domingo, 29 de agosto de 2010

Poderes económicos “calientan” el planeta



ENTREVISTA. José Sarukhán Kermez, ex rector de la UNAM y coordinador de la Conabio

El científico llama la atención sobre la embriaguez humana por el poder y el confort como motor del calentamiento del clima; dice que el conocimiento debe ser la base de las decisiones políticas pero lamenta que sea ignorado

Chapala. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Este proyecto de investigación fue ganador de una beca de Fundación AVINA en la emisión 2008-2009


Un eco de la hybris griega en Xerxes, de Esquilo: “La desmesura, al madurar, grana en la espiga del error, y la cosecha sólo pueden ser lágrimas”. Fausto le confiesa a Mefistófeles en qué consiste la hybris moderna: “esos pocos árboles que no son míos me impiden la plena posesión del mundo” (Goethe, Fausto, II parte, acto V). ¿Qué tiene que ver este dilema ético y filosófico universal con el no menos planetario asunto del cambio climático? José Sarukhán Kermez, ex rector de la UNAM y actual coordinador de la Comisión Nacional para Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), no rehúye a explicarlo.

—¿Usted como científico cómo ve este espectáculo de la locura humana? Siempre buscando más dominios, más bienes, mayor confort…

—Yo creo que lo es porque ha habido una especie de embriaguez para tratar de obtener todo lo mejor, y todos los estándares para lo mejor, cuanto antes; y si ya tengo uno, no me importa tener dos, y si ya salió el nuevo quiero tener tres […] yo iría con mucho cuidado en esto de que las tecnologías nos vayan a salvar del desastre, la ciencia más bien nos está indicando cómo nos está llevando el Diablo…

Conocimiento e ignorancia, bien y mal, tecnología y superstición, contención y desmesura, destrucción y conservación, dinero y miseria, demonios modernos conectados con la crisis ambiental más extrema desde que el hombre pisa la Tierra. Sarukhán Kermez, quien pasó parte de sus estudios de posgrado en la costa de Jalisco, donde se ha destruido aceleradamente una riquísima selva caducifolia; que contribuyó a la creación en esa zona de la reserva de la biosfera Chamela-Cuixmala, asociado a los sueños de un empresario fáustico como pocos en nuestra época, Sir James Goldsmith, el creador del último latifundio de México, pero totalmente encadenado a la conservación de la naturaleza; y que como universitario y coordinador de la Conabio tiene como misión llevar el conocimiento de la diversidad biológica mexicana, una de las mayores del mundo, a la mesa de las grandes decisiones políticas y económicas, ha acudido a Chapala esta semana a dar un impulso más al tema de las estrategias estatales de biodiversidad.

Como pasa con los hombres excepcionales, su presencia apuntala, atrae y legitima la desigual lucha —grandes intenciones, bajos presupuestos— por la conservación de las decenas de miles de formas de vida que México ha recibido por herencia. En medio de una marea de conversaciones, consultas y peticiones, el académico se da un tiempo para conversar con Público-Milenio de las paradojas entre saber y apenas actuar.

Información y poder
—¿Cómo nos encontramos en nuestro país en la puesta al día sobre cambio climático?

—Yo creo que México tiene una ventaja muy especial sobre muchos países, desarrollados o no; en cuanto al grado de conocimiento que tenemos de este patrimonio que es la biodiversidad, hay muy pocos países que tienen esta estructura; esto es una gran ventaja; la información es uno de los elementos absolutamente centrales para tomar decisiones informadas para quienes tengan que tomarlas, y segundo y quizá lo más importante, para sensibilizar a una sociedad que una vez informada puede exigir a quienes tienen que tomar esas decisiones… Sin dejar de reconocer que seguimos teniendo pérdida de áreas forestadas, y seguimos teniendo políticas gubernamentales cruzadas, por un lado una secretaría que ofrece apoyos para la conservación, y por otro lado una que ofrece apoyos para no conservar…

—Algo esquizofrénico.


—Pero no es de ahora, esto ha ocurrido desde antes; le recuerdo que en los años 70 tuvimos la malamente famosa Comisión Nacional de Desmontes, desafortunadamente es una cosa que viene de décadas, pero creo que estamos en condiciones de cada vez hacer mejor las cosas, aunque la pregunta es si lo vamos a hacer a tiempo, antes de que nos genere problemas que ya no son reversibles […] yo diría que en algunos casos sí se está haciendo a tiempo, mientras más rápido lo hagamos nos vamos a encontrar con la posibilidad de no tener cambios irreversibles, la pérdida de especies es irreversible, no hay manera de reponer una especie que se extinguió; ni con todo el dinero de Bill Gates o de Carlos Slim juntos podemos sacar de nuevo una especie desaparecida, al menos no por ahora…

—Tenemos un poder ciudadano que todavía es emergente, mientras la nueva correlación de poderes nos lleva a gobernadores que parecen señores feudales; a alguno se le ocurre abrir una carretera o un megaproyecto, y no escucha razones aunque sea en un área frágil, pues hay que llevar empleos y desarrollo…

—Pero son problemas que siempre han estado; la única fortaleza o defensa que tenemos para esto es justamente que haya estructuras que provean de información, y la personas que hayan hecho esto lo habrán hecho a pesar de tener buena información, no te van a decir “pues no había información y lo hice a mi mejor entender”, hoy eso no es cierto… Lo otro es tener una sociedad informada, defensora y exigente de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer, pero son cosas que llevan tiempo, aunque son muy sólidas cuando se logran…

—Cuando se habla de biodiversidad mucha gente menciona que estamos perdiendo a tal tasa especies; usted como científico, ¿como le explica a la gente cómo se mide la situación de la pérdida de biodiversidad, científicamente cómo se puede probar?

—Simplemente con mapas que demuestran cómo va creciendo el área deforestada, es como el sol que sale por el oriente todos los días, clarísimo, y allí hay un montón de especies que se pierden; que se estén yendo para siempre no lo sé bien, lo que sí se está perdiendo es la casa de estas especies que son los ecosistemas y lo que también es claro que se pierden los servicios que esos ecosistemas nos dan, con todas sus consecuencias desastrosas para las comunidades humanas…

—¿No cree que la sociedad moderna tiene una superstición, una fe ciega en que la tecnología puede resolver todos los problemas que estamos generado por la destrucción o el mal uso de los recursos naturales?

—Sin duda hay tecnologías que nos ayudan a hacer la vida mejor, pero no las estamos usando en la medida de que las deberíamos de usar; hubo durante muchos años tecnologías para tener motores de autos que consumieran menos gasolina y lo que se tenía eran esos lanchones de motores de ocho cilindros, por qué, porque al mundo automovilístico no le interesaba meterse en esto… Tenemos tecnologías que nos ayudan a hacer la vida mejor, pero no tenemos tecnologías que nos salven si no hacemos nada con los problemas que estamos generando; no hay tecnologías que rebajen la acumulación de bióxido de carbono en la atmósfera; podemos usar y generar nueva tecnología si nos lo proponemos, pero también hay que ser claro que para que esto ocurra hay un interés económico detrás, ¿cuál es la energía más barata que recibimos todos los días desde que este planeta existe? La solar, ¿y qué hemos hecho para entrar a cosechar energía solar de manera más importante y desde un principio? Nada, nos fuimos por la vía barata del carbón, del petróleo, y se generó toda una industria con producciones brutales, ¿y quién estaba interesado en generar tecnologías para aprovechar la energía solar? Nadie, porque estábamos dominados por los petroleros, los cocheros… y yo iría con mucho cuidado en esto de que las tecnologías nos vayan a salvar, la ciencia más bien nos está indicando cómo nos está llevando el Diablo…

Amos del mundo

—Uno se pregunta por qué con el conocimiento que ya existe, seguimos tomando decisiones tan absurdas…

—Por los intereses económicos de las grandes potencias; por eso el Senado de los Estados Unidos vota para no aceptar una legislación de control de emisiones de carbono, porque hay un buen numero de senadores que vienen de los estados carboneros, de los estados cocheros, de los estados petroleros, y su clientela y su ciudadanía los van a ver feo; pero son intereses económicos puramente, y esa gente tiene una visión muy miope, egoísta y casi criminal de su ventaja personal sobre la ventaja social, global; no acabamos de entender que somos una sola especie, independientemente de colores de piel, de razas, de religiones, de límites nacionales, de banderas.

—¿Se puede ser optimista?

—Creo que se puede ser optimista por una razón: estamos en el estado que estamos porque hemos desarrollado tecnologías que aunque nos han beneficiado han sido ignorantes de los costos ambientales que han producido… Pero también tenemos la capacidad innovadora para producir las tecnologías que nos ayuden a reducir estos impactos, va a ocurrir, lo que me preocupa es en qué momento y con qué costo social.

—Pero si México cumple su tarea y se compromete al cambio, no será suficiente si el vecino no lo hace…

—No, México emite como 2.5 por ciento de los gases de efecto invernadero, pero moralmente nos toca hacerlo.

—¿Cree que la crisis mundial económica y política que genere el cambio climático lleve a una nueva fractura, nuevos modelos de desarrollo más contenidos y sistemas económicos menos dependientes entre sí?

—No lo sé, me gustaría verlo; yo estoy convencido que ha sido el tipo de desarrollo económico que se ha dado en el mundo lo que nos tiene en la situación actual; creo que las crisis económicas que estamos teniendo son consecuencia de los efectos ecológicos de ese desarrollo, y mientras no cambien los patrones de conducta, los patrones de los mercados, la economía mundial basada en el consumismo, yo no creo que las crisis económicas vayan a parar ya, ya no se puede vivir con el sueño americano… Nunca había habido mayores desigualdades en la historia de la humanidad, hay estudios sobre las diferencias del producto interno bruto entre los países desde hace 1,500 años o más, había más equidad, ahora hay unas diferencias gigantescas entre los PIB nacionales o per capita, justo a partir del industrialismo. Eso debe cambiar.

—Tal vez esos poderes no estén dispuestos a cambiar, aunque haya que sacrificar naciones enteras…

—Eso puede ocurrir, pero yo no creo que sea gratis para los que se quedan; va a tener un costo gigantesco, y ya no me meto a los costos morales, sino a físicos y económicos, gigantescos.

Utopías, ensueños, amenazas


Actores públicos y privados se disputan el futuro de la selva zoque. Megaproyectos y conservación buscan coexistir en torno a los Chimalapa

Santa María Chimalapas, Oaxaca. Agustín del Castillo, enviado. PÚBLICO-MILENIO. Este proyecto de investigación fue ganador de una beca de Fundación AVINA en la emisión 2008-2009. FOTOGRAFÍAS: MARCO A. VARGAS. Edición del 28 de agosto de 2010

"Era alemán, "le decían Coleman; cuando llegó yo me emocioné de lo que nos dijo: que nos iba a dar asesoría técnica para que ya no desmontáramos", recuerda don Valentín Vélez, un guerrerense afincado en la selva de Chimalapas desde 1965.

