lunes, 31 de agosto de 2015

Proponen reformas legales y presupuestos para salvar al jaguar



Expertos entregan peticiones a senadores. En las selvas de Jalisco y Nayarit, así como en el norte y el Sureste, las condiciones de vida para la fiera cada día son más complicadas. FOTOGRAFÍAS. Refugio de jaguar en Cabo Corrientes, Jalisco, por Nacho Durán

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El jaguar (Panthera onca), el mayor depredador de la América Tropical y especie con hondas raíces culturales en México, mantiene un estado crítico para sobrevivir en selvas y bosques del país, lo que es aún más complicado en el occidente mexicano, inmerso en una marea de colonización y creación de infraestructura que ponen en predicamento los sistemas ambientales de los que depende el mítico tecuani de los primeros pobladores de la región.

“Se están haciendo esfuerzos importantes para alinear esos procesos a las necesidades del jaguar, bajo la premisa de su importancia como superdepredador regional que permite el mantenimiento de la pirámide alimenticia, y en consecuencia, de la gran biodiversidad; por eso se ha trabajado en el impulso de las áreas naturales protegidas, del establecimiento y la aplicación del seguro ganadero –para pagar animales muertos por el felino y otras especies- y del ajuste de las obras de infraestructura para que se mantengan los corredores ecológicos que demanda el sostenimiento de estos animales”, apuntó Érik Saracho Aguilar, director de la Alianza Jaguar Nayarit.

No obstante, se trata de una lucha desigual frente a los enormes intereses económicos de los desarrollos turísticos y de los modelos agropecuarios vigentes. En eso coincide con los otros expertos sobre jaguar que hay en México, con quienes se reunió en el Senado de la república el pasado 12 de agosto a plantear alternativas para afrontar el reto de la especie. El pasado jueves 27 de agosto, entregaron a los legisladores un pliego con puntos esenciales que se deben abordar: justicia, presupuestos y presencia institucional, para que la preservación sea una realidad.

En otras partes del país, como Sonora al Norte, Veracruz al este o la selva Maya al sureste, la única pantera americana padece desde la cacería directa, especialmente debido a ganaderos que le adjudican la muerte de bovinos, caprinos y porcinos, hasta la fragmentación de su hábitat.

“Se menciona más el asunto de carreteras, pero el problema es con toda la infraestructura, como lo es la de energía; hidráulica; minería y sobre todo los modelos de desarrollo del campo que merecen ser renovados”, señaló a MILENIO JALISCO Carlos Manterola, de Grupo Anima Efferus, que trabaja en la Selva Maya.

“el presupuesto del sector ambiental para la vida silvestre debe ser incrementado. En los territorios del jaguar, los programas de desarrollo del campo, y de infraestructura deben garantizar la conservación, la sustentabilidad y el beneficio social […] en los territorios del jaguar, hay obligación de aplicar mejores prácticas en todos los proyectos de infraestructura (carreteras, energía, minería, turismo) a través de algún instrumento legal –alguna norma oficial mexicana- cambio en la legislación, o en su reglamento”.

Se propone “dar mayor peso legal a la vigilancia y castigo por impactos secundarios y acumulativos de las diferentes obras de infraestructura y de las distintas actividades productivas, particularmente en hábitat de jaguar”, así como “dar un mayor reconocimiento legal y apoyo al concepto de hábitat crítico que ya está en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como al concepto de corredores ecológicos que ya está en la ley”.

En resumen, esta semana los expertos han señalado otros puntos esenciales: fortalecer el sector Vida Silvestre con una comisión o subsecretaría encargada de estos temas; hacer eficiente la procuración de justicia para quienes maten jaguar; hacer valer la ley para conservar áreas naturales protegidas, corredores, hábitats críticos, ante las presiones económicas de actividades de hidrocarburos y minería (como ocurre actualmente en la Sierra de Manantlán); “se propone dar un mayor reconocimiento legal y apoyo económico al concepto de hábitat crítico; reforzar la legislación sobre corredores y apoyo a sus habitantes”, e incluir en los apoyos a las unidades de manejo ambiental y vida silvestre (Umas) que estén en corredores, sobre todo a las que se enfocan a proteger jaguar.

“Apoyo al programa de atención a ejemplares de felinos mayores que se tornen perjudiciales; a la investigación del jaguar, particularmente para aquellos estudios que busquen la conservación de la especie en vida libre”; pago de servicios ambientales a predios que garanticen la presencia y conservación del felino, apoyo al impulso de actividades de restauración del hábitat de jaguar y a actividades productivas afines a su conservación.


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NUMERALIA

420 jaguares se estima que habitan en la costa occidental de México, que conforman Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit, pero su permanencia dependerá de que se reduzca el impacto de las comunidades humanas en contra de su hábitat y que cese la cacería ilegal del felino, según el censo de jaguar realizado en 2010

100 jaguares se estima que forman la población total de la costa de Jalisco, de acuerdo al mismo estudio, lo que significa una densidad de 2.6 a 5.5 jaguares por cada 100 kilómetros cuadrados y la disponibilidad de presas en grado “abundante”, predominando el venado cola blanca

4,103 ejemplares se estima en ese censo que existen en todo el país, de uno a ocho individuos por cada 100 kilómetros cuadrados, según la zona; 1,800 se localizan en la Península de Yucatán, 550 en el Pacífico norte (Sinaloa y Sonora), 420 en el Pacífico centro (Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán), 670 en el Pacífico sur (Guerrero, Oaxaca y Chiapas) y 620 en el noreste -centro del país (Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo)

20 presas potenciales del felino fueron analizadas por el censo. "A partir de la información generada por los quince sitios, se registraron de quince a 20 presas potenciales, entre ellas coatíes, venados, pecaríes, tepezcuintles, seretes, hocofaisanes y pavos ocelados. Asimismo, las fotos registradas identificaron a cazadores, quienes ejercen una fuerte presión sobre las presas del jaguar. Se ha documentado en otros estudios que al reducir la abundancia de las presas de este felino, aumenta el potencial del conflicto humano-jaguar, el cual, junto con la cacería de ejemplares, constituye una de las principales amenazas para la conservación de la especie"

1987 es el año en que se protegió al jaguar oficialmente en México y desde entonces tiene estatus de "en peligro de extinción". La Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) lo ubica en la categoría de bajo riesgo, ya que existen poblaciones viables en países como Bolivia, Brasil y Perú. También se encuentra en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES), y sólo está autorizada su comercialización bajo circunstancias excepcionales.


Llega taller internacional de Agroecología


Es fundamental rescatar proyectos exitosos económica y ambientalmente ante los daños de la agricultura empresarial.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La agricultura es una actividad productiva esencial para el sostenimiento de la civilización desde su aparición, en el Medio Oriente asiático, hace casi ocho milenios. Pero la revolución verde, que se desató tras la Segunda Guerra Mundial, y pronto alcanzó a México, no sólo potenció la producción de alimentos, sino que ocasionó severos daños ecológicos y un esquema productivo que está llegando a su fin como paradigma de desarrollo.

La pérdida de suelos fértiles y su contaminación debido a los monocultivos y agresivos paquetes biotecnológicos obliga a mirar hacia otro lado: la agroecología, que con su componente de rotación de cultivos, de uso racional y medido de recursos como el agua, de controles de plagas biológicos y de enriquecimiento de biomasa, constituye el paradigma de tiempos de cambio climático y degradación ambiental.

Por ello, la asociación civil GeoAlternativa ha abierto la IV edición del “Curso Internacional de Agroecología: una mirada desde la Educación Popular, un camino de aprendizajes cooperativos”, que se realizará en esta ciudad.

“Con este curso pretendemos analizar colectivamente el enfoque agroecológico y sus aplicaciones prácticas, tocando temas tan importantes como: el diseño de una finca agraria, la importancia de la transformación artesanal, la comercialización alternativa, y la difusión de estos valores al resto de la sociedad. El punto fuerte para volcar estos aprendizajes durante el curso será el desarrollo de un proyecto agroecológico personal, que cada participante podrá implementar en su finca, colectivo o comunidad”, señalaron los organizadores.

Tras una primera edición en 2013 y dos en 2014, llenas de intercambios y descubrimientos, “retomamos con más energía esta IV edición que dará comienzo el 5 de Octubre en la plataforma de aprendizaje virtual de GeoAlternativa. El curso que cuenta con colaboradores internacionales (AbacoenRed y Extremadura Sana) es una oportunidad de aprendizaje desde la educación popular en un espacio virtual, lo que nos permite poner en contacto a personas de toda Latinoamérica con diferentes iniciativas y pensares”.

En las pasadas ediciones “tuvimos la presencia de proyectos como: Agroecología y Aprendizaje Servicio (España), huertos comunitarios (Colombia y República Dominicana), re diseño de finca en Anima Casa Rural (México), diversificación productiva en Guerrero (México), venta local en comunidades nativas (Colombia), dinamización empresarial agroecológica para jóvenes rurales en la Fundación entre Mujeres (Nicaragua), compromiso por el desarrollo económico local y colectivo (Chile), Centro Agroecológico Comunitario (México), y transición agroecológica en una granja (Austria)”.

De esta forma “fomentamos la creación de redes de apoyo y asesoramiento colectivo más allá de la duración del curso”. Más información en www.geoalternativa.com, [email protected], [email protected].

jueves, 27 de agosto de 2015

Acusan a líder nahua de hacer negocios con minera



Óscar González le responde a Gaudencio Mancilla, y lo acusa de sostener el statu quo favorable a Peña Colorada.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Gaudencio Mancilla Roblada, uno de los líderes del ejido Ayotitlán, fue señalado ayer por el activista de la Red de Derechos Humanos en la zona, Óscar González Garí, de responder a los intereses de la compañía minera Peña Colorada y a los del Grupo Universidad, de la UdeG, a través de abogados de la Unidad de Apoyo a Grupos Indígenas (UACI) de la casa de estudios.

Fue un comunicado como respuesta a los dichos del dirigente nahua vinculado al movimiento zapatista (MILENIO JALISCO, 22 de agosto de 2015), quien en un comunicado justificó haberse sentado con los gobiernos de Jalisco y Colima y con la empresa extractora de grupo Ternium, pues fue “para negociar la liberación de 33 ejidatarios” detenidos por el incidente violento del 22 de julio pasado, frente a las instalaciones de la minera, al tiempo que descalificaba el trabajo del propio González Garí y del despacho ecologista Instituto de Derecho (Idea), que promovió el amparo 462/2013 y la toma de los terrenos, al señalarlos como representantes de intereses ajenos a los nahuas.

