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Los municipios no tienen recursos ni capacidad: Comisión Estatal del Agua; hace nuevas propuestas para reformar Ley de Aguas Nacionales. El planteamiento establece como obligatoria su participación

Guadalajara. Agustín del Castillo. MILENIO-JALISCO. Edición del 5 de septiembre de 2011

La Comisión Estatal del Agua (CEA) plantea que el estado intervenga de forma directa en la operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales, ante “las condiciones de deterioro que tienen las fuentes de abastecimiento y el impacto negativo que ha sufrido el medio ambiente por el vertido de aguas residuales sin tratar, que los gobiernos estatales asuman como prioridad administrar y operar, de manera temporal o permanente, por sí solos o asociados con las autoridades municipales, el proceso de saneamiento de las aguas residuales en aquellas poblaciones que no cuentan con la capacidad técnica y financiera para efectuarlo por sí mismas”.

Éste es uno de los temas prioritarios que el organismo ha propuesto para incluirlo en las reformas a la Ley de Aguas Nacionales. Se basa en la experiencia de la propia dependencia, que ha debido rescatar diversos proyectos que no son operados por los ayuntamientos, aunque se acercan a 60 las plantas que no funcionan en Jalisco.

El planteamiento incluye “establecer como obligatoria la participación de las autoridades estatales de manera subsidiaria en apoyo a las autoridades municipales que no pueden enfrentar la prestación de los servicios con la calidad que requieren nuestras poblaciones”.

El documento denominado Propuesta de la CEA de Jalisco para la modificación o adecuación del marco legal en materia de agua para uso público urbano, apenas una parte de la totalidad de los planteamientos emanados del organismo, destaca que “es ineludible el establecimiento de disposiciones de ley a nivel federal que definan las condiciones y características con las que deben prestarse los servicios”.

Así, “se requiere establecer en el marco legal, las acciones estratégicas y la disposición de recursos financieros para impulsar la profesionalización y certificación del personal, mediante la implementación del Servicio Profesional de Carrera”.

También “se debe establecer mecanismos que obliguen la medición de la producción de agua y los volúmenes entregados a los usuarios” y “priorizar o dar mayor peso a inversiones al mejoramiento de eficiencias operacionales, comerciales, administrativas y el desarrollo profesional del subsector”.

Otro aspecto, ligado a la transparencia, es “establecer auditorías integrales, preventivas y correctivas, financieras y técnicas, a los prestadores de los servicios, así como definir claramente las sanciones o estímulos a aplicarse, derivados de los resultados de las mismas”, sin olvidar que “es necesario facultar, para emitir sus tarifas, a los directamente responsables de proporcionar los servicios”, lo que implica restarle el poder que actualmente ostenta el Congreso.

“Se deben establecer sistemas coactivos eficientes para la recuperación de los valores facturados, sin dejar de garantizar el libre acceso al agua”, aunque no al servicio, que es el que se cobra. Asimismo, “se deben modificar las disposiciones que imponen exenciones en el pago de los servicios”, lo que lleva aparejado “establecer las disposiciones y definir las fuentes de recursos financieros para apoyar a aquellas poblaciones que por sus características particulares, no puedan sufragar los costos de operación, mantenimiento y administración de los servicios, así como de inversión en infraestructura”.

En esa lógica, “crear un sistema estatal de gestión incluyente, a través de la participación de los distintos órdenes de gobierno y la sociedad organizada, que establezca parámetros para la prestación de los servicios y sanciones al incumplimiento de los mismos”.

Más planteamientos: “facultar a las autoridades estatales para que creen, apliquen y sancionen las disposiciones particulares para la prestación de los servicios”; propiciar y fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones; acotar las decisiones políticas en el uso público urbano, y desvincular la prestación de los servicios de la periodicidad de las autoridades municipales y estatales y fortalecer la autonomía de su gestión.

Finalmente, “se deben crear o fortalecer entes estatales con facultades de regulación del uso público urbano, independencia de sus recursos financieros, toma de decisiones, profesionalización de sus recursos humanos, y la continuidad de su gestión, por lo que consideramos pertinente analizar su posible conformación como organismos autónomos”, concluye el documento.