"Llegó allá por 1983, dijo que nos iba a abrir mercado si nosotros sembrábamos maíz o café; que ese café iba a valer más, pero que ya no siguiéramos tumbando la selva; yo lo llevaba en la lancha, porque vino en época de lluvias […] el interés de él era instalar una papelera en Chimas [Santa María Chimalapas], pero los chimas no quisieron, desconfiaron y le dijeron que no…".

Años después, tal vez 1989, bajó en helicóptero un tal señor Ibáñez, cuyo acento y facha era de un europeo rubicundo y extrovertido, "me dijo que era holandés".

También habló de detener la deforestación. "Pidió que no tumbaran la selva, que él nos quería ayudar para ya no desmontar […] ese señor le dio a las autoridades de la comunidad dos motores de lancha, de 48 caballos; yo les llevé por orden de él, catorce lámparas de gas y catorce lámparas de gasolina; también doce motosierras […]".

El neerlandés de apellido castellano quería asociarse a los indígenas, y montar una fábrica.

Pero nuevamente, los comuneros se negaron a la sociedad, señala el campesino. "Yo transporté por el río al gerente, les quería poner un banco allá a los chimalapas, y no aceptaron ellos…".

No son pocos los extranjeros que han querido colonizar la vastedad zoque en los últimos 200 años, topándose con los usos y costumbres y la formidable frontera de verdor.

Primero con proyectos abiertamente extractivos, después con una mentalidad más "sustentable", sin faltar a últimas fechas los quietos contempladores de la naturaleza, que desean un paraíso intocado.

Estas anécdotas, ya barnizadas por la leyenda, que refiere don Valentín una tarde a la orilla del río Vista Hermosa, revelan el poderoso influjo que lo selvático tiene sobre la imaginación occidental: residencia de la abundancia, de horrores magníficos, de lo primordial no alterado, de la redención de las enfermedades de la civilización, de los buenos salvajes.

Pero Chimalapas también es tierra de conquistadores mestizos, que en las últimas décadas tienen el patrocinio de un gobierno central poderoso.

Presa, autopista, agua, alimentos, madera, energía, son seis palabras que sintetizan lo que los grandes proyectos gubernamentales han buscado detonar en las montañas zoques, aun después del fracaso ambiental de Uxpanapa, la vertiente veracruzana del istmo. No podía estar la región al margen de los delirios desarrollistas, pues representaba un gran potencial, una ventaja geopolítica y un gran negocio que el país debía explotar en su provecho, antes de que se le adelantaran los aventureros cosmopolitas o la codicia de las grandes potencias.

Por eso, pese al fracaso de la revolución verde en Uxpanapa, el gobierno federal insistió en los años 80 en aprovechar los potenciales hidráulicos a favor de la agricultura, ante la evidente abundancia: hay zonas de la selva donde llueven tres mil milímetros al año. O más (en Torreón la precipitación anual es de 200 mm; en Guadalajara, de 850 mm). Y se concibió una gran presa que inundaría algunos miles de hectáreas de la floresta, pero permitiría, con acueductos faraónicos, llevar el agua al sur, a la región de Juchitán, trasponiendo cuencas, y crear el emporio productivo que los tecnócratas echeverristas no supieron lograr en el norte.

"No sé si conozca un lugar que se llama arroyo Morgan -sigue don Valentín-; ahí estaba ya el proyecto […] me buscó el ingeniero a mí que porque querían hacer un estudio; estuve como seis meses trabajando ahí, y ellos brecharon diez hectáreas, hablaban de una cortina de cien metros […] por la selva sólo se podía andar en el río, a mí me tocó llevar por ahí los conjuntos musicales, cuando se hacían fiestas con los ingenieros, era el único que tenía lancha para llevarlos".

Nuevamente, las esperanzas se cancelaron. "Yo le pedí trabajo al ingeniero para cuando la construyeran, me dijo que iban a durar doce años en los estudios, pero ya pasaron más… yo creo que ya no la van a hacer".

Poco después, la ambición fue una gran autopista para comunicar a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con la ciudad de México a través del golfo.

Pero el naciente ecologismo y el nuevo indigenismo autonomista obligaron a mover el trazo. Sin embargo, los corredores con Veracruz y Chiapas están ya casi cortado por otras carreteras menores y por la gran presa Malpaso, enclavada a un costado de la reserva de la biosfera El Ocote.

Hoy, lo que tiene un empuje espectacular es el gran proyecto eólico de La Ventosa, al sur de las montañas, que cuenta con anuencia gubernamental pero capital privado, y que tiene 500 generadores, contra casi cinco mil que se establecerán, según el delegado en Oaxaca de la Secretaría de Medio Ambiente, Esteban Ortiz Rodea. Es la zona más promisoria del país para electricidad eólica.

Hay también la tentativa de crear un mercado de servicios ambientales, sobre todo con el agua, a pagar por la poderosa industria de Coatzacoalcos, en lo que se empeña la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en la zona, afirma su representante, Carlos Solano Solano.

Así, bullen propuestas para la mayor selva tropical del hemisferio norte del planeta, muda testigo de destrucciones centenarias.

La Profepa no encontró daños mayores al manglar


Tras inspección a Tenacatita, desarrollador reconoce que no tiene estudio de impacto ambiental.
La dependencia asegura que la malla ciclónica no bloquea el acceso al mar

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 27 de agosto de 2010

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ya inspeccionó la zona de manglares contigua al predio “Destiladero de Tenacatita” o “Punta Hermanos”, como efecto de una denuncia ambiental promovida por el presidente municipal de La Huerta, Carlos Ramírez Núñez, tras los daños provocados por la instalación de una malla ciclónica para impedir el acceso al terreno, tras el desalojo del pasado 4 de agosto. Y no encontró daños de consideración.

El acta de inspección, difundida por el propio acusado, José María Andrés Villalobos, socio mayoritario de Inmobiliaria Rodenas SA de CV, está fechada el pasado 11 de agosto, y revela que la inspección fue atendida por el propio Andrés Villalobos, e incluyó el predio completo.

“[…] La obra y la actividad privada se encuentra constituida aproximadamente sobre 770 mil metros cuadrados, y concesionada 267 mil m2 [la zona federal marítimo terrestre, esto es, la playa], y que para la vigilancia del predio que acaba de tener en posesión cuenta con cien elementos de seguridad y 50 empleados”, señala el acta.

Los inspectores revisaron la malla ciclónica tendida a partir de la carretera en el punto en que fue clausurada; la instalación ocurrió el mismo día del desalojo. La malla tiene una altura de 2.3 metros y tres extensiones: al norte, con quince metros lineales; al noroeste, con 20 metros, y al suroeste con 400 metros, “la que llega hasta la playa sin impedir el libre tránsito dentro de la zona federal marítimo terrestre y la playa misma”.

En esa ramificación más larga se observa derribo de mangle sobre cuatro metros cuadrados. “Las afectaciones al mangle ocurrieron en un ancho aproximado de un metro o menos a lo largo de la malla y sólo en determinados puntos, ya que en algunos tramos de la misma no existe presencia de mangle. Cabe señalar que la mayor parte de la superficie afectada presenta poda de mangle y solamente se pudieron observar y contabilizar quince individuos de mangle derribados, los que tenían un diámetro aproximado entre cinco centímetros y diez cm; asimismo, se observaron individuos únicamente podados en sus ramas superiores, sin que fuera posible cuantificar el número de individuos afectados por poda”.

Andrés Villalobos reconoció ante los inspectores que no tiene autorización de impacto ambiental o de cambio de uso de suelo forestal por parte de la Semarnat. Sin embargo, “no se aprecian elementos que permitan asegurar que existe riesgo inminente de desequilibrio ecológico o daño ambiental al ecosistema de mangle, a la salud pública o a los recursos naturales en general, ya que se trata de una zona previamente afectada por la presencia del hombre y la lotificación de predios”. A los inspectores, el dueño de Rodenas les dijo que la destrucción del manglar fue propiciada por el alcalde de La Huerta, cuando sugirió a los habitantes de El Rebalsito penetrar en el predio del que habían sido desalojados, a través del manglar.

Escrituras avalan a las dos partes en Tenacatita


Los jueces civiles deberán determinar a quién corresponde el mejor derecho. Rodenas insiste en que la Suprema Corte protegió como pequeña propiedad el predio de Tenacatita desde 1977; las autoridades agrarias admiten que fue reconocido al ejido en el marco del Procede

Guadalajara. Agustín del Castillo
. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 26 de agosto de 2010


Las versiones del conflicto jurídico por la propiedad del predio “Destiladero de Tenacatita” o “Punta Hermanos”, en las costas de La Huerta, se enredan, y serán los jueces civiles los que deberán determinar a cuál de los contendientes corresponde el mejor derecho.

Ayer, la inmobiliaria Rodenas SA de CV, en voz de su propietario, José María Andrés Villalobos, reivindicó su derecho con base en un juicio de amparo ganado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde 1977 (toca de revisión 756/77), en que se ratificó la calidad de pequeña propiedad de esa superficie de 42 hectáreas, y que no formaba parte de la dotación del ejido El Rebalse de Apazulco; el empresario aseguró que las ventas hechas por ejidatarios a particulares, de fracciones de ese terreno, fueron fraudulentas, pues se trata de escrituras que no corresponden al predio (ver nota anexa).

Sin embargo, las autoridades agrarias, en voz del delegado del Registro Agrario Nacional (RAN), José Apolinar Alatorre Rodríguez, confirmaron a Público que ese terreno está dentro del espacio certificado y titulado en 2006 al ejido El Rebalse de Apazulco en el marco del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede).

“No se encontró en los archivos ni en la investigación de las diversas dependencias que participan en Procede, evidencia alguna de que se trataba de un predio en conflicto […] nos extraña ahora lo que pasa porque el trabajo del Procede es público y abierto, hubo asambleas, mediciones e investigación de las diversas dependencias, y no se encontró nada, es algo que no había sucedido en la aplicación del Procede en Jalisco”, subrayó el funcionario.

Esto significa que la sentencia judicial aludida por Inmobiliaria Rodenas no fue notificada a las autoridades agrarias, porque al menos hasta ahora, no existe una copia de la misma en los archivos del RAN.

En otros casos conflictivos, la notificación se da y se sube al expediente del poblado en cuestión. Eso sirve de antecedente para que al comenzarse la certificación del núcleo agrario, se dejen fuera las superficies en problemas, hasta que no se alcance una solución definitiva.

- ¿Se incurre en alguna responsabilidad institucional si se certifica un ejido erróneamente?

- Bueno, el trabajo se hace a través de todos los antecedentes documentales que se tengan; es decir, hubo una resolución de dotación; posteriormente, hubo una ampliación del ejido, y con base en esos antecedentes se va generando la certificación; se va haciendo a un lado aquellos lugares donde haya conflicto. Conforme con la información que se tuvo desde varias instituciones participantes, se definió un área parcelada de 2,841 hectáreas, sumando dotación y ampliación; 75 ha de asentamientos humano y 12 de uso común, para totalizar 2,900 ha. Se estuvieron trabajando varias localidades, El Rebalsito, Tenacatita, y se generó la división en solares; se han expedido 165 títulos de propiedad derivados del Procede.

