sábado, 30 de noviembre de 2013

En Temaca exigen respeto a Dau y Tito Lugo


Ambos funcionarios no han querido entender el derecho de las comunidades a subsistir y promueven la entrega de agua a Guanajuato, señalan.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

Enrique Dau Flores, asesor del gobierno de Jalisco y "hombre fuerte" del sector agua en el occidente mexicano, así como el titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Felipe Tito Lugo Arias, quien ha sido siempre subalterno del primero, se empeñan desde 2005 en ser piedra en el zapato de las comunidades amenazadas por la presa El Zapotillo, sin importar que afecten a jalisciences y protejan los intereses de un estado distinto, que es Guanajuato, denunciaron los miembros del comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, y sus asesores.

"Los planteamientos desde 2005 han sido claros y precisos. Los riesgos que hace 8 años se hicieron notar ante el proyecto de la presa El Zapotillo con una cortina de 80 m. no garantizan la seguridad comunitaria ni la paz social. Nos parece una grave irresponsabilidad que los asesores del gobierno del estado de Jalisco, es decir la Comisión Estatal del Agua y Enrique Dau, desde hace 8 años sigan sin entender que las comunidades tenemos el derecho a defender nuestra identidad y a no aceptar una imposición, ni de 80 metros, y continúen sin cumplir con su responsabilidad de informar y consultar debidamente a las comunidades de todo proyecto que afecte nuestra vida y patrimonio. Desde siempre hemos planteado y comprobado técnica y socialmente que el trasvase será perjudicial para Jalisco y pone en riesgo al río Verde y su cuenca, por lo tanto a toda vida y producción que de él dependen. Nunca nos hemos opuesto al derecho humano al agua, sino a la forma como se quiere privatizar el vital líquido sin respeto a las garantías individuales y colectivas", señala un comunicado enviado a MILENIO JALISCO.

Por tanto, "en pleno uso de nuestro derecho constitucional, pedimos firmemente que se nos respete y garantice por parte de las autoridades federales, estatales y municipales, nuestra forma de vida, nuestra tierra, cultura y desarrollo. Por segunda vez, primero a la Comisión Estatal del Agua y ahora al Secretario de Gobierno Arturo Zamora entregamos la propuesta óptima que técnicos/as y asesores/as de diversas universidades realizaron, propuesta óptima de altura a 60 m. y viable para la seguridad de las comunidades, que garantiza el abastecimiento de agua en Jalisco y la Zona Metropolitana de Guadalajara sin que Jalisco pierda la soberanía de sus bienes naturales".

En concreto, a más de diez meses de llevar mesas de trabajo con el Gobierno de Jalisco y la Comisión Estatal del Agua, "denunciamos: uno, no se nos ha informado sobre los riesgos que el proyecto a 80 m implican a la comunidad, especialmente sobre el proyecto de diques de 12 m de altura que nos rodearían; dos, a más de dos meses de que la CEA entregó esta propuesta a la Comisión Nacional del Agua (CNA), ésta no ha respondido y continúa negando las mesas de trabajo y cualquier modificación posible a la cortina; tres, nos sorprende que el gobernador Aristóteles Sandoval, conociendo la urgencia de la situación, declare recientemente que esto se resolverá hasta el 2014. Le recordamos señor gobernador que usted nos aseguró el 26 de abril de 2013 en la primera mesa de trabajo que sostuvimos 'que en este gobierno no se violaría ningún derecho' y que 'Los derechos de las minorías valen lo mismo que el de las mayorías”.

Cuatro, "no existe ninguna señal de que el Gobierno de Jalisco esté haciendo valer la sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) para que la CNA haga las modificaciones necesarias al proyecto a 105 m. Es decir, que tanto el gobierno estatal como el federal hacen caso omiso de la instancia de justicia más importante de México".

Cinco, "Temacapulín, Acasico y Palmarejo, comunidades campesinas en resistencia contra la presa El Zapotillo y contra el actual modelo de desarrollo impuesto y en defensa de los derechos fundamentales, ponemos el ejemplo a nuestro gobiernos lanzando la iniciativa 'Volvamos a la raíz' buscando ante todo tomar conciencia y hacer acciones que nos lleven a un equilibrio sustentable hoy y para las nuevas generaciones, en contraparte a nuestros gobiernos que imponiendo megaproyectos violatorios a los derechos humanos nos dicen traer el desarrollo. La propuesta tienen como propósito: frenar la migración del campo a la ciudad, promover el desarrollo sustentable de las zonas rurales, incentivar el regreso de los migrantes a sus tierras de origen, en cuanto sea posible. Que los llamados hijos ausentes generen una inversión sistemática y permanente en sus comunidades, lograr un equilibrio sano para que haya un desarrollo integral campo-ciudad, entre otras".

Firman el comité y sus asesores, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) y el Colectivo de Abogados. Ni la CNA ni la CEA, cuyos titulares tienen una política de restringir el acceso de los medios de comunicación desde el arribo de las nuevas administraciones, han respondido al reclamo.

viernes, 29 de noviembre de 2013

Reparten 21% más agua en el Lerma


Chapala, con 3,740 millones de metros cúbicos de almacenamiento, determina política "media" de distribución del agua; las presas están arriba de 90 por ciento

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

Con el lago de Chapala recuperado en el presente temporal en menos de mil millones de metros cúbicos de agua, pero en un nivel “medio de almacenamiento” –entre tres mil y seis mil millones de metros cúbicos (m3)-, el ciclo 2013-2014 distribuirá en la región 21 por ciento más agua que en el previo, informó la dirección del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua (CNA).