“La cultura de los derechos humanos en la Sierra de Manantlán y, específicamente en la zona de límites en litigio entre Colima-Jalisco-Minera Peña Colorada, vive momentos cruciales […] el Grupo UdeG y la UACI, hacen esfuerzos desesperados por sostener el liderazgo imposible del Güero Gaudencio Mancilla Roblada, como representante legal del Consejo de Mayores de Ayotitlán, organismo que en febrero 27 pasado designó un nuevo consejo con gente de oriunda de Ayotitlán, que está próxima a entrar en funciones. Esta labor divisionista está avalada por el periódico Tukari, de la UdeG, bajo el liderazgo del académico César Díaz Galván, que más que estar identificado con la justa causa del EZLN, viene defendiendo los intereses minoritarios y pro-empresariales del consorcio minero”, asegura González Garí.

Ambos son “factor de división entre los poblados nahuas de la Sierra y de la Cuenca del Marabasco”. Como parte directa en las “negociaciones y convenios leoninos entre Ayotitlán y la minera (varios desde el año 2010), Gaudencio pasa a la defensa del modus vivendi […]pues ha venido lucrando, hace tiempo, con diversas mineras (legales e ilegales), con el caso de las 1,200 hectáreas del ejido ocupadas por tiraderos e instalaciones de Peña Colorada, que cada año le otorgan millones de pesos. A tal grado es la descomposición social del anterior líder del consejo de mayores, que aceptó sentarse en la mesa con el Gobierno de Colima, para defender a los ejidatarios detenidos por un amparo que él jamás redactó ni apoyó y menos aún ganó, y tramitar su ‘libertad’ que tampoco fue por sus gestiones”, afirma.

Hoy se presentarán en el Centro Universitarios de Ciencias Sociales y Humanidades de la UdeG, a los 33 nahuas liberados, que se prevé respaldarán el amparo y la petición de liberación del joven litigante Eduardo Mosqueda.

miércoles, 26 de agosto de 2015

CCAAN recibe petición por problema de televisores analógicos



El gobierno mexicano no cumple su legislación y existe un grave riesgo de daño ecológico mayor por más de 16 millones de aparatos, denuncian ante entidad multinacional.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte recibió el día de ayer una petición para abrir un Expediente de Hechos en torno a presuntas violaciones que ha cometido el gobierno mexicano respecto al programa de cambio de televisores analógicos a digitales en el país.

En un documento firmado por diversas organizaciones de la sociedad civil, señalan que el gobierno mexicano ha echado a andar el Programa Nacional para la Gestión Integral de los Televisores para la Transición Digital Terrestre, el cual adolece de numerosas anomalías, porque no fomenta la participación ciudadana, no genera información para los ciudadanos que están haciendo el cambio de televisores, y además, no tiene ni recursos financieros que garanticen que se llevará a cabo de forma eficiente en un contexto, además, de virtual inexistencia de un mercado de reciclaje de sus componentes.

De acuerdo a información oficial, el llamado “apagón analógico” aplicará a partir del último día del año 2015, y se prevé que se cambien en el proceso alrededor de 16 millones de aparatos de televisión, en el nivel nacional, mientras Jalisco tiene alrededor de 600 mil bajo ese supuesto. Las organizaciones ecologistas señalan enfáticamente que no existe un mercado para utilizar los desechos, y en particular hay una preocupación por los residuos de mercurio, que es altamente tóxico, de acuerdo a información de la organización ecologista Eco Vía.

De acuerdo a los datos que establece el plan de manejo que fue publicado hace mes y medio por el gobierno federal, serían alrededor de 40 millones de televisores analógicos los que existen en el país, lo cual multiplica de forma considerable los desechos potenciales que se generen con este cambio.

Los denunciantes señalan que el gobierno mexicano está violando el Convenio de Basilea de Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos, del que es firmante el país y por ende tiene rango constitucional; además de la Ley de Responsabilidad Ambiental, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley General para la Gestión Integral de Residuos, y su reglamento, y en particular, la norma oficial mexicana 161, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, actualizada en el año 2011.

La CCAAN determinara si esta fundamentado el reclamo que el gobierno mexicano está incumpliendo su propia legislación; si así fuera, abrirá un expediente de hechos con el objeto de documentar esta anomalía, lo cual no tiene efectos vinculantes, pero sirve de presión para el gobierno involucrado, de manera que corrija el problema.

Jalisco en particular ha anunciado que implementara un programa para reciclar los 600 mil aparatos que estiman las organizaciones no
gubernamentales serán cambiados en el curso de este año, aunque los cálculos oficiales hablarían al menos de dos millones de aparatos.

Según la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, existe experiencia en las campañas de reciclaje de desechos electrónicos que se han hecho en los últimos años, tanto a nivel de Guadalajara, como a nivel del estado, por lo cual, considera que los problemas serán

martes, 25 de agosto de 2015

Prometen paso deprimido de Periférico y el Tutelar


En conferencia de prensa, se compromete el gobierno estatal a una solución técnica y jurídica del conflicto por esa zona.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El gobierno del estado, que institucionalmente perdió el amparo 1248/2007, promovido por los vecinos y campesinos contra el nodo tutelar, prepara en la actualidad el proyecto técnico y jurídico adecuado para resolver los problemas viales de la zona por medio de un paso deprimido por el anillo periférico, con lo que se pretende resolver los riesgos de accidentes que de forma permanente asuelan a la zona.

Mario Vladimir Avilés, director de Asuntos Agrarios del ejecutivo, informó “que ya tenían una solución técnica para resolver la problemática vial en la zona, reiterando que se impulsaría la solución vial ‘túnel por Periférico’ y que a finales del presente mes ya tendrían la solución integral técnica-jurídica, definitiva.

Y que a partir del día de mañana [martes 25 de agosto], se harían las mesas de trabajo, conjuntamente con los representantes de los ejidos El Colli y Santa Ana Tepetitlán, de la gasolinera [enclavada en la zona] y de los vecinos, para concretar la solución […] misma que se pondría a consideración de las asambleas de los ejidos y de los jueces que conocen de los asuntos”, explicó al respecto el presidente del Parlamento de Colonias, Alejandro Cárdenas Ochoa.

En una conferencia de prensa realizada en el área de conflicto, también acudió Julieta Parra, directora Jurídica de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) y Juan Carlos Hernández Ocampo, director jurídico de la Procuraduría de Desarrollo Urbano, así como 150 vecinos, 40 representantes de colonias de la zona y los responsables de los comisariados  ejidales, según los datos aportados por el dirigente.

Cárdenas destacó “los riesgos, peligros y dificultades para cruzar de un lado a otro del periférico, lo que obliga a realizar un nodo vial que permita la accesibilidad universal, como es el túnel, en el que los carriles centrales del periférico se deprimen y permiten el flujo continuo y los movimientos locales se dejan a nivel; esto es, se conecta la calle Volcán Quinceo a la de Felipe Ruvalcaba, generando banquetas y andadores para que con toda facilidad transiten las personas de la tercera edad, con discapacidad, las bicicletas, motocicletas, triciclos y carriolas, similar al nodo recientemente construido en la propia ruta en su cruce con Alcalde, al norte de la ciudad”.

Igualmente “es necesario regresar el centro del Periférico a su lugar original y restaurar los tres carriles y acotamiento por sentido, en el tramo de avenida El Colli a Volcán Quinceo como solución inmediata para reducir los accidentes  en dicho tramo del periférico”. A finales de agosto se conocerán los resultados de  las mesas de trabajo que se instalarán sobre el asunto.

Historia judicial. A finales del 2011, la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur) perdió el juicio 1248/2007, del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, y fue sentenciada a regresar las cosas al estado que guardaban hasta antes de iniciar la obra. En junio del 2015, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, resolvió en forma definitiva y sin ulterior recurso, la Queja 332/2014, en la cual se confirma la sentencia del 2011, del juicio 1248/2007 y se ordena al Gobierno del Estado, a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y a la de Movilidad, que el Periférico debe restablecerse al estado que tenía.

lunes, 24 de agosto de 2015

Gaudencio Mancilla acusa al Idea de "engañar" a ejidatarios


Acusa grupo a León Corrales, a Gutiérrez Nájera y a González Garí de entrometerse en los asuntos internos de Ayotitlán, y asegura que amparo no abarca tierras en explotación por la mina

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Bajo su credencial del Consejo de Mayores, "autoridades tradicionales de la sierra de Manantlán", y respaldado por el Cuerpo Consultivo Agrario de Ayotitlán, el dirigente nahua Gaudencio Mancilla Roblada, acusó a los integrantes del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), que presiden Raquel Gutiérrez Nájera y Pedro León Corrales, de engañar a los ejidatarios de la comunidad y haberlos expuesto a la violencia cometida por la policía de Colima en los hechos del pasado 22 de julio, que culminaron con 34 detenidos.

"Queremos decirles a quienes se prestan para denostar a nuestros representantes, que por más que intenten entorpecer nuestra lucha e impedir la defensa de nuestros derechos, continuaremos firmes y organizados para salvaguardar la integridad de nuestros ejidatarios y comuneros. Seguiremos denunciando a las personas que sin escrúpulos y mediante mentiras y falsedades ponen en riesgo no solo a la integridad física y la libertad de nuestra gente, sino que ponen en riesgo la lucha por nuestros derechos y garantías constitucionales", señaló junto con los otros dirigentes del grupo, en un comunicado a la opinión pública, que dio a conocer en una asamblea del pasado 20 de agosto con "27 comunidades nahuas asistentes a la asamblea comunitaria", entre las cuales menciona a Terreros de Lagunillas, Tiroma de Ayotitlán, Ayotitlán, Mojoneras, Rancho Viejo, Terreros del Chico, Lagunillas, Tierra Negra, Los Encinos, Telcruz, La Huaca, Las Maderas, El Rincón de Ayotitlán, Las Marías, Las Cañadas, Llano Grande, Cuautitlán, Las Zorras, Loma Colorada, La Guayaba, Guallabillas (sic), San Miguel, Telcrucito Piedra Pintada, Cerro Prieto, La Ventana, Cuzalapa y Puertecito de San Doroteo.

