sábado, 26 de enero de 2013

CAPECE sólo solventó dos de 17 observaciones



Eso le notificó el contralor en diciembre; la nueva respuesta se entregó el 17 de enero y será valorada de nuevo para determinar si es satisfactoria

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

Habían pasado 50 días de la recepción del documento de respuesta definitiva a las 17 observaciones de la auditoría hecha al almacén y las adquisiciones del Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE), cuando la Contraloría le dijo al organismo, el 14 de diciembre de 2012, que sólo había respondido satisfactoriamente a dos de las observaciones.

La historia es como sigue: la notificación formal de la auditoría terminada fue el 31 de agosto de 2012. A partir de esa fecha, corrió el término de 15 días hábiles para solventar, los que se cumplieron el 26 de septiembre. De entonces partió un segundo periodo de 15 días, “improrrogable”, que otorgó la Contraloría, para la respuesta del pliego de observaciones, que se emitió el 24 de octubre por el CAPECE.

A los 50 días, el 14 de diciembre, el contralor del estado, Francisco Xavier Trueba Pérez, le dijo al titular del CAPECE, Salvador Uribe Avín:

“En relación con su oficio DGC/DA/F-0607/2012, de fecha 24 de octubre de 2012, con que remitió a esta Contraloría del Estado la documentación e información correspondiente a la solventación de dos observaciones de 17 determinadas respecto de la auditoría practicada, […] una vez analizada y valorada se determinó el resultado…”. Y señala que sólo se resolvieron las dudas de las observaciones 1.5 y 1.10, lo que dejaba 15 pendientes (oficio de la Contraloría DGP/4106/2012).

Por ello, el contralor solicitó la solventación de lo faltante en diez días hábiles, lo que incluye “las constancias documentales que acrediten la resolución del [o los] procedimiento [s] de responsabilidad administrativa a los presuntos responsables por actos u omisiones de los servidores públicos”.

El término estaba fijado el 21 de enero de 2013. El CAPECE entregó su respuesta el 17 de enero, firmada por Uribe Avín y su director jurídico, Roberto Esteban Pérez. “…remito las constancias documentales con las que se acreditan la instauración y avocamiento de los procedimientos de responsabilidad administrativa instaurados [sic] en contra de los servidores públicos Daniel Hernández Aguirre, Ruth Evelia Mojarro Robles, José María de Alba Cerna y Roberto Esteban Pérez, así como de los ex servidores públicos Emmanuel Sandoval Barbosa, Ramiro Alejandro Fernández Gutiérrez, José Carranza Rosales e Ignacio Alejandro Pérez de Alba”, dice el documento.

No hay procedimiento contra Uribe Avín, debido a que la observación 1.10, relativa a la inversión para el programa Stock Renovemos Nuestra Escuela, en que se le señalaba por retrasar la adjudicación, fue satisfactoriamente aclarada, según la Contraloría.

La otra observación solventada es la 1.5, relativa a los 63 pizarrones del proveedor José Gómez, pero se ignora el sentido de esa aclaración.

Los procedimientos de responsabilidad fueron presuntamente acordados el 26 de octubre y el 15 de noviembre de 2012, pero las notificaciones a los supuestos responsables se hicieron apenas hace diez días, lo que hace que sean procesos en primera etapa y que no hayan derivado en ninguna sanción firme o exoneración.

La Contraloría del estado acreditó, en la auditoría practicada entre julio y agosto de 2012, en la que se concentran expedientes de 11 meses de trabajo de las áreas de almacén y adquisiciones del CAPECE, un posible daño patrimonial por hasta 62 millones de pesos.

Lo más grave, entre lo detectado en el ejercicio: inventarios de almacén que no corresponden a las existencias físicas, falta de evidencia documental del levantamiento de los mismos inventarios, compras a sobreprecio, adjudicaciones directas irregulares, muestreos de adquisiciones específicas en que los productos comprados no ingresan, pago de facturas sin recibo de mercancías y pólizas de fianzas apócrifas, éstas por más de 69 millones de pesos.

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Los dineros

El monto total observado, de 61 millones 992 mil 86 pesos, se desglosa entre almacén y adquisiciones:

5 MILLONES 774,399 pesos corresponden a la diferencia entre el inventario llamado y el importe de almacén de mobiliario y equipo en estados financieros

19 MILLONES 366,834 pesos faltan al analizar las diferencias entre el listado de existencias en el almacén del último día de 2011 y el inventario físico levantado el 2 de enero de 2012

2 MILLONES 142,798 pesos por el faltante de 3,999 artículos

23 MILLONES 636,914 pesos por la adjudicación directa e irregular de 7 mil campanas y 533,650 loncheras a cuatro firmas pertenecientes a la familia Orozco Michel

8 MILLONES 332,170 pesos por otras 25 adquisiciones de artículos que se compraron a cuatro proveedores, pagadas entre el 16 y 19 de diciembre de 2011, “sin evidencia documental de entrada al almacén de los artículos comprados”.

2 MILLONES 738,971 pesos por adquisición a sobreprecio de 18,672 artículos

Fuente: oficio DGP/2632/2012, Contraloría del estado

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