Así, “se distribuirán 3 mil 231 millones de metros cúbicos de agua”, de acuerdo a lo que se determinó entre los vocales del consejo de cuenca para el ciclo noviembre 2013-octubre 2014, correspondiente a los estados de México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán y Jalisco.

Fue la 139 reunión de la Comisión de Operación y Vigilancia del Consejo de la Cuenca Lerma Chapala; el volumen es superior en 579 millones de m3 a la que se otorgó en el ciclo inmediato anterior, noviembre 2012-octubre 2013, cuando se distribuyeron 2,652 millones de m3.

Durante el período de lluvias se alcanzaron precipitaciones acumuladas de 741 milímetros (741 litros por metro cuadrado) en esta región hidrológica, cifra superior a la precipitación media histórica que es de 711 milímetros, lo que favoreció que las principales presas de la cuenca alcanzara, en promedio, 94 por ciento de almacenamiento.

La asignación de volúmenes de agua a los diferentes usuarios se dio conforme a la Cláusula Quinta del Convenio de Coordinación de Aguas Superficiales de la Cuenca Lerma Chapala, entre los que se ubican Distritos y Unidades de Riego, Sistemas de Pequeña Irrigación, abastecimiento para uso público urbano y de generación de energía eléctrica.

Ello “se hizo posterior al análisis que llevó a cabo el Grupo de Trabajo de Ordenamiento y Distribución sobre las precipitaciones y escurrimientos que se presentaron durante el temporal de lluvias, teniendo especial cuidado en que los volúmenes no afecten la preservación y sustentabilidad de la cuenca, particularmente el Lago de Chapala”, asegura la institución.

Entre las asignaciones, destacan la del Distrito de Riego 011 Alto Río Lerma con un volumen de 800 millones de m3; DR 087 con 138 millones de m3; DR 061 con 195 millones de m3; DR 024, con 154 millones de m3; DR 013 con 111 millones de m3; Pequeña Irrigación del Río Zula, 70 millones de m3; para generación de energía eléctrica, de la presa Tepuxtepec, 394 millones de m3; y para la Zona Metropolitana de Guadalajara se mantiene en 240 millones de m3.

“Cabe señalar que en la Cuenca Lerma Chapala se ubican nueve Distritos de Riego -033, 045, 087, 022, 061, 085, 024, 011 y 013- y los Sistemas de Pequeña Irrigación denominados Alzate, Tepetitlán, Angulo, Duero, La Begoña, Pericos, Zula, Ramírez, Tepuxtepec, Solís, Querétaro, Adjuntas, Corrales, Yurécuaro y Chapala, distribuidos en toda la región hidrológica”, añade.

En próximos días se definirá la fecha para llevar a cabo la XII Sesión Ordinaria del Consejo de la Cuenca Lerma Chapala, programada para la primera quincena de diciembre, donde se nombrará al nuevo presidente. En el marco de la reunión, se presentó a los asistentes la Guía para la formulación del Programa de Gestión de Cuenca; así como el Programa de Medidas Preventivas y de Mitigación contra la Sequía, en esta región hidrológica.

miércoles, 27 de noviembre de 2013

Alerta nacional por muerte de jaguar en Linares, NL



Piden expertos en conservación del felino, incluidos los que trabajan en Jalisco, Colima y Nayarit, que el presidente Peña Nieto intervenga para castigar cacería ilegal en Linares, Nuevo León. Arriba, La Pecas de CXabo Corrientes, Jalisco; abajo, la foto del festejo de los cazadores ilegales en Nuevo León

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

Los expertos en conservación del jaguar (Panthera onca) en México, incluidos los responsables y conservacionistas del área de Jalisco, Nayarit, Colima y Michoacán, han escrito una carta al presidente de la república, Enrique Peña Nieto, en demanda de que la muerte del felino publicitada a través del Facebook por un cazador furtivo de Linares, en el estado de Nuevo León, no quede impune, ante la fragilidad de la situación de la especie.

La misiva, de la cual entregaron una copia a MILENIO JALISCO, destaca "los graves hechos suscitados recientemente en Nuevo León donde a través del perfil de Facebook a nombre de Elmer Sigarán se exhibe este sujeto con un ejemplar de jaguar (Panthera onca) cazado que se presume además cocinado. El Grupo de Expertos en la Conservación y Manejo Sustentable del Jaguar y otros Felinos Silvestres de México, demandamos al Estado Mexicano, por su apreciable conducto, que este acto no quede impune como ha sucedido en casos similares en anteriores ocasiones".

La fotografía del jaguar cazado un grupo de personas en el municipio de Linares, Nuevo León, causó indignación en redes sociales, con el hastag #JusticiaParaJaguarNL usuarios exigieron sancionar a los responsables. Se trata de fotografías difundidas en un perfil de Facebook a nombre de Elmer Sigarán en las cuales "se puede observar a un grupo de adultos posando con el animal muerto y sus cervezas en mano, en otra fotografía aparecen dos menores de edad sonrientes junto al felino. A pesar de que el perfil fue borrado horas después de la denuncia en redes, se lograron captar imágenes que muestran que fue en dicho perfil en el que fueron compartidas", señala una nota informativa difundida el 14 de noviembre en www.milenio.com.