En el mismo, explica por qué, a su juicio, la toma de la mina fue un error. "Como ya se ha demostrado, tanto en las reuniones que sostuvimos en las secretarías generales de gobierno de Jalisco y Colima, así como en los recorridos que realizó el propio comisariado  del ejido, el amparo 462/2013 protege únicamente las 1,200 hectáreas que se encuentran bajo convenio con la empresa, mismos que fueron aprobados por la mayoría de ejidatarios en la Asamblea General de Ejidatarios respectiva y se encuentran debidamente inscritos en las instancias correspondientes por lo que se encuentran en plena vigencia. Condenamos de manera categórica los abusos y violaciones a los derechos humanos por parte de los fuerzas policiacas de Colima sobre los compañeros que participaron en los hechos del 22 de julio, pero también condenamos y rechazamos la intervención de organizaciones como Idea y de personas como Pedro León Corrales, Raquel Gutiérrez Nájera y Oscar González Gari, así como de sus voceros en los medios de paga (sic), quienes abusando del desconocimiento de las leyes por parte de los ejidatarios, se lanzaron en una acción que puso en peligro la vida, la libertad y la integridad de personas de la comunidad, quienes afortunadamente y mediante la intervención del Representante Legal de este Consejo de Mayores y el Cuerpo Consultivo Agrario, fueron liberados al comprobarse que fueron llevados con engaños y promesas de dinero por parte de los abogados embusteros que pretendían un arreglo económico que les beneficiara principalmente a sus economías".

Por otro lado "también rechazamos que exista documento alguno en relación a la supuesta destitución de Gaudencio Mancilla Roblada como representante legal del Consejo de Mayores, esta asamblea comunitaria ha seguido de manera puntual los hechos que se acumularon y que se concretaron en la movilización del día 22 de julio y que provocaron la detención de 33 de nuestros compañeros, la violación de sus derechos humanos y su posterior liberación. Esta Asamblea comunitaria conoce a detalle los alcances del amparo 462/2013 y toda vez que revisamos detenidamente su contenido, nos dimos cuenta del engaño al que estaban siendo conducidos los ejidatarios por los abogados que valga decir, nunca fueron nombrados por la Asamblea General de Ejidatarios, por lo que no cuentan con nuestra aprobación para continuar representando al ejido en sus asuntos agrarios".

Por otro lado, "se ha difundido en los medios de paga (sic) que se ha conformado otro consejo de mayores en nuestra comunidad, al respecto queremos dejar claro que saludamos la existencia de otras instancias de organización, reflexión y lucha por nuestro territorio y nuestros derechos, sin embargo eso no obsta para que esta asamblea comunitaria siga existiendo y continúe organizándose para la defensa de la Madre tierra". El comunicado completo en http://tukari.udg.mx/noticia/boletin-de-prensa-del-cuerpo-consultivo-agrario-y-consejo-de-mayores-nahuas-de-ayotitlan.


CLAVES

"Mentiras que la asamblea decidiera que fueran a tomar la empresa, se nos culpa por hacer una llamada telefónica para que los detuvieran, esto es totalmente falso; Pedro León Corrales, es quien esta detrás de todo esto, mal informando a los ejidatarios y a los medios de comunicación, pero nosotros comprobamos con hechos que no hicimos tal, por eso nos sentimos limpios, nos duele lo que dicen en contra de nosotros". Gaudencio Mancilla Roblada

"Incluso fueron Gaudencio Mancilla y Vicente Hermenegildo quienes fueron a hablar por los detenidos a pesar de lo que digan, quiero aclarar con orgullo, que estamos en defensa de los detenidos, hablamos, le echamos la mano y se logro la liberación de 33 de los 34 detenidos; porque nosotros estamos defendiendo nuestra gente, nuestro ejido, tradición y costumbres, destacó Vicente Hermenegildo, miembro del Cuerpo Consultivo Agrario de Ayotitlán.

"No es que defendamos a la empresa, la empresa tiene un convenio firmado por el ejido, lo que quieren estas gentes, es dividir  a la comunidad, por eso votamos y firmamos un comunicado donde manifestamos que no queremos que metan las manos en el ejido Ayotitlán las siguientes personas: Pedro León Corrales, Raquel Gutiérrez Nájera, Rogelia Justo Elías y Oscar González Gary". Gaudencio Mancilla Roblada

Fuente: http://www.tukari.udg.mx/noticia/mienten-ejidatarios-de-ayotitlan-para-tomar-la-minera-pena-colorada

Proponen detección remota para impulsar la verificación



Dentro de las propuestas planteadas en el estudio, además de los esquemas de verificación, está la de captar vehículos contaminantes con equipo en las calles.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La conciencia de que se debe verificar autos no es fácil de convertir en un esquema de corresponsabilidad entre automovilistas y ciudadanos; por ello, además de los centros de verificación planteados para las zonas más contaminadas de la entidad, el Instituto Mexicano del Petróleo ha propuesto un sistema permanente de detección remota por medio de sensores, que identifique a los vehículos contaminadores y obligue a sus dueños a sujetarse a las reglas.

Esta propuesta emana del estudio de campo que hizo el organismo, contratado por el gobierno de Jalisco a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet); consistió en un ejercicio realizado en diversos cruceros de la ciudad entre noviembre y diciembre de 2014, en el cual se pudo captar y analizar el caso de casi 26 mil automotores en circulación. Ello dio pruebas directas de los “altos contaminadores” que circulan en las calles: sobre todo, autos de modelos anteriores a 1992.

“De la flota vehicular total captada […] para el caso de la emisión de hidrocarburos,43 por ciento excede los límites de emisiones máximas, tomando la referencia de la norma oficial mexicana 041-SEMARNAT-2011; para el caso de monóxido de carbono [CO], 11 por ciento de la flota captada aporta prácticamente 70 por ciento del total de la emisión de este contaminante, y para óxido de nitrógeno [NO], prácticamente 24.1 por ciento de la flota captada emite 93.3 por ciento de este contaminante a la atmósfera…”, señala el informe parcial al que tuvo acceso este diario.

Los expertos del IMP destacan que en los estados donde se ha implementado la medida –básicamente los que rodean al DF-, concesionar un sistema de detección de autos contaminantes y financiarlo con las multas, no sólo permite generar recursos para mantener todo el sistema de inspección gubernamental, sino que “incentiva” a los automovilistas a afinar, y ello redunda en un alto cumplimiento del programa de verificación, en niveles superiores a 85 por ciento, contra el 30 por ciento que ha prevalecido por años en Jalisco.

Hoy se realizará un foro sobre el tema en el Iteso: temas como esquemas de concesión, beneficios a la salud humana y problemas con automotores de tecnología obsoleta (MILENIO JALISCO, 10, 11, 12, 13 y 14; 18 y 19 de agosto de 2015). Se espera que la licitación comenzará en los próximos días.

sábado, 22 de agosto de 2015

800 mil habitantes bajo riesgo por lluvias



Más de 6 mil hectáreas de la ciudad donde ahora hay casas y calles, eran arroyos, ríos y pantanos, lo que explica por qué son zonas de inundación recurrente.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Desde siempre, esta es Guadalajara: “la ciudad se envuelve en un manto de lluvia; silba el viento de la tempestad en la llanura desierta; se estremece el espacio a cada instante con el estallido del rayo, y el valle todo aparece magníficamente ceñido con una corona de tormentas” (Clemencia, Ignacio Manuel Altamirano).

Y desde hace más de medio siglo, Guadalajara es esta: “Parte de los estragos que dejó la lluvia que se registró anoche [12 de junio de 2015] en gran parte de la Zona Metropolitana de Guadalajara fue la inundación en Pueblo Quieto, entre las calles Lluvia y Tormenta y las vías del tren donde se reportaron 63 viviendas con inundación y daño en menaje de casa. Otro punto afectado de la ciudad fue la zona donde se realizan trabajos de la Línea 3 del Tren Ligero desde La Curva hasta Periférico donde anoche había varias protecciones de las columnas que el agua arrastró además de señalamientos aplastados […] el paso a desnivel de Niños Héroes e Inglaterra continúa cerrado a la circulación ya que el nivel del agua no ha bajado lo suficiente para permitir la circulación de vehículos”, advierte MILENIO JALISCO (http://www.milenio.com/region/Inundaciones-electricidad-lluvia-nocturna-Guadalajara_0_535146538.html).

¿Por qué una ciudad donde siempre ha habido un patrón de lluvias intenso en tiempo y espacios, el tema pasó de la recreación artística al recuento de los desastres? “… a finales siglo XX se contabilizaron un poco más de seis mil hectáreas de paisaje natural modificado, considerando laderas, barrancas, cauces, depresiones y humedales, que por el proceso de urbanización han sido rellenadas con basura, escombro y otros materiales; y haber modificado laderas con asentamientos humanos y con extracción de materiales para construcción. Los municipios con más superficie afectada son San Pedro Tlaquepaque, Zapopan y Guadalajara, en ese orden. Se estima que sobre estas unidades modificadas del paisaje se asienta 18 por ciento de la ciudad”, señala la nota número 19/2013 del Instituto de Información Territorial.

Con base en los estudios pioneros de Luis Valdivia Ornelas, Carlos Suárez, María del Rocío Castillo y Antonio González, el documento añade: la desaparición de la red de drenaje natural de la ciudad ha hecho que en la actualidad se vivan riesgos en 584 colonias, “pertenecientes a los municipios de Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan, en donde habitan un poco más de 800 mil personas, según el censo de población y vivienda 2010”.

Ese drenaje natural tenía un funcionamiento óptimo. “El Agua Azul regulaba los grandes cauces secundarios, luego se acumulaba y drenaba de manera natural hasta San Juan de Dios; El Chicalote, El Arenal, El Álamo, Santa María, drenaban a una parte baja, que eran el Agua Azul o los pantanos de El Algodonal y ahí se acumulaba el agua, que se derivaba hacia San Juan de Dios, el río tenía un cauce más amplio, con un movimiento controlado del agua”, señala a MILENIO JALISCO el investigador Luis Valdivia Ornelas, responsable del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial de la UdeG.

