Sitio de Agustín del Castillo

Se cumplió el tercer plazo del convenio y se presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El incumplimiento del tercer plazo de convenio concedido al gobierno del estado y al Ayuntamiento de Tapalpa para cerrar el vertedero de Atacco, aparentemente ya no será tolerado por el consejo ciudadano de la localidad, que en voz de su presidente, Hilario Niño Hernández, anunció que este miércoles, 1 de noviembre, se hará el “cierre pacífico” de sus actividades.

Para el efecto, presentaron ayer una nueva queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), en la que demandan las medidas cautelares a su favor por la contaminación del sitio y las presuntas tentativas de violación de sus derechos por parte de la administración municipal.
la comunidad de Atacco, en la que acude representantes del gobierno del estado de Jalisco […] en esta sesión se tomaron una serie de acuerdos por las autoridades presentes y se acordó una prórroga definitiva de tres meses más hasta el 30 de octubre de 2017 para la clausura y cierre definitivo del vertedero, levantándose una minuta que las autoridades se negaron a firmar”.

El miércoles 25 de octubre, “el Consejo Ciudadano de Atacco fue citado para que acudiera a las instalaciones de la Presidencia Municipal de Tapalpa […] las autoridades se concretaron a informar que la obra civil del nuevo centro de transferencia de desechos urbanos se encontraba en 80 por ciento de avance y respecto del equipamiento apenas se encontraban en pláticas con una empresa siderúrgica del estado de Coahuila para recibir información sobre los requerimientos y presupuestos, pero que no tenía ni idea de el tiempo necesario para terminar con la construcción del centro de transferencia, se abrió un pequeño periodo de preguntas y respuestas pero que no lograron concluir en nada, y de forma intempestiva argumentando que tenían compromisos previos tanto el presidente municipal como el representante del gobierno del Estado y dieron por terminada esa sesión informativa sin dar oportunidad de escuchar los planteamientos del Consejo Ciudadano de Atacco”.

Así, sin siquiera una solicitud expresa de prórroga, se ha llegado a la fecha de vencimiento. Los vecinos aseguran que esta vez el tiradero quedará clausurado.

GPE

Bosques degradados, uso de agroquímicos, basura más dispuesta y un daños en el agua, problemas más serios.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Como sucede con el modelo aguacate en buena parte de los bosques templados del sur y el poniente de Jalisco, el modelo de las berries está provocando un colapso ambiental en la meseta de Tapalpa.

El activista Anan Nodedt, habitante de la región, y un grupo de ciudadanos preocupados por el entorno, que han dado vida a la organización El Salto de Nogal AC, hicieron hoy una llamada de alerta para que se haga frente, por parte de las fuerzas del Estado, al deterioro de la masa forestal que ha dado fama a la región como uno de los principales entornos ecoturísticos de Jalisco .
eros, uso de pesticidas prohibidos, como el bromuro de metilo”, resumió, en una presentación leída ante estudiantes del ITESO.

Señaló la pérdida de tres mil hectáreas de espacio forestal, el uso agresivo del agua superficial y subterránea, la pésima disposición de residuos sólidos y el deterioro general del paisaje rural que dio fama a la zona. Y puso énfasis en un componente químico, el bromuro de metilo, que asegura están utilizando buena parte de los ranchos que se han sumado a la producción de las también conocidas como “frutillas del bosque”, fresas y zarzamora, fundamentalmente, que constituyen un producto de exportación.

“El bromuro de metilo es uno de los pesticidas conocidos más tóxicos y con un impacto ambiental más grande. Además, se encuentra entre los más potentes destructores de la capa de ozono, destrucción que acarrea importantes consecuencias para nuestra salud: aumento de cánceres, incremento enfermedades oculares, deficiencias en el sistema inmunitario… y para la del medio ambiente, originando daños a los cultivos y a la flora y fauna en general. La exposición laboral a ese desinfectante en su aplicación puede generar cáncer de próstata e incluso la muerte”, pone en relieve.

“El uso del bromuro de metilo está regulado por el Protocolo de Montreal que obligaba a los países firmantes a buscar alternativas para eliminar su uso antes de finales de 2004, A los países subdesarrollados se les fija el año 2011 para que se reduzca un 50 por ciento el uso de bromuro de metilo”. Anan Nodedt indica que personalmente vio cómo se aplicaba ese gas venenoso que resulta altamente eficaz en la eliminación de “plagas” como tuzas y topos, aunque las empresas se lo han negado.

En cuanto a la basura, el tiradero de Atacco es un pasivo ambiental “vencido por más de seis años, en situación crítica de contaminación al medio ambiente”, cuyo cierre se ha alargado por la falta de dinero para terminar el centro de transferencia en las cercanías de La Frontera, el cual recientemente fue clausurado por Proepa (Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente) por no construirse bajo los términos adecuados de espacio y tecnología.

“Tapalpa genera 22 toneladas de basura por día, la cual aumenta en 150 por ciento los días de turismo fines de semana y días de puente, lo que lleva esa generación a 55 toneladas por día”. Además, “entre tala ilegal e incendios provocados para luego talar y cambiar el uso de suelo a uso agrícola, prohibido por ley, que obliga a no cambiar el uso de suelo por 20 años, se han perdido más de 3 mil hectáreas en lo que va de este año”, advierte.

¿Qué han hecho los miembros de la asociación? “Tanto la tala ilegal, la sobreexplotación y contaminación del acuífero, como la contaminación de suelo por la agricultura intensiva de berries y papa, han sido denunciadas ante las entidades estatales y federales en reiteradas ocasiones sin recibir un interés genuino por parte de las mismas en hacer valer las leyes medio-ambientales correspondientes”.

Es decir, instancias como la Comisión Nacional del Agua y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente señalan la necesidad de encontrar en flagrancia al infractor, la escasez de inspectores, y en el caso de la primera, “hasta nos pidieron dinero para la gasolina”. En cuanto al estado, reconoce que hubo apoyo de la Proepa y de la Secretaría de Medio Ambiente local, pero se diluyó. La presidencia municipal no se ha interesado en el tema bajo la justificación de que es de competencia federal, y en el caso de la basura, no termina de resolverlo. “Los empresarios no tienen la lucidez de comprender que serán afectados por este problema, cuando ya no haya paisaje, clima ni agua, no tendrán nada que vender”, lamenta el activista.

SRN

El modelo de organización fue concebido en 1993 en la cuenca del río Ayuquila, y tiene diez años de haber alcanzado la mayoría de edad.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La historia del proyecto de protección de la Sierra de Manantlán está indisolublemente ligada a los efectos que dispersó social e institucionalmente sobre los amplios territorios de su zona de influencia; pero ninguno alcanzó la consolidación y las dimensiones de lo que hoy es la Junta Intermunicipal del Río Ayuquila, concebida desde 1993 por el primer director de la reserva de la biosfera, Sergio Graf Montero, inspirado en un modelo de intermunicipalidades que trabajó previamente, durante su estadía en la reserva de la biosfera de Cevennes, Francia.

Ese año, se estableció una consulta base para un diagnóstico regional donde quedó patente que la preocupación fundamental de los habitantes era la contaminación en la cuenca.

"La junta se origina en la resolución de resolver problemas que van más allá del espacio de cada municipio, ligado a la contaminación del río; cuando empezamos a trabajar, percibimos que resolver el problema de las comunidades implicaba colaborar con los municipios donde se generaba el problema; viendo el modelo de gestión de Manantlán, donde se busca que el área protegida se convierta en un modelo de gestión del territorio hacia afuera, empezamos a trabajar ya de manera explícita y coordinada con los gobiernos locales, derivando en un proceso de comunicación y trabajo, empezando con un programa de educación ambiental, y con el programa de separación de desechos sólidos en El Grullo; buscamos un mecanismo que nos pudiera coordinar de manera más orgánica a los municipios, a la UdeG, a la dirección de la reserva, y es cuando pude aplica esa experiencia personal de Francia", señala Graf Montero.

"Allá trabajé como facilitador en un proceso asociativo de municipios; cuando regresé dije, hay que implementarlo, pero había una dificultad legal, porque los municipios no se podían asociar libremente, necesitaban autorización del Congreso, y solo a partir del año 2000 empiezan las nuevas disposiciones del 115 constitucional, donde quitan esa limitante y se permite la libre asociación; buscamos una figura y en aquel entonces encontramos que lo idóneo era hacer un convenio [...] en Francia yo había encontrado toda una legislación que facilita la asociación de los municipios, acá había un problema estructural: cuando firmas un acuerdo político de voluntades, cuando se van los alcaldes tienes que empezar de nuevo, no hay una base institucional que lo sostenga; entonces decidimos crear una plataforma deliberativa presupuestal y constituimos un fideicomiso privado, que hacia la veces de acuerdo legal, tenía un dinero y eso abría la posibilidad de planificar una inversión conjunta...".

1998 es un año axial: se da una derrama de melaza en el río, que mata la vida acuática decenas de kilómetros aguas abajo del ingenio azucarero Melchor Ocampo, de Autlán. En 1999, la instalación fabril es clausurada temporalmente. El efecto positivo es que el desastre ambiental detona el ambiente social y político que hace posible los grandes cambios de los siguientes cuatro años.

