Sitio de Agustín del Castillo

El ejercicio sobre 11 meses de la gestión de Salvador Uribe Avín, director de la dependencia, no ha sido finiquitado por la tolerancia del órgano auditor. En la foto se aprecia en la portada de la auditoría los sellos de emisión y recepción de la misma, y el plazo de quince días que allí se establece, pero una quincena se hizo cuatro meses y medio

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

Los 15 días del término legal establecido por la Contraloría del estado en su “informe de resultados de auditoría y cédula de observaciones”, oficio DGP/2632/2012, para que el Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE) solventara sus observaciones de irregularidades por hasta 62 millones de pesos, arrancaron el 31 de agosto de 2012, pero según la propia Contraloría, apenas concluyeron hace dos días, el 21 de enero de 2013.

Es decir, los 15 días hábiles expresamente establecidos en el documento (ver la imagen anexa) se han convertido en cuatro meses con 21 días naturales (143 días), y si se quitan los asuetos, en 93 días hábiles, sin mayor sorpresa para el director jurídico de la Contraloría, Juan Manuel Laureano Muratalla, quien aseguró ayer en MILENIO RADIO que la notificación del pliego de observaciones al titular del CAPECE, Salvador Uribe Avín, fue el 19 de diciembre de 2012.

Sin embargo, el oficio del informe, que fue dirigido al mismo Uribe Avín con fecha 28 de agosto de 2012, y del que este diario posee una copia, señala expresamente: “Le solicito girar sus apreciables instrucciones a fin de que se proceda a la aclaración y/o solventación de las observaciones de mérito, para lo cual se le otorga un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la recepción del presente, en la inteligencia de que las observaciones que no se puedan aclarar o solventar, se procederá a la aplicación de la corrección y por consecuencia, sanción disciplinaria correspondiente, por las responsabilidades administrativas en que hayan incurrido los servidores públicos de su adscripción, derivadas de las irregularidades detectadas”.

El oficio tiene el sello de salida de la oficialía de partes de la Contraloría del 30 de agosto de 2012, mientras que el sello de recepción en la oficialía de partes del CAPECE es del 31 de agosto de 2012, a las 11.32 am.

La versión del director jurídico de la Contraloría es que el proceso se alargó porque legalmente eso está previsto.

“La situación es que ese oficio es el resultado de toda la auditoría y en él se determinan observaciones al organismo; ese documento fue notificado al director del CAPECE el día 19 de diciembre, y se le concedieron diez días para que, dentro de ellos, aportara todas las pruebas que fueran necesarias para contestar a este tipo de observaciones”, dijo Laureano Muratalla.

— ¿Ese periodo ya se cumplió?

— Venció el día de ayer (21 de enero) y estamos pendientes en cuanto se empiece a distribuir la correspondencia por la posibilidad de un documento presentado por el organismo.

— ¿Por qué si se terminó este ejercicio en agosto fue hasta diciembre que se le notificó al director del CAPECE?

— Porque se hace una serie de procedimientos internos para ir analizando cada uno de los conceptos que fueron realizados; estas auditorías son muy similares a las que practica el Sistema de Administración Tributaria, y obviamente se les concede para que ellos atiendan, y ya en caso de que no atiendan, la autoridad emite un oficio final, le llamamos nosotros un pliego de observaciones, donde se le da oportunidad a los presuntos de que ofrezcan pruebas después de haber concluido la auditoría.

— Entonces, ¿están ustedes en el proceso de saber cuántas de estas observaciones fueron solventadas?

— Exactamente, por eso no podemos afirmar que todas son ciertas, se tiene que dar oportunidad de defensa a los funcionarios que estén implicados.

Señaló que hay una gran carga de trabajo en la Contraloría porque tiene que examinar a todos los entes públicos del poder Ejecutivo.

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Claves

Fechas raras

- Que el CAPECE conoció formalmente de las observaciones de la Contraloría desde el principio, lo demuestran los oficios donde notifica de procedimientos administrativos contra funcionarios públicos señalados en el oficio DGP/2632/2012, que están fechados en los meses de octubre y noviembre del año pasado

- No obstante, esos procedimientos apenas fueron notificados a los indiciados en el presente mes de enero, lo que lleva a dos posibilidades: que estuvieron “en la congeladora” de dos a tres meses, o que se hicieron hasta este año, pero se simuló una fecha previa para tratar de acreditar el cumplimiento de plazos ante la Contraloría

- El caso de José María de Alba Serna, que ayer fue reseñado en MILENIO JALISCO, ilustra cabalmente esa situación. Existen documentos del procedimiento administrativo de responsabilidad 17/2012 que datan del 17 de octubre y el 15 de noviembre de 2012; sin embargo, el funcionario aludido apenas recibió notificación el pasado 14 de enero