“Luego empezaron a urbanizar y segmentar todo el sistema; abrieron en El Algodonal una colonia, luego la zona hoy de la colonia Ferrocarril; luego la ciudad empieza a crecer laderas arriba del cerro del Cuatro, la zona más alta […] ¿qué pasa? El sistema estaba dado para regular grandes tormentas; en el recuento histórico que hicimos, lo primero fue tratar de entender cómo estaba ese sistema antes de la urbanización, y nos dimos cuenta que ese sistema estaba adecuado para las fuertes tormentas, con cauces someros, poco profundos, cada cauce era sinuoso, incluso uno se llamaba El Garabato; regulaba la velocidad y el volumen a través de una serie de desbordes…”.

Las consecuencias de la transformación, que atraviesa las últimas seis o siete décadas de modo acusado, “ahora son evidentes: Deslizamientos de lodo y piedras, hundimientos e inundaciones. Esta desaparición de la red de drenaje natural de la ciudad es una transformación histórica que aceleró sus procesos a partir de la década de los cuarenta del siglo XX cuando aún desconocíamos el papel tan importante que jugarían en la vida de la ciudad; A principios del siglo XXI estamos aprendiendo que sin esta red de drenaje natural, la ciudad está en riesgo a las inundaciones y deslizamientos…”.

¿Cuáles son las recomendaciones? “Entre las acciones de prevención y mitigación ante las inundaciones se podrían realizar una serie de acciones tales como: Establecer un sistema de alerta temprana, desazolve y recuperación de causes en los sitios donde se hallan localidades a una distancia menor a 100 metros de los mismos, construcción de vasos reguladores, construcción de diques y canales de desvío, establecer un programa de cursos sobre peligros y riegos en las comunidades más cercanas a los escurrimientos, y reforestación en las partes altas de las cuencas para evitar arrastre y deposición de sedimentos en lechos de arroyos y ríos”, añade el documento.

Porque el modo de llover, no variará, como desde los tiempos en que Atemajac era ocupada por un vasto bosque espinoso, animales salvajes y algunas aldeas aborígenes. “En pocos lugares de la República puede contemplarse el grandioso espectáculo que en Guadalajara, que pudiera llamarse la hija predilecta del trueno y de la tempestad. Parece también que este cielo y esta atmósfera influyen en el alma de los hijos de la ciudad, pues hay algo de tempestuoso en sus sentimientos; y en sus amores, en sus odios y en sus venganzas se observa siempre la fuerza irresistible de los elementos desencadenados”, apuntaba Ignacio Manuel Altamirano hace casi 150 años. Hace unos días llovió a cántaros en la colonia Independencia y los truenos estremecieron a Victoria e Isabel, dos pequeñas que aún se asombran del poder de los elementos sobre su valle enjuto y solar.

Las zonas con más problemas

Entre las zonas de la ciudad con altos riesgos de inundaciones están la zona industrial, Arcos del Milenio por Mariano Otero hacia Expo Guadalajara; Plaza del Sol; Loma Bonita; glorieta de Los Arcos en Niños Héroes (jardines del Bosque); avenida Américas en su cruce con Montevideo; Mezquitán entre Ávila Camacho y Enrique Díaz de León; San Jacinto en Javier Mina, entre Plutarco Elías Calles y avenida Presa de Osorio, y avenida Colón a la altura de Isla Raza, en Jardines del Sur”

“A las zonas anteriores se le agregan los problemas generados por el estrechamiento e invasión de los cauces de arroyos que permanecen a cielo abierto a manera de canales, como son el caso del Canal del río Atemajac en la avenida Patria, el arroyo de Osorio, entre Tonalá y Guadalajara; la zona de Las Pintas, en El Salto por problemas de desbordamiento de presa y arroyo de Las Pintas; Arenales Tapatíos -donde confluyen varios cauces provenientes de La Primavera que forman parte de la microcuenca Garabatos; y el arroyo ubicado en La Martinica y Tabachines”, al norte de la ciudad.

Fuente: informe técnico del Instituto de Información Territorial



viernes, 21 de agosto de 2015

Hotelito desconocido, 20 años de mala suerte



Uno de los proyectos turísticos más exitosos en toda la costa de Jalisco, da vida a una comunidad siempre amenazada por la pobreza.

Agustín del Castillo / La Cruz de Loreto, Tomatlán. MILENIO JALISCO. 

Con el Hotelito Desconocido hoy se da la paradoja de que su pretenciosa modestia de origen –a decir verdad, los casi mil dólares por hospedaje como cobro mínimo lo harían imposible de desconocer para casi todo los mortales- ha sido derrumbada por una reputación repentina, abrupta y escandalosa, ¿qué hay de más famoso y vulgarmente reconocible en estos días de auge incontestado de nota roja que un hotel lujoso, desnudado como patrimonio de narcos?

Y sin embargo, la vida no parece haberse alterado en este sosegado y caluroso confín del municipio de Tomatlán, una vasta y anfibia finca sembrada con palmeras exóticas, techos de palma casi aldeas de Nueva Guinea y palafitos casi Edad de Piedra; cruzada por un estero mórbidamente quieto, que aloja  crustáceos y cocodrilos, y acompasada, como música de fondo, por un mar tumultuoso, azul entre añil y turquesa, y plúmbeamente solar, victoriosa combinación de espumas, arenas pálidas y la invencible luz de más allá de la esfera terrestre.

Una longeva, extendida y majestuosa parota domina el puesto de entrada donde José Luis, un nativo de Melaque que tiene un año de labores en el sitio, narra soto voce, sin arrugarse su brillosa camiseta blanca de guardián del orden interno,  los acontecimientos del día anterior. “Yo no trabajé, pero vi pasar en la Cruz de Loreto tres camionetas del gobierno; me dicen los compañeros que llegaron a las cinco de la tarde y se fueron a las ocho de la noche. Hoy todos estamos trabajando y no hay nadie de la PGR o de alguna policía”.

Es tan fuerte la mística de la marca, o tan grande el hambre y la necesidad de una ocupación que la apacigüe, que los nativos de La Cruz, que forman mayoría entre quienes se emplean en el predio turístico, se convierten en diligentes y silenciosos servidores de sus patrones, y se olvidan de los chismes del rancho y de las posturas y expresiones “impropias” que caracterizan su origen campesino y de migrantes pobres, equipaje cultural con la que llegaron a la zona sus padres y abuelos medio siglo, seis o siete décadas atrás.

“Nos enteramos por las noticias; el grupo de personas que trabaja en el programa de conservación de la tortuga me dijo que les habían avisado que no llegaran ayer, que había operativo”, refiere Pedro Donaldo Mendoza, un ejidatario de El Portezuelo, comunidad vecina de la misma delegación.

No obstante, la confiscación de la finca por el gobierno federal –de la que no hay aparentes huellas físicas, pero es la comidilla en las redes sociales- por ser presunta propiedad de cabecillas del a últimas fechas temible y retador Cártel Jalisco Nueva Generación, llegó en un momento de baja actividad. El Hotelito Desconocido cierra actividades durante la mitad del año, entre mayo y octubre, y sólo da empleo a unos 20, entre guardias, carpinteros, artesanos y empleados de limpia. Los tiempos de arribazón de turistas  –como las tortugas marinas del vecino playón de Mismaloya- son el benigno otoño, cuando bajan las temperaturas en el extremoso pero opulento norte del planeta. Y esos huéspedes pasan días o semanas conquistando una utopía personal en un medio dotado de todos los lujos que es capaz de apreciar el hombre blanco, pero antes de Edison, Tesla, Marconi y google; lo más Conrad o Hemingway que se pueda, pero sin espantar al vecindario ni ahogar niños, que es de mal gusto en pleno siglo XXI.

La alta actividad genera 75 empleos directos. “Los fines de semana, los puestos de tacos de La Cruz están llenos, y aunque no están bien pagados, son empleos para un lugar con tantas carencias”, comenta Carlos Ramírez, presidente de la Cooperativa Pesquera La Cruz de Loreto. 3,600 pesos quincenales, por parejo, asegura José Luis. Hay otras opciones: Cruzeto, una plantación agrícola;  hoteles más pequeños, incipientes, preocupados porque la nueva reputación le vaya a pegar, negativamente, a la zona; jornales inestables en el campo de Tomatlán, o la migración a Estados Unidos.

Hotelito Desconocido no tuvo, antes de la PGR, un “día de campo”, en los 20 años de su permanencia en este litoral. Creado por el italiano Marcello Murzilli en los años 90, fue clausurado y obligado a replantear por cambiar uso de suelo sin permiso federal; luego fue traspasado a una empresa mexicana que contrató a otro peninsular, Giuliano Gasparotto, quien tuvo una pésima relación con los pescadores. En el contexto de su gestión se dio la desaparición de tres de ellos: José de Jesús Romero Quintero, Jorge Ruiz López y Rafael Espinoza Díaz, integrantes del consejo de administración. No han regresado en cuatro años, pero el italiano también se fue tras sufrir un accidente grave que le hizo perder un ojo.

Tras su salida, mejoró la relación con los concesionarios de pesca y comenzó una paz menos tensa. Hace seis meses, presuntos agentes de la empresa ofrecían a empresarios modestos del área la entrega de toda la finca. Otro signo de abandono fue la nula participación de Hotelito Desconocido en el rescate de la tortuga marina, una de sus actividades insignia. Y hace dos días, en que agentes federales tomaron el predio por  tres horas, respaldados en señalamientos del Departamento del Tesoro de los EU, de que son bienes de narcos.

¿Termina la exitosa venta de sueños? Los campesinos de la zona esperan que no, temerosos de que regrese la pesadilla de la pobreza.

El Hotelito Desconocido nació con aval del gobierno de Jalisco a partir de 1995, en el marco del relanzamiento de Costalegre

En su arranque omitió el cumplimiento de leyes ambientales, por lo que sufrió clausura y debió mitigar impactos ambientales

También entró en fuerte desgaste con los pescadores de La Cruz de Loreto debido a conflictos sobre el uso del agua y las concesiones pesqueras

Nunca se le había vinculado a actividades ilegales, como acaba de hacer PGR

jueves, 20 de agosto de 2015

Lluvias: de amenaza a oportunidad



Esquema del SIAPA es limitado y caro; manejo de cuencas con restauración, datos de precipitación, recarga, regulación de cauces y sistemas de alerta, reducirá daños.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Las lluvias significan la mayor amenaza de desastre para bienes y vidas de los moradores del Área Metropolitana de Guadalajara, con daños que pueden contabilizar hasta mil millones de pesos anuales, y por eso se debe realizar una gestión integral con las cuencas como unidad territorial, lo que obliga a romper con la inercia del último siglo, en que se entubaron y pavimentaron las corrientes fluviales para favorecer negocios inmobiliarios.