La figura de fideicomiso dio personalidad jurídica al instrumento y permitió la captación de recursos. Fue así como salió adelante la Iniciativa Intermunicipal para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Ayuquila en 2002. El fideicomiso recibía donativos federales y estatales; Graf, ya afuera de la dirección de la reserva, concibió la Fundación Manantlán para la Biodiversidad (Mabio AC) "como facilitador del proceso asociativo; el fideicomiso daba recursos a los municipios en un convenio basado con la fundación, para contratar al técnico que presidía la iniciativa, y al fundación era el garante del funcionamiento de esta persona contratada, que estaba al servicio de la unión de municipios". No obstante, si no se hubiera ajustado el proceso, hubiera sido difícil replicarlo, sostiene Graf.

"Se sintieron incómodos, por la falta de control, de transparencia, porque es más difícil el seguimiento de la rendición de cuentas cuando tienes el dinero asignado en una ONG, que en un entidad pública; nos dimos a la tarea de hacer un análisis jurídico de opciones, para mejorar el diseño institucional; viendo que la posibilidad de asociarse libremente ya estaba en el marco constitucional, se encontraron dos opciones: o constituir una asociación civil integrada por los municipios, cosa que te llevaría la distorsiones como pasa ahora en la Sierra de Quila [menos estabilidad institucional], o asumir la figura de un organismo público descentralizado, y optamos por crear un OPD intermunicipal que da estabilidad a largo plazo", agrega.

Esta fue la clave del éxito, porque en todo el país hay municipios regidos por el mismo principio constitucional, es decir, es un modelo replicable. En 2007, se crea la Junta Intermunicipal del Río Ayuquila, que ha cumplido diez años. Desde entonces, la figura ha empezado a dominar territorialmente a Jalisco: en la costa, en el sur, en la región Valles, en Los Altos y en la zona huichola. Y un OPD de este tipo puede funcionar para cosas específicas, como el manejo de la basura (los Simar o Sistemas Intermunicipales de Manejo de Residuos), o para el control de procesos de degradación ambiental: contaminación del agua, basura, deforestación, como la misma JIRA y sus hermanas menores de la costa.

Para el éxito "lo que sí necesitas asegurar es procedimientos, prácticas, lineamientos que sí son estables, que aseguran que el mecanismo se establece de manera sana, el procedimiento de decreto del organismo, con una adecuada información a los cabildos, con un acuerdo previo entre los alcaldes; y que el órgano de gobierno o consejo de administración, incluya a dependencias del gobierno federal y estatal, para poder elabora un mecanismo de colaboracion intergubernamental; que incluya actores de la sociedad civil, que es la ventaja que te dan los OPD, y puedes integra a la universidad.

¿Cuáles son sus ventajas? "Estamos hablando de un gobierno corporativo, basado en un esquema que es la junta de gobierno o el consejo de administración, y que su operación se basa en una agencia, a un agente al que le das la facultad de emprender acciones, y les disminuye el costo a todos los que participan, y en consecuencia, genera economías de escala; este modelo permite tomar decisiones colegiadas ante problemas comunes, y detonar la participación de otros actores para contribuir a la resolución, lo que da el espacio a la UdeG que se ha integrado a las otras juntas gracias a su modelo de universidad descentralizada, y permite que sus estudiantes aporten investigación específica para resolver los problemas reales de cada cuenca".

Las juntas existentes permiten en la actualidad detonar los proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD plus) de la ONU en la costa de la entidad, una de las más acosadas por cambios de uso de suelo en los últimos treinta años: convergen apoyos internacionales y nacionales, cuya atracción es tarea de la ONG socia de la junta, y programas de gobierno federal y estatal. Y como REDD plus busca eliminar las presiones y amenazas que detonan deforestación, se trabaja en temas como equidad de género e inclusión social, con grupos vulnerables como mujeres y campesinos sin tierra que no tienen acceso a estímulos formales como el Procampo o el Progan.

Todo esto nació tras el regreso de un estudiante que regresó de Francia con una idea seminal, y encontró a una sociedad que le dijo a los encuestadores que le preocupaba la contaminación del río que proveía de agua para beber y para cultivos, y de proteína animal abundante.

Hoy se ha "exportado" a la península de Yucatán, a la zona Puc del sur de esa entidad, y al sureste de la península, en Quintana Roo. Pero es tan flexible, puntualiza Graf Montero, que podría aterrizar en casi cualquier territorio con condiciones mínimas de gobernabilidad. Y eso da: organización, espacios de debate, coordinación para resolver grandes problemas del territorio. Es un modelo maduro que nació de la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán, que ya ha pasado de 30 años.



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Claves

Una cronología

1993. Conformación de la dirección de la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán; encuesta a los pobladores del río Ayuquila

1995. Programa gubernamental de combate a la pobreza tras el alzamiento zapatista

1996. Subconsejo del río Ayuquila en el consejo asesor de la reserva de la biosfera

1997. Comisión de cuenca del río Ayuquila (con Conagua)

1998-1999. Ecocidio con melaza y clausura del ingenio Melchor Ocampo

2002. Iniciativa Intermunicipal para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Ayuquila

2007. Conformación de la Junta Intermunicipal del Río Ayuquila

Innovación desde una reserva de la biosfera

El coordinador del Museo de Ciencias Ambientales de la UdeG, Eduardo Santana Castellón, opina: "El caso de la JIRA demuestra que la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán es un proyecto de innovación de gobernanza y gestión social [...] En la reunión de Madrid de las reservas de la biosfera [con el plan de acción 2008-2013] se habla que las reservas deben tener un papel más allá de sus propios límites, vistas no como castillos sitiados ni bastiones de conservación a ultranza, sino como espacios de experimentación que generen innovación, y esas nuevas alternativas para la gestión del territorio nos lleva al caso del río Ayuquila, uno de los más extraordinarios en el mundo, que surge justo en la interfase del área de amortiguamiento con el área de transición, y obliga a los directores de la reserva a trabajar en un espacio mucho más amplio, y tanto aguas arriba como sea el origen de los contaminantes, como aguas abajo, por las personas afectadas".

SRN

En el contexto de una dramática escasez de áreas verdes en la zona, la edil Daniela Chávez manifestó su indignación por la forma en que la autoridad local.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Los vecinos del Cerro del Cuatro y la regidora del Partido Verde Ecologista de México, Daniela Chávez, analizan la posibilidad de entablar procedimientos legales contra la medida propuesta y aprobada por la mayoría del Partido Movimiento Ciudadano en Tlaquepaque, de vender a valor catastral un predio de 2,400 metros cuadrados a pretexto de que ya aloja antenas de telecomunicaciones.

En el contexto de una dramática escasez de áreas verdes en la zona, la edil manifestó su indignación por la forma en que la autoridad local dispone de bienes públicos mientras no implementa políticas de verdadero impacto para revertir el problema de contaminación de la zona.

Esta venta se autoriza tras tres meses de haberse aprobado el dictamen para enviar la solicitud al Congreso del Estado de Jalisco para declarar como zona de recuperación ambiental las 49 hectáreas del Parque Central del Cerro del Cuatro propiedad del municipio; en sesión de pleno del jueves 26 de octubre, los regidores y la presidente municipal, María Elena Limón, “aprobaron con mayoría simple la venta y donación de 2,400 m2 para la instalación de antenas, iniciativa presentada por la regidora de PMC Mirna Citlalli Amaya de Luna”, y contra la que votó en solitario Daniela Chávez.

La opositora cuestionó la urgencia y justificación por ceder áreas verdes “de una zona con alta fragilidad ambiental, déficit de áreas verdes, pésima calidad del aire y dos recomendaciones por la Comisión Estatal de Derechos Humanos por incumplimiento de los decretos con criterios ambientales [...] hemos estado trabajando por dos años para la declaratoria de Zona de Recuperación Ambiental, en esta área debe prevalecer la cobertura vegetal por ser un catalizador y amortiguador de la contaminación ambiental que sufren los habitantes cercanos a la zona, para mi es prioridad la salud de los vecinos, con quienes he tenido acercamiento y han manifestado que ya no quieren más antenas que producen contaminación electromagnética”. Señaló que se trata de un ecocidio.

SRN

Pese a las demandas a través de tribunales administrativos por adeudo de indemnizaciones, la autoridad se ha negado en últimas fechas siquiera a discutir el tema.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Este mediodía, un grupo de ejidatarios de La Estancia de Landeros, en San Sebastián del Oeste, bloqueará por hasta dos horas la carretera Mascota-Las Palmas, en protesta por una deuda estatal en indemnizaciones que es cercana a 27 millones de pesos.

El apoderado legal de los ejidatarios, Manuel Amador Vega Almaral, dijo que pese a las demandas a través de tribunales administrativos, y a la denuncia pública del caso en MILENIO JALISCO, la autoridad se ha negado en últimas fechas siquiera a discutir el tema ante los representantes de los campesinos. Por más que sea un tema heredado de dos administraciones previas, la obligación es institucional, consideró.