- ¿Entonces, la investigación no arrojó conflictos por algún predio?

- No se encontró en documentos el señalamiento de algún conflicto que modificara el plano definitivo y nos dijera que debíamos segregar alguna superficie. Es un procedimiento de varios meses y muy público en la zona, eso ayuda a detectar problemas, pero tampoco se encontró nada. El Procede es un programa de buena fe, pero pasa por muchos filtros; en ningún lugar de Jalisco tenemos antecedentes de algo así; incluso el Ayuntamiento de La Huerta, en el oficio 1376/2006, nos confirmó que no había conflictos.

“Hasta la fecha, nadie nos ha llamado a cuentas en ningún juicio, pero hemos visto la controversia en los periódicos y hemos investigado”. El segundo dato relevante es que las posesiones en la zona, convertidas en pequeñas propiedades, cambian la naturaleza jurídica del conflicto, de un juicio agrario a uno civil.

Así, sólo un juez competente puede determinar jurídicamente a quién corresponde en mejor derecho, reconoció Alatorre Rodríguez.

La venta del ejido, “un gran fraude”


No hay bloqueo a la playa de Tenacatita ni policías estatales, asegura el dueño de inmobiliaria Rodenas, quien ya denunció por vía penal a funcionarios federales y locales. Andrés Villalobos asegura que “la carretera termina al llegar a mi predio” y entonces no hay, a su juicio, privatización

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 26 de agosto de 2010

José María Andrés Villalobos, accionista principal de Inmobiliaria Rodenas SA de CV, entidad que tiene 22 días en posesión del predio contiguo a la playa de Tenacatita, arremetió ayer contra políticos de La Huerta y del gobierno federal, y los acusó de vender fraudulentamente la propiedad que ha recuperado por orden judicial.

Tan está seguro de esa acción delictiva, que confirmó la presentación de denuncias penales en contra del director general de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), José Luis Gutiérrez Miranda; del presidente municipal de La Huerta, Carlos Ramírez Núñez; del delegado municipal de El Rebalsito y ex dirigente ejidal Cuauhtémoc Torres Godínez, y de diversos responsables del comisariado ejidal de El Rebalse de Apazulco (hoy Lázaro Cárdenas), quienes estarían involucrados con la venta ilegal de cientos de lotes y son socios en el proyecto Estero Verde, del que han vendido derechos tanto en los terrenos hoy en posesión de Rodenas como en la zona federal misma, en lo correspondiente al manglar.

“Desafortunadamente, la opinión publica está manejando algunas cosas que no son ciertas: en primer lugar les queremos comentar que este es un terreno particular, que nunca ha sido terreno ejidal, y que indebidamente se incurrió en una ampliación de un ejido, pero que las más altas autoridades del país después de 38 años en cada uno de los muchos juicios que se siguieron nos dieron la razón”, explicó.

Negó que haya imposibilidad de llegar por vía terrestre a la playa, para lo cual, exhibió una fotografía donde el enmallado que instalaron “por orden del juez” llega hasta el límite con la playa federal y por allí se puede ingresar, en una ruta a pie que lleva de El Rebalsito al cementerio de los pobladores, al norte de la propiedad que tiene en posesión.

“Nosotros siempre hemos sido respetuosos de la ley”, enfatizó.

Añadió que la seguridad del predio corre por su cuenta, pues tiene tres grupos de policía auxiliar con alrededor de cien elementos custodiando día y noche. Negó que la tarea la cumplan policías estatales de Jalisco (en contradicción con lo que afirman el gobernador y el secretario de gobierno de la entidad), y también aseguró que los daños al manglar los hicieron los ejidatarios y sus socios en los proyectos inmobiliarios que el desalojo ha detenido.

Tanto Andrés Villalobos como sus asesores jurídicos enfatizaron que en esta historia los papeles están cambiados: “nosotros somos las víctimas”.

Lo que se hizo el 4 de agosto —el desalojo— fue “la continuación de una diligencia que se interrumpió hace diez años; desafortunadamente, en ese entonces, el presidente municipal de La Huerta y su policía interrumpieron el proceso y pusieron en riesgo la vida de los actuarios […] esta vez de nuevo hubo violencia, hay señores de Derechos Humanos que fueron agredidos [mostró una foto con un individuo ensangrentado], disparos de arma de fuego e intimidación […] agradecemos al gobierno del estado que haya hecho todo por aplicar el estado de derecho”.

Andrés Villalobos dudó que haya realmente terceros que actuaran de buena fe al comprar predios en la zona, pero promete a los que se lo demuestren y estén dispuestos a denunciar, pagarles los gastos del juicio “para meter a los defraudadores a la cárcel”.

El ejido “tan obró con dolo”, que una vez que perdió diversos amparos contra la entrega del predio a Rodenas en los años 90 del siglo XX, reconoció públicamente ante un juez civil una posesión “de mala fe”, aunque pública y pacífica, en busca de obtener la prescripción positiva que le diera el dominio pleno (es decir, no como ejido, sino como pequeño propietario).

También se refirió al bloqueo de la carretera estatal que llega a la playa: no consideró que sea tal, pues “la carretera termina al llegar a mi predio”. Después, la obra que se prolonga —fruto del contubernio de la mafia política que ha denunciado— sobre sus terrenos pierde, de derecho, esa calidad, aunque esté pavimentada y haya servido por más de quince años como ruta pública de acceso a la playa.

Privatización del agua genera desigualdad


Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO, edición del 25 de agosto de 2010

El ingreso del recurso agua al mercado, más allá de su justificación económica, está generando una fuerte desigualdad en el acceso al servicio, en perjuicio de millones de mexicanos en estado de pobreza, advirtió ayer, en una ponencia, el diputado perredista Raúl Vargas López.

“Independientemente de que se crea o no en los posibles beneficios que la apertura de los mercados del agua pueda traer a la población, en un país como México, las políticas de libre mercado en el marco de la globalización neoliberal han aumentado […] la cantidad de personas que no tienen acceso a la cobertura de sus necesidades básicas de salud, educación, vivienda y agua”. Como prueba, citó al relator especial de Naciones Unidas sobre Vivienda Adecuada, Miloon Kothari, quien señaló que “la globalización de las corporaciones y su clara expresión de la privatización de los servicios, es una de las mayores amenazas para el acceso universal al agua potable”.

La ponencia se presentó en el marco del III Encuentro Modelo Agua Jalisco, en un hotel de esta ciudad, patrocinado por la Comisión Estatal del Agua (CEA), en busca de generar un nuevo esquema que garantice el cumplimiento efectivo de las metas de dotación de agua y saneamiento para los jaliscienses.

En países como México, añadió el ponente, “la privatización del agua se ha ido convirtiendo a su vez en un grave problema, al otorgar el manejo de los recursos a empresas privadas, quienes se conducen bajo la lógica y los criterios de los negocios, lo que provoca que aumente la presión sobre las fuentes de agua al intentar extraer la mayor rentabilidad del recurso en el menor tiempo posible. Los criterios de cuidado y sustentabilidad de los recursos suelen ser vencidos por los mal entendidos y peor aplicados criterios de rentabilidad y ganancia”.

Frente a esta problemática, “amplios sectores poblacionales han insistido en la necesidad de que el agua sea considerada por los sistemas jurídicos como un derecho fundamental […] el derecho al agua guarda una relación de interdependencia con otros derechos reconocidos en la Constitución mexicana, como pueden ser la salud, la vivienda y el medio ambiente, que son de imposible ejercicio si no se cuenta con una cantidad suficiente de agua disponible”.

Esta relación sí ha prosperado en el derecho internacional, con la reciente declaración de la asamblea general de la ONU del derecho humano al agua potable.

Jalisco lanza su estrategia para proteger especies


I Encuentro Nacional sobre Estrategias Estatales de Biodiversidad, en Chapala. Hoy se analizará la viabilidad de crear una comisión estatal en el tema

Chapala. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO, edición del 25 de agosto de 2010

Jalisco pretende convertir en una política de Estado la protección de su diversidad biológica: 8,561 especies, más de medio millar de ellas en diferentes categorías de riesgo de desaparición, serán objeto de protección por la estrategia estatal de biodiversidad. El instrumento de esa política está ya en consulta pública y ayer fue oficialmente presentado en el marco del I Encuentro Nacional sobre Estrategias Estatales de Biodiversidad.

La secretaria de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable, Martha Ruth del Toro Gaytán, dijo que se debe generar un contexto político, económico y cultural donde la biodiversidad sea un valor a proteger y donde los derechos de la sociedad sean garantizados por encima de los particulares.

“Es sorprendente ver lo que sucede en algunas partes; yo voy a la costa y vuelvo a los seis meses, y los desmontes han aumentado; eso no es aceptable, no pueden estar prevaleciendo los intereses particulares por encima de los de toda la sociedad”, puso en relieve la funcionaria, que habló en el marco de la reunión, que se realiza en el hotel Real de Chapala, del poblado de Ajijic.

La estrategia es fruto de la labor de 130 investigadores de diversas disciplinas. El documento puede ser consultado por cualquier persona a través de la página electrónica www.semades.jalisco.gob.mx; la consulta permanecerá un mes.

Para que se tenga éxito, insistió la funcionaria, se necesita la transversalidad del tema ambiental, es decir, que sea un factor a considerar en todas las áreas de la vida humana: la política, la social y la económica. Jalisco es una de las 17 entidades que ya cuentan con este instrumento. Los estados pioneros son Morelos y Michoacán.

Durante la inauguración del encuentro, que es presidido por el coordinador de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), José Sarukhán Kermez, acudió el secretario de Medio Ambiente federal, Rafael Elvira Quezada, quien destacó: “Necesitamos darle fuerza a los estados, a las regiones, que salgan los liderazgos, las capacidades locales, las universidades, los científicos, los investigadores que tienen mucho trabajo quizá hasta disperso y es una gran oportunidad que en este encuentro se puedan identificar las fortalezas y las oportunidades de sistematizar todas estas áreas de conocimientos y socializar el proceso”.

Reconoció que hay grandes pasivos en materia de ambiente, pero también avances. En cuatro años de su gestión, se han puesto a operar más de 240 plantas de tratamiento de aguas residuales en todo el país.

Por su parte, Sarukhán Kermez señaló el reto de las entidades federativas: “los gobiernos de los estados tienen el compromiso de dar información de primera de cómo restaurar, conservar sus capitales naturales, además de participar y sensibilizar a toda la sociedad”.

Como parte del acto inaugural, se firmó el “acuerdo de Ajijic”, “documento que reconoce la importancia de la participación de los gobiernos y actores locales para la formulación y ejecución de políticas públicas.

David Cooper, oficial del Programa del Secretariado del Convenio de Diversidad Biológica (ONU), reconoció que aún no se han alcanzado las metas deseadas, lo cual será materia de análisis de la reunión que se realizará en Japón, “a fin de supervisar el congreso y elaborar un nuevo plan estratégico para la biodiversidad”.

