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Crea consejo técnico para influir en la asignación de recursos del organismo en el siguiente gobierno, denuncian la CMIC y el CCIJ

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

El director del Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE), Salvador Uribe Avín, ha impulsado la integración del Consejo Técnico para la Infraestructura Física Educativa de Jalisco, asociación civil, para usurpar las atribuciones de las cámaras como entidades de interés público e influir en las licitaciones y adjudicaciones presupuestales del organismo una vez que deje el cargo, el próximo 28 de febrero.

Los empresarios constructores e industriales ven en esta tentativa “la intención de tener una mayor participación y legitimidad en los procesos de licitaciones y adquisiciones del CAPECE en beneficio de los propios integrantes”, según carta dirigida al gobernador del estado, Emilio González Márquez, el pasado 22 de noviembre de 2012.

La tentativa violaría la ley nacional que da sustento a las cámaras como entidades de interés público, y ha llegado al grado de que las empresas asociadas —cercanas a Uribe Avín y que se han beneficiado con asignaciones directas— han solicitado que se les retengan recursos de su cobranza para destinarlos a la consolidación económica de la agrupación, como se hace en el caso de las cámaras, que de este modo financian sus programas de capacitación de empleados, que son obligatorios.

El esfuerzo ha sido de tal modo impulsado por Uribe Avín, que lograron llevar a la toma de protesta del comité directivo al secretario de Educación, Antonio Gloria Morales, lo cual llevó como objetivo dar carácter público al acto protocolario y confundir al sector, añadieron.

El gobernador recibió la misiva de manos de los presidentes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Lorena Limón González, y del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Manuel Herrera Vega, de quienes escuchó una apretada versión del cúmulo de anomalías que se imputan a su colaborador.

Detallan que Uribe Avín “se ha venido desempeñando, lesionando a muchas de las empresas que durante años han venido participando en los procesos de adjudicación”. Destacan en particular esas asignaciones directas a un grupo de empresas de su preferencia, “que pertenecen a amigos del director y hasta funcionarios de la dependencia como en el caso de Constructora ONBA SA, donde el ingeniero Francisco José Ontiveros Balcazar, director de obras de CAPECE, es accionista, caso similar al de constructora Calufra SA, “donde el mismo funcionario es apoderado”.

También subrayan como el hecho más escandaloso “la licitación de siete mil campanas y 550 mil poncheras escolares, ya que dichas licitaciones se declararon desiertas por no cumplir con la calidad y características requeridas por la convocante, […] sin embargo, posteriormente y mediante una simulación, se adjudicaron de manera directa a cuatro empresas relacionadas familiarmente entre sí, a las cuales privilegia el director”; se trata de la familia Orozco Michel.

Además, Uribe “respaldó y avaló la recepción de fianzas apócrifas si llevar a cabo un procedimiento correspondiente para su verificación con las compañías afianzadora”, y ahora “pretende trasladar su responsabilidad a sus subordinados”, concluyen.