El apoderado recordó que desde 2015 abordan el tema con la Dirección de Asuntos Agrarios del gobierno estatal, la cual aceptó “una alternativa a la ejecución de las sentencias que en los juicios agrarios, mis representados tienen instaurados en contra del gobierno del estado y en búsqueda de llegar a un acuerdo que sea mutuamente satisfactorio [...] esta alternativa pudiera significar un ahorro al erario público [sic], al negociar un pago que ponga fin a los conflictos agrarios que mis representados tienen entablados...”, según un oficio entregado ante esa instancia estatal.

Por ello, los campesinos estaban dispuestos a aceptar que pagos con base en un avalúo realizado en 2007, que asciende en global a 27 millones de pesos. Porque los precios actualizados podrían rondar 40 millones de pesos, de acuerdo a datos ofrecidos por el Instituto de Ciencias Forenses como instancia valuadora oficial.

Los ejidatarios demandantes son Ramón Nava Robles, José Peña Gudiño, Lino Peña González, Jesús Contreras Ruiz, Luis Isas Aguirre, Teodomira Robles Dueñas, Sebastiana Aguayo Camacho, Heliodoro Arredondo Zúñiga, Rosa Ruiz Mora, Cirilo Pérez Lepe y María Guadalupe Robles Valdez. El adeudo a ese precio es de 26 millones 716,617 pesos. La superficie global es de 10.6 hectáreas. Ese grupo de campesinos, a 11 años de que pasara la carretera por su pueblo, parece haber perdido la paciencia.

SRN

El ejecutivo estatal no ha hecho un análisis integral para decidir el futuro del río Verde, y apuesta por un modelo tradicional no sostenible.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Quedó a deber el uso que dio el gobierno del estado al costoso trabajo que contrató a la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops, por sus siglas en inglés), pues en la decisión de apoyar la presa El Zapotillo con 105 metros de altura, y las comparecencias posteriores de los secretarios ante el Congreso del estado, evidencian pobreza de conceptos y la apuesta por un modelo tradicional y "economicista" de corto plazo, señalan expertos de cuatro universidades en "Alternativas para la gestión integral y sustentable del agua en Jalisco, en el contexto del proyecto de la Presa El Zapotillo", un informe elaborado para el poder legislativo.

"El gobierno estatal, ante la incertidumbre percibida en la sociedad y la falta de credibilidad o conocimiento parcial del proyecto presentado por la Conagua, solicitó los servicios de la ONU a través de la Unops [...] el informe de la Unops acredita con claridad que hay menos agua disponible de la originalmente contabilizada en la cuenca en el caudal del río Verde, y una mayor demanda de la originalmente documentada para la misma cuenca. A pesar de ello, se sostiene por parte de los funcionarios que la única opción para abastecer de agua a la zona metropolitana de Guadalajara y a la ciudad de León es la de una presa con una cortina a 105 metros y un trasvase de cuencas que derive agua a León, Guanajuato".

Quedó evidenciada "la toma de decisiones desde un modelo técnico-administrativo, burocrático y excluyente de gestión del agua que no considera los elementales principios de realidad y de subsidiariedad en la toma de decisiones que son esenciales para el derecho y la política ambientales y que se encuentran integrados en el marco normativo del agua en México. Frases vertidas durante la comparecencia [de funcionarios estatales ante el Congreso] como la de que 'el agua no se aprovecha' cuando no se utiliza para consumo humano y que si culmina en el mar 'se desperdicia', reflejan el paradigma de modelos de gestión tradicionales basados en el comando y control y de la oferta, sin considerar factores socio-ambientales de manera integral".

A esto hay que agregar "la falta de información y la falta de estudios, como el de un Ordenamiento Ecológico Territorial, son un problema en la toma de decisiones con perspectiva sustentable y ambiental. También es un problema no contar con una estrategia definida para atender a las poblaciones y respetar plenamente sus derechos humanos, sociales y colectivos".

El escenario de Unops aceptado por el gobierno de Jalisco, "no tomó en cuenta lo relativo al cambio climático. En la comparecencia se recordó que la variable de cambio climático sólo se tomó en cuenta en uno de los escenarios [escenario cuatro] planteados por la Unops: 'solo se tomó en cuenta en el escenario más radical', mencionó la secretaria de Medio Ambiente, Magdalena Ruiz. Puede entonces lanzarse la pregunta: ¿por qué el poder Ejecutivo estatal toma una decisión pública tan relevante basándose en un escenario que omite la variable de cambio climático en el diseño y operación del proyecto El Zapotillo? Se debe tomar en cuenta que existen estudios consistentes donde se evidencia que el cambio climático tendrá impactos severos, específicamente en la región alteña, alterando indiscutiblemente el ciclo hidrológico en la cuenca".

El cambio climático "debe ser una variable fundamental a tomar en cuenta, en este caso y por la vulnerabilidad de la zona, debe incorporarse plenamente a una perspectiva integral para la construcción de un modelo de gestión integral del agua en la cuenca. Evidentemente el factor cambio climático no está incorporado en el escenario que retoma y asume el gobernador de Jalisco en relación al trabajo realizado por la Unops. No deben admitirse proyectos o escenarios en donde no se tome en cuenta en forma clara y explícita la variable cambio climático", advierten los expertos de ITESO, UdeG, Utej y UP.

SRN

Académicos afirmaron que hay condiciones naturales para que las autoridades municipales y estatales generen normas encaminadas al aprovechamiento del agua pluvial.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Investigadores de la Universidad de Guadalajara insisten que el sentido común y el conocimiento científico demuestran que “cosechar” agua de lluvia es una alternativa para que la ciudad recupere su sostenibilidad en el abastecimiento del recurso, pero los poderes fácticos y los gobiernos y organismos operadores del Área Metropolitana de Guadalajara persisten en negarlo.

Fernando Córdova Canela, director general de la sede UdeG del Laboratorio Nacional de Vivienda y Comunidades Sustentables del Conacyt, y Arturo Gleason Espínola, investigador del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD), afirmaron que hay condiciones naturales para que las autoridades municipales y estatales generen normas encaminadas al aprovechamiento del agua pluvial.

“Existen las condiciones para generar un estándar de captación de agua de lluvia. Esto implica no sólo leyes, ordenamientos municipales o estatales, sino la generación de normas oficiales, el ordenamiento de la cadena productiva, la incorporación de otros actores que necesariamente irán incentivando y fortaleciendo esto en lo local.

Creemos que es un trabajo de largo aliento, pero sí es alcanzable, porque se ha hecho en otros países, es una cuestión de organización y voluntad”, dijo Córdova Canela.
Por su parte, Gleason Espíndola, miembro de la Asociación Mexicana de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia, resaltó: “desde la universidad estamos generando la experiencia y los conocimientos, pero no tienen mayor relevancia si los entes públicos no se interesan. Necesitamos, primero, voluntad y después, sentarnos a trabajar para estipular una ruta crítica y transitar de un modelo que se basa sólo en redes de agua potable y presas, a un modelo que no dependa tanto de éstas”.

Paradójicamente, es la misma Comisión Nacional del Agua la que ha tratado de incorporar sistemas de captación de lluvia en zonas rurales; también lo hace el gobierno de la Ciudad de México. Gleason Espíndola dio a conocer un prototipo de captación de lluvia en una casa: 53 mil litros de agua, 40 por ciento de la demanda de agua de un año.

“La calidad del agua es aceptable para consumo humano debido a los sistemas de limpieza natural y filtración, además de que el usuario ahorró mil 232 pesos al no utilizar la red del SIAPA durante cinco meses y evitar la compra de garrafones comerciales”, añadió.

La siguiente semana se realiza el Congreso Nacional de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia en el CUAAD, con 36 ponencias e invitados de Japón, Estados Unidos, Holanda, Alemania, Colombia, Brasil y México (ver amscall.org.mx/congreso).

SRN

El presidente municipal de San Sebastián del Oeste los convenció de abhrir un canal con el gobernador para resolver el caso.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

Un grupo de ejidatarios de La Estancia de Landeros, poblado ubicado en San Sebastián del Oeste, cerró ayer, a partir de las 11:40 de la mañana, el crucero de la carretera Mascota-Las Palmas que atraviesa por su comunidad, en protesta por la falta de pago de indemnizaciones que ascienden a casi 27 millones de pesos, con precios del año 2007, por parte del Gobierno del Estado. El bloqueo, operado con camiones materialistas y camionetas, se prolongó por más de una hora, y se levantó cuando policías municipales convencieron a los quejosos de entrar en diálogo con el presidente municipal, Jesús Damián Vázquez Miranda.

“La medida fue para exigir el pago de sus parcelas por el paso de la carretera desde hace más de once años; el adeudo que tiene gobierno es ya de más de 30 millones de pesos ya que tienen más de diez años en juicio. Se abrió una mesa de negociación por parte de dirección de Asuntos Agrarios y hasta la fecha no tienen solución, y ante la negativa, los ejidatarios empezaron a bloquear la carretera por lo que se les debe y amenazan con seguir bloqueándola si no tienen respuesta de las autoridades”, dijo el apoderado legal de los quejosos, Manuel Amador Vega Almaral.