Dentro de la reunión, también se plantea la posibilidad de crear instituciones estatales similares a la Conabio, con el objetivo de operar in situ, de forma más específica a favor del patrimonio natural.

México alberga alrededor de 28 mil especies vivas documentadas, con un estimado total que con insectos se va a cien mil formas de vida, 10 por ciento de las variedades que existen en todo el planeta.

Semarnat: playa de Tenacatita debe reabrirse


Secretario urge al delegado para que “se ponga a trabajar” en el caso. “No puede haber áreas [federales] que estén cerradas”, indica el titular de la dependencia federal, que dice que revisarán concesiones en la zona

Chapala. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 25 de agosto de 2010

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) continuará realizando las gestiones para que se reabra el acceso a la playa federal de Tenacatita, pues “nosotros seguimos en la misma línea, no puede haber áreas [federales] que estén cerradas; ya le dimos la línea a nuestro delegado aquí en Jalisco para que se aplique, para que se ponga a trabajar y nos resuelva esto, de manera conjunta con la Profepa”, dijo ayer el titular de la dependencia, Rafael Elvira Quesada.

A su lado, el delegado, José de Jesús Álvarez Carrillo, dijo que existe “una solicitud de parte del presidente municipal [de La Huerta] para que se revisen precisamente las concesiones que se otorgaron en Tenacatita, y el seguimiento lo tiene la Dirección general de Zona Federal [Máritimo Terrestre] en la Ciudad de México”.

El secretario detalló: “Nosotros lo que hemos hecho en general es darle una nueva vitalidad al proceso, empujar con todo, liberar y ver con toda transparencia y con toda claridad cada uno de los procedimientos para obtener concesiones; yo me llevo esta tarea y les tendré la respuesta a través del delegado, pero sí les quiero asegurar que si hubo alguna concesión que haya sido dada de manera dolosa en el pasado, en otros momentos, estaremos atentos para darle la equitatividad que requiere el proceso”.

También se refirió a los daños al manglar debido a la instalación de una malla ciclónica que lo corta, a partir de la carretera estatal que ha sido privatizada.

“La última vez que estuve aquí, hace poquito más de una semana, dejé la instrucción; sé que el delgado de la Profepa [Procuraduría Federal de Protección al Ambiente] ya fue a verificar en donde estuvo el daño ambiental; sé que a nivel nacional, antes de que termine el año, la Conabio [Comisión Nacional para Conocimiento y Uso de la Biodiversidad] nos va a dar el nuevo inventario de mangle de todo el país; yo confío que será positivo y que estemos recuperando mangle, y no hablo de esta área o de este pedacito de mangle, sino que en general las políticas públicas de la aplicación de la ley del cuidado del mangle hayan tenido efecto…”.

Precisó que en el análisis de las concesiones de la zona federal, fuente de la disputa entre ejidatarios y la empresa Inmobiliaria Rodenas SA de CV (a cuyo favor se realizó el desalojo de la playa, el pasado 4 de agosto), “lo que tenemos que ver es qué concesiones se dieron, bajo cuáles lineamientos, y con base en la liberación de esa concesión eventualmente podremos tomar una decisión, darle un seguimiento puntual, que se lo encargaré al subsecretario de gestión, que es gente de aquí de Jalisco, Mauricio Limón, que le dará un seguimiento específico…”.

El secretario de Medio Ambiente aseguró que hay conciencia sobre la importancia de la costa de Jalisco, por lo que se deben evitar proyectos depredadores. “La secretaría recibe cerca de 120 mil solicitudes anuales, y de esas, son dos mil manifestaciones de impacto ambiental […] quiero decirles con toda la claridad que no saldrá de la secretaría ninguna manifestación fuera de tiempo o que sobre todo violente las reglas; queremos que cada permiso le dé la certeza a la sociedad, a los medios de comunicación, a los grupos locales, de que pueden vivir el impacto ambiental, que siempre se estará buscando la compensación y los instrumentos para balancear este impacto; no se van a dar autorizaciones a proyectos que no llenen cada uno de los requisitos, y hemos sido ciertamente criticados porque hemos frenado muchos permisos, pero nuestro papel es cuidar los recursos naturales”, advirtió.

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Faltan recursos para limpiar

La cuenca El Ahogado y el río Santiago están entre los sitios más contaminados del país, y la Semarnat considera viable, si el Congreso le asigna recursos, establecer un fondo especial para su rescate, dijo Rafael Elvira Quesada.

“Quiero decirles que estamos gastando cien millones de pesos tan sólo en el sitio más contaminado del país, que se ubica en el estado de México, en Tultitlán, y necesitamos ampliar ese fondo para aplicarlo en diversos espacios del país; pero todo esto depende de la política que nos dicte la Cámara de Diputados”, indicó el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

—¿Qué tanto se necesita?

—Si nos dan mil o cinco mil millones de pesos nos los vamos a agotar indudablemente, tenemos la capacidad.

En cuanto a la cuenca del Santiago, “sería a través de la Comisión Nacional del Agua; si resolvemos el problema de las plantas de tratamiento de Aguaprieta y El Ahogado, resolveríamos más de la mitad del problema que hay en Jalisco como estado, y aportaría un avance muy importante y muy significativo a la estadística nacional […] en 2000, México trataba 23 por ciento de las aguas negras; ahorita estamos llegando a 43 por ciento, y la meta del gobierno federal es llegar a 2012 con 60 por ciento de las aguas residuales tratadas”.

La CNDH y Alemania intervienen en el conflicto de Tenacatita


El gobierno europeo, preocupado por afectaciones a sus ciudadanos, pidió información. Comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos se reparten el trabajo: buscarán determinar actos y omisiones de los niveles de gobierno, sobre todo por impedir paso en carretera y playa públicas.

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO, edición del 24 de agosto de 2010

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ya abrió un expediente sobre presuntas violaciones a las garantías jurídicas de ciudadanos, como consecuencia del desalojo de la playa de Tenacatita, en la costa de Jalisco, realizado por policías estatales, en apoyo del juzgado civil de Cihuatlán, el pasado 4 de agosto, y que ha derivado en el bloqueo de una carretera pública y el impedimento del acceso a la playa por parte de las fuerzas del orden.

Además, la embajada alemana en México ha solicitado información en días pasados ante diferentes instancias públicas, como resultado de las denuncias de diversos ciudadanos de esa nación europea, que vieron afectado su patrimonio con el lanzamiento practicado a favor de la Inmobiliaria Rodenas, SA de CV, y consideran el hecho una injusticia, pues son compradores de buena fe y poseen escrituras validadas por dos Presidentes de la República: Vicente Fox y Felipe Calderón, según explicaron miembros de esa comunidad a Público.

En cuanto a la CNDH, su primer visitador, Luis García López, se reunió el pasado fin de semana con el presidente de la comisión estatal, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, tras quejas recibidas desde que se realizaron los hechos hace más de dos semanas. El acuerdo fue que cada comisión daría seguimiento a los asuntos de sus respectivos ámbitos, el estatal y el federal, lo que deja el problema de la intromisión policial en manos de la CEDHJ, y el del acceso a la playa federal y el daño a ecosistemas, en manos de la nacional.

“Desde el 4 de agosto, que se celebró esta diligencia de levantamiento y entrega de posesión del predio, hubo presencia de la comisión nacional, con dos visitadores, porque hubo telefónicamente una queja que presentó un particular que se siente afectado […] este fin de semana vino el primer visitador a otros asuntos y aprovechó para tener una reunión con su servidor, donde determinamos que la comisión estatal seguirá conociendo las quejas en lo que se refiere a las autoridades estatales y municipales que pudieran estar involucradas y denunciadas ante Derechos Humanos, pero la nacional hará lo propio en lo que respecta a las autoridades y dependencias federales para ver qué están haciendo o dejando de hacer”, informó el propio presidente de la CEDHJ.

“Recordemos que después de la zona arenosa y de lo que es el mar, en tierra conforme con las leyes federales son 20 metros que no se pueden enajenar, que no se pueden embargar, que no se pueden trasmitir y son propiedad de la nación”, apuntó Álvarez Cibrián.

El ombudsman estatal fue enfático en la necesidad de que se discrimine entre el tema de violaciones a derechos básicos, que es materia del trabajo de las comisiones, y los “temas jurisdiccionales”, que son materia de jueces y tienen la última palabra en cuanto a quién es el legítimo propietario de los terrenos de la zona, descontada el área federal, que es de la nación.

El representante subrayó que tiene alta preocupación por el bloqueo de una carretera federal, pues le parece que no es necesaria esa medida para preservar la paz y ya se ha prolongado excesivamente. La CEDHJ tiene 20 quejas que está integrando; la entidad pública con la que entró en relación es la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que preside Luis Carlos Nájera Gutiérrez.

“La carretera es un bien público y por ella se debe garantizar el libre tránsito […] en este momento no encontramos una justificación de esa acción, creemos que hay formas de garantizar la tranquilidad sin que se obstruya ese libre tránsito y el disfrute de esa playa”, puso en relieve Álvarez Cibrián.

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Propiedad polémica

Los presidentes Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012) han emitido escrituras para hasta 220 fracciones de propiedad vendidas por ejidatarios de El Rebalse de Apazulco (o Lázaro Cárdenas) frente a la playa de Tenacatita, incluso en la superficie que hoy tiene posesionada la inmobiliaria Rodenas, SA de CV, tras el polémico desalojo de la semana pasada, que ésta promovió.

Dichas escrituras están emitidas en el marco del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Certificación de Solares Urbanos (Procede), lo que deriva inevitablemente de un procedimiento oficial de medición de linderos y confirmación de la legítima propiedad del núcleo agrario sobre la zona, que entra en abierta contradicción con los derechos invocados por la inmobiliaria, que fueron hechos valer por el juez civil de Cihuatlán el pasado 4 de agosto, al ordenar el lanzamiento de los compradores del ejido.

Los derechos de la inmobiliaria son fruto de un juicio de amparo ejecutado diez años después de la orden

Áreas protegidas, solo en el papel


Guadalajara. Sergio Hernández / Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 23 de agosto de 2010

Los problemas crónicos de financiamiento para las áreas naturales protegidas en Jalisco tienden a gravarse, en la medida que el sistema crece: hay dos áreas estatales que se han creado a partir de 2009, pero sin recursos propios. Está en consulta una tercera reserva que nacerá en las mismas condiciones. Hay además un grupo de siete áreas con decreto federal cuyos recursos son mínimos en contra de las necesidades.

Las áreas naturales recien protegidas y sin presupuesto son la del bosque mesófilo del Nevado de Colima y la de la Sierra del Águila, en Ameca. La que está por autorizarse es la del bosque de maple en Talpa.