El jaguar "es una especie protegida por la NOM 059-SEMARNAT-2010, de gran valor ecológico y cultural para nuestro país. Este tipo de delitos deben ser investigados y sancionados como marca la Ley, por lo que solicitamos su atención especial a este caso tan penoso, y tristemente popular", ponen en relieve en su comunicación al presidente.

En Nuevo León "se encuentra una de las poblaciones más reducidas del país, en ese Estado como en el resto del país cada ejemplar de jaguar es un elemento fundamental de la población. La cacería de jaguar y otros felinos en México ocurre impunemente en diferentes Estados, rara vez se aprende a los responsables. La conservación exitosa del jaguar implica, entre otros elementos, la aplicación de la ley para su efectiva protección. Si este caso, conocido ya en todo el mundo, queda impune seguirán sucediendo y los esfuerzos para su conservación se verán mermados".

Por tal motivo, "reiteramos como grupo de expertos en la conservación y manejo sustentable del jaguar y otros felinos silvestres de México la importancia de que este acto ocurrido en Nuevo León sea atendido de forma especial, y que éste como otros que atenten contra las especies protegidas de nuestro país no queden impunes. Esperamos el Estado Mexicano aplique a los responsables la ley de forma contundente y que prevalezca la justicia de forma ejemplar por el bien de nuestro país".

Firman Rodrigo Núñez Pérez, presidente del grupo y responsable de los programas de monitoreo en el Occidente de México (especialmente en la reserva de la biosfera Chamela-Cuixmala, de la Costa Sur de Jalisco; en las selvas subdaducifolias de El Tuito, en la costa Norte de Jalisco, en las selvas de Vallejo al norte de Bahía de Banderas, y las Marismas Nacionales de Nayarit), y el secretario de la organización, Diego Woolrich Bermúdez, además de los siguientes miembros firmantes:



Antonio Rivera, presidente de Jaguar Conservancy; Arturo Caso Aguilar, miembro Oficial IUCN, Cat Specialist Group; Carlos López González, profesor-investigador, de la Universidad Autónoma de Querétaro; Carlos Manterola y Piña, director de conservación en Jaguar Conservancy; Cuauhtémoc Chávez Tovar, profesor-Investigador del Departamento de Ciencias Ambientales, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma; Dalia Conde Ovando, de Max Planck Odense Center; Danae Azuara Santiago, coordinadora en México del programa International Climate Program Environmental Defense Fund; Dulce Brousset Hernández, profesora-investigadora del Departamento de Etología, Fauna Silvestre y Animales de Laboratorio Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, de la UNAM; Enrique Martínez Meyer, profesor-investigador del laboratorio de análisis espaciales, del IB-UNAM; Epigmenio Cruz Aldán, investigador y curador de Mamíferos del Zoo MAT, Chiapas; el Grupo de expertos en la Conservación de Tapir en México; Eric Ramírez Bravo, Departamento de Ciencias Químico–Biológicas, Universidad de las Américas, Puebla; CREANATURA AC; Erik Eduardo Saracho Aguilar, director de Alianza Jaguar AC de Jalisco y Nayarit, y consejero del Consejo Consultivo Nacional para el Desarrollo Sustentable; Eugenia Pallares Cadena, directora de Jaguar Conservancy AC; Fernando Colchero, profesor adjunto del Department of Mathematics and Computer Science del Max-Planck Odense Center on the Biodemography of Aging, University of Southern Denmark; Gabriela Palacios Mendoza, jefe de Operación de Proyectos de Inversión-Zoo MAT, Chiapas; Gerardo Carreón Arroyo, director de Conservación en Naturalia, AC; Gerardo Ceballos González, investigador de tiempo completo Instituto de Ecología, UNAM, con premios al Mérito Ecológico, VW Por Amor al Planeta y Bicentenario de México y Fellow Guggemheim Foundation.

También: Heliot Zarza Villanueva, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma; Horacio V. Bárcenas Rodríguez, profesor de asignatura A Facultad de Ciencias, UNAM; Iván Lira Torres, profesor-investigador de Tiempo Completo Medicina de la Conservación y manejo de Fauna Silvestre. Área Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Instituto de Ciencias Agropecuarias-UAEH; Ivonne Cassaigne Guasco. director en Wildlife Pharmaceuticals Mexico e Instituto de Ecología, UNAM; J. Antonio de la Torre Lara, Instituto de Ecología, UNAM; José Bernal Stoopen, director de General de Zoológicos de la Ciudad de México; Juan Carlos Faller Menéndez, investigador Independiente; Juan Carlos Gutiérrez Bravo, director interino de Naturalia AC; Marco Lazcano Barrero, director de la reserva privada El Edén; Mircea G. Hidalgo Milhart, investigador División Académica de Ciencias Biológicas, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; Octavio Monroy Vilchis, profesor-investigador de la Estación biológica Sierra Nanchititla de la Universidad Autónoma del Estado de México; Octavio C. Rosas Rosas, profesor-investigador del Colegio de Posgraduados, Puebla; Oscar Moctezuma Orozco, director de Naturalia AC; Pablo Navarro Noriega, investigador de Onca Maya AC; Rausel Sarmiento Aguilar, investigador independiente; Rodrigo A. Medellín Legorreta, presidente de la Society for Conservation Biology e investigador titular C del Instituto de Ecología, UNAM; Premio Rolex a la Iniciativa y Reconocimiento Nacional a la Conservación 2004; Rurik Hermann List Sánchez, jefe del Departamento de Ciencias Ambientales, Universidad Autónoma Metropolitana. Presidente de la Sección América Latina y el Caribe de la Society for Conservation Biology; Sasha Carbajal Villarreal, candidata Research Assistant Caesar Kleberg Wildlife Research Institute Texas A&M University Kingsville; Yamel Rubio Rocha, profesor-Investigador, Universidad Autónoma de Sinaloa y FUSBIO AC.