Alrededor de la 13:00 horas, la protesta se suspendió y el representante acudió a la cabecera municipal de San Sebastián del Oeste, para una conferencia con el presidente municipal de la demarcación, el cual se comprometió a llevar la inquietud a los oídos del gobernador del estado.

“Él nos dijo que va a buscar al gobernador y le planteara la demanda por la falta de respuesta por parte de la dirección de Asuntos Agrarios del gobierno del Estado, que no ha respetado el compromiso que tenemos desde hace mucho tiempo; el próximo martes se comprometió a entregarnos una respuesta, y con base a eso determinaremos nuevas decisiones”, explicó Vega Almaral por vía telefónica.

El precio propuesto por la vía de conciliación es de 250 pesos por metro cuadrado, pero el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (oficio IJCF/00572/2015/12CE/AG/05) dio un valor por metro cuadrados de 300 pesos. Los ejidatarios demandantes son Ramón Nava Robles, José Peña Gudiño, Lino Peña González, Jesús Contreras Ruiz, Luis Isas Aguirre, Teodomira Robles Dueñas, Sebastiana Aguayo Camacho, Lino Peña González, Heliodoro Arredondo Zúñiga, Rosa Ruiz Mora, Cirilo Pérez Lepe y María Guadalupe Robles Valdez. El adeudo global al precio de 2007 es de 26 millones 716,617 pesos, por una superficie directamente afectada o la servidumbre respectiva, que asciende a 10.6 hectáreas.

Pese a los acuerdos en reuniones directas, la estrategia legal del gobierno tendía a buscar frenar los pagos a pretexto de abrir un procedimiento de expropiación, lo que significa postergar por años el finiquito. El Supremo Tribunal Agrario se pronunció a ese respecto: “cuando en un juicio agrario se declara procedente la acción de restitución de tierras pero se acredita la imposibilidad material y jurídica para ejecutar tal determinación [por existir una obra de utilidad pública construida en el predio respectivo] y se ordena como cumplimiento sustituto el pago de la indemnización por el valor de la tierras controvertidas, el Tribunal Agrario debe ordenar que una vez satisfecho el pago de la indemnización, se desincorpore del régimen ejidal la superficie”, y no hacer expropiación, pues esta, “al ser un acto de autoridad susceptible de impugnación, podría dar lugar a retrasar injustificadamente la ejecución de la sentencia…” (Tesis 2a./J114/2017 [10a.] Segunda Sala. Seminario Judicial de la Federación, 8 de septiembre de 2017).

MC/SRN

Uno de los consultores más experimentados de Jalisco revela que es posible la ecuación de salvar Temacapulín, hacer una presa de 600 millones de metros cúbicos y abastecer con 10 metros cúbicos a la ciudad.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El destino de Temacapulín estaba aparentemente definido desde que el gobierno de Jalisco emitió, el 11 de abril de 2014, el comunicado en que avalaba un dictamen de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que advertía que siete años atrás, el propio organismo federal les había mentido: una cortina a 80 metros de altura en el río Verde no salvaba de las aguas al viejo poblado, los diques propuestos de hasta 20 metros de altura no garantizaban que no hubiera inundación, y por el contrario, amenazaban la vida y los bienes de Temaca.

La postura fue repetida tres años después, tras ofrecer un compás de espera que alimentó precarias esperanzas en el puñado de pobladores aferrados a su viejo asentamiento, con base en un a la postre discutido trabajo de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), contratado por el gobierno estatal, y que reiteró la vieja postura apenas el 29 de junio pasado: es inviable salvar Temaca con 80 m de cortina, y lo sensato es que se eleve a 105 m y los habitantes se vayan a la más elevadas vecindades de la cañada que fue asiento de sus ancestros por al menos seis siglos.

No obstante, Porfirio Ruvalcaba, uno de los ingenieros hidráulicos más experimentados de Jalisco, pretende quitar la razón al gobernador Aristóteles Sandoval y a todo el aparato de técnicos que dirige desde su oficina su principal asesor, Enrique Dau Flores: Temaca no sólo se salva con cortina a 80 metros. Se salva con una cortina a 87 metros y tres metros más de margen.

¿Acaso se pueden reinventar la geografía y replantear las leyes de la física? No tanto. Pero sí.

"Temacapulín no debe quedar inundado, y esto se logra eliminando el cauce del río Verde, hacia el norte, haciendo un bordo, una especie de dique, y una cortadura en la falda de un cerro, a una longitud de 940 metros, para el desvío del cauce del río; con esta solución se le quita una curva al río como de de 2,500 metros, y Temaca se queda con una zona interior más amplia, el viejo cauce se transforma en un estanque para criadero de peces, y desde luego alejamos considerablemente la presa, a más de un kilómetro y medio, haciendo los bordos bien cimentados y amplios, de unos 100 metros desde la base y una altura como de 25 metros, que es más seguro que cualquiera de los diques que dijeron", explica el consultor, en entrevista con MILENIO JALISCO.

Y no solamente se trata de desviar el río. Temacapulín deja de recibir las aguas de la cuenca alta que vierte en la cañada, la cual se desvía por un canal de más de cuatro kilómetros, aguas abajo, más cerca de la cortina de El Zapotillo. Entonces, sólo se drenaría a los estanques del antiguo río cercenado, la modesta cuenca propia. Los dos bordos de 500 metros de longitud, equivalen a verdaderas cortinas de materiales graduados de una represa, lo que las hace una sólida frontera para el agua, y además, les da flexibilidad en el caso de cualquier fenómeno geológico.

El diseño de ingeniería que ha elaborado el consultor, incluye el desvío de la carretera que va de Cañadas de Obregón a Mexticacán, y ese rediseño incluye que el primero de los bordos sea utilizado para el paso de la ruta pavimentada, además de un puente sobre el río, en la zona del corte, con una longitud de unos 30 metros.

De este modo, se alcanza un proyecto de corona de presa de 90 metros, y el vertedor de la presa, que es el que define su altura, puede ser de 86 o de 87, y dejar un bordo libre de tres a cuatro metros", añade.

Además de salvar Temacapulín, ¿cuál es la ganancia neta de este rediseño del vaso artificial? Porfirio Ruvalcaba recuerda que con un vertedero de 80 metros, la capacidad del vaso es de 436 millones 450 mil metros cúbicos; y si se eleva seis metros, la capacidad da 596 millones 190 mil m3, "o sea, un aumento de 160 millones 140 mil m3". Si se optara por el vertedor en 87 metros, son 620 millones de m3, casi un tercio más de capacidad, y sin afectar al poblado.

Zapotillo - El Salto

Bajo la hipótesis, que en estos momentos no se ha fortalecido ante la escasa acción legal de los grupos políticos opuestos al trasvase de agua a la ciudad de León (ver MILENIO JALISCO, 24 y 25 de octubre de 2017), de que se modificaría el acuerdo de distribución y los decretos presidenciales vigentes en el río Verde, y se alcanzaría a eliminar el trasvase al estado de El Bajío, el ingeniero aventura un uso de esa gran presa a favor de Los Altos y de la ciudad de Guadalajara... pero su propuesta significa abandonar la construcción de la presa derivadora de El Purgatorio, que implica un bombeo de más de 5 m3 por segundo desde 600 metros abajo de la ciudad.
etros y una conducción de 18 kilómetros lo lleva a la presa El Salto, y de ahí, alrededor de 50 kilómetros más, por gravedad, hasta la presa Calderón (Elías González Chavez), con una pendiente de 90 metros y la posibilidad de generar electricidad equivalente a 20 por ciento del costo del primer bombeo, pues previo a Calderón hay un declive cercano a 50 metros de altura.

La presa Elías González Chávez recupera así su papel de derivadora y reguladora de caudales: su capacidad de conducción se incrementa por arriba de 10 metros cúbicos por segundo, y se resuelve en definitiva el abasto de Guadalajara... sin necesidad de regresar a la presa de Arcediano, como es el propósito de los técnicos que asesoran al gobernador de Jalisco. Es como el proyecto que en los años 90 impulsó el gobierno de Alberto Cárdenas Jiménez, conocido como "crédito japonés", pero potenciado por una presa de amplios caudales como es El Zapotillo reformado.

Una ventaja no menor de esta propuesta es que su gasto en energía de bombeo es apenas de 42 por ciento en relación con el que tendrá El Purgatorio, pero aún menor, si se considera que generará el sistema algo de electricidad: rondará 35 por ciento. "Y si consideramos que es para siempre, no es menor el ahorro, son costos de operación mucho más bajos aunque la inversión inicial sea fuerte".

¿Por qué no regresar a Arcediano? El consultor destaca la imposibilidad de garantizar una calidad del agua adecuada en ese vaso, incluso con las plantas de tratamiento del oriente de la ciudad en operación al tope. Esto, porque ha sido evidente el fracaso en controlar y posteriormente eliminar el agua de las industrias del sur de la metrópolis, y a eso habría que sumar el problema de los residuos provenientes del campo y de las agroindustrias del corredor que nace en Ocotlán y la carga que arrastra el principal tributario del río Santiago, que es el río Zula, sostiene el experto.

