimo de diez m2 que recomienda la OMS; los árboles son menos de 2% del territorio, pese a su efecto en el clima y a que previenen contingencias ambientales.

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO, edición del 14 de junio de 2010

La zona metropolitana de Guadalajara tendría que garantizar entre diez y quince metros cuadrados de áreas verdes por cada habitante, o bien, destinar 20 por ciento de su superficie total a espacios naturales donde se fabrique oxígeno por medio de la fotosíntesis, se absorba el calor y se reduzca la temperatura, un esquema completo de prevención ante la contaminación al alza que hoy padece en sus casi 63 mil hectáreas.

Si se siguiera el primer parámetro —recomendado por la Organización Mundial de la Salud—, la metrópoli tendría entre 4,200 a 6,300 ha de áreas verdes; si se aplicara el segundo criterio —recomendado por investigadores expertos en dasonomía urbana del país—, 12,600 ha en esas condiciones.

Pero incluso el más modesto de estos términos queda demasiado lejos: los censos de espacios verdes revelan que la superficie con ese destino apenas rebasa mil ha en toda la mancha urbana, menos de 2.4 metros cuadrados por cada uno de sus casi 4.2 millones de moradores. De hecho, desde 1993, cuando se consolidó el Parque Metropolitano en Jocotán, no se ha integrado un solo polígono nuevo de tamaño importante que incida en la estadística tan marcadamente desfavorable.

Así, tomada por la cifra más baja, a la metrópoli le urgen 3,200 ha de áreas verdes. Y no hay en camino, salvo ejemplos modestos en Tlaquepaque, planteamientos de gobierno que den prioridad a este problema.

Los recuentos demuestran, por el contrario, que las áreas que fueron previstas como parques públicos están integradas a la especulación inmobiliaria. Los casos más notables son la zona de El Bajío, contigua a La Primavera, que estaba planteada para un gran parque a comienzos de los años noventa del siglo XX, y hoy cuenta con autorizaciones “ambientales” que han crecido notablemente su urbanización; las tierras de la servidumbre del ferrocarril, que atraviesan de poniente a oriente la ciudad y fueron planteadas para rescatarlas y hacer un gran parque lineal, serán destinadas para un “viaducto elevado”.

Otros proyectos frenados por otras prioridades de los gobiernos son el gran parque lineal de la barranca de Huentitán, o la reapertura de ríos urbanos para resolver problemas hidrológicos y de escasez de zonas públicas en asentamientos marginados. Incluso el tema del cerro del Cuatro, donde se ideó un gran parque metropolitano de 500 ha en los años del gobernador Alberto Orozco Romero (1971-1977), los fraccionadores urbanos se lo comieron casi completamente, y ahora existe un parque del Ayuntamiento de Tlaquepaque con apenas 10 por ciento del terreno original.

El problema no es solamente de promedios. Estudios del Departamento Forestal de la UdeG señalan que se debe cuidar su distribución proporcional dentro de la ciudad, “es decir, que todos los residentes vivan cerca de un espacio abierto con área verde a una distancia de no más de quince minutos a pie”. Y esas condiciones se cumplen solamente en el área de la Minerva, de Guadalajara, y los fraccionamientos pudientes del centro y sur de Zapopan.

Por qué los árboles
“El crecimiento urbano ha propiciado una insuficiencia de áreas verdes, originando problemas de diversos factores; por un lado, la especulación del terreno propiciada por una alta concentración de la población y aunada a una rápida urbanización, generando un valor del terreno según indicadores de mercado y no en su función de beneficios ambientales; esto, vinculado a un carente ordenamiento en el crecimiento de las ciudades, sin contemplar el acondicionamiento y mantenimiento de áreas establecidas, así como tampoco la incorporación de nuevas áreas verdes”, explica José María Chávez Anaya, de la UdeG, en un documento denominado Dasonomía urbana, que entregó a este diario.

Los árboles en áreas urbanas deben aportar diversos beneficios: “Modificaciones microclimáticas, beneficios ecológicos, conservación de la energía y el bióxido de carbono, absorber contaminantes del aire así como su estabilización, mejorar la calidad del aire al reducir los niveles de bióxido de carbono (CO2), ozono, dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno, además de la reducción de la contaminación por ruido”, añade.

Por otro lado, “proporcionan hábitat para la fauna silvestre, generan oxígeno e inciden positivamente en la hidrología urbana, con el incremento de captación y retención del agua”. Contribuyen a un ambiente deseable, propicios para la salud mental y física.

Y lo que más interesa en materia de la reciente crisis de ozono por la que ha pasado el poniente de la ciudad: “Los árboles absorben y disminuyen la radiación solar: éste es uno de los usos más extendidos de los árboles en las ciudades, teniendo la sombra como su utilización más común, con efectos sobre la radiación que no son perceptibles fácilmente […] de 100 por ciento de la energía solar, las plantas absorben para su fotosíntesis entre 5 y 20 por ciento, reflejan de 5 a 20 por ciento, disipan por evapotranspiración de 20 a 40 por ciento, emiten de 10 a 15 por ciento y transmiten entre 5 y 30 por ciento”.

Esto es relevante, pues el ozono es generado a raíz de la contaminación de los autos y la alta radiación solar, que, en espacios sin árboles, es considerablemente mayor.

Sin olvidar que estos seres vivos permiten la producción de oxígeno y el consumo de anhídrido carbónico, función realizada por las hojas: el científico alude a estudios que revelan que árboles cuyo diámetro es de entre 60 y 90 centímetros retienen hasta 50 kilogramos de carbono, “y que en árboles grandes y vigorosos se fija 90 veces más carbono al año que en los árboles pequeños: 93 kilogramos al año contra un kilogramo”.