No se ha tenido aún una respuesta formal, aunque la carta ya fue entregada en la presidencia de la república y en las instancias ambientales, en la ciudad de México.

martes, 26 de noviembre de 2013

Carretera frustrada ocasiona segunda demanda millonaria


El gobierno estatal debe enfrentar un nuevo juicio civil que demanda casi 210 millones de pesos por reparación de daños y compensaciones

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

Derrotado por los huicholes de Santa Catarina Cuexcomatitlán (Tuapurie) y condenado a pagar reparaciones en los 19 kilómetros dañados a esa comunidad wixárika, el gobierno del estado ahora debe enfrentar otra demanda, esta vez por la vía civil, contra las obras realizadas en la Administración de Emilio González Márquez para la carretera Bolaños-Huejuquilla: en este nuevo expediente se le reclaman casi 210 millones de pesos.

La demanda fue presentada el pasado 13 de noviembre ante el juez civil en turno por Marco Aurelio Montaño Ayala, apoderado legal de CPC Constructores, empresa propietaria de los predios boscosos Las Azucenas y El Astillero –que rebasan mil hectáreas-, la cual firmó en 2008 y 2009 dos convenios (y un adendum) con la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur) para garantizar la construcción de una carretera con toda la infraestructura que minimizara el impacto ambiental, como condición para dar la anuencia de paso que permitió a su vez la autorización de cambio de uso de suelo forestal por parte de la federal Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

“Los trabajos de compensación ambiental mostrarían los impactos que la carretera tendría en Las Azucenas y El Astillero. Una vez definidos los grados de deterioro e impacto que tendrían los inmuebles forestales a juicio de los expertos ambientales […] se haría un programa compensatorio forestal, de suelos, de belleza escénica y de vida silvestre. No obstante, ese trabajo nunca se realizó, ya que no se presentó plan alguno de compensación ambiental por la Sedeur al actor, en consecuencia no se realizaron los trabajos de fondo inherentes a mitigar […] incumpliendo los ahora demandados esta cláusula…”, señala el documento, con copia en poder de MILENIO JALISCO.

En tal razón “se reclaman los daños y perjuicios que se ocasionaron y que ascienden a la cantidad de 69 millones 662,602 pesos”, así como 10.5 millones de dólares (unos 140 millones de pesos mexicanos) correspondiente al plan de compensación ambiental para [adquirir] dos unidades aéreas de combate de incendios forestales y protección de los bosques de la Sierra Huichol” con mantenimiento y gastos operativos por diez años, añade.

En los convenios señalados se pactó entre el particular y la dependencia construir una carretera con infraestructura hidráulica completa y los pasos de fauna necesarios, reforestar las zonas anexas, recoger el material talado para prevenir incendios y equipar y capacitar una brigada, restaurar suelos y cárcavas, enmallar zonas para impedir el tránsito libre de taladores y cazadores clandestinos, conectar los accesos a la carretera y montar puertas; colocar letreros, restaurar los bancos de préstamos (para extracción de materiales para la obra), rescatar especies de flora y fauna, entre otras.

Sobre todo ello se detallan las omisiones que se deben reparar: reforestar 16 hectáreas, conectar el predio El Astillero con la nueva carretera con camino empedrado, colocar puerta metálica de acceso a ese predio, colocar puertas metálicas al interior de Las Azucenas, delimitar ese predio con “malla venadera”; construir un paso de fauna elevado, cinco “canadienses” –al nivel de la carretera- y seis subterráneos; colocar letreros; pagar madera sustraída; reparar una cárcava provocada por la obra de brecha previa que realizó el mismo estado; restaurar la fauna impactada; limpiar trece mil metros cúbicos de material residual de la obra y pagar material pétreo, además de un equipo para patrullaje y prevención de incendios, que se sumaría a los helicópteros solicitados como compensación, detalla el extenso documento entregado a la autoridad judicial.

De estos últimos, se trata de helicópteros tipo Mi-14Zh con tanques en dos secciones para cuatro mil litros de agua, además de un hangar para su resguardo en el bosque de Las Azucenas.

Los predios señalados son unidades de manejo ambiental y conservación de vida silvestre (abreviado Umas) y se ubican al sur de Tuapurie. Colindan con el ejido Los Amoles y la comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán o Wuaut+a.