“Tanto la comisión [Nacional de Áreas Naturales Protegidas] como la secretaría [de Medio Ambiente y Recursos Naturales] están entre las entidades que menos presupuesto tienen […] y el tema ambiental, a pesar de que sí ha tenido avances, no está en los niveles mas altos de atención como puede ser salud y educación; lo que nosotros estamos haciendo es fomentar las sinergias, generar sociedades con actores que incidan, para que lo que nosotros no podamos hacer con los pocos o muchos recursos que tengamos, nos ayuden los demás socios y entonces cada vez mas involucrar a la sociedad civil, a la academia, para que establezcan procesos de conservación”, dijo al respecto el director regional de la Conanp, Humberto Gabriel Reyes Gómez.

Entrevistado durante una reciente visita al ITESO, el funcionario puso en relieve la necesidad de “innovar modelos de aprovechamiento de recursos naturales para que la gente, al ver que al conservar le da beneficios económicos, también nos ayude a practicar lo mismo; de otra manera, la falta de recursos la tenemos que solventar con alianzas, con sinergias, y sobre todo involucrando a los dueños y poseedores de los recursos naturales”.

De hecho, el futuro inmediato no es halagador. “Cada vez tenemos muchas más restricciones; nuestro comisionado nacional está haciendo las propuestas y siempre peleando por más presupuesto…”.

—Pero no necesariamente les ha dado resultados ceder la administración de las áreas protegidas a los estados; está el ejemplo del bosque La Primavera (con cero presupuesto oficial en 2010), donde si bien el estado asume ciertos gastos, no se asume la responsabilidad completa en términos de financiamiento…

—Bueno, el comisionado está viendo la forma de mejorar el instrumento, para dar mayor certeza al manejo […] hay estados que están muchos más comprometidos, hay algunos con limitaciones presupuestales, unos más ricos que otros; particularmente en Jalisco la experiencia ha sido buena, se tiene que mejorar en algunas cosas, todo es perfectible, uno de los casos más exitosos que se presentan es el del Nevado de Colima, que tiene experiencias de éxito bastante completas...

El director señala que el camino deberá tender a fortalecer los ingresos propios tanto en organismos internacionales, por el interés biológico que revisten, como mediante el cobro de derechos por ingreso y uso de espacios naturales. “Las áreas que están mucho más avanzadas en cuanto a la recaudación de recursos son las de Quintana Roo, porque se aplica la ley de derechos ahí y la clave es la cantidad de visitantes que tienen; son mecanismos muy complejos y procesos muy largos que implican alinear políticas publicas, pero son las experiencias exitosas de autofinanciamiento, y en ese sentido, las más avanzadas del país”.

domingo, 22 de agosto de 2010

Madera, el tesoro envenenado




Tala ilegal se lava con negocios ganaderos que aumentan devastación de Chiamlapas, advierten expertos. Los comuneros más viejos acusan a la “avaricia” que introdujo el mercado como el resorte que va reduciendo las selvas de forma inexorable

Santa María Chimalapas, Oaxaca. Agustín del Castillo, enviado. PÚBLICO-MILENIO. Este proyecto de investigación fue ganador de una beca de Fundación AVINA en la emisión 2008-2009. FOTOGRAFÍAS: MARCO A. VARGAS. Edición del 21 de agosto de 2010

La sed de madera preciosa desangró en el pasado las grandes selvas del istmo. Hoy permanece como el motor que además de fabricar dinero fácil, rompe la cohesión comunitaria y arrasa ecosistemas.

“Todo mundo tumba árboles y destruye; la gente se dedica a la pesca, a la cacería, al corte de palos, pero no nada más para su consumo; buscan el negocio, el dinero, vivir de otro modo”, se queja amargamente don Cirilo Hernández Zárate, viejo comunero zoque.

“No se conforman con la milpa, el maíz, el frijol y los camotes, como los de antes […] lo que reina es pura avaricia”, añade con voz firme; y aunque tras esa denuncia habría que esperar la mirada encendida de un indignado Savoranola, lo que se asoma por sus ojos sugiere templanza, decepción y hastío.

Tarde de calor y sol, con el humo de un incendio forestal que invade la cabecera comunal y nubes dispersas. Don Cirilo nació en 1934 y ha visto muchos cambios en su mundo. Antes llovía más meses, veían animales salvajes, los árboles eran gigantes y el sol no alcanzaba el piso.

Pero del autoconsumo propiciado por el aislamiento se pasó a los negocios y la dependencia. Los grandes recursos de caoba y cedro desaparecieron casi completamente, primero bajo las hachas, luego aceleradamente, con las motosierras. La vasta selva ha sido invadida en todos sus linderos. La depredación es regla. El anciano calcula que 30 por ciento de los comuneros, de todas las procedencias, están agotando los recursos más valiosos, y peor aún: sólo se hacen ricos sus compradores, todos fuereños.

Recuerda su infancia y juventud. “Esta montaña no tenía casi gente, nadie quemaba y tampoco hacía falta salir de la sierra para vivir […] se vivía con lo que se tenía”. Sin embargo, ya en el temprano 1940 data el arribo de un maderero, Jesús Silva. “Me platicaba mi abuelo, Amador, que le daban permiso por 30 o 50 pesos las autoridades de la comunidad, y sacaba la madera por Acayucan, hacia Veracruz, y era pura madera fina, cedro o caoba, porque el roble no lo tocaban…”.

Con los años fue peor. Los comuneros aprendieron a apreciar el “oro verde” y otros bienes anhelados por la sociedad de consumo. Se consolidó la cultura extractiva, totalmente descontrolada.

“No es una historia de aprovechamiento, sino de sobreexplotación […] en Santa María eso pasó tanto con empresas privadas como de parte de los mismos comuneros; estos han extraído tablones aserrados con motosierra, básicamente de manera ilegal; es una situación que se viene dando de más de 30 años, pero de forma drástica los últimos seis u ocho años; se ha logrado bajar probablemente a 10 o 15 por ciento de lo que había, en buena medida porque los pocos cedros y caobas que les quedan están ya muy retirados, a tres o cuatro días de camino, y no les es rentable”, explica el delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Esteban Ortiz Rodea.

El funcionario subraya que esto ha permitido ir generando una conciencia de la necesidad de cuidar el recurso para poder vivir de él, y por eso se deben buscar empresas comunitarias que den empleos, que permitan la formación de sus técnicos y que eso derive en que las propias comunidades manejen sus recursos, lo que concilia el proyecto autonomista zoque con el desarrollo sostenible.

El documento del programa de manejo forestal que está actualmente en proceso de aprobación por la Semarnat, con base en el cual se pretende aprovechar el paraje conocido como arroyo Pato, destaca sin cortapisas los problemas de las costumbre contemporáneas de los propios zoques.

“El principal problema radica en el hecho de que la economía de Chimalapa [sic] se sustenta en la tala y el comercio ilegal de madera tropical […] la necesidad de los comuneros de resolver sus problemas de desarrollo familiar se traduce en un proceso de destrucción forestal, por el libre acceso individual a la explotación selectiva de especies comerciales, lo que a corto y mediano plazo descapitaliza las zonas arboladas en las orillas de los centros de población y orillas de los ríos. Una superficie que no tiene arbolado de interés se vuelve terreno propicio para la milpa y establecimiento de potreros. Paradójicamente, los recursos para la compra de ganado provienen de la propia venta de madera. Esto significa que la explotación forestal está subsidiando el desarrollo ganadero”.

Y así, continúa: “la venta de madera es un negocio ilegal; por tanto, no conviene a los comuneros invertir en la industria forestal […] las ganancias de la tala clandestina se invierten en ganadería extensiva, que se ve fortalecida por el Progan [un estímulo que da la Secretaría de Agricultura]; en 2006, los ganaderos recibían un subsidio de 300 pesos por cada vaquilla o vientre reportado”.

Y si se agrega que la asamblea comunal no debe aprobar los proyectos ganaderos, la apropiación del territorio es con base en el número de reses de que se disponga.“En resumen, las condiciones institucionales favorecen un cambio de economía forestal a economía ganadera en Los Chimalapas; esto significa un proceso lento pero seguro de destrucción de la selva…”.

En Santa María se habla de unas 20 familias que controlan la salida de maderas preciosas y semipreciosas y sacan la mercancía a los valles contiguos. En toda casa que se respete hay una motosierra. El humo de incendios por la ganaderización domina sobre los vapores primordiales de la lluvia. Y es así como envejecen una selva y sus hombres.

Golpeado, acusado y procesado


La Huerta, Jalisco. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 21 de agosto de 2010

Francisco Javier Campos es originario de El Rebalsito, pero reside en Estados Unidos, obligado a migrar por la crónica crisis económica que enfrenta el campo mexicano.

No obstante, en los recientes hechos violentos posteriores al desalojo de la playa de Tenacatita, entre el 4 y 5 de agosto pasados, fue objeto de la furia de policías estatales que le hicieron pagar caro el hecho de estar en el lugar y la hora equivocados.

El resultado fueron golpes y una detención arbitraria. Hijo de ejidatario, de 34 años, ha hecho su vida en California, pero la apertura de este proceso le dificulta su viaje de regreso y pone en riesgo su calidad de residente.

“Yo estuve todo el día trabajando en el potrero de mi papá para sembrar, regresé a las nueve de la noche y como a las nueve y media me fui a ver a mi novia, que está fuera del pueblo; pasadito de las once llegué otra vez, me paré fuera de la carretera […] estaba una niña gritando y llorando, yo creo que por el susto, no sé si le habían pegado, yo la levanté y la quise sacar de ahí, me crucé la calle a donde vi unas mujeres... cuando yo llevaba a la niña me llegaron por atrás y me golpearon los policías y me arrojaron gas…”.

Las huellas de la golpiza poco a poco están desapareciendo, pero hay fotos que circulan desde hace dos semanas en las redes sociales donde claramente se ve el ojo hinchado y cerrado por los toletazos, moretones en la espalda y los costados, raspones, rasguños.

“Ahí me dejaron tirado; yo caminé para echarme agua, no podía ver y me jaló una señora adentro de una casa, pero los policías se metieron, vieron que estaba ahí y me echaron una corretiza, me metí hasta aden-tro de la casa y ellos se metieron y me golpearon.

— ¿O sea que allanaron la casa?

— Sí, entraron a la casa a la fuerza, y ahí adentro me golpearon y me sacaron […] primero me tenían en el suelo boca abajo, estaban golpeándome, y después me subieron a la troca.

Pasaba de la medianoche cuando arribaron a Cihuatlán. “Yo no sabía de qué se me acusaba […] después supe que me estaban acusando de que traía un arma, y que había hecho disparos, cuando yo no traía ni un arma”.

—¿Te hicieron la prueba de la parafina?

—Sí, me hicieron la prueba y salí bien, no disparé un arma […] de todos los detenidos yo fui el más golpeado, y a causa de eso lo quisieron justificar y me acusaron de tener un arma […] la enseñaron cuando yo estaba dando la declaración, fue cuando la conocí…

—¿Por qué duraron dos días ahí encerrados, qué paso?

—Pues que no nos querían dejar salir. Nos sacaron dos veces a declarar. Y la llamada para avisar a los familiares nos la dieron hasta ese segundo día. Y con unos cables eléctricos le daban toques a la gente.