Los costos no serían menores, pero considera que El Purgatorio ya consumió arriba de 2 mil millones de pesos y tenderá a costar siete mil millones, y sólo es una solución provisional: cuando la pretendida presa Arcediano entre en operación, el bordo de 40 metros de El Purgatorio se inundará. La operación del sistema que él plantea, en cambio, sería más barata a la larga. Pero "necesitamos que se cancele el trasvase a León, para que todo este escenario realmente beneficie a Jalisco", puntualiza.

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Claves

Numeralia de la propuesta

942 metros de corte de terrenos para desviar el cauce del río Verde y alejarlo 1.5 km de Temacapulín

500 metros aproximados de cada uno de los dos bordos a construir, con una altura de 25 metros y una anchura cercana a 100 metros

4.2 km de canal de desvío de cuenca alta de Temaca para conducir esa agua a la presa

18.5 km de conducción desde El Zapotillo hasta El Salto, con 250 metros de desnivel

50 km desde la presa de El Salto, con un túnel en el km 30 en el cerro de La Campana, hasta la caída de 50 metros para generar electricidad

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Claves

Datos jurídicos

La presa El Zapotillo sólo puede estar en 80 metros de altura, hasta ahora. El proyecto original fue concebido solamente para entregar agua a la ciudad de León, Guanajuato, y a poblaciones de Los Altos de Jalisco; el gobierno de Emilio González Márquez optó por ampliar el proyecto y estableció un nuevo convenio para llevar la cortina a 105 metros de altura, pero no consultó sus términos al Congreso de Jalisco

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la controversia constitucional 93/2012 a favor del Congreso de Jalisco, y estableció que el convenio que establecía la cortina a 105 metros era ilegal

Además, tres suspensiones de amparo confirman esta condición: 1093/2014, promovido por un grupo de quejosos denominado "hijos ausentes de Temacapulín en Guadalajara"; 1045/2014, promovido por 84 moradores de Temaca, y 1046/2014, promovido por la asociación civil Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, todos bajo la asesoría del Colectivo de Abogados

El acueducto a León cuenta con una suspensión judicial en contra, promovida por el ejido Agua de Obispo, de San Juan de los Lagos (1390/2014)

Hasta la fecha, no existe ningún expediente judicial que trate de combatir los derechos de la ciudad de León, que se soportan en el título de concesión de 2015, los decretos presidenciales de 1995 y 1997, el estudio de distribución de 1994 y el convenio con Jalisco y el gobierno federal en 2005

Fuente: archivo de MILENIO JALISCO

La comunidad wixaritari tiene superficie en Jalisco y en Nayarit, y eso ni es inusual ni violenta pacto federal, advierte Muñoz López

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Una serie de malos entendidos, entre los deliberadamente dolosos y los frutos de la ignorancia de funcionarios y periodistas, tienden a señalar que el proceso judicial de restitución de la superficie comunal de Wuaut+a o San Sebastián Teponahuaxtlán en Huajimic, cuya cabecera se ubica en Jalisco, significa recorrer fronteras de Jalisco a costa del vecino, o cosas más delirantes, como un "despojo institucionalizado". El magistrado del Tribunal Unitario Agrario número 56, con sede en Tepic, Aldo Saúl Muñoz López, advierte sobre esa propaganda equivocada.

"Quienes estudiamos derecho en la ciencia política, particularmente el derecho administrativo en México, sabemos que los límites entre los estados son límites convencionales, y Nayarit no se separa de Jalisco porque haya una barda o un monte, son límites convencionales, y se ha repetido de una manera irresponsable, que el magistrado de Nayarit le quita tierras a los de Nayarit para dárselas a Jalisco o viceversa, y eso no es cierto; esta comunidad [Wuaut+a] es de un pueblo originario, que nació antes que Jalisco y Nayarit fueran estados de la república, y eso lo dice la constitución en su artículo 2; por eso es absurdo señalar eso y muchos periodistas lo dicen, sin investigar", explicó el funcionario, entrevistado luego de restituir el predio Piedra Bola a los wixaritari, el pasado 20 de octubre.

Pero ocurren interpretaciones peores: "una periodista me dijo, usted, magistrado, va a despojar a los ganaderos para darle tierra a los wixaritari, y no es cierto, yo no vengo a despojar a nadie, lo único a que vengo es a ejecutar una sentencia, que es cosa juzgada; la palabra restitución significa regresarle a alguien lo que le pertenece, la palabra despojo, arrebatárselo de forma abusiva, así que los periodistas deberían tener más cuidado".

- Además, los tribunales agrarios no son competentes en materia de límites territoriales...
- Por supuesto que no; cuando hay un conflicto de límites, entre un estado y otro, el competente para intervenir es el Congreso de la Unión, y si es entre un municipio y otro en un mismo estado, quien resuelve es el Congreso del estado; por si fuera poco, la materia agraria es de jurisdicción federal, es decir, yo ejecuto sentencias determinadas por el tribunal de Guadalajara porque se dan en el territorio administrado por Nayarit, ¿y por qué se juzgó en Jalisco? Porque San Sebastián Teponahuaxtlán tiene su cabecera en los municipios de Bolaños y Mezquitic, Jalisco... no estoy incurriendo en ningún acto en contra de la constitución [...] insisto, no nos compete a los magistrados agrarios decir hasta dónde llegan los límites entre un estado y otro.

El próximo 16 de enero habrá diez audiencias incidentales relativas a sentencias del TUA 16, que corresponde ejecutar al TUA 56. Y simplemente entregarán sus tierras a un pueblo originario sin pronunciarse sobre las fronteras políticas. Esto significa que se puede tener una comunidad agraria sobre diversos municipios y sobre diversas entidades federativas, y en nada violenta el pacto federal.

¿Jalisco alguna vez poseyó Huajimic?

Esa es otra historia y no le corresponde a los tribunales agrarios resolverla, pero además, tampoco es materia de litigio en la actualidad. Los testimonios orales y escritos revelan que las comunidades huicholas originarias fueron cercenadas –el caso de Guadalupe Ocotán, antiguo anexo de San Andrés Cohamiata hoy en Nayarit, o de Bancos de Calitíque, otro anexo de la misma comunidad jalisciense, hoy en Durango- para empujar fronteras políticas de entidades vecinas y favorecer grupos de colonos mestizos, en conflictos a la postre judicializados por los wixaritari con base en sus restituciones agrarias avaladas por el gobierno federal desde hace casi 70 años. El proceso histórico contó con la cómplice indiferencia de los gobiernos de Jalisco en Guadalajara, por lo cual, los aborígenes se debieron defender por su cuenta (ver MILENIO JALISCO, 9 de julio de 2013). Como saldo territorial, Jalisco ha perdido, de acuerdo a los datos del INEGI, casi tres mil kilómetros cuadrados de territorio soberano que poseía en 1917, año en que la nueva constitución confirmó los límites de los estados.

SRN

El Observatorio del Agua en Jalisco señala que se habían consensuado dos acuerdos para enfrentar intereses de León, pero fueron desechados sin explicación.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La alianza de los diputados del Partido Movimiento Ciudadano en Jalisco con los grupos civiles opuestos al trasvase de agua del río Verde, desde la presa El Zapotillo hacia la ciudad de León, ha dejado mucha retórica política pero muy pocos resultados reales, pues en dos oportunidades, en el pasado mes de julio, fueron desechados un exhorto al gobernador para defender los intereses de Jalisco y exigir un nuevo convenio de distribución, y un acuerdo para interponer una controversia constitucional contra el Ejecutivo por ceder servidumbre pública de carreteras estatales para el acueducto sin permiso del legislativo.

"Nosotros hemos dado elementos a los diputados para que se realicen acciones legales, pero no sabemos que se haya procedido de algún modo, por lo que pronto los buscaremos para que nos expliquen y saber si eso se va a cumplir, lo que es esencial para los objetivos que hemos planteado", dijo ayer el coordinador del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco, Juan Guillermo Márquez Gutiérrez.

Los dos acuerdos legislativos buscaban combatir la posibilidad de que el estado de El Bajío se lleve el agua de la cuenca alteña por considerar que ésta es deficitaria y se atentaría contra los derechos humanos, económicos y culturales de la región que es principal productora de alimentos de origen animal del país, y cuyo producto interno bruto (PIB) supera al de la ciudad de León.

Ambos acuerdos no tienen fecha precisa sino la referencia del mes de julio de este año, y MILENIO JALISCO tiene copia simple con firmas de diversos legisladores del PMC. El primero tiene un punto único: "Se instruye y faculta a la Mesa Directiva de este Honorable Congreso del Estado de Jalisco, para que comparezca ante Suprema Corte de Justicia de la Nación, para interponer una Controversia Constitucional, así como ante los órganos judiciales competentes para demandar la nulidad del denominado "Acuerdo del secretario de infraestructura y obra pública del estado de Jalisco por el que se otorga permiso para ejecutar trabajos de construcción ajenos al camino, dentro de los derechos de vía de la carretera estatal número 337 Cañadas de Obregón-Valle de Guadalupe, suscrito el día 01 del mes de junio del año 2016, por el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado de Jalisco".