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Contextos

2 de julio de 2007, el pequeño propietario Marco Montaño Ayala presentó ante la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable de Jalisco, denuncia en contra de la Sedeur por hacer tala inmoderada de arbolado durante el reinicio de construcción de la carretera Bolaños-Huejuquilla, en el caso de los predios Las Azucenas y Aguamilpa

31 de Octubre de 2007, Montaño Ayala entrega a la Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) una solicitud urgente de “medidas de seguridad” ante la violación recurrente de la clausura y el desacato a la misma, por parte de la Sedeur y las empresas contratistas, que reinician una vez más la construcción de la carretera

10 de noviembre de 2007, la asamblea de la Comunidad Indígena Huichol de Santa Catarina Cuexcomatitlán o Tuapurie, cuestiona el proyecto carretero que atravesaría su propiedad comunal, localizada en Mezquitic, toda vez que las obras de construcción daban inicio en las inmediaciones y dentro de su propiedad

8 de febrero del 2008, asamblea ordinaria de Tuapurie, que analiza de nuevo el proyecto carretero, cuyas obras de construcción ya se realizan en distintos tramos. Se hace notar que las empresas contratistas de la Sedeur han invadido ilegalmente el predio de la comunidad ya que no cuentan con ninguna autorización de la misma comunidad, ni ha existido ningún decreto expropiatorio, ni mucho menos indemnización alguna, así como tampoco existe autorización de cambio de uso de suelo o de aprovechamiento forestal por parte de la Semarnat. La Sedeur exhibe acuerdo de asamblea apócrifo

12 de febrero de 2008. Comienza el plantón de comuneros, que detienen la maquinaria e impiden las obras, y rompen relaciones con el gobierno estatal, con los municipios del área y con la CDI, interponen denuncia popular, amparo y denuncias penales por falsificación de documentos

27 de febrero de 2008. El amparo 596/2008 fue promovido por las autoridades comunales de Tuapurie ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo de Guadalajara

20 de junio de 2008, el propietario de Las Azucenas y El Astillero firma primer convenio con la Sedeur, que se ampliará el 10 de junio de 2009 (adendum), mismo día que se da el convenio de cesión para ejecutar la obra en la zona

24 de junio de 2011. El juez Jorge Mercado Mejía amparó y protegió a Tuapurie (596/2008 ) por la ocupación ilegal de su territorio por parte de las autoridades demandadas

13 noviembre de 2013. El propietario Marco Aurelio Montaño Ayala demanda incumplimiento de convenio ante juzgado civil, por más de 200 millones de pesos.

lunes, 25 de noviembre de 2013

Iconia, la privatización de lo público



Jesús García Rojas, consultor en planeación urbana, alerta sobre todo lo que implica ceder un espacio verde citadino cuando los espacios públicos de la ciudad están en retroceso

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

Si hay quienes dudan sobre la importancia del destino del predio municipal de 13.6 hectáreas verdes que Guadalajara cedió al proyecto Iconia, basta señalar que la zona metropolitana, con apenas poco más de mil ha de áreas verdes públicas en una superficie de 65 mil ha y 4.6 millones de habitantes, requeriría de 270 espacios de esas dimensiones para acercarse al promedio recomendado a nivel mundial: 10 metros cuadrados por habitante.

Y no existen esos 270 espacios, lo que aumenta la importancia de la superficie que adquirió el gobierno de Arnulfo Villaseñor Saavedra en las inmediaciones de Huentitán, al norte de la ciudad, hace más de treinta años, y que estaba planteada para área verde hasta que el gobierno de Alfonso Petersen Farah, en 2009, determinó cederlo para el megadesarrollo inmobiliario Puerta Guadalajara.

Jesús García Rojas, consultor en planeación urbana, se ha erigido como uno de los principales críticos de esta tradición de “privatización” que, a pretexto de desarrollos -que se quedan solamente en los “supuestos”-, reducen aún más el patrimonio público de una zona metropolitana que vive en el último medio siglo la pesadilla del divorcio entre ideal y realidad.

“Se dispone de trece hectáreas de un bien público adquirido como parte del parque Huentitán, con uso de suelo de área verde, en la Administración Petersen se cambió a uso de suelo mixto de alta densidad que tendrá alto impacto ambiental y vehicular en la zona; se les olvida que los bienes públicos son inalienables, lo que nos lleva a hablar de una cuestionable democracia representativa, en la cual se extralimitan las facultades del ayuntamiento”, señala.

“El proyecto fue originado por una iniciativa privada, no por el municipio, y podemos hablar de desaseo, falta de apego al Estado de derecho, asociación y asignación directa del predio a una empresa de bajo perfil sin capacidad técnica, financiera ni administrativa; sin licitación, concurso o subasta; falta de transparencia y rendición de cuentas, con una permuta que subvalora el predio; se paga en especie con obras de las que no hay preexistencia de su necesidad, que benefician y privilegian al propio desarrollo inmobiliario”, refiere en una opinión entregada a MILENIO JALISCO.

Agrega: “hay reciprocidades inequitativas en este negocio privado con bienes públicos, por el indebido proceso seguido de incumplimientos; por ello se ha solicitado a la actual administración municipal revocar el fideicomiso, hacer restitución del predio a la comuna para el fin que fue adquirido, y si así lo considerara pertinente la sociedad en su caso, se haga una encuesta o referéndum para definir su destino”.