—¿Cuál es tu estado jurídico?

— Llevé dos testigos a Autlán, y tengo como otras tres citas en Guadalajara todavía para poder salir del caso […] soy residente de los Estados Unidos, había venido de vacaciones, a ver a mi familia. Ya tengo que regresarme […] llevo tres mese acá, no puedo estar más de seis meses fuera, me puede afectar con mis papeles porque soy residente, entonces espero que las cosas se arreglen a tiempo.

Recortan los altos salarios en el SIAPA


Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 21 de agosto de 2010

El Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) ha logrado generar un ahorro anual de 5.9 millones de pesos entre pago de nómina y prestaciones, al bajar los salarios de sus 61 empleados de alto nivel, incluido el director.

No obstante, el impacto en la nómina global del organismo no es demasiado contundente: se pasó de una percepción anual conjunta cercana a 49 millones de pesos, a casi 46 millones de pesos.

Según datos ofrecidos por la empresa paraestatal, en estos meses se han realizado esfuerzos sustantivos para reducir el gasto corriente, por lo que los ingresos de los principales funcionarios han quedado como sigue:

El director general, en enero de 2009 ganaba 121,694 pesos mensuales, y a partir de abril de 2010 gana 109,525 pesos, más prestaciones. Nueve gerentes clasificación A pasaron, en la misma comparación, de ganar 104,147 pesos a 93,732. Un gerente tipo B que ganaba 87,360 pesos gana ahora 78,624 pesos.

Hay también 25 jefes de departamento tipo A que percibían 66,109 pesos, y ahora reciben cada mes 62,804 pesos. Once jefes de departamento clasificación B pasaron de 56,593 pesos a 53,763; seis jefes de departamento tipo C, de 53,854 a 51.161 pesos. Hay además ocho coordinadores con los que termina la lista de descuentos salariales: percibían en enero de 2009, 40,698 pesos, y ahora lo hacen con 38,663 pesos.

Estas modificaciones significan 260,833 pesos mensuales menos, para un anual de tres millones 129,996 pesos. Así, la alta nómina del organismo operador ha pasado de costar por año 48 millones 844 mil pesos, a costar 45 millones 714 mil pesos.

El organismo tiene alrededor de 2,900 empleados. La nómina completa se puede consultar en www.siapa.gob.mx.

A juicio del director, José Luis Hernández Amaya, se está caminando a una total transparencia en el SIAPA, a la reducción de la plantilla de personal y a menores ingresos entre los salarios más altos, en función de las políticas de austeridad que demandan los tiempos de crisis, y para demostrar a la sociedad que los ajustes y el nuevo esquema tarifario traerán recursos nuevos que no serán para el gasto corriente, sino para aumentar las inversiones en las principales zonas de rezago, como son los cambios de tuberías de agua y drenaje, el mantenimiento de tanques y pozos, y el mejoramiento de equipo.

Tenacatita, una aventura hacia una playa cerrada


La Huerta. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 20 de agosto de 2010

En tiempos de desalojos e inquina, los caminos abiertos por el progreso no son los más seguros para alcanzar la ansiada playa pública —como lo son todas las playas de este país— de Tenacatita.

No obstante, el intento se debe hacer, pero una sexteta de policías estatales esperan, al pie de una carretera privatizada, más celosos y malencarados que el magistrado Catón, que obstruye la salida del infierno a los condenados (“¿Quiénes sois vosotros, que contrario al ciego río, habéis huido de la prisión eterna?”, Purgatorio, canto II, Divina Comedia): “Está prohibido el paso”, afirman, muchísimo menos inspirados y elocuentes que el sabio latino, sin molestarse en ofrecer la explicación que la razón demanda sobre las leyes y los gobernantes que les han dado la encomienda.

A los lados, se extiende una malla ciclónica recientemente instalada que penetra como cuchillo entre el manglar, una amplia zona también federal que igualmente ha sido privatizada. No hay indicaciones de algún camino alternativo, siquiera una vereda, que conduzca con seguridad a los viajeros hacia los arenales del litoral.

Para seguir el intento hay que regresar al poblado de El Rebalsito. Después, tomar una terracería que atraviesa potreros y pantanales, hasta llegar a una de las orillas de la vena de Tenacatita, el complejo lagunario que se extiende casi paralelo a la línea del mar. “Podríamos intentar llegar hasta la playa por esta ruta, pero los policías están saliendo y te obligan a regresarte”, explica Chito, uno de los restauranteros que perdieron sus bienes con el desalojo del 4 de agosto.

Una lancha de motor permitirá tomar la ruta más cercana al mar, a un costado de la también privatizada playa de Boca de Iguanas, a donde sólo acceden los huéspedes del hotel Los Ángeles Locos, o los mentirosillos que ingresan prometiendo consumir en el restaurante del lugar. De ahí se dobla a la derecha, y se acelera para librar el oleaje que pega fuerte.

Los acantilados y el mar picado son la primera parte de la travesía —¿por allí marcharán los visitantes provenientes de La Manzanilla, a pie?—, y como un kilómetro después se divisa la famosa playa de 2.5 km de longitud, llena de palapas derribadas, maquinaria que demuele pacientemente las fincas con 20, 30 o 40 años, y patrullas de los policías estatales, que acechan con astucia ante el eventual arribo de algún alma perdida.

Éste es el laberinto que se debe librar para que un ciudadano ejerza su derecho al libre tránsito hacia un espacio que es propiedad de la nación. Pero abandone las ganas: los gendarmes no lo dejarán desembarcar. Si está inconforme, consiga un amparo, un juez que esté dispuesto a ordenar ejecutarlo… y un gobierno celoso del Estado de derecho.

Policías seguirán en Tenacatita, advierte el gobernador

En entrevista radiofónica, el mandatario niega estar al servicio de los intereses del desarrollador privado. La amenaza de violencia justifica la presencia de agentes; asegura que hay acceso a la playa “a 100 metros” del bloqueo a carretera, y luego recomienda llegar a pie desde La Manzanilla, 10 km al sur

PÚBLICO-MILENIO. Edición del 20 de agosto de 2010 (Edición de AC)

El gobernador del estado, Emilio González Márquez, justifica la presencia de policías estatales en el predio de Tenacatita: dice que entraron por orden del juez, pero evade analizar si esa orden se limita al momento del desalojo, como le dijo el propio juez a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), o es extensiva a las más de dos semanas que ya tienen los gendarmes impidiendo el paso al predio. De hecho, dijo que no los moverá de la zona porque hay riesgo de violencia, y es su obligación prevenirla.

“Hay una orden de un juez para llevar a cabo un desalojo, no es la primera ocasión que se lleva a cabo un desalojo hemos hecho otros en la costa por órdenes del juez, ustedes dieron cuenta del desalojo en Campo Acosta, por ejemplo, hay entonces la orden de un Juez para que se lleve a cabo un desalojo”, dijo en entrevista con Griselda Torres Zambrano, de Radio Metrópoli.

Señaló que fueron los vecinos quienes agredieron a los policías en el zafarrancho que se dio la noche posterior al desalojo, aunque el mandatario asegura que la violencia y el desalojo fueron al mismo tiempo. “En este mismo predio al estar haciendo el desalojo y según son testigos integrantes de la CEDHJ que estaban presentes, y el mismo secretario del juzgado que fue a hacer el desalojo, se generaron […] situaciones de conflicto, no sé si ustedes lo tengan documentado pero hay [sic] personas detenidas por utilización de arma de fuego en contra de la autoridad durante el desalojo, hay fotografías incluso de los impactos de dos balazos hacia la policía estatal. Entonces hay la posibilidad de generación de un conflicto si la policía estatal sale de ahí”.

Aseguró que su gobierno no defiende los intereses privados en contra del ejido El Rebalse de Apazulco. “Queremos nosotros solamente dos cosas, entendiendo que este es un conflicto entre particulares: primero, acatar la orden del juez que es de entregar la posesión a quien él dictaminó, y segundo, evitar un conflicto social que pueda llegar a mayores; ahorita está en el nivel de conflicto político porque gente del PAN y del PRI se ha subido a este problema; pero es un tema eminentemente jurídico, la policía va a estar ahí mientras tengamos nosotros la certeza de que cuando se salga la gente las partes en conflicto no van a llegar a una situación de mayor gravedad”.

Negó también que no haya acceso por tierra a la playa de Tenacatita, como documentó este diario (Público, 13 de agosto de 2010) que es pública por ser propiedad de la nación. “No es el único acceso, si caminas 100 metros puedes entrar a la playa; te diría es lo mismo que pasa en Puerto Vallarta, no defiendo el caso, lo único que te digo es que la policía está ahí, el bloqueo está ahí para evitar que los particulares que están en conflicto con los ejidatarios se agarren a balazos, como ocurrió cuando fue a practicarse el desalojo, en donde las fuerzas estatales fueron recibidas a balazos [sic]”.

Lamentó que haya cundido “tanta desinformación”, pero “mi obligación es prever, porque ni los ejidatarios, ni los particulares ciudadanos todos mexicanos y personas con derechos no salgan lastimados en sus personas, esa es mi chamba. ¿Cuándo me voy a salir? Uno, cuando el juez me lo ordene, porque un juez me ordenó hacer el desalojo; dos, cuando las condiciones estén para que se pueda resolver este litigio por la vía de los jueces o por la vía del acuerdo entre ellos”.

“¿Y eso va a ser por tiempo indefinido?”, le preguntó la conductora. “No sé, yo no pongo esas condiciones, si hay dos que se quieren pelear y yo lo puedo evitar, lo tengo que evitar ¿Cuándo? Hasta que ellos decidan platicar y no pelear”.

—¿Reconoce, sin embargo, que el bloqueo es una irregularidad, es una ilegalidad?

—No opino sobre eso, no soy abogado [...].

A quienes, ejerciendo sus derechos ciudadanos, deseen visitar la playa, les dio un consejo distinto al del acceso a 100 metros: “No ubico bien ahorita la zona, pero puede entrar por La Manzanilla y puede caminar a la playa, la playa es federal, pues…”.

Pero La Manzanilla se ubica a diez kilómetros al sur de Tenacatita.

Alguien del auditorio le dijo al mandatario que “los ejidatarios de Tenacatita están presentando sus títulos de propiedad y aún así los echan, no defiende a los pobres, sino a los ricos en este caso”.

El gobernador respondió: “Creo que ese es el tema, quién es el que tiene que decidir quién tiene la razón, no es el gobierno del estado, es el juez que diga entre las partes que están peleando y que los dos dicen ser dueños, quién tiene la razón, y el juez ha dado la razón a una de las partes, y el gobierno del estado no tiene nada que hacer más que ordenar, más que acatar la orden del juez, porque eso es lo que nos han dicho que queremos vivir en un Estado de derecho, y eso es cumplir la ley y eso es obedecer lo que dice el juez”.

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CLAVES

Contradicciones

El dicho del gobernador:
La violencia de los vecinos comenzó al realizarse el desalojo en Tenacatita.

