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En juicio de amparo, ordena a la Sagarpa no emitir permisos para siembras de maíces transgénicos por el riesgo para 200 razas de maíz criollo mexicano, mientras desahoga juicio

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El eslogan “sin maíz no hay país” tuvo eco en la decisión que dio a conocer hoy el Segundo Tribunal Unitario en materias Civil y Administrativa, encabezado por el magistrado federal, Benjamín Soto Sánchez, quien en segunda instancia corrigió al juez XII de distrito y otorgó “suspensión definitiva”  que exige a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) “abstenerse de otorgar permisos de liberación o siembra de maíz transgénico hasta que se resuelva en definitiva el juicio colectivo promovido por científicos, especialistas y campesinos”, de acuerdo a un comunicado que estos colectivos difundieron esta tarde.

 Detallan: “Con esta resolución se revoca la decisión del Juzgado federal Décimo Segundo de Distrito en materia Civil, que el pasado agosto había negado la suspensión definitiva de siembra de transgénicos. A pesar de aquella decisión la suspensión de siembra permaneció vigente en su carácter provisional debido a la impugnación que inmediatamente presentó la Colectividad del Maíz. Hoy, podemos afirmar que la medida precautoria de suspensión es definitiva hasta que resuelva el juicio colectivo o algún juicio de amparo”, informaron la representante común de la colectividad, Adelita San Vicente Tello y el representante legal, René Sánchez Galindo.

 “Los científicos y especialistas que firman y encabezan la demanda colectiva actúan sin conflicto de interés, puesto que no dependen ni tienen relación alguna con las empresas trasnacionales. Los científicos demandantes son Antonio Turrent Fernández, en agronomía; Víctor Manuel Toledo, en el área socio ambiental; en las materias de antropología, historia y cultura, Julio Glockner y Narciso Barrera Bassols; en ética y patrimonio gastronómico, Raúl Hernández Garciadiego; en el área de derechos humanos, Miguel Concha Malo, director del centro Fray Vitoria; y en el ámbito de patrimonio alimentario, Luciano Concheiro y Patricia Moguel”, refiere el comunicado.

 Las empresas trasnacionales demandadas desde de julio de 2013 son Monsanto, Syngenta, Pioneer - Dupont y Dow, pero como era materia de amparo, se debió demandar a la autoridad en el tema: la Sagarpa, y de forma asociada, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

 “La sentencia del magistrado Soto Sánchez establece que en el juicio de acción colectiva quedó demostrada la presencia ilícita de transgénicos en cultivos de maíces nativos, por lo que podemos afirmar que los demandantes comprobaron que se han violado las leyes mexicanas e internacionales. Por ello, con la sentencia de apelación no se podrán otorgar permisos de siembra de transgénicos en fase comercial”, advierten.

A juicio del colectivo, se trata de “doble triunfo”, dado que “la sentencia del tribunal de apelación federal otorgó otra victoria a los científicos, puesto que si hubiere siembras experimentales estarán sujetas al control y evaluación mensual que llevarán a cabo tanto el juez federal como los científicos que ganaron esta batalla legal”.

Los resultados de las siembras experimentales que se otorgaron en 2009 “nunca fueron objeto del escrutinio público; en cambio, ahora con la sentencia judicial se podrá evaluar mensualmente si se cumplen las medidas de contención y su eficacia, pudiendo el juez de oficio o a petición de los científicos, revocar los permisos experimentales que estuvieren vigentes”.

Además, “los transgénicos que pretendan sembrarse experimentalmente y que utilicen el herbicida glifosato, estarán sujetos a control judicial y de los científicos demandantes”. Recientemente, el coordinador nacional de la Comisión Nacional para Uso y Conocimiento de la Biodiversidad (Conabio), José Sarukhán Kermez, advirtió que en el caso del maíz y otros cultivos que fueron domesticados en Mesoamérica, el riesgo de los transgénicos es elevado y México estaría obligado a defender su patrimonio genético