No es la única voz que se ha levantado para cuestionarlo. Salvador Dueñas, Sergio Valdez Angulo, Jorge Fernández Acosta, el Colegio de Arquitectos y Urbanistas del estado de Jalisco, la Escuela Superior de Arquitectura y numerosas organizaciones académicas y ecologistas no quitan el dedo del renglón sobre la impertinencia de Iconia en el desarrollo verdadero de la ciudad.

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La historia de una impugnación incumplida

En diciembre de 2012, recién llegadas al gobierno municipal, las autoridades encabezadas por Ramiro Hernández García se comprometieron a impugnar el convenio que realizó la Administración de Alfonso Petersen con Mecano América en busca de recuperar la superficie cedida. No hubo tal acción judicial.

Por el contrario, se retomaron negociaciones con nuevos inversionistas, pues Mecano vendió sus acciones a la empresa Operadora Hotelera de Salamanca, la cual canceló Puerta Guadalajara y comenzó a promover Iconia, en realidad, el mismo proyecto con muy pocas modificaciones.

Esto lo confirmó el pasado 24 de septiembre Hernández García. “Están hablando de inversiones que rebasan los 4 mil millones de pesos, y creo que en este momento pues es muy importante reactivar la inversión y generar fuentes de trabajo y sobre todo no perder de vista que esta zona requiere de oportunidades de empleo fijo para mucha gente que necesita trabajar”; y añadió que se busca vincular el proyecto con el fideicomiso “Voltea a la Barranca”, que pretende desarrollar un gran parque lineal en la ceja de la barranca del río Santiago, límite norte del municipio.

El Proyecto Iconia incluye 18 edificios con capacidad para más de mil 800 departamentos, una torre de oficinas de 62 pisos y un centro comercial, así como instalaciones urbanas por más de 60 millones de dólares que la empresa se compromete a edificar en contraprestación por la cesión del terreno de 13.6 hectáreas.

Pero los grupos civiles no están conformes. El alcalde recibió, por ejemplo, la siguiente petición de Pro Cívica: “No debemos dilapidar los bienes de la comuna en favor de negocios inmobiliarios de particulares. Mientras que la OMS recomienda 10 m2 de áreas verdes en el AMG tenemos 2.3 m2/hab. Estos predios tienen de origen la vocación de área verde y espacio público; ahora el ayuntamiento lo otorga para beneficio de un particular, contemplándose la construcción de 18 torres de departamentos y una altísima densidad. Todo esto insistimos, para beneficio de particulares y claro detrimento de la ciudadanía [sic]”.

sábado, 16 de noviembre de 2013

“Renuncian” al director del bosque La Primavera


No hay más que compromiso moral en la defensa del ex funcionario por la acusación de negligencia por la PGR en megaincendio de 2012

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

El comité técnico del Bosque La Primavera pidió la renuncia al director ejecutivo del área natural protegida, José Luis Gámez Valdivia, al entrar en vigor el organismo público descentralizado (OPD) que se encargará de la administración.

El funcionario entregó la carta de su salida en sesión del pasado jueves 14 de noviembre, tras más de cuatro y medio años de gestión, y su lugar será ocupado, de forma interina, por el actual director de planeación y desarrollo ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), Antonio Ordorica Hermosillo, quien dependerá de la conformación de la junta de gobierno para convocar al proceso para elegir al primer director del nuevo organismo.

El caso de Gámez Valdivia es especial, pues hace dos semanas se le notificó de su carácter de indiciado en la averiguación previa AP 106/UEIDAPLE/DA/17/2012 de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales de la PGR, tras una larga y cuestionada investigación sobre las causas del megaincendio de abril de 2012, que pasó sobre 8,177 hectáreas, casi un tercio del área protegida (MILENIO JALISCO, 4 de noviembre de 2013).

De hecho, la Semadet no se ha comprometido a un respaldo más allá del moral para la defensa del hoy ex servidor público, pese a que éste ha sido responsabilizado por situaciones ligadas a su carácter de director, y no como ciudadano. El comité técnico quedó en la sesión del jueves, de gestionar la defensa ante la Secretaría General de Gobierno, pero por lo pronto, quedará en manos del propio indiciado las acciones para defenderse de la acusación de negligencia, en la que también está señalado el ex director general de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Juan Manuel Torres Rojo, quien hizo saber a este diario que se reserva por ahora el derecho a dar declaraciones ante la opinión pública.

El Comité Técnico para la Administración del Bosque La Primavera entró en funciones el 12 de enero de 1996, y “es el órgano rector de las acciones que se ejecutan en el bosque para el cumplimiento de los objetivos de conservación, protección, restauración y desarrollo sustentable”. Por su parte, la dirección ejecutiva “es la encargada directa de la aplicación de las resoluciones tomadas por el comité técnico y de cumplir y hacer cumplir las acciones que señala el programa de manejo del área de protección de flora y fauna, apoyada en una estrecha coordinación interinstitucional además de voluntarios y ciudadanos en general” (en www.bosquelaprimavera.com).

Esta estructura financiada por un fideicomiso público, ha sido superada con la entrada en vigor del OPD, cuyo decreto fue publicado en el periódico oficial El estado de Jalisco el 12 de octubre, y obliga a establecer un proceso electivo que estará abierto a todos los ciudadanos que cubran requisitos, y deberá ser calificado y sancionado por la Semadet y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).