El segundo tiene dos puntos, en un exhorto al gobernador Aristóteles Sandoval Díaz: "Primero. El Congreso del Estado manifiesta su postura a favor de la defensa del agua para Jalisco, para el beneficio de sus habitantes, así como del pleno respeto de los derechos de los afectados por la construcción del proyecto hídrico presa El Zapotillo. Segundo. Se exhorta al Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, para que, en caso de suscribir un nuevo convenio sobre el uso y destino de las aguas superficiales propiedad de la nación en la cuenca del Río Verde, velando por el beneficio de los Jaliscienses, considere lo establecido en el punto décimo del presente Acuerdo Legislativo".

¿Qué señala el punto referido? "Considerando que la actual Legislatura y los Diputados que la integramos, en nuestra calidad de representantes sociales no podemos ni debemos ser ajenos a decisiones que de tomarse sin considerar una verdadera Gobernanza Ambiental (que tanto ha promulgado [sic] la actual administración), alejada de los ciudadanos, de los productores y de los afectados directos, pudieran generarse condiciones de ingobernabilidad y comprometerse la sostenibilidad ambiental de la región, es que los diputados integrantes de la fracción parlamentaria de MC a través del presente Acuerdo proponemos una forma alterna social y técnicamente viable que le permita al gobernador del Estado garantizar primeramente el agua para Jalisco, basar su decisiones en un escenario más realista de la situación que 'prevalece actualmente en la cuenca y dar cumplimiento a lo que anteriores gobernadores omitieron por lo que heredaron un grave problema jurídico que a una década no se ha logrado destrabar. Baste recordar que la opinión de UNOP'S [Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, consultora contratada por el gobierno para definir su postura sobre el proyecto] no modifican la situación jurídica del proyecto que cuenta con diversas suspensiones y amparos que en este momento hacen inviable el posicionamiento político asumido por el titular del Ejecutivo estatal".

Añade: "considerando que la decisión tomada por el Ejecutivo del Estado requiere la celebración de un nuevo convenio sobre el uso y destino de las aguas superficiales del propiedad de la nación en la cuenca del río Verde, se hace necesario que inicie las gestiones ante las autoridades federales de la Conagua, y el Estado de Guanajuato, a efecto suscribir un nuevo convenio".

Dicho acuerdo, a juicio de los legisladores, debería llevar los siguientes puntos: uno, "el agua debe ser para Jalisco. La disponibilidad de agua no permite que se realice la distribución como establece el decreto presidencial de 1995. Este decreto permite que de no existir la disponibilidad de agua, no será obligatoria la disposición en los volúmenes señalados en el mismo. Esto conforme al párrafo cuarto del artículo 2, del decreto por el que se declara la reserva de las aguas nacionales superficiales en la cuenca del Río Verde, para usos doméstico y público urbano, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 1995, que a la letra señala: '[ ... ] el aprovechamiento de los volúmenes anuales que se reservan, se podrá realizar conforme se requiera, siempre y cuando exista disponibilidad y no se afecten derechos de terceros".

Dos, "no al trasvase". Tres, cortina de la presa El Zapotillo a 80 metros "garantizando el agua para zona metropolitana de Guadalajara y los Altos de Jalisco". Cuatro, "no inundar Temacapulín", pues el acuerdo de 1995 supedita el cumplimiento del acuerdo a los derechos de otros grupos humanos. "El aprovechamiento de los volúmenes anuales que se reservan, se podrá realizar conforme se requiera, siempre y cuando exista disponibilidad y no se afecten derechos de terceros".

No hubo explicación, simplemente fueron desechados. Al día de hoy, los derechos de León están firmes en el agua del río Verde, sustentados en dos decretos presidenciales de 1995 y 1997, en un estudio de disponibilidad de agua de 1994, en un convenio entre estados y federación de 2005, y en el título de concesión otorgado por la Conagua a favor de León, en 2015. Ninguno ha sido combatido.

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Claves

El efecto del trasvase jamás fue analizado en la MIA

La manifestación de impacto ambiental (MIA), modalidad regional, del proyecto Presa El Zapotillo para abastecimiento de agua potable a Los Altos de Jalisco y la ciudad de León, Guanajuato, elaborado por La Peninsular Constructora SA de CV, empresa dependiente de Grupo Hermes, fue autorizado por la Semarnat mediante oficio SGPA-DGIRA-DDT-1310/06 de fecha 22 de junio de 2006. Fue elaborada para una presa de 80 metros, pero es la misma que se usa para justificar el proyecto a 105 metros, a pretexto de que no variaban condiciones

"Por determinación de la autoridad se dejan de analizar todos los efectos ambientales de aumentar la presa en su cortina más allá de los 80 metros originalmente planteados en el estudio analizado. Esto implica, de origen, la inutilidad del estudio para ofrecer datos confiables y oportunos respecto de los impactos ambientales reales de la obra (si fuera el caso a 105 metros) y sus efectos asociados. A pesar de ser una MIA de carácter regional y que por su naturaleza implicaría el análisis de los impactos precisamente en lo que se denomina un sistema ambiental regional y siendo el caso que el transvase implica o puede implicar importantes impactos tanto a la cuenca receptora como a la cedente"

En la práctica "la delimitación del área de influencia del estudio se constriñe a 120 kilómetros cuadrados a los márgenes del cauce del Río Verde, sin que se defina este sistema ambiental regional ni se mencione o caractericen los aspectos que sean relevantes analizar de la cuenca receptora que, para efectos del estudio simplemente no existe, por lo que en lo que respecta a este punto puede considerarse un estudio puntual y no regional como demanda el caso"

Por haber considerado la Semarnat en 2009 que no se requería una nueva manifestación de impacto ambiental con motivo de la elevación de la cortina a 105 metros, pese a que la superficie a inundar aumenta a más del doble, "puede afirmarse que dichos impactos adicionales no fueron medidos, ni compensados o mitigados. Este solo aspecto pone en entredicho la efectividad del estudio y su posterior autorización"

Tampoco se realiza "ningún análisis de alternativas al proyecto a pesar de ser requerido en las guías mínimas que al respecto emite Semarnat para este tipo de estudios. En general, los efectos del trasvase en todos los componentes de los sistemas bióticos y abióticos, así como en sus impactos ambientales con referencia a la cuenca receptora no se encuentran suficientemente estudiados o simplemente no fueron considerados"

Además, "el cambio en el diseño del proyecto, así como las omisiones y descuidos del proceso de gestión del proyecto han implicado un aumento de costos a lo largo de tres administraciones: procesos jurídicos y demandas judiciales, realización de nuevos estudios técnicos (diques, balance hidrológico, ramales, entre otros), suspensión de obras, pago de indemnizaciones a empresas y, más recientemente, la posible demanda por incumplimiento de contrato referente al acueducto El Zapotillo-León"

FUENTE: "Alternativas para la Gestión Integral y Sustentable del Agua en Jalisco, en el contexto del proyecto de la Presa El Zapotillo", Comité Académico asesor de la Comisión Especial de Agua del Congreso de Jalisco; Iteso, Universidad Tecnológica de Jalisco, Universidad Panamericana y Universidad de Guadalajara

SRN

Apenas van dos restituciones, pero el presidente comunal confía que cuando entregue el cargo se haya resuelto este rezago.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Santos Hernández Bautista, presidente del comisariado de bienes comunales de Wuaut+a (San Sebastián Teponahuaxtlán), dice sin dudar: "yo espero que en el tiempo que me queda como comisariado, este asunto ya esté terminado; tengo siete meses en el cargo y estamos buscando que esto se apresure".

Cae el sol con todo su esplendor sobre el verde predio Piedra Bola, de poco menos de 64 hectáreas, que los wixaritari han recuperado como única ganancia del trabajo de todo el año. Pero Hernández Bautista es optimista: "el acuerdo del 16 de octubre en Gobernación está por escrito, y allí se comprometen a pagar la indemnización a los posesionarios, yo creo que no va a haber problema con esto". El periodo de las autoridades agrarias es de tres años, lo que significa que si tomó posesión del cargo en marzo de este año, dejará el puesto en el mismo mes de 2020. Desde que comenzaron las restituciones en el caso de Huajimic, en septiembre de 2016, sólo se han ejecutado dos asuntos, pero no es solamente el presidente comunal el que cree que se puede acelerar la entrega de predios.

Unos minutos antes, el abogado de los comuneros, Carlos González García, ha sido enfático, al hablar ante sus representados y el magistrado del tribunal unitario agrario 56, de Tepic, Aldo Saúl Muñoz López: "vienen después de esto. Diez ejecuciones a determinar en enero; tenemos 30 juicios en trámite, y faltan iniciarse otros 20. Los invito a redoblar esfuerzos para que el gobierno federal, y los estados de Jalisco y Nayarit pongan la solución y la comunidad pueda tener en sus manos en poco tiempo, la totalidad de las tierras que le pertenecen; a eso los invito, a que no bajemos las guardia, a que mantengamos la situación como la han mantenido, como comunidad, a que la asamblea comunal se siga fortaleciendo y que respaldemos a nuestro comisariado de bienes comunales y al consejo de vigilancia".