Luis Valdivia Ornelas, director del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial de la UdeG, plantea: “es necesario incorporar la visión territorial al problema, lo que permitirá diseñar una estrategia diferenciada para cada uno de los sitios inundables, e incorporar esquemas de manejo de la escorrentía basados en los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible [SUDS] complementados con los de tipo hidráulico, con el objeto de recuperar los valores de las fracciones del ciclo del agua antes de la urbanización”.


Esta es una estrategia novedosa, que es especialmente importante en el caso de una ciudad donde además de una alteración tan drástica del territorio, tiene un régimen de lluvias muy particular, con precipitaciones intensas en tiempos relativamente cortos que generan desde encharcamientos hasta inundaciones severas en unos 300 puntos de la metrópolis. También, debido a que se ha tratado de convencer a los ciudadanos que se trata de hacer una infraestructura de captación y regulación muy costosa, lo cual es verdad a medias.


Los SUDS, agrega, son justamente mantener el modo en que las cuencas autorregulan el agua. Esto es particularmente complicado ante la urbanización, pero habrá que encontrar posibilidades de hacer restauración de cauces, de usar áreas públicas como puntos de regulación, de incrementar áreas verdes (las grandes captadoras de agua pluvial) e incluso de que la señalética permita saber al ciudadano común cuáles calles desfogan las crecientes de agua para que tome precauciones. Los datos de información geográfica es importante que estén disponibles para prever, de acuerdo a la ubicación de una lluvia, hacia dónde correrán por vía superficial las crecientes y prevenir desastres mayores.


“Los creadores de este sistema que resultó perjuicioso buscaban que las corrientes no representaran una barrera para el crecimiento de la ciudad […] cauces muy importantes desaparecieron no por entubamiento, sino simplemente fueron borrados y pavimentados; con eso fue incrementándose la falta de capacidad del sistema hidrológico, hasta que las inundaciones fueron tan severas que obligaron a la autoridad a pensar en la actualización del sistema de colectores, en los años setenta, pero no fue la solución; siempre se le ha apostado a los colectores para resolver  inundaciones, pero el tema es más complejo, tiene que ver con que no se modifiquen las condiciones del ciclo del agua, y esto significa que siga teniendo las


Añade: “desgraciadamente no se consideró que estas urbanizaciones, provocarían cambios radicales […] las calles se han convertido en los colectores de cauces inexistentes, o de cauces entubados; ahora la calle es la que conduce el cauce principal del movimiento del agua, a expensas de los riesgos para automovilistas y peatones”.

Esto se agrava porque la ciudad se llenó de infraestructura urbana como los pasos a desnivel, de manera que “aumentó la cantidad de trampas donde el agua se va acumulando, que provocan problemas e incluso la muerte; tenemos el registro de muerte de gente desde los años sesenta […] los cambios radicales al ciclo del agua debido a la urbanización, y luego la presencia de más gente en zonas donde hay problemas, han hecho un modelo que provoca más desastres”.

De tal modo que “lo primero que debemos de tener es un diagnóstico adecuado y correcto, del tamaño del problema, y a partir de allí, el segundo paso es identificar las zonas a través de la priorización: las que se inundan más, las que alcanzan una mayor altura de agua, las que tienen viviendo a más gente, y a partir de allí hacer la gestión: por ejemplo, es muy importante la vegetación en la parte alta, porque capta entre 8 y 21 por ciento del agua de una tormenta; luego se requiere de una serie de obras, que no son costosas, que van a permitir que esa distorsión que se genera cuando se urbaniza, no sea tan grande, y que el agua no toda va a escurrir a las partes bajas, sino que puede ser captada, retenida y aprovechada; hay que ser enfático en que no debe haber urbanización en la parte alta, como en Colomos o Bugambilias, porque si es así todo escurre; debería haber una política de máxima urbanización según el lugar de la cuenca que se ocupe, y las zonas de infraestructura deberían estar en la parte media y baja, no en la parte alta”.

Esta investigación del equipo de trabajo del departamento de Geografía, que lleva más de 20 años, derriba mitos simplistas: que hay inundación porque llueve mucho “y allí el humano no tiene nada que hacer” salvo no arrojar basura. “Lo cierto es que los humanos transformamos el territorio y eso cambió radicalmente las condiciones”, puntualiza.

Claves

¿Cómo se destruyó la hidrología de la ciudad?

1900-1950
Entubamiento del parte alta y media del río San Juan de Dios, el principal de la ciudad
Se pierde la mayor superficie de la laguna Agua Azul, el mayor regulador del río, con obras de infraestructura
Se borra con la urbanización el cauce oriental de El Arenal y El Chicalote, y comienza lo mismo con San Andrés
Primeras inundaciones recurrentes en la historia de la ciudad

1951-1970
Entubamiento de San Juan de Dios hasta Jardines Alcalde, apertura de canal en su tramo final
Comienzo de urbanización de microcuenca de Los Colomos (río Atemajac), arbitraria segmentación del arroyo para abrir plaza Patria por especuladores inmobiliarios con influencias en el gobierno; apertura de canal en sección final del río (previo a su unión al San Juan de Dios). Se trazan avenidas Patria y Acueducto, lo que segmenta arroyos  tributarios principales
Se pierde 80% de los cauces originales de El Arenal y Chicalote, y se segmenta canal de Santa Catalina
Urbanización inicial del cerro del Cuatro y del canal del Sur por inmobiliarios influyentes
Carreteras a Chapala y a Tesistán alteran sistemas hidrológicos locales

1971-2015
Culmina casi totalmente la urbanización desordenada de las cuencas de Colomos, El Arenal y El Chicalote
Todos los cauces de la ciudad intervenidos, con trazos geométricos que alteran las secciones hidráulicas y por ende, el manejo natural del agua
Se entuba el cauce de Barranca Ancha  para convertirse a la avenida Montevideo
Se crea infraestructura para enviar agua de la cuenca del San Juan de Dios a Atemajac, trasvase que altera aún más ambos ríos
Desaparece la presa de Osorio, que regulaba caudales del arroyo del mismo nombre, y se abre un parque público donde las inundaciones son recurrentes
Se urbaniza toda la ladera norte y oriente del Cerro del Cuatro, que al ser el punto más alto de la cuenca de San Juan de Dios, envía agua por calles y avenidas hacia la zona céntrica de la ciudad, además de flujos de tierra y basura
Procesos de urbanización desbocados sobre cuerpos de agua y zonas de recarga de acuífero en Tesistán y Toluquilla, además de apertura de urbanización en la cuenca cerrada de El Bajío
Bosque La Primavera, con urbanización hormiga e incendios forestales, altera cíclicamente su capacidad de recarga de agua, lo que afecta cuencas urbanas al oriente y sur de la sierra

Fuente: Los peligros naturales de Jalisco/ Luis Valdivia Ornelas y María del Rocío Castillo Aja


miércoles, 19 de agosto de 2015

Alianza mundial reclama liberación de Eduardo Mosqueda



Arranca campaña entre sus socios de distintos países para pedir al presidente de la república y los gobernadores de Jalisco y Colima, la liberación del joven litigante.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La Alianza Mundial por el Derecho Ambiental solicitó al presidente de la república, Enrique Peña Nieto, y a los gobernadores de Jalisco y Colima, Aristóteles Sandoval y Mario Anguiano, la pronta liberación del joven litigante Eduardo Mosqueda Sánchez, detenido por delitos “prefabricados” por la procuraduría colimense, desde el pasado 22 de julio.

La institución (ELAW por sus siglas en inglés) exhorta a sus miembros de todo el mundo a enviar cartas personales a los mandatarios en busca de reparar la “grave injusticia” de que ha sido víctima el integrante del Instituto de Derecho Ambiental (Idea).

La campaña se denomina “Free Eduardo Mosqueda!”, y el comunicado alusivo señala: “Una terrible injusticia se está desarrollando en México. Eduardo Arturo Mosqueda Sánchez, un joven abogado de derechos humanos y del medio ambiente, fue encarcelado sin fianza el 22 de julio mientras trabajaba para defender al pueblo Nahua en el estado de Jalisco. Eduardo se encuentra detenido en una celda de alta seguridad en el Centro de Detención de Colima. Instamos a escribir al presidente Peña Nieto y los gobernadores de Jalisco y Colima, pidiendo la liberación inmediata de Eduardo”.

Eduardo “trabaja para la organización socia de ELAW, Instituto de Derecho Ambiental (IDEA), una organización de base en Guadalajara, fundada por la galardonada abogada Raquel Gutiérrez Nájera. El arresto de Eduardo está ligado al trabajo de IDEA en una larga disputa de tierras que los pueblos nahuas, en Ayotitlán, Cuautitlán, tienen con una empresa minera de hierro (Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada SA)”.

En 2013, “la comunidad presentó una petición constitucional conocida como un amparo pidiendo a la corte para reconocer los derechos de la comunidad sobre la tierra. Un juez administrativo y laboral del cuarto Distrito emitió una orden judicial, una suspensión que da el acceso libre de miembros de la comunidad a todas las tierras [que detenta la minera transnacional] y que suspende el uso de las tierras [y las concesiones que hay sobe ellas en términos de extracción mineral, agua y suelo] de la empresa minera hasta que se resuelva el caso”.

El 22 de julio, “Eduardo y cientos de miembros de la comunidad recorrieron las tierras en disputa. Algunos miembros de la comunidad, entre ellos mujeres y niños, fueron agredidos, y 33 miembros de la comunidad y Eduardo fueron detenidos. Los miembros de la comunidad han sido puestos en libertad, pero Eduardo permanece encarcelado bajo cargos penales falsos” (MILENIO JALICO, 23 a 31 de julio de 2015).

ELAW convoca a sus socios de todo el mundo que “hacen frente a los poderosos intereses que tratan de ganar a costa de contaminar y destruir los recursos naturales. ELAW de Estados Unidos se mueve rápidamente cuando uno de nuestros socios está en peligro. ELAW e IDEA han contactado con el Relator Especial de la ONU sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos y la Oficina de las Naciones Unidas del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México. Ahora pedimos su ayuda. Por favor envié un mensaje al presidente Peña Nieto, y los gobernadores de Jalisco y Colima, pidiendo la liberación inmediata de Eduardo”, puntualiza el comunicado.

