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El jalisciense Francisco Mayorga Castañeda sostiene la necesidad de “desideologizar” el desafío del desarrollo rural, no romper su creciente integración a otros sectores, ni temer al fracaso del TLC.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Si el mexicano promedio de esta época comiera igual que hace un siglo, en los tiempos de la revolución y el porfiriato, no se estaría discutiendo hoy de soberanía o autosuficiencia alimentaria, señala sin ironía el ex secretario de agricultura y ganadería de dos administraciones presidenciales, el colotlense Francisco Mayorga Castañeda.

“Yo creo que son etapas de la vida de una sociedad; cuando las comunidades estaban aisladas, pensemos en el México de Díaz, a principios del siglo XX, esas comunidades tenían que autoabastecerse, porque las comunicaciones eran muy complicadas; en la medida en que se facilitan las comunicaciones se genera intercambio, de forma natural, así que ese concepto se va minimizando […] yo digo que si México se siguiera alimentando, hoy en 2018, como en 1918, seríamos autosuficientes por mucho, porque tenemos suficiente maíz blanco para las tortillas, tenemos suficiente frijol, tenemos chile, tenemos carne para comer algún día de la semana […] se alimentaban de nopalitos y verdolagas, con un caldito cinco o seis días a la semana, y carne de res o de puerco, o pollo, en una sola ocasión”, sostiene el empresario, en entrevista con MILENIO JALISCO.

La realidad cambió, pero no solamente respecto a la dieta. La producción se tecnificó e incorporó nuevos paquetes tecnológicos; la globalización dio grandes oportunidades de nuevos mercados a productores mexicanos, pero hizo dependiente al país de alimentos producidos en otras latitudes; los mercados se hicieron complejos al establecerse precios en las bolsas, lo que obligó a mejorar financiamientos; al aumentarse la producción en monocultivos, se expuso la agricultura fuertemente a los problemas climáticos, lo que obligó al aseguramiento ante riesgo de desastres.

El gobierno creció su incidencia en el sector: dejó de regular el mercado con precios de garantías, imposible en el contexto de competencia internacional, pero ha generado instancias que asesoran a los productores y que favorecen la integración de cadenas de valor y mejores condiciones de negociación, sin dejar de transferir subsidios. La crisis ambiental ha subrayado el valor de los servicios ambientales: la agricultura y la ganadería están insertas en el territorio, y obligan a integrarlos a otras actividades económicas. El tema es entonces el desarrollo rural: el bosque, la selva, el pastizal, el campo agrícola, el potrero, con el eje transversal del medio ambiente, es decir, de la realidad concreta, física, temporal.

Cómo garantizar el agua, la fertilidad del suelo, el control natural de plagas y la calidad climática que demandan las actividades agropecuarias, sin perder la conexión de otros temas importantes como la calidad de la mano de obra (especialización), la investigación e innovación, el acceso a mercados locales y globales. Eso es nada menos el reto de la nueva administración.

Por eso, Mayorga Castañeda encuentra esencial que se aclaren los términos de la oferta política que el nuevo presidente ha hecho en temas como soberanía alimentaria, descentralización de la Sagarpa, recuperación del mercado interno. ¿Qué es de todo esto, en verdad, lógico y posible?

Somos lo que comemos 

La mesa del mexicano de esta época es el mayor reto de cualquier “autosuficiencia”, destaca Mayorga. “Ahora nadie come ya nada más una vez a la semana o a la quincena carne; y además, está el tema de los alimentos que no se pueden producir en México; tampoco hay suficiente trigo, la gente redujo el consumo de tortilla y aumentó el consumo de harinas de trigo; antes el arroz era a diario, en cualquier casa había, y ahora se consume muy poco […] al ir cambiando las dietas, al ir cambiando el poder adquisitivo, al sumarse al trabajo la mujer, y la familia consumir con frecuencia fuera de casa, todos estos conceptos sufren una transformación enorme…”.

De este modo, hay cosas que se pueden lograr, y cosas que no. “Por ejemplo, podríamos tener leche fluida para todos, pero a lo mejor no tendríamos suficiente mantequilla para la repostería, tendríamos que importar mantequilla aunque todo mundo tuviera leche; antes se decía que la leche era buena para todo mundo, ahora que solo para los niños y ancianos, entonces van cambiando hasta los conceptos mentales; si ves un refrigerador de Oxxo, la parte de bebidas quizás sea ya más importante que la de alimentos, a través de las bebidas quieren darte un licuado con todos los nutrientes, quieren darte un energetizante, quieren hidratarte, y ese tipo de alimentos traen insumos importados”.

Es decir, “si yo quiero una bebida de manzana, no hay suficientes manzanas en México; las manzanas requieren zonas de frío, entonces las traemos de Chile, las uvas las traemos de Chile, los duraznos de Chile y de California; pistaches, almendras, cosas que están ya en la alimentación diaria, que recomiendan los nutriólogos, el vino, el aceite de oliva, todos los aceites vegetales los traemos de fuera; entonces cómo sustituimos todo eso a la vez, yo digo que tenemos en el cuerpo un 50 por ciento de lo que se importa, ¿podemos ser autosuficientes en puercos?, ¿qué hacemos, cerramos la frontera, aumentamos la producción?, ¿pero qué le vamos de dar de comer a esos puercos?, si en este momento importamos más de 15 millones de toneladas de maíz, vamos a necesitar más de 18 millones de toneladas para poderlos alimentar también”.

- La dieta del ganado cambió, hace un siglo sólo comían pastos…

- Así es, si hasta a las mascotas ya las hicimos vegetarianas; perros y gatos, que antes eran carnívoros, ahora consumen granos, pastas gelatinosas, y si usted quiere, extractos de ave, de pescado, que de hecho son importadas, son productos muy elaborados; por eso digo que con una alimentación muy sencilla, sí podríamos ser autosuficientes desde hace buen rato, pero si se complica el cuadro de consumo, si la gente tiene más poder adquisitivo, si está comiendo fuera de casa, empiezan a cambiar muchas cosas.

Mayorga Castañeda, que encabezó la cartera en dos momentos durante las administraciones de Vicente Fox Quesada y de Felipe Calderón Hinojosa, tampoco encuentra muy pertinente apostar por un paquete básico de productos. “Se puede, pero tiene un costo: por ejemplo, las reservas, llevar inventarios de granos, de cárnicos, tiene un costo tremendo, porque hay mermas, hay cambios de hábitos; puedes almacenar 100 mil toneladas de frijol pinto, pero la gente quiere frijol negro, así que por más que lo tengas almacenado no va a satisfacer la necesidad; en el norte del país al gente consume tortillas de harina, y van a decir, queremos nuestra reserva de trigo; y con el trigo tenemos ya ahora un problema serio de trigo panificable y de trigo cristalino, porque el producto no cambia de cristalino a panificable, pero es más sencillo de producir el trigo cristalino”.

- Sin olvidar que el trigo requiere de más agua, y es un bien que tiende a escasear en las zonas productoras.

- Así es, hay un montón de factores, del lado de la demanda, del lado del clima; le citaré el ejemplo de Brasil, que es una potencia agroalimentaria: pero su clima no le permite producir trigo, y habría que preguntar, ¿está mal que Brasil importe trigo?, o el caso de China, que es el país de origen de la soya, es autosuficiente en maíz, pero importa 90 por ciento de la soya, porque si quiere ser autosuficiente en maíz y en soya, no le dan sus recursos […]China es el mejor ejemplo de un país tradicional que cambió con la prosperidad económica: come hoy más carne, más leche y lácteos. Igual que el resto de Asia oriental, cuya dieta básica del pasado era arroz y pescado.

- Entonces, ¿se trata de desideologizar esta cuestión?

- Así es, e incluso con el peor de los escenarios en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que fracasara, tenemos otro tratados y otras relaciones que nos permitirían estar tranquilos, hay nuevas fuentes de abastecimiento, toda la zona del este de Europa, la cuenca del Danubio, está creciendo de manera bárbara; ahí tienen grandes extensiones, un clima excelente, y vías de comunicación rápidas, están regresando tras el fracaso del socialismo como grandes exportadores del mercado de granos, girasol, maíz , trigo, en diferentes variedades. Así que lejos de que se reduzcan nuestras fuentes de abastecimiento en caso del fracaso del TLC, tenemos muchas opciones.

Globalización, la renuncia imposible 

La crisis venezolana viene de mucho antes de Hugo Chávez: se pensó que el auge petrolero sería permanente, y no se supieron diversificar económicamente. México aprovechó mejor la crisis de los precios y tiene una economía más robusta y considerablemente más variada. “Yo estuve en Colombia en 1979, y fui a ver un esquema que se llamaba fondos ganaderos, y ya desde entonces la región de Los Llanos, en frontera con Venezuela, era mercado de todo el ganado colombiano; los venezolanos se habían desentendido del campo, desde entonces.

- ¿Se puede salir de la globalización y del mercado internacional?

- Si cayó la cortina de hierro, el experimento socialista, fue por hambre. Yo recuerdo que en 1979 estuvo aquí un grupo de empresas francesas, trabajando con nosotros, con mi familia, buscando oportunidades en el sector agropecuario, y ya para armar un proyecto en Jalisco les hablan de Francia, ‘vente porque hay crisis en Polonia, no tiene alimentos’, así que el gobierno francés se ofreció a apoyar a Solidaridad, con leche Walesa, porque estaban a punto de reventar, ¿qué dice esto? La gran ineficacia de las fronteras cerradas. Recuerdo cuando estaba estudiando en el Itam [Instituto Tecnológico Autónomo de México], decenas de barcos de Estados Unidos para Rusia, porque estaban con una mala cosecha, y siendo archienemigos, estaba la Guerra Fría, había que apoyar por humanidad: los rusos no tenían para comer.