El representante legal firmó, junto con las autoridades comunales, y representantes de 36 poblados de Wuaut+a, un acta provisional de la ejecución material de la sentencia del juicio agrario 1472/2012, fallada originalmente por el TUA 16 de Guadalajara.

"Se elabora un acta por escrito que haga constar la entrega del predio, y posteriormente, en el tribunal de Tepic, vamos a firmar el acta definitiva [...] tenemos fuera de duda el tema de los linderos, porque el predio está bien delimitado, no hay duda; únicamente van a corroborar que el plano esté perfectamente bien hecho, y ese plano se va a agregar al acta de ejecución, para hacer constar la superficie de tierra que se está entregado a la comunidad", agregó. La firma del acta definitiva se acordó para este próximo 26 de octubre.

Según datos de los posesionarios, hay casi 10,500 hectáreas que forman la zona de restitución. Los wixaritari señalan posesiones de 45 pobladores de Huajimic, "quienes dividieron la superficie en 64 lotes abarcando una superficie aproximada de 10 mil hectáreas".

Según un resumen del tema publicado en 2014, "de los 45 juicios agrarios, existen dos posesionarios sin datos para su localización, 10 expedientes se encuentran en fase de ejecución pero con recursos de impugnación interpuestos en contra de la misma esta superficie representa un aproximado de 2,600 ha, 22 expedientes aún se encuentran en litigio y representan una superficie aproximada de 3, 600 hectáreas. Los 13 expedientes restantes se encuentran en estado de ejecución inminente pues se emitieron las sentencias correspondientes sin que se hubiera recurrido el sentido de la misma por ninguna de las partes, así mismo en todos los expedientes existe constancia por escrito de nuestra comunidad solicitando la entrega inmediata de las tierras comunales que se ordenó restituir en nuestro favor. Dichos expedientes representan una superficie aproximada de 3, 500 ha".

De ese último grupo, son las dos sentencias ejecutadas entre 2016 y 2017, por alrededor de 248 ha.

SRN

El proyecto fue estructurado jurídicamente para blindar el agua de Guanajuato; nunca han sido combatidas las bases de esa cesión, ni el deficiente manifiesto de impacto ambiental.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Pocas cosas son suficientemente claras en lo legal con el proyecto de la presa El Zapotillo y el acueducto de poco más de 140 kilómetros a la ciudad de León, Guanajuato: la más contundente revela que bajo el escenario de cortina que se plantee el embalse artificial, de 80 o de 105 metros, los intereses de la ciudad de León están salvados, en contraste con el debate político que actualmente domina en Jalisco y con la pretensión –en el discurso- de que esa agua quede exclusivamente para el abasto de Los Altos y Guadalajara.

Esto es la parte esencial del trabajo que han realizado los miembros del Comité Académico integrado por el ITESO, la Universidad Tecnológica de Jalisco, Universidad Panamericana y Universidad de Guadalajara, como órgano asesor de la Comisión Especial para la Gestión Integral del Agua en el Estado, que preside la diputada perredista Mónica Almeida.

Un documento de análisis realizado por el grupo, que fue convocado originalmente por la propia legisladora, denominado "Alternativas para la Gestión Integral y Sustentable del Agua en Jalisco, en el contexto del proyecto de la Presa El Zapotillo", entregado hace unos días a la propia comisión, y del cual, MILENIO JALISCO posee copia, plantea las contradicciones y los entresijos jurídicos de un proyecto que no ha sido eficazmente combatido en sus cimientos: el decreto de distribución de 1994, confirmado en decreto presidencial de reserva de aguas nacionales en 1995, y ligeramente modificado en 1997, y el acuerdo de coordinación de 2005, que es la base del proyecto de abastecimiento. Estos cuatro elementos son sustantivos y vigentes. Y en el cuarto se reconoce que El Zapotillo es una presa destinada fundamentalmente al abastecimiento de León.

Por otro lado, la muy deficiente manifestación de impacto ambiental, sobre todo en su versión para una presa de 105 metros de altura, tampoco ha sido cuestionada eficazmente.

"El convenio de 2007 que establece el aumento de la altura de la cortina de la presa El Zapotillo de 80 a 105 metros se da en el contexto de una fuerte oposición social y política en torno a la construcción de la presa de Arcediano que se materializa con la cancelación de su construcción en 2009. Se puede interpretar que la decisión de Jalisco para sumarse a la construcción de la presa el Zapotillo y lograr un mayor almacenamiento de agua obedece al riesgo de que la presa de Arcediano no fuera construida. La manifestación de impacto ambiental de 2006 para la presa el Zapotillo fue ajustada y aprobada en 2009 estableciendo que no se requería una nueva manifestación de impacto ambiental con motivo de la elevación de la cortina a 105 metros (a pesar de que la superficie a inundar aumenta a más del doble de lo originalmente planteado y establecido en la manifestación de impacto ambiental), puede afirmarse que dichos impactos adicionales no fueron medidos, ni compensados o mitigados".



La sobrelevación de El Zapotillo sí fue combatida. "La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 2013 solo anula el convenio signado en 2007, restableciendo las condiciones del convenio previo signado en 2005 y señala la altura de la cortina a 80 metros. Esta condición se resarciría con la firma de un nuevo convenio y su aprobación por el Congreso del Estado, o con diversos actos jurídicos que tendieran al mismo objetivo. La pregunta es: si el Congreso del Estado no logra un acuerdo al respecto, ¿la Federación tiene entre sus atribuciones en materia de aguas nacionales la facultad de decidir por sí misma la terminación de la construcción de la presa como establece el proyecto actual a 105 metros?".

La SCJN "sobreseyó las demandas presentadas por pobladores de Temacapulín ya que no hay ningún indicio de que la presa está siendo construida más allá de los 80 metros y a esa altura no debe inundarse esas poblaciones según la información de la Comisión Nacional del Agua [Conagua]". Sin embargo, una nueva contradicción: "las resoluciones de la Conagua a la solicitud del gobierno de Jalisco para proteger mediante diques al poblado de Temacapulín fueron rechazadas por el inminente riesgo de inundación incluso con una cortina de 80 metros".

Por si fuera poco, en realidad nunca se trabajó en un proyecto de presa a 80 m, porque el acuerdo de 2007 para 105 m fue pronto y se subestimó la posibilidad legal de revocarlo.

"En el proceso de búsqueda de información no pudo encontrarse ningún proyecto de construcción de una presa a 80 metros de altura, incluso la inexistencia de tal proyecto ha sido afirmado por oficio por parte de la Conagua, por lo que se asume que el único proyecto es el correspondiente al de la presa de 105 metros, y de acuerdo a las conclusiones del titular de la CEA [Comisión Estatal del Agua de Jalisco] es inviable la modificación del proyecto actual de la presa para dejarla a 80 metros de altura ya que correría riesgos estructurales. ¿Existe un peritaje independiente de ingeniería que certifique la imposibilidad de modificar la presa actual para conservar una altura final de 80 metros?".

Es decir, "a pesar de que el Congreso de Jalisco presentó desde 2012 la controversia constitucional, la Conagua continuó con el proceso de construcción de la presa El Zapotillo bajo un proyecto para una cortina de 105 metros, con el conocimiento de las dificultades técnicas y económicas que implicaría la modificación del proyecto de construcción para adaptarla a 80 metros de altura, en caso de que la resolución de la Corte no les favoreciera. Nos preguntamos si existe alguna responsabilidad de los funcionarios federales en relación a los costos generados por los retrasos en la construcción de la presa o por los costos de modificación de la estructura (si fuera posible) por no esperar la resolución final de la Corte".

Y por si faltara otro elemento a la ecuación: "dado que León, Guanajuato, cuenta ya con el título de concesión desde el año 2015 sobre las aguas reservadas del Río Verde y dado que la Conagua y Guanajuato tienen un convenio válido y vinculante [el de 2005] que establece el porcentaje de distribución del agua que se llegue a embalsar en la presa el Zapotillo, ¿qué posibilidades reales de negociación tiene el estado de Jalisco para modificar los porcentajes de distribución al tener Guanajuato un derecho consolidado



Ante los hechos, "es evidente que la construcción de la presa se encuentra en un impasse de difícil solución. Si lo señalado por el titular de CEA en la comparecencia ante la Comisión Especial de Agua del Congreso es correcto y no existe solución técnica posible para sostener el convenio de coordinación de 2005 entre la Federación y los estados de Jalisco y Guanajuato para mantener la presa a una altura de 80 metros, entonces se entiende el interés del estado de Jalisco por promover la presa a 105 metros; por un lado permitiría embalsar cierto volumen para su aprovechamiento futuro para la Zona Metropolitana de Guadalajara y, por otro, evitaría los riesgos legales de pagar indemnizaciones a Conagua y Guanajuato ante el escenario de prácticamente rehacer el proyecto".