La propuesta es que se entreguen correos electrónicos a los mails oficiales de los funcionarios, con el propósito de elevar la presión sobre los políticos. En redes sociales ya existe una campaña bajo el hashtag#NosFaltaEl34 en busca de presionar que el caso se resuelva a favor de la justicia.

IMP: necesarias, 564 líneas de verificación



Los cálculos del organismo destacan: cada verificación requiere 12 minutos, pero sólo la mitad de los motores tienen control contra la contaminación.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

Una verificación en forma, con el equipo adecuado en óptimas condiciones, y con el análisis dinámico de cinco gases que ya exigen las normas oficiales mexicanas, requiere de doce minutos en promedio. Bajo el supuesto de doce horas diarias de operación, el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) ha calculado la necesidad de 564 líneas de operación que lleva a un mínimo de 141 “verificentros” con cuatro líneas cada uno.

No obstante, esta propuesta de integración de los centros de verificación sigue bajo la lupa ante la opinión de los asesores de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf) de que se debe garantizar la rentabilidad de los concesionarios, es decir, la larga vida del procedimiento dependerá de que quienes realicen los exámenes de los niveles de contaminación puedan recuperar sus inversiones y sostener sus negocios en el largo plazo.

Las primeras cuentas se hicieron bajo la premisa de dos verificaciones anuales, como se hace en el Distrito Federal, para un millón 847,161 autos registrados en 2015. Según las líneas por centro, la cantidad de estos puede variar de 565 a 141; no obstante, negociaciones de las últimas semanas revelaban una concentración creciente, pues una de las últimas versiones de “verificentros” para la convocatoria a publicar en dos a tres semanas, sólo refiere a 38 centros y 114 líneas, lo que aumentaría la carga de trabajo de cada instalación pero concentraría las ganancias (MILENIO JALISCO, 10 de agosto de 2015).

“El cálculo de líneas de verificación tiene como función la flota vehicular en circulación en el área metropolitana, su clasificación por antigüedad, tipo de tecnología y año/modelo y consideraciones propias de las pruebas dinámicas, respecto a las estáticas, en función del tiempo de pruebas, número de pruebas por jornada y para un centro de verificación, entre otros componentes…”, destaca el documento preliminar elaborado por el IMP.

Desglosa: “la cantidad de líneas por tipo de motor a verificar se obtiene con la ecuación uno [de Semarnat] que expresa el producto del número de vehículos a gasolina que conforman el parque vehicular, desagregado por tipo de motor –para establecer las líneas para unidades Ciclo Otto [sic]-, la frecuencia de la verificación para cada tipo de unidad, la tasa de rechazo esperado [unidades que deban volver a verificar] y la relación entre estas respecto al periodo de tiempo anula, y la productividad de cada línea de verificación”.

Según los datos oficiales, el concepto autos/modelo deriva en cinco tipos de sistema: los vehículos 2011-2015 son en promedio 11 por ciento; los 2001-2010 son 35.26 por ciento; los 1992-1999 son 23.58 por ciento; los de 1991-1992 son 5.36 por ciento y 24.8 por ciento son modelo 1990 y anteriores.

Por el tipo de motor, los autos 2001 a la actualidad son 46.5 por ciento y tienen tecnología reductora de emisiones (convertidor catalítico de tres vías, filtros Canister, inyector de combustibles y sensores de control); el resto tiene, pro mitad, un sistema más primitivo de control, o los de 1990 hacia atrás, carecen en totalidad de ello.

Verificar reduce riesgos de muerte

Los programas de verificación se han implementado a nivel mundial no con el objetivo de meter trámites engorrosos a los ciudadanos ni de hacer negocios pingües a costa de los recaudadores, sino debido a que las muertes por respirar aire contaminado están al alza en México y el mundo, advierte un análisis del Centro Mario Molina, organización civil que asesora a gobiernos en el tema<

“La mala calidad del aire tiene efectos adversos en la salud, lo que resulta en problemas económicos y sociales de alto impacto… La cercanía a las emisiones vehiculares es un factor de riesgo latente y es imperante contar con un esquema integral a nivel metropolitano que incluya medidas de control responsables”, señala

No se trata simplemente de morbilidad (incidencia de enfermedades) y sus costos económicos, sino de muertes que pueden ser evitadas si se mejora sustancialmente la calidad del aire, añade el organismo

“La exposición a la contaminación atmosférica es, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el principal factor de riesgo ambiental en el mundo, afectando especialmente a los adultos mayores, niños y niñas, personas de bajos estratos socioeconómicos y deportistas. En México, las muertes prematuras asociadas con la contaminación atmosférica aumentaron de 17,000 en 2005 a más de 21,000 en 2010[3]. En el caso de las partículas suspendidas, al penetrar en los pulmones pueden llegar al torrente sanguíneo, lo que provoca problemas cardíacos, asma e infecciones en vías respiratorias inferiores”

“La población infantil se ve sumamente afectada, pues la exposición a largo plazo de material particulado muestra una clara relación con un déficit en el crecimiento pulmonar de niñas y niños en edad escolar”

“La contaminación del aire proviene de diversas fuentes; no obstante, el sector transporte es uno de los grandes emisores de contaminantes

martes, 18 de agosto de 2015

Doble verificación anual a autos con más de 8 años



Sólo es la propuesta del instituto, advierte la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial; el programa definitivo se podría presentar a principios de septiembre, “será un traje a la medida” de las necesidades de Jalisco, aclara.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Poco más de la mitad de los automotores que circulan en las calles del área metropolitana de Guadalajara tienen más de ocho años de antigüedad, y de acuerdo a la propuesta elaborada por el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), tendrían que ser sometidos a dos verificaciones de contaminantes por año, dado las altas emisiones que a priori se estima que generan los autos de modelo atrasado.

Sería distinto el caso de autos más recientes. En esencia, el organismo del gobierno federal plantea que sean las condiciones particulares del parque vehicular las que determinen la periodicidad, dado que el enfoque de salud pública del programa no puede pasar a segundo plano ante los temas de rentabilidad de los centros de verificación o los temas de la economía de la ciudad.

La propuesta fue entregada desde mayo pasado, de acuerdo al informe técnico parcial del proyecto F.61365, “Rediseño del programa de verificación vehicular obligatorio del estado de Jalisco” del que MILENIO JALISCO posee una copia. La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del estado (Semadet), Magdalena Ruiz Mejía, advierte que esa es una propuesta con base en la cual se ha trabajado, pero no significa que se vaya a plantear en todos sus términos.

“Estamos discutiendo aún los detalles y el planteamiento definitivo es el que como estado nosotros presentaremos en una semanas”, subraya (ver nota anexa).

Con esas precisiones, el estudio del IMP explica: “Diseñar la frecuencia con la que debe aplicarse la verificación de emisiones vehiculares es una tarea conjunta, dado que la normatividad nacional no incluye una indicación al respecto y la autoridad ambiental encargada [en este caso, el gobierno de Jalisco] es la que determina esta periodicidad –semestral o anual- en un calendario oficial de verificación”; de este modo la frecuencia de la revisión dependerá de las condiciones particulares del parque vehicular que cada región tenga […] este punto se analizará con autoridades de la Semadet encargadas del programa, partiendo de la base de la estimación del impacto de la flota vehicular  en circulación, garantías de los vehículos nacionales y otros elementos para definir periodicidad y cobertura.

El calendario y los lineamientos recomendados por el IMP: para cualquier modelo “se recomienda que la verificación vehicular se aplique para registro inicial”, es decir, los casi dos millones de autos deberán pasar por el primer proceso al entrar el programa en vigor. A partir de que cubran ese requisito, aplica como sigue: para modelos de hasta cuatro años de antigüedad, la verificación se aplicará cada dos años (de 11.3 a 13 por ciento del parque vehicular total, unos 250 mil autos); modelos de cinco a ocho años de antigüedad se someterán a una verificación anual (36.4 a 34 por ciento del inventario total, es decir, unos 700 mil automotores); modelos con más de ocho años de antigüedad, alrededor de un millón (51 a 53 por ciento del padrón) deberán verificar cada semestre, esto es, dos veces por año.

Lo anterior es para 98.4 por ciento de los vehículos registrados. 1.6 por ciento restante son “vehículos de uso intensivo”, y requieren la verificación dos veces por año, como ya se realiza hasta ahora.

Dentro del documento, el IMP presenta como posible receta de solución las medidas que se aplican en la Ciudad de México, en la zona correspondiente al Distrito Federal: el programa local de verificación establece que “los automotores deberán realizar y aprobar una verificación de emisiones vehiculares cada semestre, salvo para los que obtengan un holograma doble cero 00, en cuyo caso estará exenta de la obligación de verificar sus emisiones hasta por tres semestres de verificación posteriores al semestre en que se obtuvo el holograma”. El resto de los autos obtienen engomados de colores amarillo, rosa, rojo, verde y azul, los cuales definen en qué momento de cada semestre deben pasar a los centros de verificación.

En este caso, se supone que la determinación de holograma 00 deriva de que se ha comprobado que las características del vehículo y el óptimo mantenimiento de que es objeto lo hace un bajo emisor, lo que suele coincidir con automotores de modelo reciente.

En las condiciones actuales, el programa de verificación de Jalisco, que también es obligatorio pero apenas ha rebasado de modo ocasional 30 por ciento de cumplimiento, establece una periodicidad de un año para el total de autos particulares, y dos veces por año a los de uso intensivo. De acuerdo a los diversos estudios, los automotores son responsables de más de 90 por ciento de la contaminación en la atmósfera de la ciudad.

Sigue en discusión el programa

No hay aún una versión definitiva del rediseño del programa de verificación vehicular obligatorio del estado de Jalisco, y lo que entregó el Instituto Mexicano del Petróleo es una propuesta fundamentada que está bajo discusión y análisis, advierte la titular de la Semadet, Magdalena Ruiz Mejía.

“Quiero ser muy clara respecto a que no se ha terminado de definir el tema, estamos sopesando las diferentes posibilidades porque no debemos perder de vista que se trata de un traje a la medida de las necesidades de Jalisco, que es distinto a otros estados; así como también hemos sido enfáticos respecto a que no se le está diseñando un monopolio a nadie, esto es un programa prioritario que debe tener como resultado la mejoría real de la calidad del aire de la ciudad”, señaló a este diario.