Descentralización compleja 

El ex secretario de agricultura advierte: “toda la Sagarpa está descentralizada, es la secretaría que tiene más presencia fuera de la Ciudad de México […] todos sus organismos tienen mucho foco afuera; Aserca que se ocupa de comercialización Senasica es sobre inocuidad y sanidad; Siap, sobre información alimentaria; Inapesca atiende la pesca, Inifap sobre investigaciones forestales, agrícolas y ganaderas; toda esta estructura está diseminada, y tenemos los distritos de desarrollo rural y lo Caders [Centro de Apoyo al Desarrollo Rural], como unidad territorial mínima…”.

Mayorga Castañeda ve riesgos en dos sentidos: el primero, que se rompa el proceso gradual de coordinación de la Sagarpa con otras secretarías para atender los temas de desarrollo desde lo económico, lo ambiental y lo cultural; el segundo, que las dependencias pierdan capacidad de negociar recursos, pues la capital, como sede presidencial y del Congreso, es dónde se seguirá discutiendo el gasto. Esto sin entrar en la posible pérdida de talento que podría generarse con una baja masiva de salarios.

“La hasta hoy vigente Ley de Desarrollo Rural Sustentable impone un enfoque multifactorial, convergen trece secretarías y empresas estatales pero coordinadas por la Sagarpa […] todo el ecosistema, todo el territorio, toda la cultura de una comunidad, juegan en favor de los recursos naturales, de la agricultura, de la ganadería, del bosque, el cuidado del suelo, del agua, las costumbres, la alimentación, es muy complejo el mundo rural para ponerlo en un compartimiento, en los países avanzados la tendencia es lo contrario a segmentar”.

La falta de una agenda ambiental específica en las plataformas de los aspirantes a la presidencia y otras instancias preocupa a activistas

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Fueron presentadas las “10 propuestas para proteger la riqueza natural de México”, documento preparado por un grupo de organizaciones conservacionistas “interesadas en aportar lineamientos para la Agenda Ambiental Nacional 2018-2024”, ante la evidente precariedad de la oferta ambiental en la plataforma de los principales aspirantes a la presidencia de la república.

Las diez propuestas “son producto de una serie de consultas a individuos y organizaciones de la sociedad civil con experiencia y trayectoria profesional en temas ambientales de índole diversa”, y se presentará a los próximos tomadores de decisiones gubernamentales. Se trata de objetivos estratégicos, esenciales para “transitar hacia un desarrollo sostenible que armonice prioridades sociales, económicas y ambientales”. Se trata, en síntesis, de las siguientes propuestas:

Uno, manejo integral del agua. “Es indispensable proteger los ecosistemas que son fuente del abastecimiento de agua, con una visión de cuencas y acuíferos, para garantizar la disponibilidad de agua y así cubrir los requerimientos actuales y futuros de la población y los mismos ecosistemas; así como establecer un mecanismo operativo funcional para determinar precios justos e incrementales [sic] a quienes consuman una mayor cantidad, que también reflejen los costos de suministro y tratamiento.

Dos, manejo integral de bosques y selvas. “Es necesario implementar acciones gubernamentales efectivas que empoderen a las comunidades dueñas de los bosques, impulsen la gobernanza local y afiancen el tejido social, con el fin de avanzar en la conservación, la restauración y el manejo sostenible delos recursos forestales y de los suelos. México se comprometió en el Acuerdo de París a lograr una tasa de cero deforestación al 2030. Sin embargo, nuestros recursos forestales continúan perdiéndose y degradándose por políticas públicas erróneas y por el avance de un modelo depredador que impulsan los grandes proyectos vinculados con la minería, la agroindustria, el turismo y el desarrollo urbano”.



Tres, manejo integral de mares, costas e islas. “Es primordial contar con mecanismos de protección para cuando menos 30 por ciento de los mares mexicanos y detener su explotación comercial, lo que permitirá garantizar la sostenibilidad de los aprovechamientos que se realicen en el 70 por ciento restante. Nuestros mares, costas e islas y los recursos biológicos y pesqueros que albergan son patrimonio de todos los mexicanos. Los pescadores, las comunidades costeras y otros usuarios de los mares y las costas solo tienen el privilegio de aprovechar responsablemente estos recursos en beneficio de la nación”.

Cuatro, conservación y manejo de la biodiversidad. “Es prioritario integrar la conservación y el manejo sostenible de la biodiversidad en el quehacer cotidiano de todos los sectores productivos del país y fortalecer el ordenamiento ecológico del territorio, las áreas naturales protegidas y otros instrumentos de gestión territorial. Este esfuerzo será la base para consolidar y hacer efectiva la aplicación de los instrumentos de política pública para la planificación del territorio nacional y asegurar la integridad de nuestro capital natural y los servicios ambientales que nos provee.

Cinco, cambio climático. “Es imprescindible implementar la Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático, priorizando la adaptación basada en ecosistemas y la infraestructura verde, lo que favorecerá la conservación y la restauración de nuestro capital natural de una manera costo-efectiva, brindará cobeneficios para las comunidades y contribuirá a que el país avance sustantivamente hacia el cumplimiento de las metas establecidas en las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (INDC, por sus siglas en inglés), en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (es decir, alcanzar hasta 36 por ciento de reducción de las emisiones para 2030)”.

Seis, transición energética. “Es fundamental incentivar los sistemas descentralizados para el suministro de energía eléctrica a las comunidades rurales y urbanas, lo cual disminuirá la pobreza energética del país al tiempo que mitigará las emisiones de gases de efecto invernadero, factores que a su vez evitarán que los grandes proyectos de energía renovable impacten negativamente los ecosistemas o las comunidades rurales. Esto acelerará la transición energética de México para cumplir con la meta de generación de energías limpias de 35 por ciento para 2024, conforme a los compromisos establecidos por el propio país en sus INDC”.

Siete, megaproyectos y biodiversidad. “Es imperativo reducir al máximo los impactos negativos sobre la biodiversidad producidos por los proyectos extractivos y la infraestructura de apoyo para el desarrollo del país. El uso de la ‘jerarquía de mitigación’ será determinante para progresar de forma significativa en este sentido, pues dicha herramienta plantea evitar, minimizar y corregir los impactos ambientales, y contempla la compensación exclusivamente para aquellos impactos residuales que sean verdaderamente inevitables. La explotación de hidrocarburos, el aprovechamiento de los recursos mineros, la generación y la transmisión de la energía eléctrica y la construcción de infraestructura de transporte son actividades trascendentales para México; sin embargo, debe impedirse que sus impactos ambientales negativos comprometan el bienestar y la salud de los mexicanos”.

Ocho, turismo sostenible. “Es esencial formular y aplicar a nivel nacional un modelo de desarrollo turístico sostenible que minimice los impactos ambientales negativos y logre una alta rentabilidad social y económica. Si bien los indicadores macroeconómicos de la actividad turística en México son positivos, la concepción de infraestructura turística con una adecuada planeación representa una oportunidad para reducir los impactos negativos ambientales y socioculturales que hoy genera, por lo que se requieren políticas públicas para normar su construcción, regular su operación, promover mejores prácticas y reconocer a las empresas que adopten prácticas ambiental y socialmente responsables, mediante incentivos fiscales y de mercado”.



Nueve, ciudades sostenibles. “Es impostergable diseñar el marco jurídico y el programa de incentivos correspondiente para favorecer el desarrollo de ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros y resilientes, donde se garanticen modalidades de consumo y producción sostenibles, con el propósito de reducir el impacto ambiental negativo per cápita, lograr una gestión urbana sostenible, estimular el uso eficiente de los recursos naturales en el ámbito rural y fomentar estilos de vida urbanos más acordes con la naturaleza. En México, 70por ciento de la población vive en las ciudades, que constituyen centros de demanda de bienes y servicios ambientales, pero también espacios potenciales para generar recursos financieros y capital humano con una nueva visión de desarrollo urbano armónico”.

Diez, fortalecimiento institucional ambiental. “Es urgente incorporar un enfoque ambiental transversal en el Sistema Nacional de Planeación Democrática. En particular, en el corto plazo, es vital asegurar la coordinación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el otorgamiento de subsidios al campo y el manejo de nuestros recursos pesqueros; la alineación de la Semarnat y las secretarías de Economía, de Energía y de Turismo para el aprovechamiento sostenible de nuestro territorio; y el fortalecimiento de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Gendarmería Ambiental y la Guardia Costera para la efectiva protección de los recursos naturales terrestres y marinocosteros”.

Diez puntos que serán entregados a candidatos presidenciales y a partidos políticos que postulan al Senado, la cámara de diputados y gobiernos estatales. Patrocinan el Consejo Civil Mexicano para Silvicultura Sostenible, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Conservación Internacional, Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, Pronatura, Nature Conservancy capítulo México, y Fondo Mundial de Vida Silvestre (WWF).

MC

Jalisco es sede de discusiones sobre el desafío de conservar el capital natural pese a las crisis alimentarias que traerá el cambio climático.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

En materia de alimentación, no existe el hombre artificial, si por ello se entiende el que su avanzada tecnología habría desligado de su dependencia alimentaria de la naturaleza. Por eso, una crisis de diversidad biológica asociada al aumento de las temperaturas promedio como la que vive la Tierra en la actualidad, tarde o temprano repercutirá en la salud, la calidad de vida e incluso la viabilidad de amplias regiones del planeta humano. Y eso es lo que se discute desde ayer en el Simposio internacional de recursos genéticos para las Américas y el Caribe, en esta ciudad.