Sin embargo, "es evidente que cualquier opción que decidieran la Conagua y el estado de Jalisco implementar para elevar la cortina de la presa más allá de los 80 metros será objeto de múltiples impugnaciones tanto de los actores políticos como de la ciudadanía, esto con mayor razón ahora que las deficiencias de todo el proceso son bien conocidas y están documentadas", concluye.

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Claves

Algunos datos esenciales

Desde 2007, el documento legal que ha sido combatido por los defensores de Temaca y por otros actores políticos de Jalisco ha sido el convenio para sobreelevar la cortina a 105 m. Solamente, a partir de 2013, movimientos sociales alteños, hoy estructurados en el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco, han señalado la necesidad de combatir los derechos de Guanajuato, pero sin que se procediera judicialmente a cuestionar decretos y convenios anteriores, que lo sustentan, o el título de concesión de 2015 a favor de la ciudad de León

La resolución a la Controversia Constitucional 93/2012 que ganó el Congreso de Jalisco, emitida por parte de la segunda sala de la SCJN, nunca cuestiona el convenio de 2005 o los decretos de 1994, 1995 y 1997

"La Segunda Sala determina entrar al fondo del asunto sin considerar válidas las causales de improcedencia planteadas. No entra al estudio de las cuestiones relativas a la existencia o no de una especie de derechos adquiridos fundados en el Decreto Presidencial de 1997, y si estos supuestos derechos fueron conculcados o no con motivo del acuerdo de 2007 (el acto reclamado). Concede la razón al Congreso del Estado de Jalisco en el sentido de que el acuerdo reclamado es ilegal porque resulta probado que tiene efectos más allá del periodo constitucional del Ejecutivo que lo suscribió y que, por tanto, resulta ilegal al haberse omitido la autorización del Congreso"

Así, los efectos del fallo se limitan a la declaratoria de invalidez del Convenio de Coordinación celebrado por el Ejecutivo Federal, a través de la Semarnat, por conducto de la Conagua, y los ejecutivos de los estados de Guanajuato y Jalisco, "para llevar a cabo un programa especial para los estudios, proyectos, construcción y operación del sistema Presa El Zapotillo y acueducto El Zapotillo – Altos de Jalisco – León, Guanajuato", suscrito el 16 de octubre de 2007

Es decir, "no implica en forma alguna detener la construcción de la obra identificada como presa El Zapotillo y Acueducto El Zapotillo – Los Altos de Jalisco – León, Guanajuato, sino únicamente que se lleve a cabo en los términos pactados por las partes en el acuerdo [...] suscrito el 1 de septiembre de 2005, esto es, en función del proyecto original que contemplaba una altura de cortina de 80 m"

En síntesis, "esta resolución declara ilegal e invalida el Convenio del 2007, permite que se lleve a cabo la construcción de la presa a 80 metros conforme al acuerdo de 2005, el cual no contrempla agua para la ZMG y no entorpece de forma alguna el trasvase"

En 2015 la segunda Sala de la SCJN resuelve sobre diversos asuntos: "amparo en revisión 97/2015 e Inconformidad 302/2015. La corte sobresee diversos amparos en revisión que interpusieron algunos pobladores de Temacapulín por el temor de ser inundados. El argumento para sobreseerlos es que a) no hay ningún indicio de que la presa está siendo construida más allá de los 80 metros y a esa altura no debe inundarse esas poblaciones según la información de Conagua y b) la sentencia de la controversia constitucional 93/2012 indica que se debe construir la presa conforme al convenio de 2005 es decir, a 80 metros"

Fuente: documento de comité académico, octubre de 2017

SRN

Ni bloqueos, ni agresiones, ni amenazas; la posesionaria afectada firmó un convenio y los ganaderos no salieron de sus casas como hace un año.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

En Huajimic, lo sorprendente de ayer no ha sido la violencia de los hombres -ausente como por arte de magia, aunque todos sospechan que el milagro de la súbita concordia fue obra del dinero-, ni el impresionante despliegue de fuerzas del orden para apoyar una diligencia judicial –solo dos camionetas con una veintena de gendarmes estatales escoltaron sin mayores contratiempos al magistrado del distrito 56 de Tepic-, ni una beligerante mayoría de indígenas wixaritari cansados de caminar desde sus montañas y de esperar justicia –aunque tratan de moderar su impaciencia, pues apenas es un segundo predio restituido a Wuaut+a, su número esta vez no excedió de 250-.

Lo que se impuso a la experiencia de los visitantes fue la indómita geografía de la sierra de Álica, de caminos tortuosos e intrincados, surcados por riadas de aguas azules y frescas, con pisos destrozados por la estación lluviosa -a ratos lodo y pozos, a otros, piedras y tierra suelta;- laderas y peñas invadidas de mezquites y cactus, maizales a punto de madurar, grama tierna para forraje, niños morenos que ríen, corren y se sumergen en los arroyos a la orilla de los vados, decenas de bovinos de todas las razas que cruzan caóticamente desde un potrero. En lo alto, encinares dorados, y más arriba, pinares con su traje eterno de verdor. Un bautismo de humedad y polvo, como equívoca y extenuante experiencia consagratoria –agua, tierra, limos, sustratos del ser-, en la concupiscencia que nace del calor y de la confusión de colores, sabores, texturas y olores de la campiña, del bosque y las aldeas.

El magistrado Aldo Saúl Muñoz López, se ufana de ser uno de los pocos administradores de justicia agraria que, en su larga carrera, de verdad va al campo. Su experiencia lo ha hecho sortear barreras naturales como ríos y montañas, penetrar en tierras donde crecen adormideras (la flor letal de la goma de opio y la heroína) y cannabis, y ponerse bajo riesgo de generar la iras de algún señor neofeudal. Por eso, extraviarse un par de horas para encontrar el predio que Herlinda  Montoya Utrera perdió en litigio con la comunidad de Wuaut+a (poseedora inmemorial del cañón de Huajimic), le parece apenas anecdótico.



Eso sí, insiste en su discurso de que la justicia que no se ejecuta es simulación. Y por ello, externa su esperanza de que el acuerdo alcanzado en la Secretaría de Gobernación, entre la Sedatu (Secretaría de Desarrollo Agrario), los gobiernos estatales de Nayarit y Jalisco, la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán y el ayuntamiento de La Yesca, sea de largo aliento, y no se detenga en la indemnización de la parvifundista afectada la mañana de este viernes. Firmar convenios con los posesionarios a la par que se ordena ejecutar sentencias favorables a la comunidad wixárika parece ser la respuesta indispensable para prevenir enfrentamientos entre aborígenes y descendientes de colonos.

Así, la entrega del predio Piedra Bola, de poco menos de 64 hectáreas, fue ágil y no tuvo testigos incómodos, como el 22 de septiembre de 2016, en que un grupo de ganaderos bloqueó los caminos de la montaña para presionar a que se suspendieran las ejecuciones mientras no hubiera paga.

Carlos González García, abogado del poblado huichol, advirtió la urgencia de que se aceleren los procesos de restitución, pues la comunidad demanda más de 10 mil hectáreas, y con la entrega de ayer, ni siquiera ha recibido 250 ha.  No obstante, el presidente de bienes comunales, Santos Hernández, es optimista: considera que el acuerdo del pasado 16 de octubre destrabará los procesos. “Yo tengo apenas siete meses en el cargo, y espero que podamos completar la entrega de todas estas tierras a la comunidad antes de que termine, dentro de poco más de dos años”.

La prueba del nuevo acuerdo será en enero. El magistrado espera determinar diez casos más. Y los defensores de los wixaritari preparan otros 20 juicios. Este anuncio se hizo en medio del Piedra Bola, que no tiene ninguna roca que le haga eco al nombre, pero sí una higuera sorprendente, con copa en forma de hongo, de sombra generosa para la breve convivencia de ayer entre indígenas y mestizos, la firma del acta provisional, el consumo de viandas altas en calorías, los aplausos esperanzados de que se destrabará el camino a estas posesiones anheladas desde que comenzó la restitución de Wuat+a, de la mano de Pedro de Haro, un mestizo que lideraba a los huicholes y era amigo de gobernadores y de presidentes de la república, y que fue personaje esencial para que San Sebastián Teponahuaxtlán sea hoy, paradójicamente, el mayor detentador de tierras del occidente mexicano.



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Claves

Dos datos

El decreto presidencial en 1953 a favor de San Sebastián Teponahuaxtlán (Wuaut+a), es la base de las reclamaciones de la tierra que en su momento el rey español había titulado, y les fueron arrebatadas entre el siglo XIX y el periodo previo a la revolución de 1910

Waut+a ha podido recuperar judicialmente más de 200 de 320 kilómetros cuadrados invadidos. La fortaleza jurídica es el principio elemental de que “el primero en tiempo es primero en derecho”, y además, que en México, los derechos agrarios no prescriben. Los derechos de los posesionarios datan de una escritura del año 1906

SRN