La funcionaria puso en relieve que tiene la encomienda del gobernador del estado de que el proceso sea cuidadoso, que se escuche a las partes involucradas y que se protejan los mejores intereses de los ciudadanos, pues se trata de un programa público y de alta prioridad para una ciudad que tiene un problema de contaminación serio, de los más graves en América Latina.

De este modo, Ruiz Mejía descartó que haya presencia de actores que en otros puntos del país han captado el grueso de los verificentros, como sucede con Baja California y con Puebla, donde las denuncias de tendencias monopólicas por empresas ligadas al político y empresario Jorge Kahwagi han sido públicamente difundidas. También consideró delicado determinar asuntos como la periodicidad de este requisito ante la situación económica de la población, por lo que no se ha llegado a un punto final en el tema.

La propuesta

Autos de hasta 4 años de antigüedad, la verificación se aplicará cada 2 años

Modelos de cinco a ocho años de antigüedad se someterán a una verificación anual

Carros con más de ocho años de antigüedad, deberán verificar cada semestre, esto es, dos veces por año

Lo anterior es para 98.4 por ciento de los vehículos registrados

1.6 por ciento restante son “vehículos de uso intensivo”, y requieren la verificación dos veces por año, como ya se realiza hasta ahora

Fuente: Instituto Mexicano del Petróleo

Numeralia

1 millón de automotores, más de la mitad de los que circulan en la ciudad, tienen un antigüedad superior a ocho años y por ende, se recomienda sean objeto de dos verificaciones por año, tal y como sucede con el programa vigente en el DF

2 millones de autos, la totalidad de los que circulan por la ciudad, “se recomienda que la verificación vehicular se les aplique para registro inicial”; esto significa que el primer proceso permitirá establecer las condiciones particulares de cada automotor, y dar elementos extra para decidir la periodicidad de su calendario específico

11.3 a 13 % del parque vehicular total, unos 250 mil autos, son modelos recientes (hasta cuatro años), lo que los hace aptos para ser verificados cada dos años, según los datos que arrojen las emisiones específicas de cada automotor

36.4 a 34% del padrón total de autos, unos 700 mil automotores, son modelos de entre cinco y ocho años de antigüedad, y de acuerdo a la propuesta del IMP, serían objeto de una verificación anual, siempre que sus condiciones particulares confirmen ese estado óptimo de funcionamiento

1.6% del padrón lo forma un remanente bastante importante en términos de emisiones: los vehículos de uso intensivo (taxis, transporte colectivo), los cuales deben permanecer con dos revisiones anuales

30% de cumplimiento es el promedio del programa de verificación obligatoria actual; el esquema se aplica por medio de unos 400 talleres mecánicos que deberán generar propuestas para participar en la creación de verificentros

500 mil autos, aproximadamente, no poseen la tecnología del convertidor catalítico

Bosque Alto asegura cumplir ley ambiental


La empresa desarrolladora de Bosque Alto o Santa Anita Hills destaca que no ha intervenido la zona forestal clausurada por la Profepa.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La empresa desarrolladora de Bosque Alto aseguró que “reitera su compromiso de cumplir las normas, leyes y reglamentación en materia ambiental y desarrollo urbano, y realizar en tiempo y forma con los trámites y disposiciones de las autoridades”, tras reconocer que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró una zona forestal donde se dio un defectuoso cambio de uso del suelo, y que se analiza por parte de la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte la posible apertura de un “expediente de hechos” por los supuestos daños al bosque La Primavera.

“La Inmobiliaria Rincón del Palomar ha realizado los trámites ante las instancias municipales y federales correspondientes para el desarrollo inmobiliario Bosque Alto; también conocido como Santa Anita Hills, con base en las normas y leyes vigentes. Bosque Alto es un proyecto inmobiliario que se ubica a 2.5 km del polígono del Área Natural Protegida La Primavera. El predio no forma parte de esa área natural protegida”, advierten en una nota de prensa enviada a MILENIO JALISCO.

El proyecto incluye dos etapas: “La primera consiste en la rehabilitación y mantenimiento del camino de acceso denominado San José del Tajo Tráiler Park, con permiso de urbanización emitido el día 23 de mayo del 2005; Alineamiento y número oficial de fecha 20 de enero del 2014; y licencia de urbanización emitida el 11 de junio de 2015 por la Dirección General de Ordenamiento Territorial del Ayuntamiento de Tlajomulco”, lo cual es ajeno a la esfera federal por no estar en un área forestal.

“La segunda etapa incluye la urbanización del predio. El pleno del Ayuntamiento de Tlajomulco autorizó el Plan Parcial de Urbanización Rinconada del Palomar y se emitió licencia de urbanización, misma que tuvo modificaciones en el proyecto, y se autorizó en el 2014. Esta licencia se encuentra vigente mediante la autorización de reactivación de licencia de urbanización emitida el 12 de mayo del 2015. Se han realizado los trámites correspondientes ante la Dirección del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, con fecha del 17 de enero del 2014 y ante la Dirección de Alumbrado Público del Municipio de Tlajomulco de fecha del 7 de febrero del 2014. Además se cuenta con factibilidad y aprobación de proyecto por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de fecha del 19 de marzo del 2014”, aclaran.

El 19 de diciembre de 2014, la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Tlajomulco autoriza la preventa y lotes de fincas del desarrollo inmobiliario. “Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó el cambio de uso de suelo forestal (20 hectáreas) a través de un Estudio Técnico Unificado que comprende la Evaluación de los Impactos Ambientales y las justificaciones de excepcionalidad que dan origen a la viabilidad ambiental del proyecto. Para compensar el cambio de uso de suelo, la normatividad federal prevé diversas disposiciones. El desarrollo está comprometido a dar cumplimiento a las medidas de mitigación entre las cuales se incluye la reforestación, el rescate y trasplante de individuos de especies arbóreas y arbustivas, la producción de especies nativas en vivero para ser reforestadas en la zona, el pago realizado de la compensación al Fondo Forestal Mexicano y la ejecución de un programa de monitoreo de fauna, conservación y protección de áreas verdes nativas y corredores de fauna”. Esto, en alusión a la clausura practicada por la Profepa el pasado 14 de junio. “Por lo pronto, Inmobiliaria Rincón del Palomar solo trabajará en la rehabilitación del camino de acceso”, añaden.

Profepa reitera suspensión de obras a fraccionamiento en La Primavera


Santa Anita Hills o Bosque Alto, cuyo caso ha sido llevado a la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte, no puede ser urbanizado.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El área forestal contigua a la reserva de La Primavera, donde se realiza el desarrollo denominado Santa Anita Hills o Bosque Alto, en Tlajomulco, mantiene su estatus de clausura por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), por fuera del polígono forestal, las actividades son reguladas por el ayuntamiento local, aclaró esta tarde el organismo federal.

Así, “las obras y actividades de urbanización que se llevan a cabo en la calle que da acceso al proyecto conocido como Santa Anita Hills, ubicado en la zona denominada San José del Tajo, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, se encuentran fuera del área forestal en donde se aplicó la suspensión por parte de esta Procuraduría. El pasado 2 de junio del 2015, la Profepa suspendió de manera total temporal la autorización de Cambio de Uso de Suelo para el desarrollo inmobiliario, tras detectarse evidencias de afectación por incendio en la corteza de la mayoría de los árboles localizados en el predio”, explica el comunicado.

“La medida de seguridad impuesta se mantendrá hasta en tanto se acredite, con estudios e investigación de campo y documentación oficial, que el ecosistema forestal se ha regenerado totalmente de los incendios ocurridos en el sitio. El proyecto se ubica a una distancia de 2.45 km del Área de Protección de Flora y Fauna Bosque La Primavera, fuera de la reserva”, destaca.

Poco después de un mes de la clausura, el asunto llegó ante la instancia multinacional de medio ambiente más importante de América del Norte, la Comisión de Cooperación Ambiental, con una petición para abrir un “expediente de hechos” sobre presuntas violaciones y omisiones del gobierno mexicano que ocasionan daños a la principal área natural protegida de la región metropolitana de Guadalajara.

La petición SEM-15- (Bosque La Primavera), fue fechada el pasado 20 de julio de conformidad al artículo 14 del Acuerdo de Cooperación Ambiental signado entre los socios comerciales, y será determinada a más tardar el próximo 31 de agosto por el secretariado de la CCAAN.

“En la petición […] presentada por una persona residente en México, se afirma que el proyecto de desarrollo residencial Santa Anita Hills está provocando la destrucción de un bosque de encinos (Quercus rugosa); además, se pone en tela de juicio la legalidad tanto del cambio de uso del suelo de área forestal a urbana como de la construcción de viviendas en la zona de amortiguamiento del área natural protegida Bosque La Primavera. Se asevera en la petición que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el gobierno del estado de Jalisco están incurriendo en omisiones en la aplicación de las disposiciones establecidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley Federal de Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de Jalisco”, destaca la entidad multinacional (MILENIO JALISCO, 22 de julio de 2015).

Los quejosos señalan al gobierno de Tlajomulco de Zúñiga, al gobierno de Jalisco y a la Semarnat; “hemos colectado más de tres mil firmas a favor de que no se talen 62 áreas [sic] de bosque de encino roble, con cuencas y mucho material biológico valioso”. La queja es específica respecto a Santa Anita Hills, pero también cuestiona las políticas públicas ineficientes que no han permitido preservar el cinturón de amortiguamiento contiguo a una comunidad biológica que fue reconocida como reserva mundial de la biosfera por la Unesco, en 2006.

sábado, 15 de agosto de 2015

Siete años después, destrabaron conflicto Tuapurie y Ejecutivo




Una ceremonia en el Paso del Oso pondrá fin a la controversia judicial que enfrentó a indígenas con autoridades por una carretera que se les quiso imponer.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Siete años y medio después de que comenzó el conflicto, parece que la resolución de las profundas diferencias entre la comunidad indígena de Tuapurie (Santa Catarina Cuexcomatitlán) y el gobierno de Jalisco, comienzan a llegar a su fin. Hoy, una ceremonia sagrada en el sitio denominado Paso del Oso, las autoridades comunales y los ingenieros de Infraestructura y Obra Pública retomarán un proyecto de camino ecológico con el que dan vuelta a la hoja del conflicto desatado por una obra que quiso ser impuesta por el gobierno anterior, y que destruyó justamente esa estación mística del periplo anual a Wirikuta.