Según la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), “alrededor de siete mil especies de plantas se han cultivado desde que el hombre comenzó la agricultura”, quizás hace once mil años. Sin embargo, “el día de hoy, sólo 30 cultivos proporcionan aproximadamente 90 por ciento de las necesidades de energía alimenticia de la población mundial, con el trigo, el arroz y el maíz por sí mismos proporcionando aproximadamente la mitad del suministro de energía alimenticia consumida a nivel mundial”, señala una publicación de la Secretaría del Convenio sobre la diversidad biológica (La Biodiversidad y la Agricultura: Salvaguardando la biodiversidad y asegurando alimentación para el mundo. Montreal, 56 páginas, en https://www.cbd.int/doc/bioday/2008/ibd-2008-booklet-es.pdf).

Además, “de la cifra estimada de 15 mil especies de mamíferos y aves, sólo de 30 a 40 se han domesticado para la producción de alimentos y menos de 14 especies—incluyendo el ganado, las cabras, las ovejas, los búfalos y las gallinas—representan 90 por ciento de la producción mundial de ganado. En las últimas décadas se ha producido dentro de estas especies una erosión genética alarmante. Datos de la FAO indican que durante los últimos seis años, cada mes desaparece una raza”, añade.

La gran diversidad de plantas “que durante milenios se han seleccionado y cultivado, y los animales que han sido domesticados y criados, constituyen la base de los recursos genéticos recursos genéticos que los agricultores, ganaderos, y otros agrónomos podrán recurrir ahora y en el futuro. La biodiversidad agrícola es el resultado tanto de una selección humana como de la naturaleza. Su conservación depende de una administración adecuada y del uso sostenible. La diversidad de especies, variedades vegetales, y de la ganadería, han tanto permitido como soportado los asentamientos humanos y la producción agrícola en la mayoría de las eco-zonas climáticas de la Tierra, bloqueando al medio ambiente extremoso muy frío o muy seco. Esta diversidad de los cultivos y el ganado es también importante para permitir una dieta equilibrada y nutritiva”, sostiene ese documento. Y es el tema presente en la discusión de Guadalajara: combatir la hambruna sin agotar la biodiversidad.

¿Cómo se cruza con el tema de cambio climático? Porque el cambio drástico de temperatura no da tiempo a la adaptación a muchas especies, sobre todo las más especializadas, que dependen de fuentes limitadas de alimentos, en el caso de animales, o de condiciones ecosistémicas especiales, como los bosques mesófilos de montaña.

Los cambios en los patrones de clima generarán el colapso de regiones productivas, lo que vaticina una escasez de alimentos al perderse tierra fértil, reducirse el agua precipitada y no disponerse de especies adaptadas. Es un reto para la ciencia, la tecnología, y la resiliencia de las sociedades, sostuvo en su ponencia magistral Irene Hoffmann, secretaria de la Comisión de Recursos Genéticos de la FAO.

“El combate del hambre y la desnutrición son prioridades de la comisión, y el principal desafío para la segunda mitad del siglo XXI es la seguridad alimentaria, sobre todo en contextos de flujos migratorios”, añadió.

La reunión fue inaugurada por el gobernador Aristóteles Sandoval y el rector de la UdeG, Tonatiuh Bravo. “La gravedad de esta situación requiere de medidas efectivas y urgentes que detengan la extinción de especies, aseguren la diversidad de la vida en el planeta y contribuyan al bienestar social y a la erradicación de la pobreza [...] estos recursos se están perdiendo de forma alarmante debido a factores socioeconómicos y medioambientales, entre los que sobresalen el crecimiento demográfico y el cambio climático”, sostuvo Bravo Padilla.

Sandoval Díaz recordó que la agencia internacional de ONU ha señalado que si no se incrementa la productividad del campo y su calidad, aparecerá el fantasma del desabasto en 2050. Jalisco, “gigante alimentario” de México, tiene un reto mayor: los éxitos de sus cultivos y su ganadería destruyen a tasas aceleradas bosques, selvas y otros ecosistemas naturales.

Cómo conciliar lo parece opuesto, es justo el reto de la reunión que sigue hoy y mañana en tierras neogallegas.

SRN

Piden al Senado que se postergue la aprobación, pues incluso versiones "mejoradas" tienen graves defectos

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Los textos que pretenden sacar adelante los senadores, tanto en relación a la nueva Ley General de Biodiversidad como de la Ley Forestal, presentan serios defectos que deben ser corregidos, sostiene el investigador de la Universidad de Chapingo, Gonzalo Chapela y Mendoza.

En un artículo publicado en el portal de Ceiba.org.mx (Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente), el científico, que ha sido crítico del proceso que encabeza la senadora del Partido Verde, Ninfa Salinas, escribe a nombre de los colectivos ciudadanos y científicos que lo cuestionan: "nuestra apreciación del proceso está en tres puntos: a) hay un defecto en el proceso por falta de una consulta pública, que deja un margen de debilidad al proyecto; b) hay avances muy sustanciales en el dictamen, en relación con la iniciativa y con la minuta enviada por la Cámara de Diputados y c) hay propuestas importantes en las que se debe insistir".

Así, "se pone a la consideración de los legisladores en tarea de discusión del proyecto de dictamen un conjunto de aspectos, en pro de obtener el mejor producto legislativo que sea posible. A continuación se agrupan temas y consideraciones sobre la redacción del articulado, tomando como referencia el proyecto de dictamen elaborado [...]".

Diversos argumentos. En cuanto a la Ley Forestal, el Consejo Nacional Forestal ha sido minimizado y degradado en atribuciones aunque representa a la sociedad. "Consideramos que eso significa un retroceso muy sustancial en el margen de participación ciudadana, transparencia, contrapeso y ejercicio del derecho a la participación plena y efectiva".

En cuanto al Comité mixto del Fondo Forestal Mexicano, también se le reduce a "una función de consulta y asesoría". Respecto al manejo forestal comunitario, "un concepto emergente mundialmente, que ha alcanzado reconocimiento y donde México ha forjado un prestigio internacional. Dicho concepto conlleva definiciones de política que reconoce la importancia del fomento del protagonismo de las comunidades como resguardo del capital natural y, por otro lado, el desarrollo productivo como motor económico en los territorios forestales, para quienes detentan las tierras forestales como para quienes no tienen acceso a la tierra pero ya son población mayoritaria".

El proyecto de dictamen "recoge varias definiciones, criterios y objetivos que forman un sistema de disposiciones orientadas a dar prioridad al MFC", pero se le ha debilitado en cuanto a su permanencia dentro de los programas prioritarios y esto podría abrir la posibilidad que presupuestalmente no fuera considerado. También hay riesgos en el tema de la descentralización, un esquema "basado en unidades regionales donde se establezcan mecanismos de concurrencia intersectorial, se haga un ordenamiento concertado con todos los actores de los territorios forestales, se fomente la organización, de fortalezcan las capacidades institucionales mediante esquemas de coadyuvancia y se invierta, con ahorros, en bienes públicos de infraestructura, conocimiento y capacidades que reduzcan la carga regulatoria, proporcionen economías de escala y varios beneficios más".

En el dictamen "fueros suprimidos todas estas definiciones y disposiciones, lo que sería una lamentable pérdida de oportunidad para un cambio realmente significativo y favorable para la actividad, los territorios forestales y la población que depende de los bosques".

También se omitió consolidar el régimen de aprovechamiento de reforestación en terrenos agropecuarios, que debería estar sujeto al derecho del productor a decidir si lo mantiene forestal o lo regresa a la agricultura; y debe estar en un régimen parecido el caso de los acahuales ("terreno forestal con vegetación que surge en tierras parcialmente desmontadas que alternan períodos de uso agrícola y de regeneración").

También se debe fortalecer los servicios forestales con acreditación, capacitación y reconocimiento de los técnicos; consolidar el sistema de información y gestión por separado; señalar explícitamente la vulnerabilidad como característica de los terrenos preferentemente forestales para obligar a su manejo sostenible.

Y no menos importante: que la manifestación de impacto ambiental (MIA) no sea exigida para programas de manejo, sino un informe preventivo de impacto ambiental para desburocratizar los trámites; y en cambio de uso de suelo forestal, "se propone, aunque tal propuesta no alcanzó acuerdo en el proceso de concertación, una rigurosidad mayor que proteja el capital forestal nacional de mejor manera, suprimiendo el mandato 'autorizará' y restringiendo la condición de excepcionalidad a la utilidad pública", añade el experto. Así, la redacción del artículo 86 sería: "La Secretaría autorizará podrá autorizar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales excepcionalmente por motivos de utilidad pública".

SRN

El gobierno federal se niega a afectar los intereses de los grandes corporativos, por eso no disminuirá el impuesto a las gasolinas aunque las encarezca, advierte economista.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La escalada de precios que va a desatar el incremento de 16 a 20 por ciento en las gasolinas a partir del 1 de enero, puede descolgar la inflación general en productos básicos que podrían acercarse a 5 por ciento, advirtió el economista del Iteso, Ignacio Román Morales.

“Sin duda es un incremento muy fuerte; lo primero que analicé fue el peso que tienen los combustibles en los precios para productor y consumidor, es decir, cuántos recursos se dedican al combustible, y uno encuentra que la gasolina de bajo octanaje es el tercer producto más consumido en México, y si se suman ambos tipos de gasolina es fácilmente el segundo producto más importante, después del pago de vivienda”, señaló en entrevista con MILENIO RADIO.