En cuanto a la disminución del ruido ambiental, “la atenuación varía desde cuatro a doce decibeles, dependiendo de la especie y la profundidad, altura de la cortina de árboles y la densidad del ruido”.

Dónde están
Mil hectáreas de parques y jardines públicos, incluida la vegetación de glorietas y camellones, son un servicio ambiental fortalecido por jardines interiores de las casas, las cuales hacen que en la zona de la Minerva haya hasta 14.55 m2 por persona, mientras que en Tetlán no se alcanza siquiera un m2 (ver gráfico anexo, sólo del municipio de Guadalajara).

Datos que levantó el Instituto de Estudios Económicos y Regionales (Ineser) de la UdeG señalan la siguiente relación por los cuatro municipios de la zona metropolitana original: Tonalá tiene cinco m2 por morador; Tlaquepaque, 40 cm2; Zapopan, 3.3 m2 y Guadalajara, 2.9 m2.

¿Una mayor superficie de áreas verdes habría evitado la crisis de imeca por ozono de la pasada semana? Al menos se sabe que los árboles bajan la temperatura y que, en muchas zonas donde hoy hay asfalto, antes hubo espacios forestales o agrícolas, eliminados en una política de crecimiento a favor de los autos, de la cual esa contingencia fue una de sus consecuencias.

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Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 12 de junio de 2010

Respirar ozono puede causar problemas en las vías respiratorias, como irritación, tos o malestar en el pecho, así como una “disminución de la función pulmonar” y de la resistencia de las vías aéreas, incrementando su sensibilidad, “lo cual podría significar un aumento en la respuesta a otros contaminantes”, señala una investigación publicada por el Instituto Nacional de Ecología (INE).

“La evidencia de estudios en animales sugiere que exposiciones repetidas a altos niveles de ozono, durante varios años, puede causar daño irreversible al pulmón. Estudios recientes en humanos muestran que con la exposición al ozono la pérdida de la función pulmonar va aumentando, con lo que se evita que los efectos agudos se reviertan por sí mismos”.

El trabajo, denominado ¿Dónde causa daño? Respuestas a preguntas sobre contaminación y salud, fue elaborado originalmente por la Secretaría del Medio Ambiente del Departamento del Distrito Federal y el Instituto Nacional de Salud Pública, y difundido por el INE en su portal de Internet (www.ine.gob.mx).

“Existe evidencia abundante que indica que los niveles de ozono que se miden habitualmente en las áreas metropolitanas más pobladas son dañinos para la población general”, añade.

No obstante, “no existe consenso sobre el significado de los efectos en salud que se han reportado durante la exposición al ozono a corto plazo [una a dos horas], debido a que parecen disminuir al cabo de pocas horas, una vez que finaliza la exposición y los parámetros evaluados regresan a sus valores iniciales”.

En un estudio realizado en el sur de la Ciudad de México, que incluyó escolares de 7 a 9 años de edad, “encontraron que después de la exposición aguda al ozono, la función respiratoria disminuía en 5 por ciento, y posteriormente esta deficiencia desaparecía. Algunos grupos interpretan este hecho como evidencia de que ciertos efectos en la salud desaparecen rápidamente y no se deben considerar como adversos. Sin embargo, a algunos investigadores médicos les preocupa que el ozono pueda causar lesiones permanentes después de exposiciones repetidas a concentraciones elevadas de ozono por periodos prolongados y, sobre todo, durante el periodo de crecimiento de los niños”.

En la zona metropolitana de Guadalajara, “en el periodo de 1996 a 2004, se presentó la concentración máxima histórica con respecto a ozono, con un valor de 336 partes por billón [millón de millones] promedio horario; sin embargo, la tendencia del contaminante es decre-ciente en los años siguientes, con valores de 220 ppb en 2004”, señala el informe preliminar del estudio sobre la red de monitoreo que entregó en enero de 2007 la Universidad Autónoma Metropolitana al gobierno de Jalisco y el INE.

No obstante, el propio INE informa que si bien en todas las ciudades del país ha bajado el número de días en que se viola el valor de norma horaria para ozono (medido en un parámetro de 0.11 partes por millón), Guadalajara reportó en 2005 el año con más días en que se rebasó ese índice, con 66, desde el año 1999 (en que hubo 59 días en esa situación), faltando información entre 2006 y 2009.

¿Qué es el O3?

El ozono es un contaminante criterio y secundario (porque deriva de sustancias precursoras). Se forma por una serie compleja de reacciones en la atmósfera; en términos sencillos, mediante la reacción química del dióxido de nitrógeno (NO2) y compuestos orgánicos volátiles (COV) en presencia de luz solar.

Los contaminantes-criterio tienen temporadas de mayor presencia, pues varían las condiciones de la atmósfera al paso de las estaciones. Por ejemplo, los meses fríos son más propicios en Guadalajara para la presencia de PM10 (partículas suspendidas de hasta diez micras), cuya composición química es variada, sobre todo por las constantes inversiones térmicas (cuando la falta de luz solar evita la dispersión de contaminantes de la troposfera en un primer largo lapso de la mañana). A fines del frío y hasta la lluvia, los incendios forestales y agrícolas acarrean PM10 y monóxido de carbono transportados por vientos intensos. En los tiempos secos, en un fenómeno específico de la ciudad, sus autos, el viento casi estático y el calor provocan el alza del O3