“Hemos logrado llegar ya al acuerdo del cumplimiento sustituto de la sentencia 596/2008, que desde el 4 de junio de 2011 condenó a la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano [hoy SIOP] a reparar los daños ocasionados por las obras; hubo mucha voluntad de las partes, logramos recuperar la confianza de los comuneros, y el pasado 13 de marzo, en el poblado Pochotita, la asamblea general aprobó de forma unánime el acuerdo de reconstruir los 19 kilómetros con un camino ecológico en piedra ahogada y con huella de concreto en dos franjas que facilitará el tránsito de vehículos; también hemos dado preferencia a dar empleo a personas de la propia comunidad”, dijo a MILENIO JALISCO la responsable jurídica de la SIOP, Julieta Parra.

La funcionaria viajó con un grupo de trabajo de la secretaría a la ceremonia de este mediodía, que se prolongará al domingo. La pretensión es que los trabajos de restauración permitan reconstruir primero el Paso del Oso, donde demorarán unos tres meses,  y después se atienda el trazo completo de la carretera. La SIOP cuenta para arrancar los trabajos con 20 millones de pesos. “La ceremonia es para pedir perdón a la madre Naturaleza, al tiempo de también obtener su permiso para hacer los trabajos, de lo que ellos han llamado un camino-jardín”.

La trascendencia de este acuerdo rebasa el ámbito de la propia comunidad wixárika; al poder reabrirse a la circulación 19 km, se logra completar el trazo de la carretera Bolaños-Huejuquilla y habitantes de las inmediaciones, huicholes y mestizos, tendrán oportunidad de comunicarse con más rapidez, además del ingreso de servicios públicos esenciales para zonas con problemas de pobreza extrema.

Las autoridades que recibirán a los visitantes las encabeza el presidente del comisariado de bienes comunales, Minjares Valdés Bautista, y el gobernador tradicional, José Bautista Dominguez. Los participantes arrancarán la ceremonia por la tarde y velarán hasta el amanecer.

El mandato judicial: “se concedió el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que la autoridad responsable Sedeur del estado de Jalisco deje insubsistente todos los actos inherentes a la ejecución del proyecto carretero Bolaños –Huejuquilla El Alto, específicamente del kilómetro 70 más 400 [metros] al 89 más 580, que afecten la propiedad de la parte quejosa…”, dijo el juez I de Distrito de esta ciudad el 26 de mayo de 2014.

El asunto nació en noviembre de 2007, cuando una asamblea de Tuapurie rechazó las obras que ya realizaba la Sedeur. En febrero de 2008, los afectados establecieron un plantón permanente en la Ciénega de los Caballos, y detuvieron las obras. En ese contexto, la Sedeur mostró a MILENIO JALISCO actas de asamblea donde se demostraría que los indígenas habían votado a favor de la carretera; pero en realidad se trataba de un documento falsificado en las oficinas de la dependencia con firmas de la autoridad comunal  a las que se anexaron firmas de asistencia. La ceremonia de hoy pretende dejar atrás esa historia de fraude y abusos.

viernes, 14 de agosto de 2015

Justicia federal decidirá la libertad de Eduardo Mosqueda



El joven litigante ha solicitado al juez Primero de Distrito de Colima que le otorgue libertad bajo caución por los hechos del pasado 22 de julio frente a la minera Peña Colorada.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El Juzgado Primero de Distrito de Colima, con cabecera en la capital de esa entidad, ha determinado tomar bajo su tutela la posible libertad del litigante Eduardo Mosqueda Sánchez; esto significa que el juez penal que lleva su causa debe dejar en manos del tribunal federal la decisión solicitada por sus defensores de que se le fije fianza para que enfrente en libertad el proceso, abierto bajo diversas acusaciones que le imputa la Procuraduría de Justicia de Colima, dentro de la misma causa de otros 33 ejidatarios nahuas de Ayotitlán que fueron detenidos, junto con el pasante, en los hechos frente a la minera Peña Colorada, el pasado 22 de julio de 2015.

Del total de detenidos, sólo Mosqueda Sánchez permanece en prisión, pues la Secretaría General de Gobierno de Jalisco se negó a apoyar la causa de su libertad bajo el argumento de que “no es ejidatario”, sin reconocer expresamente que esta negativa deriva de su conflicto con el Instituto de Derecho Ambiental (Idea), para el cual trabaja el joven litigante, y con el que el gobierno tiene numerosos desencuentros por diversas acciones legales promovidas contra grande proyectos como el Macrolibramiento de Guadalajara, el desarrollo turístico de Chalacatepec y la ampliación del Aeropuerto de Guadalajara, entre otros.

El amparo tiene el expediente 1173/2015, y contiene un incidente denominado 1173/2015-III, contra actos del juez primero de lo penal de la ciudad de Colima y el director del Centro de Reinserción Social del estado, enclavado en la misma ciudad, donde el detenido permanece resguardado desde los hechos del 22 de julio.

“Con fundamento en el artículo 136, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se concede a Eduardo Arturo Mosqueda Sánchez, la suspensión provisional por cuanto las consecuencias del auto de formal prisión reclamado, para el efecto de que quede a disposición de este Juzgado Primero de Distrito únicamente en lo que se refiere a su libertad personal, y a disposición del Juez Primero de lo Penal de esta ciudad de Colima para la continuación del procedimiento en la causa penal de donde surge el auto de formal prisión reclamado en el lugar en que se encuentra privado de su libertad”, determina el juzgado federal.

De acuerdo a la defensa de Mosqueda Sánchez, el juez penal enviará su informe y con base en el mismo, se pronunciará en definitiva el juez federal. La condición para otorgar esta libertad deriva de que el juez del fuero común no haya recibido ni se hubiera pronunciado sobre el otorgamiento de fianza para la libertad caucional, de acuerdo a los oficios de la suspensión provisional, de los que MILENIO JALISCO recibió copia.

En torno al joven pasante de derecho se ha instituido un movimiento ante la opinión pública y las redes sociales que reclama su liberación, pues consideran que los gobiernos de Jalisco y Colima lo han tomado de rehén de sus intenciones de retomar el control del ejido Ayotitlán y conciliarlo con los intereses de la minera Peña Colorada. La campaña se sigue bajo el hashtag #NosFaltaEl34. El gobierno de Jalisco no ha respondido formalmente a la demanda de la liberación del joven Mosqueda Sánchez.

Costos de salud por los autos son más altos: CEJ



Hay contaminantes distintos a las PM2.5 que completan el coctel respirable que degrada la calidad de vida de los tapatíos, destaca Mario Silva.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Los costos a la salud que pagan los ciudadanos de la Zona Metropolitana de Guadalajara por los contaminantes emitidos por los autos requieren de estudios más amplios, porque no solamente son las partículas suspendidas menores a dos micras; hay prevalencia de ozono (O3) y partículas menores a diez micras, entre muchos componentes más, que deberían estudiarse con detenimiento, apunta Mario Silva Rodríguez, integrante del Colectivo Ecologista de Jalisco (CEJ).

“Los costos económicos y ambientales de los autos en la ciudad están empezando a ser más visibles, a partir de los conflictos en materia de salud, desarrollo urbano y competitividad; hay distintas externalidades, desde las tasas de distintos accidentes, hasta la alta inversión que se necesita para construir una infraestructura vehicular”, puso en relieve.

El de la salud, tal vez por ser un fenómeno progresivo y crónico –aunque hay crisis agudas- ,”es uno de los temas que más pasan desapercibidos, pero que en los últimos cinco años ha tomado mayor relevancia por los efectos de la mala calidad del aire producto de una alta tasa de motorización”; sin embargo, “es difícil establecer o cuantificar el monto de estos efectos o de estos daños; pueden ser medidos a partir de los días de hospitalización, pueden ser vistos a través de la incidencia de ciertas enfermedades como el asma o las infecciones respiratorias agudas”, indicó.

“En el caso concreto de Guadalajara, han sido el ozono y las partículas menores a diez micras, o partículas suspendidas, las que han generado mayor preocupación, llegando a tener incluso en ciertos años fuera de norma con niveles de contaminación mayores a la Ciudad de México; el ozono es unos de los contaminantes que preocupa por sus efectos, sobre todo en la piel y en los tejidos; las partículas suspendidas pueden ser responsables de ciertos problemas que van directamente sobre el sistema circulatorio, entonces creo que necesitamos evaluar justamente los daños por contaminantes, medirlos con más precisión, para diseñar medidas y políticas, no solamente de salud, sino de desarrollo urbano y de movilidad, que estén articuladas para poder responder de una manera integral a este problema”.

Esto pasa por temas como áreas verdes, opciones de movilidad no motorizada y mejoramiento de transporte público, así como la compactación de la urbe, acosada actualmente por un gigantismo que obliga a muchos de sus habitantes a largos desplazamientos y en consecuencia, largas exposiciones a la respiración de contaminantes.

La Semarnat [Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales] reconoce 11,200 millones de dólares como costo de la contaminación ambiental en México, “por costos directos o indirectos”; se trata de una herramienta de la economía ambiental donde datos como la hospitalización, los medicamentos en las instituciones de salud pública, la pérdida de competitividad, el ausentismo laboral o escolar por enfermedades respiratorias, generan una cuantificación. A ese esquema a nivel metropolitano se debe aspirar, destacó.

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Enfermedades

Vivir en entornos contaminados puede contribuir hasta en 70 por ciento en el surgimiento de enfermedades crónico-degenerativas e incide en los padecimientos entre los grupos más vulnerables de la población: niños, adultos mayores y mujeres embarazadas

Los factores concretos son respirar aire sucio, tomar agua contaminada en términos químicos, convivir con los residuos en entornos con alta erosión en la urbe y la escasez de arbolado, cuestiones que pueden agravar situaciones de salud que ya existen

También hay registros graves de contaminación acústica: la norma oficial mexicana en la materia habla de 70 decibeles en espacios abiertos, pero hay puntos de la metrópoli, en zonas turísticas, donde se llega a más de 86 decibeles al día

Un factor crítico es el acceso a los servicios de salud, con la pérdida de solidez en las instituciones hospitalarias del sector público, y el incremento de padecimientos relacionados con la contaminación 
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