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“Si nos vamos no ya al índice de precios al consumidor, sino al índice de precios de productor, es decir, los empresarios, es el producto más importante, representa 6 por ciento de los costos totales del productor y 4 por ciento del autotransporte de carga; en otras palabras, estamos hablando de un aumento que afectará fuertemente al conjunto de la economía, directamente; uno puede calcular ponderaciones mínimas a partir de estas proporciones de consumo: el incremento de los precios podrá impactar hasta 0.75 por ciento de la inflación total para el país en 2017, en el caso del consumidor, pero hasta en 1.6 por ciento en la inflación del productor, y como la inflación de los productores, de los insumos es mayor […] este incremento será un argumento muy importante, la gota que derrame el vaso, para generar una escalada de precios, que puede llegar a niveles de 5 por ciento en total”.

El experto recordó que “la lógica de la expropiación petrolera en 1938, era ubicar al petróleo no como una mercancía más para exportar o para vender, o para conformar al estado como negocio, sino como el insumo para poder orientar a la industria, orientar al campo, subsidiar a las familias, y por eso también era muy importante desarrollar la tecnología, en una lógica de procesamiento de combustibles; por eso México en los años 70 llegó a tener siete refinerías, producía abonos, fertilizantes químicos, plásticos, una enorme variedad de productos derivados, y todo se abandonó en 1979, en que ya no se hace ni una refinería; y se abandonó porque se empezó a ver el petróleo como un producto de exportación, para tener dólares, y con esos dólares conseguir productos del extranjero que se consumen todo los días”.

De este modo, “México es un país petrolero pero casi incapaz de poder procesar su propio petróleo; 75 por ciento de las gasolinas que se venden aquí son importadas, y eso es lo que genera una elevación de precios enorme”.

Los empresarios piden que el gobierno reduzca el impuesto a las gasolinas, ¿lo ve viable?

Eso no va a pasar; estamos hablando de un impuesto que es alrededor de seis pesos por litro de combustible, pero estamos teniendo simultáneamente es un problema de déficit que se está saliendo de control por parte del gobierno; es decir, el gobierno está teniendo niveles de gasto que no puede contener, no por problemas del gasto mismo, sino de captación de ingresos; y por qué no capta ingresos suficientes: en primer lugar porque la economía no crece, y si la economía no crece y las empresas no venden, pues no pagan impuestos; y en segundo lugar, porque el Estado como estrategia busca generar inmensas facilidades a los grandes corporativos, entonces, como proporción de su ingreso, quienes menos pagan en México son las empresas más gigantescas, y el gobierno mexicano no se va a enfrentar a esas empresas, menos con el ascenso de Donald Trump; al contrario, lo que está buscando es cómo les da más facilidades, más incentivos, para que sigan establecidas en México.

Así, “el gobierno mexicano necesita sacar dinero de alguna forma, hasta por debajo de las piedras, y si donde no puede que es con las grandes empresas, con los grandes corporativos, con los grandes potentados, pues lo hace con los grupos asalariados, la media de la población, o con los precios de los bienes que el estado utiliza para determinar precios, como es el caso de la gasolina, que se irá liberalizando en el transcurso de 2017”.

¿Es correcto lo que dice el gobierno, de que el precio a la larga bajará?

No, porque nosotros no podemos saber o no tenemos los elementos para saber qué va pasar con el precio internacional del petróleo, ni siquiera en corto plazo; en otras palabras, qué va a ocurrir en el Medio Oriente, qué va a ocurrir con Venezuela, qué va ocurrir con la incorporación de nuevas tecnologías, y qué va a pasar con las ganancias de las empresas privadas que están contratadas en México; todo eso es una incertidumbre total, y entonces la afirmación de que a la larga con la competencia van a bajar los precios es difícil de garantizar. En algún momento bajarán, y en algún momento subirán, esto irá fluctuando constantemente, pero ya no tenemos ninguna certidumbre…

¿Cómo se puede paliar el problema que se genera a la economía popular?

Lo que habría que hacer es revisar el esquema económico en conjunto; no es nada más focalizar apoyos, porque desgraciadamente la focalización en México tiene elementos políticos muy fuertes, y conforme se acerque 2018 se tendrá la tentación de utilizar más, con fines electorales […] lo esencial sería revisar muy a fondo la reforma energética, que en mi opinión fue una pésima reforma, porque es una pérdida no solo de soberanía, sino de capacidad tecnológica; y al mismo tiempo habría que ver un esquema que facilite el acceso a los recursos energéticos para los micro y medianos empresarios, sobre todo para los productores y transportistas de bienes básicos; que de alguna forma se genere una forma de pago real y más fuerte al fisco para los grandes corporativos y empresarios, pero no es eso lo que se está haciendo, la diferenciación tendría que ubicarse más en el plano social, que el puramente de mercado […] que quienes tienen más recursos y ventajas, que paguen verdaderamente su pago real.

- Es decir, la reforma fiscal que no se quiso hacer…

- Efectivamente […] porque no está en su esquema, y lo que hacen es repetir la misma receta de siempre. Y en 2017 seguramente habrá más presión hacendaria, desgraciadamente más recortes de gasto público, pero sin afectar el pago de deuda, ni las grandes obras de infraestructura; le pega al gasto en protección ambiental, en educación, en salud, en energía, en desarrollo tecnológico.

GPE

Comienzan a engrosar propuestas ciudadanas en redes sociales, desde bloqueos y marchas hasta boicots de consumidores de gasolina, sin que predomine alguna tendencia aún.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El anuncio de las consecuencias que traerá el comienzo de la liberalización del mercado de gasolinas y combustibles en México, a partir del 1 de enero de 2017, con incrementos que van de 16 a 20 por ciento, ha derivado en una vasta inconformidad en redes sociales, sin que por ahora se configure un movimiento bien articulado de disidencia ciudadana para afrontarlo.

Por ahora, corren diversas propuestas, sin que se logre apuntar una como dominante para canalizar la indignación de los mexicanos, que ven en la medida un golpe severo a sus derechos económicos y sociales: desde la toma de estaciones expendedoras, pasando por marchas por las calles de las principales ciudades, incluída Guadalajara, hasta una reducción de consumos de gasolina como protesta por la medida impopular, que estaba implícita desde que se aprobaron las reformas hacendaria y energética, hace tres años.

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El ciudadano Francisco Granval habló del tema ayer con MILENIO RADIO: su propuesta es que los ciudadanos boicoteen el consumo de gasolinas hasta en 50 por ciento, de manera que se reduzca el cobro del impuesto que hace la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y se obligue a la autoridad a recular en la medida. “La bondad de esta propuesta es que es fácil de cumplir; podemos simplemente reducir el uso de nuestros autos, tomar la bicicleta, usar el transporte público, caminar; es un sacrificio que está a nuestro alcance, porque los que hablan de bloquear las estaciones, ¿cómo podrán garantizar que se haga de forma permanente, si son tantas gasolineras diseminadas y habría que tener una presencia permanente?”.

Consideró por eso que la virtud de su propuesta es que tiene más sencillez en su habilitación y no significa un sacrificio extremo para individuos en lo particular, pero su éxito está condicionado a que la mayor parte de los contribuyentes se decidan a participar.

En el portal Censura0, se difunde la propuesta de boicotear el pago de la gasolina y sólo dar 6.82 pesos por litros, que es lo que se supone se paga por gasolina de la paraestatal Petróleos Mexicanos en Texas, Estados Unidos (http://censura0.com/2016/12/26/atentos-llaman-a-boicotear-gasolineras-de-pemex-y-a-pagar-solo-6-82-pesos-por-litro-como-en-texas-unete/). En change.org, un grupo de ciudadanos sumó una petición al presidente Enrique Peña Nieto: “No más aumento al precio de la Gasolina. ¿Dónde queda el compromiso de la reforma Energética? ¿Por qué siendo un País rico en Petróleo, el pueblo seguimos pagando los aumentos al precio de la Gasolina y no hay un subsidio fuerte por parte del gobierno? ¿Por qué no se invierten nuestros impuestos en investigación y desarrollo de energías sustentables para que deje de pasar esta situación?”. La petición aspira a reunir diez mil firmas. A las diez de la noche de este miércolescontenía ya 10,364 (ver petición en https://www.change.org/p/enrique-pe%C3%B1a-nieto-no-m%C3%A1s-aumentos-al-precio-de-la-gasolina-en-m%C3%A9xico).

En Guadalajara se hizo eco de otra propuesta por Facebook: “se está convocando a todo ciudadano a una mega marcha lunes 2 de enero 2017, 14:30 en los principales puntos de cada ciudad en protesta por el incremento a los combustibles y la mencionada reforma energética. En Guadalajara será en la glorieta Minerva. En cada lugar solo pongan el lugar y nombren organizadores todo en orden y no caer en provocaciones ni desmanes, demostrémosle al gobierno de Enrique Peña, que el pueblo unido y educado puede más que su gabinete y sus espléndidos sueldos y bonos personales. ¡ vamos mexicanos, sí se puede, unidos hacemos la fuerza ! No te quedes ni dormido ni callado, ya basta de tanta impunidad. Manda este mensaje a todos tus contactos”.

Esto, sin mencionar a los políticos de oposición, PAN, PMC y PRD, que se suman a boicots, aunque se les descalifica por oportunismo político y por apelar a la desmemoria, dado que varios de ellos apoyaron la reforma energética. Así las cosas provocadas por la escalada de precios que se anuncia con el aumento de la gasolina. La respuesta gubernamental la sintetiza la frase del secretario de Hacienda, Antonio Meade: “el ajuste no debe asustarnos…”.