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PROPIETARIOS INCONFORMES

Prevista en el nuevo ordenamiento, la remoción del director del bosque La Primavera “constituye un agravio a todos los propietarios ejidales y privados, pues debiendo ser ratificado, o bien efectuarse una ceremonia de agradecimiento y reconocimiento, se le ha denunciado penalmente como estrategia oficial para justificar su ilegal remoción y pretender sustraerse a las responsabilidades económicas que frente a su valiente y valioso desempeño que durante los últimos años ha construido; es decir, la denuncia en contra de José Luis Gámez constituye un atropello y una extorsión que de manera indirecta afecta a toda la sociedad”, aseguró uno de los propietarios y entre los principales críticos del nuevo OPD, Eric Coufal.

Experto en derecho comparado y promotor de una estrategia legal contraria a la seguida por el gobierno del estado, Coufal aseguró en una misiva a este diario que se profundizará en las acciones para impedir que el OPD reciba “todo el poder” sobre el bosque y sus dueños.

sábado, 9 de noviembre de 2013

Riesgo para una economía que vale 1,300 mdp




La hidroeléctrica Las Cruces cortaría el flujo del río San Pedro, lo que podría destruir un rico tejido social y económico en uno de los estados más rezagados. Fotografías de Marco A. Vargas

Agustín del Castillo , enviado / Costa de Nayarit. MILENIO JALISCO

"Si las marismas tienen vida se la deben al río”, señala contundente Héctor Saúl Salazar Virgen, representante de los pescadores de la zona de Las Haciendas, un emporio productivo amenazado por el represamiento del río San Pedro, que impulsa desde hace un lustro la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en las montañas nayaritas.

“Este sistema es muy rico en producción de especies, debido a que el río, en su trayecto, acarrea un montón de nutrientes como nitratos, fosfatos, carbonatos, y la diferencia de densidad del agua dulce a su encuentro con el agua salada; con la ayuda de la energía solar se hacen los procesos de fotosíntesis y abunda el alimento, lo que hace posible que prosperen muchas formas de vida que son el sustento de unas siete mil familias de toda la amplia mancha de las Marismas Nacionales”, añade el productor, preocupado de las consecuencias que pueda tener la interrupción de ese flujo milenario desde las tierras altas de Durango y Nayarit; unos kilómetros al sur de la región, el río Santiago, represado hace 20 años, es vivo ejemplo que justifica sus peores temores.

Por ello, Héctor Saúl está sumado a las gestiones del Consejo Intercomunitario para el Desarrollo Sustentable del Río San Pedro, en el que se han aglutinado las fuerzas productivas de la costa norte del estado.

Buscan frenar la tentativa de la paraestatal de edificar la cortina de Las Cruces en territorio de los nayeri, donde “los altos intereses nacionales” apelan a todo en busca de la anuencia de los coras: promesas de desarrollo, información sesgada, chantajes, fomento de divisiones internas, actos jurídicos simulados y advertencias cada vez menos veladas de los poderes de Tepic, comprometidos totalmente con la obra.

“Enfrentamos una seria amenaza para la calidad de nuestras tierras; las avenidas estacionales del río permiten que la agricultura se nos dé con bajos costos en paquetes tecnológicos porque las tierras se fertilizan en las crecidas del temporal, y de octubre a enero nos deja todo en óptimas condiciones para siembras del jitomate de hoja, el jitomate rojo, el chile, el pepino, el frijol, el maíz, el sorgo, el tabaco”, explica Jorge Alberto Dávalos González, agricultor y profesor en Tuxpan.

La cuantificación de los bienes en riesgo de 21 comunidades con unos 180 mil habitantes que se han sumado al Consejo Intercomunitario explica la preocupación: cada año se genera un valor bruto de 1,297 millones de pesos, casi 80 por ciento del cual corresponde al sector agrícola. Los empleos directos generados son alrededor de 12 mil (ver gráfico anexo).

Pero el riesgo no es solamente económico: la reducción de aportaciones de agua dulce a los esteros condenará a muchas especies a desaparecer, mientras el empuje irresistible del mar en ascenso convierten a las Marismas Nacionales en escenario privilegiado de las pesadillas más emblemáticas del cambio climático. ¿Sobrevivirán a 50 años de errores humanos locales y globales?



VIEJOS PROBLEMAS
Marismas Nacionales “es una región muy especial […] su complejo arreglo hidrológico reúne la descarga superficial de sus 12 ríos —diez con destino lacustre y dos marino— y subterránea de sus acuíferos aluviales […] a un sistema estuarino interconectado de 175 mil hectáreas, protegido del mar por llanuras litorales de barreras arenosas, pero comunicado a la marea mediante 14 bocas marinas”, señalan los participantes del estudio Diagnóstico Funcional de Marismas Nacionales, coordinado por el investigador de la Universidad Autónoma de Nayarit, José Manuel Blanco y Correa.