La realidad:
Entre el zafarrancho y el desalojo median 18 horas; los vecinos denuncian que en todo ese tiempo fueron hostilizados por policías, pero los hechos referidos son posteriores a las diez de la noche.

El dicho del gobernador:
Los accesos a la playa de Tenacatita no están cerrados; se puede ingresar a 100 metros del bloqueo carretero por los policías.

La realidad:
No hay accesos seguros cerca de la carretera; fue cercado el perímetro sin importar que el manglar sea zona federal. Quien se pretende acercar es hostilizado por la policía.


El dicho del gobernador:
Los turistas pueden irse caminando desde la playa de La Manzanilla.

La realidad:
La Manzanilla, a la mitad de la bahía de Tenacatita, está a unos diez Km de Tenacatita siguiendo la línea del litoral. Además, la playa no es continua: el viajero tendría que escalar acantilados o nadar algunos trechos.

En riesgo, la conservación de tortugas y el arrecife de Tenacatita


La UdeG alerta ante historia de ecosistemas destruidos por empresas turísticas. Hay monitoreo para evitar que bloqueo de policía a carretera favorezca destrozos. También el manglar de la vena de Tenacatita corre peligro, indican investigadores

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 19 de agosto de 2010

La disputada playa de Tenacatita guarda tesoros biológicos insospechados que están en riesgo. Investigadores del Departamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras de la Universidad de Guadalajara (UdeG) señalan su preocupación por la suerte que enfrentará el estero, donde sobreviven 154 hectáreas de manglar, y sobre todo, el arrecife contiguo, el más grande e importante que tiene el Pacífico jalisciense.

“Queremos manifestar la preocupación debido a que el conflicto que se desató a raíz del desalojo de los posesionarios de los terrenos colindantes a la playa de Tenacatita y al playón de El Tecuán, puede derivar en que se presente destrucción de los ecosistemas de la zona por actividades como la tala de mangle —tal y como ya ha sido denunciado por los pobladores de la zona y por el presidente municipal de La Huerta—, la destrucción del arrecife de coral en playa Mora —colindante con la playa de Tenacatita— y la alteración del hábitat de anidación de las tortugas marinas dentro del santuario de El Tecuán, así como un mayor saqueo de nidos y sacrificio de hembras que ovipositan en esta playas”, destacó el jefe del departamento, Francisco de Asís Silva Bátiz.

Ante la situación de que la carretera permanece bloqueada por elementos de Seguridad Pública del estado sin que permitan el paso a bienes nacionales, como lo son las playas y el manglar, “pueden presentarse actos ilegales que dañen el manglar, el arrecife de coral y las tortugas marinas en esta zona. Ya se ha observado el mismo patrón en otros sitios de la costa de Jalisco, en los cuales desarrolladores turísticos en la búsqueda permanente de mayores ingresos en el menor plazo posible, acaban destruyendo o impactando el patrimonio nacional y la forma de vida de cientos de habitantes”, puso en relieve.

Los académicos recuerdan “la famosa frase del primer dueño de El Hotelito Desconocido —ubicado en los márgenes del estero El Ermitaño en el municipio de Tomatlán—, quien dijo que ‘en México más vale pedir perdón que pedir permiso’, refiriéndose a la destrucción de manglar que había hecho en esa zona antes de que la Profepa [Procuraduría Federal de Protección al Ambiente] lo clausurara”.

Este departamento y otras dependencias de la UdeG “tienen un monitoreo permanente del arrecife de coral en playa Mora, así como del manglar en la bahía de Tenacatita con base en imágenes de satélite. Cualquier alteración que experimenten estos ecosistemas durante el conflicto será detectada y se realizará la denuncia correspondiente ante las autoridades ambientales”, advirtió Silva Bátiz.

El arrecife de coral en playa Mora es la estructura pétrea de coral más importante de la costa de Jalisco, y una de las cinco más importantes del Pacífico mexicano. “Este ecosistema aunque ha estado siendo impactado por el turismo, aún mantiene un buen estado de conservación; pero existe el temor de que la voracidad de desarrolladores turísticos y ante la situación actual de conflicto, puedan aprovecharse para realizar acciones u obras ilegales que destruyan este importante ecosistema. Si existió escasa consideración hacia la forma y estilo de vida de cientos de personas en la playa Tenacatita, se podría esperar aún menos de respeto hacia los recursos naturales y ecosistemas del área”.

El departamento, en voz de su jefe, “hace un llamado a las autoridades ambientales federales y estatales para que fortalezcan la vigilancia en la zona con el fin de impedir y detectar cualquier impacto en la zona durante el conflicto actual, y solicita también la presencia de la Armada de México para la vigilancia del área marina adyacente para impedir la posible destrucción del arrecife de coral de Tenacatita”.

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Arrecife rico en vida

El arrecife de Tenacatita es de las pocas formaciones de este tipo existentes en México, junto con otros puntos geográficos como el de Cabo Pulmo, Baja California Sur; Punta de Mita, en Nayarit; Manzanillo, en Colima, y la costa sur de Oaxaca.

El arrecife coralino de Tenacatita “presenta dos bloques paralelos a la línea de costa, ubicados a cada lado de la ensenada conocida como playa Mora. El de mayor dimensión tiene una longitud aproximada de 280 metros por 60 de ancho. El segundo bloque cuenta con 210 metros de longitud y 30 de ancho. Ambos tienen un grosor promedio de 1.72 metros con un máximo de 3.20 y un mínimo de 0.85 metros”.

Se han registrado 364 especies distribuidas de la siguiente manera: 130 especies de moluscos, 68 de crustáceos, 15 de equinodermos, 20 de cnidarios y 125 de peces […]. Con el avance del conocimiento del ecosistema, se ha incursionado en el estudio de especies particulares con importancia pesquera o farmacológica como es el caso de los moluscos de la familia conidae”.

Los investigadores han identificado “una serie de factores de riesgo”, entre los que “destacan el conflicto de intereses por tenencia de la tierra en el área costera adyacente a la formación arrecifal, además de concesiones indefinidas en propiedad federal y el deterioro y pérdida del hábitat por saqueo y destrucción de coral y especies de ornato, como consecuencia de una gran afluencia turística al área sin que exista una figura de protección al ecosistema”.

Fuente: Víctor Landa-Jaime y otros, investigación conjunta UdeG, Universidad Veracruzana y Universidad Autónoma de Nayarit.

El Congreso debe ceder, señala la CNA


En el foro para establecer el Modelo Agua Jalisco se pide modernizar al SIAPA y así hacerlo viable económicamente. Es necesario que expertos y sociedad sean los que determinen tarifas y no los políticos, como sucede hasta ahora

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 19 de agosto de 2010

Es fundamental que el Congreso del Estado ceda a la sociedad su atribución de determinar de forma monopólica las tarifas de agua en Jalisco, si se quiere reproducir en el estado el modelo exitoso que se ha logrado en otras ciudades y entidades federativas del país, advirtió ayer el subdirector general de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Comisión Nacional del Agua (CNA), José Ramón Ardavín Ituarte.

De visita en Guadalajara, en el foro convocado por la Comisión Estatal del Agua (CEA) para establecer el Modelo Agua Jalisco, el funcionario destacó que “lo idóneo es despolitizar el tema de las tarifas, para cobrar lo justo, que es una tarifa integral; lo importante es generar sistemas de medición adecuados para hacer una correcta y justa tarifa; en casi todo el mundo se cobra más en la medida que se consume más, y ésa debe ser la tendencia de un esquema tarifario correcto y justo”.

El foro busca establecer nuevos esquemas de gestión del agua ante el fracaso del modelo vigente que deriva del artículo 115 constitucional, que ha provocado que municipios pequeños y medianos no puedan cumplir con sus obligaciones, especialmente en saneamiento.

“Una tarifa idónea es insustituible para poder financiar la operación de los sistemas; el subsidio que se está entregando desde el gobierno federal es para obras; la operación se debe pagar con recursos propios, pero tampoco se puede pedir al usuario que financie ineficiencia, por eso es necesario que haya organismos operadores transparentes y ciudadanizados, donde haya rendición de cuentas y se garantice el correcto uso de los recursos”.

En el caso de la autorización de las tarifas, actualmente son atribución del Congreso, pero más de 20 estados han hecho las reformas para que los consejos de administración o los consejos consultivos, con fuerte presencia de la sociedad, sean los que determinen el precio integral sin caer en los vaivenes de la política partidista o electoral.

“El Congreso mantiene su vigilancia, interviene con representación en esos consejos, pero la decisión es técnica y permite sistemas de agua sanos y con calidad”, puntualizó.

Durante su ponencia, subrayó la necesidad de que el sistema financiero del agua genere nuevas estrategias para capitalizar inversiones en infraestructura básica.

Ardavín Ituarte agregó que el financiamiento de la gestión del agua en México está claramente dominado por la participación, en forma de subsidios, de los gobiernos federal, estatales y municipales, con limitada participación de los usuarios beneficiarios y la participación privada, situación que “será necesario balancear” si se desea alcanzar sistemas viables a futuro que garanticen servicios y derechos básicos de la población.

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Y la política sigue...

El presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos en el Congreso de Jalisco, Ricardo García Lozano, está de acuerdo en que se forme un consejo consultivo que determine las tarifas de agua, lo que implica que el Congreso cede esa atribución y se elimine el uso partidista y electoral del tema. Pero está lejos de reflejar la opinión de todos sus colegas.

El diputado del PRI Jesús Casillas se manifestó dispuesto a estudiar urgencias operativas del SIAPA, pero por la vía de subsidios y no por la de aumento de tarifas. Dijo que no votaría a favor de dar al SIAPA el nuevo esquema tarifario que anhela. Para el diputado del PAN Abraham González Uyeda la cosa está peor: las alzas servirán para pagar funcionarios más caros. Ninguno de los dos se manifestó sobre el tema central: que el Congreso pierda o no la facultad de fijar tarifas. (Guadalajara. Público)

El gobernador juega a favor de Rodenas: CNC


Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 18 de agosto de 2010

La crisis social y política provocada por el desalojo del poblado de Tenacatita, en la playa homónima de la costa de Jalisco, ha sido en buena medida ocasionada por el papel del gobierno del estado, que en vez de ser un árbitro imparcial, ha inclinado todo su poder a favor del empresario José María Andrés Villalobos, acusó ayer el dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Gabriel Ponce Miranda.

Emilio González Márquez “debería de ser árbitro, o como se usa en el béisbol, el ampayer en esto: ‘a ver, vámonos sentando, preséntenme sus probatorias’, y ahí decidir, pero que quedara clara su voluntad de atender a la sociedad de Jalisco, y no decir de manera olímpica ‘pues es un problema entre ellos’ […]”.

—¿En la práctica está jugando a favor de una de las partes?