La empresa paraestatal no es transparente y no justificó asignación directa para Transportes Juan Pablo, asegura denunciante.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El "truco" de la asignación directa que otorgó Liconsa Jalisco a Transportes Juan Pablo y sus socios, sólo se podrá evidenciar completo cuando Liconsa Jalisco exhiba de forma transparente todo el proceso, pues contra las declaraciones públicas de funcionarios de la paraestatal, en compranet "únicamente subieron el contrato de adjudicación directa, más no el procedimiento, es decir, ni la sesión en la que decidieron omitir la licitación pública ni justificar el motivo por el cual deciden adjudicar directamente", advierte a la Secretaría de la Función Pública la abogada denunciante, Cinthia Paloma Macías, dentro de la queja DE/78/2016.

"Solicitamos que a la brevedad se requiera todo el expediente del procedimiento de adjudicación directa, así como el expediente completo de la licitación pública de marzo de 2016 en la gerencia Jalisco", apunta en oficio formal entregado en la SFP.

El contrato disponible demuestra, a su juicio, "que pretenden justificar la necesidad de la adjudicación directa en lo establecido por el artículo 41 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo que se desprende del mismo contrato en su página 3, punto 1.7.".

Sin embargo, cita al jurista Fernando Gómez de Lara y Alejandro Sosa Arciniega, al destacar que para adjudicar de forma directa: "se debe justificar y menciona la importancia de las pérdidas o costos adicionales cuantificados, en el entendido de que la cuantificación no necesariamente tiene que ser de carácter económico. En otras palabras, cuando esta fracción se refiere a pérdidas o costos adicionales importantes, cuantificables y justificados, éstos pueden ser de naturaleza social, política, económica, operativa, administrativa, entre otros. Sin embargo, debe acreditarse o demostrarse cuantitativamente que su importancia amerita exceptuar la contratación del procedimiento licitatorio".

La fracción III del artículo 72 del Reglamento de la ley "prevé la utilización de esta fracción cuando, con la investigación de mercado, se demuestre que se obtienen mejores condiciones para el Estado si se contrató a un proveedor que tenga contrato vigente con alguna dependencia o entidad, previamente adjudicado mediante licitación pública, y éste acepte otorgar las mismas condiciones que contemple el contrato proveniente del procedimiento licitatorio ya adjudicado."

A juicio de la abogada, ni justificaron la necesidad de adjudicación, y peor aún, "aunque adjudicaron a las mismas personas vía licitación pública, el precio estaba por demás elevado, y sabían que de una u otra forma se iban a evidenciar [...] por otro lado, las fracciones de la ley y su reglamento son muy claras en cuanto a hipótesis se refiere, habla de un estudio de mercado, y de proveedores que mediante licitación pública hayan prestado servicios en otra entidad o dependencia, situaciones que en el caso concreto no acontecieron, es decir, se les adjudicó directamente a los mismos, pidiéndoles cotizaciones, y a un precio más bajo que por el que se les había adjudicado mediante licitación pública, y lo más importante, señalándoles precio por viaje".

Liconsa Jalisco ha abierto un procedimiento interno para determinar la validez de la denuncia, dijo la dependencia.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha abierto formalmente el expediente 34380/2016/PPC/LICONSA/DE78, interpuesto por la abogada Cinthia Paloma Macías Muñoz, por presuntas anomalías en un proceso de licitación y posterior adjudicación directa por parte de la gerencia Jalisco de la empresa paraestatal Liconsa.

En ese procedimiento hay dos funcionarios supuestamente involucrados, de acuerdo a una fe de hechos que la denunciante incorporó a su queja en el portal https://sidec.funcionpublica.gob.mx/; y entre las empresas beneficiadas se encuentra una, Transportes Juan Pablo, que ya ha sido sancionada por la SFP por incurrir en falseamiento de datos en un procedimiento de la gerencia de Guanajuato.

De hecho, en el portal https://contralacorrupcion.mx/transanconliconsa/, se documenta que dicha distribuidora de lácteos obtuvo condiciones ventajosas por el parentesco con un funcionario de Liconsa de esa entidad, además de que se habría documentado un robo de leche por varios millones de litros; se citan como fuente, procedimientos de la Auditoría Superior de la Federación y de la Procuraduría General de la República, además de la propia SFP.

Jalisco es especialmente importante en el contexto nacional de producción de leche de Liconsa, pues si bien, genera alrededor de 17 por ciento de ese alimento a nivel nacional, por medio de unos 14 mil productores, la aportación del recurso a la lechera paraestatal rebasa la mitad de lo que esta produce en todo el país, de acuerdo a datos de la gerencia estatal.

De este modo, la leche de Jalisco no sólo abastece a la industrializadora de Guadalajara; se lleva parte del recurso a la capital del país y a los estados de México y Colima. Esto da una enorme dimensión al mercado local, sobre todo en el caso de Los Altos de Jalisco, principal productor nacional; los contratos para transportación son, de este modo, altamente codiciados y fuertemente disputados. "No cualquiera puede tener los recursos que se piden para ganar el contrato", justifica un funcionario local de Liconsa.

La denuncia será investigada por la SFP, que deberá escuchar a los funcionarios involucrados y determinar la calidad de las pruebas presentadas. La propia Liconsa Jalisco ha abierto un procedimiento interno para determinar la validez de la denuncia, dijo la dependencia ayer a MILENIO JALISCO.

Portal de Mexicanos contra la corrupción detalla ilícitos de gerencia de ese estado a favor de empresa cuestionada hoy en Jalisco.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La empresa mexiquense Transportes Juan Pablo, que es objeto de denuncias por ser favorecida en un proceso de licitación en Jalisco, forma parte de una red de anomalías mucho más graves en el estado de Guanajuato, y que van más allá de la sanción que la Secretaría de la Función Pública impuso en septiembre pasado, de acuerdo a la denuncia publicada ayer en el portal web de Mexicanos contra la corrupción (https://contralacorrupcion.mx/transanconliconsa/).

"Un funcionario de Liconsa otorgó contratos por 27 millones 474 mil pesos a una empresa de su familia. El funcionario fue cesado, tras comprobarse los actos de corrupción. Pese a ello, una segunda empresa familiar fue favorecida con más contratos por asignación directa en Liconsa, que entre 2015 y 2016 sumaron 106 millones de pesos. Las asignaciones irregulares de contratos ocurrieron en el estado de Guanajuato, en donde la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Órgano de Control en Liconsa investigan desde hace dos años una extensa red de corrupción en el programa de compra y suministro de leche para las familias más pobres", detalla la publicación del portal, firmada por Raúl Olmos.

"La PGR abrió tres averiguaciones al descubrirse el robo de miles de litros de leche de tres centros de acopio, con la presunta complicidad de servidores públicos. En su propia investigación, la SFP comprobó la desaparición de 2 millones 596 mil litros de leche en la gerencia estatal de Liconsa, con valor de 16 millones 320 mil pesos. A su vez, el Órgano de Control de Liconsa ejecutó dos auditorías para fiscalizar los procesos de captación, transportación y transferencia de leche fresca entre 2010 y 2014, y comprobó 10 irregularidades, la más grave fue el faltante de leche. La ASF revisó la captación de leche en Liconsa de Guanajuato en 2014, y encontró un déficit de seis millones de litros, respecto a la meta trazada ese año. Es decir, no sólo desapareció leche facturada, sino que se captó menos, en perjuicio de los ganaderos de El Bajío".

" [...] en total, las investigaciones arrojaron una falta de leche en Guanajuato por 187 millones 64 mil litros, de los cuales 184 millones 468 mil fueron enviados a distintas partes de la capital del país, sin embargo, 2 millones y medio de litros fueron robados. Transportes Juan Pablo SA de CV fue la empresa encargada de transportar y recoger leche en 2014 de diferentes centros de acopio para llevarlos a Toluca y la Ciudad de México", agrega.

Los accionistas de la empresa "son parientes de Óscar Alejandro Martínez Pedroza, Subgerente de Administración y Finanzas del Programa de Abasto Social de Liconsa en Guanajuato. "En tres meses, la empresa familiar consiguió de Liconsa contratos de 27.4 millones de pesos, pero se justificó la primera entrega, por una simulación de parte de otro proveedor, Transcarga de Granos SA de CV, perteneciente a sus familiares también". La SFP decidió destituir por un año al funcionario; "a pesar de su despido, Liconsa volvió a contratar a su familia". En 2016, la cuestionada empresa también ha trabajado en Jalisco, sin problemas

Debe intervenir como observador en los procesos que se realizarán este mes.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La Secretaría de la Función Pública (SFP) debe intervenir como observador en las licitaciones que realizará este mes de diciembre la gerencia estatal de Jalisco de la paraestatal Liconsa, para prevenir que se verifiquen actos de corrupción o favoritismo, demanda la abogada Cinthia Paloma Macías Muñoz, que denunció formalmente esas anomalías en un proceso realizado por la empresa este mismo año.

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Específicamente, señala la necesidad de que “en la próxima licitación pública del Programa de Abasto Social de Liconsa Jalisco, asista personal de la Secretaría de la Función Pública”, y de forma paralela, que “el Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en Liconsa, sancione [...] a los servidores públicos y a los proveedores que incurrieron en conductas ilícitas, tomando en cuenta las consecuencias de su conducta, el perjuicio y la reincidencia en el caso de Transportes Juan Pablo, SA de CV”. Ésta empresa fue sancionada por la SFP el pasado mes de septiembre por falsificación de información (MILENIO JALISCO, 1 de diciembre de 2016).