De esa superficie de “humedales forestales estuarinos —manglares incluidos—, alrededor de 135 mil [77 por ciento] sufren alteración mareal”, y entre cinco mil y diez mil hectáreas, de 2.8 a 5.5 por ciento, han desaparecido bajo el mar “por erosión litoral en las playas de El Rey, Boca Cegada, El Colorado, Las Haciendas, Novillero y El Majahual”; cerca de cinco mil ha más “acusan efectos del desequilibrio hidrosedimentario de sus ríos —en la marisma La Chayota y las lagunas y cañadas de Mexcaltitán—. Todos estos fenómenos se reflejan en más de 15 mil ha con deterioro actual perceptible en imágenes de satélite. Tales síntomas generales sintetizan, junto a una docena de otros menores, el deterioro ambiental acumulado y sinérgico de, al menos, cuatro a seis décadas recientes de interacción de diversos factores” (el informe completo se puede leer en http://issuu.com/proregiones/docs/marismasnacionales).

En particular, el impacto de las hidroeléctricas del Santiago “está en el origen del secuestro sedimentario que ha retenido cerca de 80 por ciento de la carga sedimentaria litoral de Marismas Nacionales”; por ejemplo, en las playas de la zona de Las Haciendas “refieren sus habitantes más longevos la existencia de hasta 15-18 pozos [sic] que fueron de agua dulce y hoy están en el fondo del mar, como consecuencia de un proceso de transgresión marina en el que probablemente están involucrados la elevación del nivel del mar y el secuestro sedimentario por presas hidroeléctricas que ha invadido cerca de un kilómetro tierra adentro”, detalla el documento.

Añade: “Hay impactos de carácter regional que han sido generados por organismos públicos con gran irresponsabilidad ambiental: la transformación drástica de los regímenes hidrológicos [fluviales, freáticos y mareales] debida a grandes obras de ingeniería insustentables en la intervención de ríos [presas hidroeléctricas, diques fluviales carreteros en los Ríos Santiago y Baluarte], en la apertura/cierre artificial de bocas litorales [El Rey, La Ensenada y Cuautla], en el secuestro acuícola motorizado del flujo mareal [Aquanova Boca Cegada, Matatipac, Escuinapa, Aquanova Chametla], y en el secuestro acuícola por dragados del flujo mareal [Agua Grande, La Muralla]. Este otro tipo de presiones ambientales, a diferencia de las locales, provocaron impactos regionales, siempre sinérgicos entre sí y con los locales, de carácter comúnmente irreversible, y que han cambiado las tendencias, incluso milenarias, de los procesos costeros”.

A toda esta acumulación de factores destructivos se añadiría Las Cruces. Y no es menor. El experto de la UAN recientemente declaró que sería una puntilla para todo el sistema ambiental, tan valioso para el mundo, que ostenta una decena de títulos de protección formal que no han sido suficientes.

LUCHAS IMPOSTERGABLES
El pasado 9 de septiembre, los miembros del Consejo Intercomunitario se manifestaron por las calles de la pequeña ciudad de Tuxpan, el corazón de esta economía que vive momentos de cambio, en exigencia de que no se edifique la presa.

“Mientras son muchas las normativas que protegen al manglar de los madereros, es una contradicción y lamentable que se quiera cometer un ecocidio de tal magnitud en la zona de marismas con el proyecto hidroeléctrico”, se quejó Ismael Rodríguez. En Tepic piensan que Las Cruces es una gran oportunidad para que Nayarit salga del sótano del desarrollo social del país. El diálogo entre ambas visiones ha sido imposible.


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La exigencia

-El Consejo Intercomunitario para el Desarrollo Sustentable del Río San Pedro ha lanzado un manifiesto al gobierno federal, con los siguientes puntos, reproducidos de forma literal, en busca de impedir la edificación de Las Cruces:

-1 El agua del río San Pedro Mezquital es la base fundamental de la inmensa riqueza natural, productiva, cultural, histórica y social de toda la cuenca. El río San Pedro Mezquital ha constituido durante siglos un patrimonio sagrado de los pueblos nayeri y wixarika, que habitan en la cuenca donde se asientan sitios sagrados y centros ceremoniales fundamentales para la vida de sus comunidades

-2 Las funciones ambientales, económicas, sociales y culturales que cumple el Río San Pedro Mezquital son posibles gracias a que éste ha vivido en libertad hasta el día de hoy. Tan sólo en términos de valor económico, sus funciones ambientales representan mil 300 millones de pesos anuales para los sectores agrícola, ganadero, pesquero y de turismo

-3 El río San Pedro es el afluente principal de agua dulce en la región de Marismas Nacionales, la cual cumple funciones ambientales de enorme trascendencia regional, nacional e internacional y hace posible la reproducción de la enorme biodiversidad de la zona. De igual manera, sirve como barrera natural ante fenómenos meteorológicos cíclicos o extraordinarios y la intrusión de agua de mar, limpiando al mismo tiempo agua, aire y tierras de la zona. Por todo esto, Marismas Nacionales ha sido una zona reconocida y protegida por distintas convenciones nacionales e internacionales

-4 Actualmente, Marismas Nacionales registra daños acumulados provocados por los efectos negativos de la construcción de la presa de Aguamilpa y el Canal de Cuautla, así como la elevación acelerada del nivel del mar y el aumento sensible de la intrusión de agua salina en la región

-5 El proceso diagnóstico para evaluar la pertinencia ambiental, económica y sociocultural de la obra, se ha realizado de forma poco transparente, nada incluyente ni participativa y en ocasiones hasta ilegal. Los resultados de los estudios técnicos para determinar la factibilidad de la obra no han sido objeto de discusión científica y social abierta como lo amerita un asunto de interés claramente general como éste
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