Sitio de Agustín del Castillo

Empresa se había apropiado “en pago de proceso de regularización” de más de tres mil hectáreas del ejido Campo Acosta en las playas de Tomatlán, uno de los casos más escandalosos. En la foto, desarrollo en el playón de Mismaloya

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

Las “empresas regularizadoras”, dedicadas al coyotaje activo de parcelas ejidales por gracia de sus magníficas relaciones con promotores agrarios y empleados del Registro Agrario Nacional (RAN) y del Registro Público de la Propiedad (RPP), han jugado en el último decenio un rol principal en el destino de una buena parte de los ejidos de la costa de Jalisco.

El caso más reciente es el del ejido Campo Acosta de Tomatlán: una empresa denominada Grupo Solórzano y Reynoso “firmó un contrato muy ventajoso con el ejido, en el cual, se comprometía a regularizar y titular sus tierras a cambio de una tercera parte de la superficie, unas 3,500 hectáreas en la zona más pegada a la playa […] lo bueno fue que se impugnó el contrato y se vino abajo todo con el amparo 706/2013; se concedió suspensión de plano por el juez primero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo, debido a la falta de inscripción de la resolución presidencial de Campo Acosta, la omisión del Registro Público de la Propiedad en hacerlo, lo que significa que no se pueden hacer movimientos registrales ni catastrales, que se suspende la aplicación del Programa de Ordenamiento Ecológico Local y el proyecto turístico de Chalacatepec, que está en los terrenos en disputa”, señala José Luis García Vázquez, asesor del ejido.

Este núcleo agrario, junto con su vecino al norte, José María Morelos, aportó cien hectáreas de superficie para la apertura de la carretera federal 200, pero jamás recibieron indemnización ni apoyo de la Procuraduría Agraria (PA) para obtenerla. Ahora se niegan a permitir el proyecto de ampliación de la ruta federal, mientras no se resuelva el viejo expediente, que data de los años setenta del siglo XX.

En todos los enjuagues chuecos hay servidores públicos que operan a favor de los “coyotes”. En Campo Acosta, empleados de la PA hicieron en 2010 un acta de asamblea presuntamente falsa y, en marzo de este año, se intento inscribir otra acta “falsa”, lo que impidió en el último momento el personal de la PA en Puerto Vallarta.

En Cabo Corrientes, los ejidos de Ipala, Aquiles Serdán o Tehuamixtle se han ido convirtiendo en “cunas de lobos” porque muchos ejidatarios malbarataron sus parcelas a los promotores, tras lo cual se pasan algunos meses de fiesta y se compran su Ford Lobo último modelo, antes de regresar a las filas de la miseria.

Luis León Cervantes, habitante de Aquiles Serdán, opinaba hace un lustro: “No estoy bien seguro de cuánto es un buen precio, pero están ofreciendo de ocho a diez dólares por metro; yo pienso que si se da buen dinero, se puede vender, si uno tiene más de 50 años y quiere una vida a gusto y ya no trabajar tanto” (Público-Milenio, 10 de mayo de 2007).

Estos campesinos recibieron consejos “oportunos” del personal de la Procuraduría Agraria. “Fue una reunión en la Cruz de Loreto, vino alguien de México o Guadalajara, no sé, […] dijo el vale que no detuviéramos esto, que no se podía detener, que tratemos de negociar porque podía haber una expropiación…”.

— ¿La procuraduría al servicio de los intereses empresariales?

— Yo veo mal eso, pero puede haber gente más ignorante que lo acepte. Eso sí, te dicen que te paguen lo justo. Lo que quieren es que vendas y te vayas.

Lo cierto es que la complicidad de las entidades agrarias con los negocios de despojos o la comercialización irregular de las parcelas ejidales son vieja historia. El caso del ejido Ayotitlán, en Cuautitlán de García Barragán, es emblemático. En los años sesenta del siglo XX se le dotaron casi 50 mil hectáreas pero sólo se ejecutó parcialmente la resolución presidencial, pues los promotores agrarios decidieron no afectar los intereses mineros de empresas con residencia en Colima. Hoy está abierto el proceso judicial para impugnar la acción de los responsables de un despojo mayúsculo de facto en la zona con yacimientos ferrosos más rica del país, destaca Pedro León Corrales, asesor de la comunidad nahua que busca recuperar la totalidad de su patrimonio.