La evidencia más directa de la presunta colusión de funcionarios y empresas es un correo electrónico expedido el pasado 23 de junio. En altas, señala literalmente: “Buen día: por instrucciones del subgerente José Ángel Ozuna, les solicitamos las cotizaciones con fecha del 01 al 05 de junio. Se modifican las tarifas. Viajes a Gdl y Jiquilpan, de 0.30 en delante. Viajes a Colima, de 0.51 en delante. Viajes a Tlalnepantla y Tláhuac, de 0.55 en delante. De ser posible, los que ya lo enviaron, favor de enviar de nuevo con las nuevas cantidades. Gracias. Firma. Raimundo Valdez Valadez, coordinador de centros de acopio Jalisco, Liconsa, SA de CV”. La denunciante reconoce como destinatarios a las empresas Translíquidos Serra, SA de CV; Translíquidos Refrigerados López, SA de CV y Transportes Juan Pablo, SA de CV.

“Lo que viene a evidenciar que el vínculo entre esa dependencia y ésta empresa es muy estrecho y firme […] resaltar que además de indicarles el precio a cotizar en cada ruta y destino, se les indica en fecha posterior [23 de junio de 2016]que las cotizaciones se presenten con fecha del 01 al 15 de junio de ese mismo año”, puntualiza.

GPE

Denuncian el acoso y violaciones de sus derechos por el gobierno de ese estado y por instancias del gobierno federal, en torno al mineral de Zacualpan

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Organizaciones sociales y ecologistas de Colima han acudido, apoyados por la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en busca de respaldo ante los abusos de que dicen ser objeto de forma sistemática por parte del gobierno de ese estado y de diversas instancias del gobierno federal, que respaldan un despojo de bienes ambientales y agrarios en perjuicio de la comunidad de Zacualpan, en el Cerro Grande, ubicado en los límites con Jalisco.

“Ante  la sistemática criminalización, amenazas, hostigamiento y persecución a los miembros de la organización Bios Iguana AC y el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, integrantes de la REMA en el estado mexicano de Colima; los diversos niveles de gobierno tanto municipal, estatal y federal, han hecho caso omiso de las denuncias, quejas, amparos y otras acciones legales que en el marco de la ley y del Estado de derecho han permitido”, señalan los quejosos en un comunicado difundido este mediodía.

Sin embargo,” las violaciones a las defensoras y defensores [sic] de los derechos humanos por su lucha contra las afectaciones del proyecto minero que se pretende imponer con lujo de violencia e ilegalidades donde participan instancias de los tres niveles de gobierno, siguen manifestándose con toda impunidad pese a contar con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación”.

Por ello, “el pasado 31 de Julio, con ayuda de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Guatemala, se ha llevado el caso ante la CIDH, quien ya ha dado curso al caso y ha solicitado información al gobierno mexicano, así como las medidas cautelares”, añaden.

De este modo, “exigimos al gobierno mexicano un alto a la impunidad, dar curso a las demandas que se han presentado en diversas instancias, y detener la sistemática violación a los derechos humanos contra los defensores y defensoras de derechos humanos en Colima, donde participan los tres niveles de gobierno, desde la Procuraduría Agraria pasando por la Secretaría de Gobierno Estatal; las policías municipal, estatal y federal; el ejército, el congreso local, hasta la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del estado de Colima”.

En Zacualpan hay una disputa por el control de la comunidad indígena que tiene como transfondo una explotación mineral. Las instituciones públicas están enfrentadas a la comunidad que ve detrás del proyecto minero el despojo de su territorio.

La minera Peña Colorada tiene “la sartén por el mango”, pues acusa a los ejidatarios de secuestro consumado, despojo y daños en las cosas.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.  

El gobierno de Colima dio ayer una demostración de astucia política a su homólogo de Jalisco: Mientras los secretarios de gobierno de ambos estados acordaban la liberación de los 34 nahuas detenidos en el violento desalojo del pasado miércoles 22 de julio, y el secretario de gobierno de esta entidad, Roberto López Lara, mandaba un grupo de abogados a hacer las gestiones… la procuraduría del estado vecino consignaba, por delitos tan graves como secuestro consumado, despojo y daños en las cosas a los ejidatarios, lo que impide que salgan bajo fianza y da una posición de fuerza a la empresa Peña Colorada.

De este modo, sobre los acuerdos entre las entidades federativas prevaleció el interés de la minera hoy parte de grupo Ternium, que afronta con el ejido Ayotitlán un litigio tan antiguo como su arribo a la región como paraestatal, en particular, desde el comienzo de la explotación del yacimiento ferroso más rico del país, en 1974, sobre superficie que según el plano definitivo del núcleo agrario es parte de la dotación ejidal, reconocida tras un tortuoso proceso que de reconocimiento y titulación se revirtió a dotación, sancionada por un decreto presidencial de 1963.

Los abogados jaliscienses se molestaron al saber, tras reunirse con el procurador local, Marcos Santana Montes, que habrían sido consignados desde las 16:00 horas, aunque las pláticas entre funcionarios de las dos entidades se dieron antes. La misión de Jalisco se reunirá hoy a las 11:00 horas con los responsables jurídicos de Peña Colorada, en busca de negociar un desistimiento.

¿A qué precio? Ese es el punto nodal: La empresa logró que los ejidatarios fueran acusados de secuestro consumado contra tres funcionarios de la mina, que de acuerdo a sus argumentos, habrían sido liberados por el pago de 14 millones de pesos (depositados durante las horas de la ocupación de los nahuas en la zona de aprovechamiento minero); incluso lo hicieron ante notario. Supuestamente, gracias a ese pago, fueron liberados. Pero se exigía el pago de 20 por ciento del valor de cada tonelada de hierro, y eso prolongó las negociaciones de esta “extorsión”, según la explicación que dio el procurador a la misión jalisciense.

Como son delitos graves en el Código Penal  de Colima, no alcanzan fianza. Sólo Peña Colorada podría resolverlo vía el desistimiento, aunque si son delitos que se persiguen de oficio, se deberán desvirtuar directamente ante el juez durante el periodo de análisis para determinar si se emite auto de formal prisión o de libertad. ¿Cuál es el precio? “Han prefabricado todo con el apoyo de la procuraduría del estado, es evidente que quieren el desistimiento del amparo”, señaló molesta la presidente del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), Raquel Gutiérrez Nájera.

Por la noche, la abogada intentaba hablar con los detenidos en el reclusorio de Colima. Lamentó también la información manejada por López Lara, quien habría culpado al ejido de haber incurrido en delitos; “esos son los que defienden a los ciudadanos de Jalisco […] tendremos que asumir la defensa”, exclamó irritada, en una llamada telefónica con MILENIO JALISCO.

Ayer, el gobierno de Jalisco ha visto hasta dónde llegan los “límites de la amistad” con su usualmente cordial vecino del sur, cuando de intereses económicos y políticos se trata: Peña Colorada es la empresa que en lo individual más impuestos paga y más empleos crea para Colima y es la mojonera vital en la disputa limítrofe, que tiene más de un siglo sin resolverse.

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López Lara defiende a Peña Colorada

El secretario de Gobierno, Roberto López Lara, señaló que los ejidatarios de Ayotitlán “fueron malinformados” porque las 192 hectáreas en las que se registra extracción por la minera Peña Colorada, “no forman parte de la suspensión” que se dictó a su favor sobre 1,200 hectáreas. Por ello, consideró que la minera no ha violado la resolución judicial.

López Lara dijo que mantiene comunicación con el gobierno de Colima, para revisar la situación legal de los ejidatarios detenidos, porque “donde se cometieron ilícitos hay que hacer la revisión”.

Se le preguntó si el gobierno de Jalisco conocía los alcances de la resolución que se dictó a favor del ejido de Ayotitlán y el territorio que ampara, a lo que respondió que apenas están revisando, “pero la información que se tiene es que donde están extrayendo el mineral, no es parte del litigio del asunto”.

También se le cuestionó si no actuarían por la entrada de la policía de Colima a territorio jalisciense, aseguró que no se ha confirmado y que hay una “buena relación” con el gobierno de esa entidad.

(Sonia Serrano Íñiguez/Guadalajara)

Resulta esencial cambiar el modo de producir riqueza porque el actual mantiene costos ambientales muy altos, advierte el investigador de la Universidad de Guadalajara.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El proyecto de ley estatal de cambio climático debe ser más incisivo si se pretende influir realmente en el sistema económico que propicia las grandes emisiones de gases de efecto invernadero, señala el investigador de la UdeG, Enrique Jardel Peález.

“Para la mitigación del cambio climático lo fundamental es reducir las emisiones de gases con efecto de invernadero y esto implica reducciones significativas en los niveles de consumo de energía y materiales en todos los sectores de la economía. El ‘problemita’ es que esto implica cambios radicales en el funcionamiento del sistema económico, en los estilos de vida y en los patrones de consumo. Se dirá que pensar en estos cambios es utópico, pero lo realmente utópico es que se pueda mitigar el cambio climático sin transformar el sistema que lo produce”, dice en un análisis que realizó a solicitud de MILENIO JALISCO.

Es decir, “la mitigación del cambio climático implica cambios en la eficiencia energética y el uso de materiales en los sistemas de producción agropecuaria, forestal, pesquera, minera, industrial, así como en el comercio y los servicios. La ley me parece bastante tímida en todas estas cosas”.