—Y está claro esto, [a favor] del señor José María Andrés Villalobos, al que le dan posesión a su anchas y dice: ‘yo de qué me preocupo, si tengo quién me cuide mis intereses’; y si además le están permitiendo que bloquee una carretera estatal, que evita el ingreso a una playa que no es de él, entonces está claro que tiene toda la protección del gobierno…

El también legislador priista destacó que tras la marcha y la negociación que le tocó encabezar el pasado 16 de agosto, no sacan lo positivo: “La gente quedó absolutamente inconforme e insatisfecha, porque hicimos tres propuestas; los campesinos decían, ‘bueno, con que nos digan que hay voluntad y nos acepten una’; pero nada, se cierran en que se tiene que respetar una ley superior a la cual no tuvo conocimiento ni siquiera el presidente municipal de La Huerta, ni el presidente del comisariado ejidal, ni el delegado municipal, y llegó la policía preventiva a las cuatro de la mañana a desalojarlos […]”.

El dirigente campesino dijo que desde la tarde del lunes, en que fue atendido por un funcionario menor de la Secretaría General de Gobierno, no ha recibido ninguna noticia que indique una corrección en la postura gubernamental.

“No, hasta ahorita no he tenido ninguna llamada, ninguna señal de que pueda darse […] yo reitero de que se corre el riesgo inminente de que ahí pueda suscitarse un enfrentamiento violento, los campesinos no están dispuestos a que siga la situación como está, y en el uso del derecho por lo que ellos consideran un atropello, un abuso de autoridad, y la forma en que fueron tratados […] estoy realmente disgustado por la actitud del gobierno del estado, que según mi entender como ciudadano tenemos derecho a que se nos escuche con o sin la razón, o que al menos haya el antecedente de que hay disposición al diálogo”.

Ponce Miranda dijo que el siguiente paso es acudir a la Ciudad de México para que Gobernación y Reforma Agraria intervengan, pues hay actos jurídicos de gobierno que ellos validaron, como la entrega de las tierras hoy desalojadas.

... Y el Ejecutivo matiza, pero...

Ayer, el gobernador Emilio González Márquez insistió en que los actos de desalojo en Tenacatita fueron ordenados por un juez.

“[…] Lo que a nosotros nos motiva en este tema es que evidentemente hay inestabilidad social en la zona y lo que nosotros buscamos es que los que están peleando por la propiedad, por un patrimonio, puedan sentarse y puedan llegar a un acuerdo conveniado [sic] , atendiendo aquel viejo dicho de que más vale un mal arreglo que un buen pleito; entonces el gobierno del estado, el Ejecutivo, está sentando en una mesa para que los que están peleando puedan ponerse de acuerdo […]”.

Dijo que el bloqueo del acceso a la playa y de una carretera estatal fue parte de la orden que dio el juez, y no puede desacatarla. “Ya se están sentando las partes, muy probablemente los políticos no se estén enterando, pero ya van reuniones en donde los verdaderamente interesados en resolverlo, que son los que están en el litigio, están sentándose, ya tienen tiempo”, añadió, sin explicar cómo y dónde son tales encuentros conciliatorios.

Guadalajara/Agustín del Castillo

SIAPA, el desafío de cobrar a precios reales


Nuevas tarifas buscan no subsidiar a ricos ni a altos consumidores. Sin reforma integral, el sistema podría colapsar, advierte el director

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 18 de agosto de 2010

El esquema de cobro de tarifas autorizado para el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), vigente en la zona metropolitana de Guadalajara, beneficia de forma acusada a los ricos y a los altos consumidores domésticos, y no permite al organismo alcanzar la sostenibilidad financiera, pues 75 por ciento de las cuentas pagan por abajo del precio real.

De este modo, el servicio no cumple de forma clara su misión social, ni tampoco es óptimo en términos ecológicos, pues no castiga el gasto excesivo, y por si fuera poco, no permite enfrentar las inversiones necesarias en obras y mantenimiento, argumentó ayer el director del organismo operador, José Luis Hernández Amaya.

Puso dos ejemplos reales. Una casa típica del fraccionamiento Puerta de Hierro, con un consumo mensual de 30 mil litros y cuyo valor patrimonial es de 6.4 millones de pesos, en este momento paga apenas 161.75 pesos mensuales por el agua (hay 5,335 viviendas de la ciudad en una situación de consumo similar). En contraste, una vivienda popular en Lomas de Oblatos, con consumo mensual de doce litros y un valor de 600 mil pesos paga 59.53 pesos al mes (hay 26,665 fincas de la ciudad en el mismo caso).

La desproporción es evidente. Cada mil litros le salen al habitante de la colonia popular en casi cinco pesos; al de la colonia pudiente, con casi el triple de consumo, apenas en 30 centavos más. El costo real de cada mil litros, considerando todos los componentes… es de 12.74 pesos.

Por ello, el organismo plantea un cambio de esquema de cobro que está negociando con los diferentes sectores políticos y sociales de la ciudad.

“Los precios actuales generan solamente posibilidad para atender los gastos de operación, administración y ligeramente los de consolidación, pero resultan insuficientes para cubrir las necesidades reales de desarrollo que requiere el SIAPA y esta situación es la que ha generado que la infraestructura siga deteriorándose y que se tengan efectos de disminución paulatina en la capacidad de suministro”, advirtió el funcionario, de visita en las instalaciones de Público.

La gradual transformación en las tarifas prevé para el año 2011 un “aumento ponderado” de 14 por ciento. En los casos de mayor consumo, hay incremento hasta de 55 por ciento; pero en el grupo de menos gasto de agua, de cero a nueve mil litros mensuales, que incluye más de 260 mil viviendas (39 por ciento del total), habría una reducción real del costo a pagar, es decir, un estímulo al bajo consumo.

“La propuesta es lograr una paulatina estabilidad en su recaudación para evitar el riesgo, hoy latente, de que el sistema se colapse poniendo en peligro la posibilidad de atender con suficiencia la dotación de agua potable a la población”, subrayó.

En la actualidad, el uso habitacional arroja un déficit anual cercano a 522.5 millones de pesos, el cual en parte es amortiguado con 251.8 millones de pesos que pagan en exceso las cuentas de otros usos.

De hecho, solamente quienes consumen entre cero y dos m3 mensuales pagan agua más cara de su costo. Los consumos a partir de tres m3 y hasta 70, arrojan subsidios que alcanzan su culminación entre quienes gastan entre trece y 16 mil litros mensuales, pues ese grupo de consumidores deja de pagar 111 millones 743,295 pesos, casi la quinta parte del déficit anual. Además, los subsidios que se entregan en “zonas de pobreza” y a población de la tercera edad o discapacitados, merman otros 116.5 millones de pesos.

Entre ingresos y egresos, el déficit operacional esperado para este año es de 180 millones de pesos, hueco que, de no aprobarse el incremento tarifario solicitado, aumentará en cien millones más para 2011, cuando se tenga que empezar a amortizar el capital de la deuda por 2,200 millones de pesos que tiene el organismo operador, indicó su director.

El nuevo esquema tarifario pretende recuperar 373 millones de pesos para 2011, los cuales serán etiquetados para inversión y no se canalizarán en gasto corriente, añadió Hernández Amaya. Para el segundo año, la recuperación alcanzaría 522 millones de pesos.

De este modo, el uso doméstico pagaría agua a costos reales y el sistema tendrá posibilidad de atender sus rezagos —se tienen pendientes inversiones por 6,800 millones de pesos para sustituir redes de agua y drenaje, y otro tanto para obras que prevengan inundaciones— de forma gradual pero sostenida, apunto el director del SIAPA.

—¿Hay un plan B si los diputados no acceden a aprobar las nuevas tarifas?

—El plan B es no hacer obra, ni reposiciones, ni amortización de deuda—, contestó el funcionario. Siempre bajo la amenaza de que una crisis extraordinaria lleve al temido colapso del sistema.

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Que el Congreso ya no decida

La posibilidad de alcanzar la sostenibilidad financiera y la calidad en el servicio de agua pasa por evitar que el tema siga siendo carne de cañón de las disputas políticas. Por eso, el SIAPA espera que el Congreso del Estado ceda su facultad de decir la última palabra en el tema de tarifas a un consejo consultivo ciudadano, a integrar por políticos, administradores y representantes de la sociedad, como ya sucede en más de 20 estados del país.

Hay en la actualidad un millón 17,476 cuentas en el SIAPA. Menos de cien mil son los usos no domésticos y casi 70 mil lo forman lotes baldíos. La política social explícita la reciben casi 120 mil cuentas de pensionados, personas de la tercera edad y habitantes de zonas de pobreza. Lo demás recibe un amplio subsidio no justificado, apuntó el director del organismo. Un análisis técnico sin contaminaciones políticas permitirá un esquema de cobros racional que le dé viabilidad, y eso se logrará cuando toda la sociedad, y no sólo los políticos, participen en el debate de los precios, sostuvo.

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Se han gastado ya 24.5 mdp en indemnizaciones

El SIAPA ha debido canalizar más de 24.5 millones de pesos de su presupuesto a pagar las indemnizaciones de los altos funcionarios cuyos servicios ya no fueron requeridos por el actual consejo de administración, reveló ayer el director del organismo, José Luis Hernández Amaya.

El problema es que la partida inicial para ese concepto era de tan sólo cuatro millones de pesos, lo que obligó a destinar recursos extra para negociar y evitar pleitos en los cuales probablemente la justicia laboral le daría la razón a los funcionarios despedidos.

Según la información oficial de la empresa paraestatal, las liquidaciones de los principales gerentes que estuvieron los tres años de la gestión que encabezó Rodolfo Ocampo Velázquez, quedaron como sigue:

El ex gerente administrativo Octavio Esqueda Ávalos recibió 495,650 pesos; el ex gerente técnico, José Manuel de la Cerda González fue liquidado con 553,437 pesos; el ex gerente comercial, José Abraham Cisneros Gómez, cobró 570,795 pesos, y el ex gerente de Desarrollo Organizacional Ramón Alejandro Reyes Gómez fue liquidado con una cantidad igual.

En cuanto al encargado del departamento jurídico, José Elías García Parra, la liquidación alcanzó 363,706 pesos; el ex gerente de Finanzas, Mario Alberto Juárez Bravo, obtuvo 546,495 pesos; el ex gerente de Contraloría, Carlos Alberto Maldonado Rábago, cobró 570,795 pesos, y el ex gerente de Agua Potable y Alcantarillado, Jorge Monreal Rocha, fue liquidado con 685,561 pesos.

Hasta la fecha, agregó Hernández Amaya, se han logrado recortar 53 personas, pero la meta es de 139. El problema es el alto costo que se debe pagar por muchos de los despedidos, pero el funcionario considera que es muy alta la cantidad de personas que existen por cada mil tomas: 3.18. La meta es bajar el promedio a 2.95, con lo cual no se sacrifica calidad, pues es cuestión de mejorar los procesos de trabajo y el compromiso del trabajador.

El organismo tiene una plantilla laboral de 2,919 empleados, de los cuales, poco más de 2,200 están afiliados a un sindicato mayoritario, y alrededor de 80 empleados más integraron una representación alterna. La relación con la agrupación mayoritaria ha sido ríspida durante los meses de arranque de la actual administración, admitió Hernández Amaya.
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