En cuanto a la adaptación, apunta entre los temas fundamentales el agua y manejo de cuencas: “Mejorar los sistemas de abastecimiento y uso eficiente del agua; implementar una política de gestión del agua basada en un enfoque de cuencas, con criterios ecohidrológicos. La gestión del agua se sigue abordando como un problema de ingeniería hidráulica y esto es una simplificación muy peligrosa”.

Bosque y selvas, “cumplen una función clave en la generación de servicios ambientales, lo cual está relacionado con aspectos sensibles al cambio climático como la productividad forestal, la dinámica de los ecosistemas, las condiciones de hábitat de las que depende la biodiversidad, la ecología del fuego, la ecohidrología y la demanda de agua de los ecosistemas”.

Áreas naturales protegidas: “Requieren de protección efectiva en el terreno y deben ser preservadas de cambios, evitando usos incompatibles como la minería. Se requiere ampliar la superficie del sistema de áreas protegidas y su manejo debe abordarse con un enfoque de gestión biorregional y de paisaje, manteniendo conectividad y considerando el manejo de la matriz circundante (zonas de amortiguamiento y de transición, corredores biológicos)”.

Se debe abonar a la prevención de desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos extremos: “ordenamiento territorial del crecimiento urbano para evitar asentamientos en zonas de riesgo, especialmente en valles y llanuras inundables, zona costera (la más vulnerable) y zonas de montaña. Hay que desarrollar y fortalecer las capacidades para la acción en caso de desastre”.

También, “las enfermedades infecciosas emergentes: Es una consecuencia del cambio climático es su efecto en la distribución de vectores de enfermedades infecciosas y brotes epidémicos de patógenos asociados con fluctuaciones en el clima. La ley aborda el tema, pero de manera muy general”. El documento completo en www.milenio.com/jalisco

Asamblea ejidal respalda al comisaríado; en caso de que no llegue a un acuerdo, los campesinos nahuas suspenderán las operaciones de la ferrosa más grande del país.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Una mayoría absoluta de la asamblea ordinaria del ejido Ayotitlán, en la región Costa Sur de Jalisco, aprobó este domingo los términos en que se ha comenzado a negociar la vieja deuda histórica que mantiene la minera Peña Colorada con la comunidad nahua de estas montañas, a la cual, a cambio de millones de toneladas de hierro de las entrañas de su suelo, hasta ahora sólo ha pagado con persecución y hostigamiento policiaco, control de la vida interna del ejido a través de corrupción de líderes y algunas migajas para el desarrollo social, según lo señalaron los propios ejidatarios reunidos en el poblado cabecera de sus dominios.

Reunidos más de medio millar de campesinos en la casa ejidal, se leyó y aprobó la propuesta de negociación inicial que se había dado a conocer dos días atrás, en la reunión que se realizó en las oficinas de la Procuraduría Agraria (PA) de Guadalajara, a los representantes del consorcio minero que forma parte de grupo Ternium (MILENIO JALISCO, 27 de junio de 2015), señala el acta manuscrita de la asamblea, con copias en poder de este diario.

Sin embargo, “en caso de que el 6 de julio de 2015 [cuando será la reunión donde la minera responderá a las peticiones del ejido, en la delegación de la PA en Guadalajara] no se llegue a ningún acuerdo con la empresa […] se procederá a hacer efectivo [sic] en su totalidad la suspensión de plano otorgada por el amparo 462/2013 […] en los terrenos pertenecientes al núcleo agrario de Ayotitlán…”.

Es decir, en alrededor de 1,201 hectáreas de superficie ejidal donde opera la mayor parte del proceso de extracción y beneficio de metales, se  deberá suspender cualquier actividad según lo establece el recurso concedido por la autoridad judicial, en tanto se juzga el fondo del asunto: la legítima propiedad de la comunidad sobre sus más de 60 mil ha de dotación y ampliación.

“[…] en caso de llegar a nuevos convenios satisfactorios con la empresa se llegará a aprobar por primera y segunda convocatoria, los nuevos convenios, y como segundo punto, el desistimiento parcial de la suspensión de amparo en los términos de los convenios ya aprobados…” (sic).

Ayotitlán exige el pago de 20 por ciento del valor de cada tonelada de hierro extraída de sus tierras, con un ajuste a los tres años que tiene de interpuesto el juicio de amparo, más apertura para negociar nuevos convenios de ocupación temporal de tierras para verter residuos inertes de la minería, y renta por instalaciones y zona de oficina de la empresa. En la reunión de Ayotitlán se reportaron algunos conatos de violencia interna que no pasaron a mayores, de acuerdo a la versión del asesor legal, Pedro León Corrales.

Ley estatal para la acción ante el cambio climático. El proceso legislativo determinará la viabilidad de los ambiciosos objetivos de la propuesta del gobernador para tener una norma que reduzca la huella ecológica

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

La primera mitad del siglo XXI, en marcha, es decisiva para el futuro de las civilizaciones terrestres: lograr detener, luego reducir y finalmente eliminar –vía nuevas formas de organización, nuevas tecnologías y crecimiento de sumideros naturales de carbono- las emisiones de gases de efecto invernadero, que han acelerado el fenómeno del cambio climático, es la colosal tarea de los políticos, los empresarios, los líderes comunitarios y la sociedad misma. Y ese es el logro esencial que indicará que tuvo éxito la Ley para la acción ante el cambio climático del estado de Jalisco, cuyo proyecto presentado por el Ejecutivo del estado hoy está bajo estudio del Congreso de Jalisco.

Los plazos graduales para que surta efectos ya estaban fijados de antemano en la Estrategia Nacional de Cambio Climático: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 30 por ciento a más tardar en los siguientes 55  meses (la fecha límite, 1 de enero de 2020), y al menos en 50 por ciento en los siguientes treinta años.

No obstante, el artículo 30 del proyecto de Ley es claro: “El objetivo general a largo plazo de la implementación de la política estatal en materia de mitigación del cambio climático es lograr que el estado de Jalisco cuente con una tasa cero de pérdida de carbono, es decir, que sea neutro en carbono o que las emisiones anuales de compuestos y gases de efecto invernadero sean menores o iguales a las absorciones en los sumideros y reservorios de carbono y gases de efecto invernadero”.

Esto significa nada menos que una drástica transformación en el modo de vivir y el modo de generar riqueza que tienen los jaliscienses. La economía tendrá que dar un vuelco: las necesidades de energía deberán ser satisfechas de forma mayoritaria por fuentes de bajas emisiones (energía fotovoltaica, eólica, con metano y gases de desecho, y aunque son polémicas en su impacto ambiental, hídrica o geotérmica); las ciudades deberán ser rediseñadas para que la movilidad demande menos combustible fósil; las rutas de comercialización deberán acortarse aunque la tendencia de la globalización sea opuesta (por ejemplo, las frutas y verduras de la región abastecen primero los mercados locales); se deberán dimensionar las oportunidades de negocio (industrias, turismo, servicios) a la disponibilidad  natural de los recursos de las cuencas donde están implantados (agua, clima, biodiversidad); y los empleos deberán estar sustentados en esa base de servicios naturales de manera que tengan más garantía de permanecer.

En el plano de gobierno, se requiere que la famosa “transversalidad” de lo ambiental afecte a todas las dependencias que manejan recursos para el fomento al desarrollo: no se debe dar subsidios a actividades generadoras de altas emisiones, y por el contrario, es necesario estimular negocios “verdes” o de baja huella ecológica. Esto incluye la creación del fondo ambiental que canalice recursos para que los proyectos no sean flor de un día y se sostengan en el largo plazo. También exige que la creación de infraestructura se ajuste a las capacidades de los ecosistemas a nivel de cuenca de manera que no detonen procesos de destrucción, como hasta ahora sucede con cada carretera o represa, y conservar áreas naturales y agrícolas de alto potencial.

MILENIO JALISCO consultó a expertos que participaron en alguna fase de la integración de la ley, o bien, que trabajan asuntos relacionados. Arturo Curiel Ballesteros, investigador de la UdeG y parte del grupo que elaboró las bases del Programa Estatal de Cambio Climático, opinó: “me parece que es adecuada una iniciativa estatal en materia de cambio climático. Hay varias joyas en la iniciativa, como la protección de áreas productoras de alimentos, o en la disminución de uso de combustibles fósiles. Pero estas joyas ponen al gobierno en necesario conflicto con los especuladores y empresarios que están construyendo miles de casas en las áreas productoras de alimento. Claro que es esperanzador ver que el gobierno los subordine al interés público de conservar estas áreas, cosa que no ha sucedido. Sobre dejar de usar combustibles fósiles eso es necesario y congruente con el mundo y los gobiernos con mayor visión, pero eso pone en necesario conflicto con lo planteado en la Reforma Energética que la una prioridad magna al petróleo”, dijo.

“Sin lugar a dudas la iniciativa es muy deseable; para mi gusto falta una redacción mejor, pero el contenido es poderoso”, destacó. “El primer reto es que esas joyas se mantengan en la ley final y luego que haya un gobernador de gran visión que enfrente los necesarios conflictos que vendrán en su aplicación oportuna”. 

- Pero, ¿existen los mecanismos para que esas joyas no sean simples buenos propósitos?

- Eso sería una excelente pregunta para el gobernador que la ley le daría la atribución de hacerla realidad. Lo cierto es que el primer paso sería fortalecer el debilitado capital social que tiene Jalisco y que ha provocado que las leyes no se cumplan. Uno de los mejores ejemplos es la de vialidad, que lleva más de 30 años vigente y cada vez se aplica menos, de manera particular eso que dice que se deben retirar de circulación los vehículos contaminantes.

Juan José Llamas, director del área natural protegida federal de la cuenca del río Ameca, de Jalisco y Nayarit, consideró: “De entrada una ley muy compleja y muy ambiciosa, [pero] generalmente este tipo de legislación carece de mecanismo claros para aterrizar las propuestas en el territorio. Por otra parte, Jalisco se ha destacado en la creación de organismos como las Juntas Intermunicipales, sin embargo esta ley los indica de una forma muy vaga -apenas visible al inicio del documento- y no es claro como estos organismos se vinculan en la propuesta de Ley”.



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DETALLES

Reducir las emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero y aumentar las absorciones y el almacenamiento de carbono en sumideros (bosques y selvas, sobre todo)

Promover el desarrollo de la sociedad, la economía y la biosfera del Estado, “para optimizar la relación entre estas emisiones y los beneficios económicos, sociales y ambientales derivados de su reducción, a la par que se generan  empleos de calidad, se elevan los niveles de educación, para garantizar un ambiente sano y la generación equitativa de riqueza”

Buscar la transición “hacia una economía sustentable, competitiva y de bajas emisiones en carbono, incluyendo instrumentos de mercado, incentivos y otras alternativas”

Promover la alineación y congruencia de los programas, presupuestos, políticas y acciones de de gobierno para frenar y revertir la deforestación y la degradación; capitalizar los bosques y fomentar las cadenas de comercialización y valor agregado.

El nuevo consejo debe evaluar políticas tan diversas como economía, sociedad y específicamente ambientales, para plantear cambios a los modelos de desarrollo.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El cambio climático es el gran tema de nuestro tiempo.  Parte de la demostración científica de que la emisión de gases opacos por la industrialización y deforestación masiva del planeta está alterando el clima con temperaturas promedio anuales al alza, lo que a mediano plazo es causante de eventos meteorológicos gradualmente más extremos –sequías, huracanes- y como consecuencia, irrupción de enfermedades oportunistas, crisis de producción de alimentos, desplazamientos de población y extinción de especies.

Este contexto hace especialmente importante el papel de los seis consejeros sociales de la Coordinación de Evaluación de la política nacional de cambio climático, al seno de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático y bajo el liderazgo del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), explica a MILENIO JALISCO la consejera del medio académico de Jalisco, Raquel Gutiérrez Nájera.

Ya tuvieron su primera reunión el pasado mes de marzo. El desafío de evaluar las políticas públicas y marcar derroteros es formidable, reconoce.

“Tuvimos un taller muy intenso con todos los consejeros y consejeras, a nivel nacional, para discutir todo lo que va a ser el programa de la Coordinación de Evaluación de la política nacional de cambio climático, resultados intermedios de la evaluación de la política nacional, y con una estrategia  de lo que es la política nacional global al 2017 o 2018 […] estamos ahorita definiendo la materia evaluable, se busca que se pueda usar en el marco de la COP 2016 de París; una de las cosas de arranque más importantes es visibilizar más la importancia de esta coordinación de evaluación, dado que somos sujetos medio incómodos, a priori, y la autoridad de nuestro país todavía no está muy acostumbrada a estos procesos; no nada más vamos a evaluar programas, vamos a evaluar la política nacional, los instrumentos regulatorios, financieros, programáticos, educativos; o sea, tenemos que discutir lo que es una política nacional integral”.

- Es decir, no se limitan a la política ambiental, ante la evidencia de que el problema se genera con políticas económicas y de desarrollo…

- Así es, como política nacional estamos viendo evaluar los tres niveles de gobierno en lo que hay muchos aspectos transectoriales: por ejemplo, Secretaría de Gobernación tiene que ver con asuntos como los atlas de riesgos; la Sedatu y el desarrollo urbano, el tema de la movilidad,  el aire de las ciudades, la política de desarrollo agrícola y ganadera, con todo el uso de pesticidas, de agroquímicos; o sea, realmente nuestro cometido no es nada sencillo, esperamos de aquí a febrero de 2016 tener ya nuestro inventario y qué vamos a evaluar; al tiempo, esperamos que las autoridades municipales y estatales sean enteradas de la importancia del consejo y de la necesidad de evaluar, visto que el tema de cambio climático les debe preocupar de forma muy clara.

- ¿No es una tarea que desborda las posibilidades de seis consejeros?

- Esa es una de nuestras preocupaciones, sin duda alguna a nosotros nos toca sentar las bases de lo que va a ser la evaluación futura de la política de cambio climático; ahora tenemos recursos de la cooperación internacional, para contratar algunos aspectos de la evaluación a través de licitaciones públicas,  donde vamos a señalar los términos de referencia, pero no hay presupuesto público asignado y es algo que se debe establecer dada la seriedad de la tarea.

La evaluación debe ser puntal para los grandes cambios pendientes: Acelerar la transición energética hacia fuentes de energía limpia; reducir el gasto energético con esquemas de eficiencia y consumo responsable; transitar a modelos de ciudades sustentables; generar infraestructura ambiental de bajas emisiones de carbono; impulsar mejores prácticas agropecuarias y forestales, propiciando  la creación de sumideros de carbono –la conservación y ampliación de la frontera forestal-, y que las acciones benéficas en lo ambiental se sustenten en una viabilidad económica y social.

En el tema de la adaptación –el cambio climático ya está presente- el desafío es reducir la vulnerabilidad social, de los sistemas productivos, de la  infraestructura y de los centros de población, así como la “resiliencia” (capacidad de regeneración y adaptación)  de los ecosistemas para no perder los servicios ambientales sustentadores de la humanidad.

El secretario ordenó a sus subordinados a dejar sin aplicación la autorización de impacto ambiental que data de 2004; juez analizará presunto cumplimiento.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno de la república, Juan José Guerra Abud, aseguró al juez IV de Distrito en Materia Administrativa de esta ciudad, Juan Manuel Villanueva Gómez, que ha dejado suspendidas las autorizaciones de impacto ambiental para el uso de dos vertederos de desechos inertes de la minera Peña Colorada, como efecto del cumplimiento del juicio de amparo 462/2013 interpuesto por un grupo de ejidatarios del ejido Ayotitlán.

A su vez, tanto el director del Registro Público de Minería y Derechos Mineros, Mario Delgado Álvarez, como la directora de asuntos contenciosos de la Secretaría de Energía, Martha Patricia Hernández Gutiérrez, aseguraron que esa suspensión ya está debidamente inscrita en los tres títulos mineros que ejerce la mayor extractora de hierro del país, lo que hipotéticamente, debería paralizar cualquier labor en una superficie de 1,200 hectáreas que reclaman los ejidatarios.

El núcleo nahua de la Sierra de Manantlán, cuya dotación y ampliación territorial se ubica en Jalisco pero ha enfrentado siempre un problema de linderos con la mina que declara estar en tierras de Colima, se encuentra dividido internamente debido a que la minera, hoy parte del consorcio Ternium-ISPAT y Mittal Steel, de capital mayoritario chino e indio, entrega recursos por la renta de los tiraderos de desechos.

No obstante, el grupo de ejidatarios que interpuso el juicio de amparo, asesorado por el Instituto de Derecho Ambiental y representado por Pedro León Corrales, se mantiene firme en su disputa por los derechos históricos de la comunidad, y esa representación es sólida ante el juez de distrito, que ahora tiene en proceso el cumplimiento de la suspensión emitida desde septiembre de 2014, y cuya aplicación era, en la teoría jurídica, para las siguientes 24 horas, lo cual no ha sucedido.

Los datos. Por acuerdo de 13 de marzo de 2015, se requirió al titular de la Semarnat en su carácter de superior jerárquico del director General de Impacto y Riesgo Ambiental, así como, del Subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental, para obligar al cumplimiento de la suspensión de plano de 19 de septiembre de 2014.

El 20 de marzo siguiente, en el expediente 462/2013 se verificó que Guerra Abud dio respuesta al juez, informándole que conminó al inferior jerárquico para que se cumpliera la suspensión. También, el Subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental, dio respuesta al secretario de que se giró un oficio al delegado de Semarnat en Colima, para que notificara al consorcio minero que la autorización en materia de impacto ambiental emitida en 2004 queda suspendida en cumplimiento a la ejecutoria de la ejecutoria; aclararon que “en ese momento no se podía entregar el oficio” porque el expediente se encontraba en la delegación de ese estado.

En el caso de las autoridades mineras, informaron al juez de distrito, por medio de una “ficha informativa”,  que no se han registrado convenios de ocupación temporal en el ejido de Ayotitlán para los vertederos de desechos, y presuntas constancias con la leyenda de la suspensión de plano al calce “en cada una de las tres concesiones mineras”.

Peña Colorada fue abierta como empresa paraestatal en diciembre de 1967, privatizada a finales de los años ochenta. Su domicilio fiscal es en Minatitlán, Colima, pero casi cinco mil hectáreas del complejo -título de concesión 211011 con vigencia al 14 de marzo de 2050- se le ubica en el municipio de Cuautitlán, Jalisco.

MEGAPRODUCCIÓN

Peña Colorada es una mina de tajo a cielo abierto que extrae 16 mil toneladas de hierro al día, de acuerdo a datos extraoficiales de la prensa colimense. El aprovechamiento está unido por 46 kilómetros de tubería hasta el puerto de Manzanillo, a donde se manda el material para su proceso industrial a una planta del propio consorcio. Por eso también requiere de concesiones de agua, cuya suspensión en el mismo juicio de amparo está pendiente de acreditarse.