Sitio de Agustín del Castillo

Una larga y tortuosa historia de inaplicación del derecho en la costa de Jalisco ha llegado a la comisión de derechos humanos de la OEA.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha retomado formalmente la denuncia interpuesta por organizaciones de derechos humanos y la comunidad nahua de Ayotitlán (caso 13,249), que denunciaron al gobierno mexicano por la desposesión de miles de hectáreas de sus tierras primordiales para la operación de negocios mineros, en particular, del consorcio minero Peña Colorada, hoy propiedad de las transnacionales ArcelorMittal, de origen indio, y Ternium, de capital ítalo-argentino, lo que incluye prácticas de corrupción, coerción y violencia contra aborígenes. 

Si bien, los quejosos han acudido a la instancia interamericana desde 2006, cuando se agotaron las instancias judiciales nacionales, esta denuncia o caso permaneció sin mayor movimiento por parte del organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA). Fue hasta el pasado 25 de mayo de 2018, cuando notificó a los quejosos de la reactivación del expediente, en una misiva firmada por Mario López Garelli, autorizado por el secretario ejecutivo de la CIDH. 

Esta reactivación trae consigo una actualización de la denuncia original, una petición de respuestas por parte del gobierno mexicano, y el planteamiento de que en los siguientes meses se haga un intento de conciliación en la Ciudad de México que ha sido aceptado por los afectados, informó a MILENIO JALISCO el activista Óscar González Gari, de la Red Jalisciense de Derechos Humanos AC, una de las cuatro ONG denunciantes. 

El luchador de derechos humanos explica que hay una larga historia detrás del expediente, porque en 2006, con la tibieza institucional del gobierno de Jalisco que presidía Francisco Ramírez Acuña, su homólogo de Colima, a través de su bancada en el Senado, promovió una reforma constitucional para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no resolviera la controversia constitucional 3/98, interpuesta por el anterior gobierno de Alberto Cárdenas Jiménez. Como efecto, se congeló un asunto que estaba a punto de sentencia y se evitó aplicar justicia a un tema en el que están en disputa más que sentimientos regionalistas: en realidad, son los indígenas del lado jalisciense las grandes víctimas de los poderes económicos tutelados desde Colima, advierte. 

“No era conducente que eso sucediera, y se violara una garantía, la no retroactividad de la ley en perjuicio de alguien; si la reforma comienza en octubre de 2005, y nuestro caso ya estaba desde 1998 en la Suprema Corte, entonces no era lógico, interpusimos un amparo, nos fuimos a la revisión, y bajo el argumento de que la constitución es política y no jurídica, no nos dieron resultados, y en noviembre de 2006 acudimos a la CIDH; acudimos cuatro organizaciones mexicanas; el gobierno contestó rápidamente en ese periodo, 2007 a 2008, diciendo que el asunto no procedía, que era extemporánea la petición, nosotros conocimos esa respuesta […] nosotros nos manifestamos y dijimos que estábamos en total desacuerdo con esa percepción del gobierno, porque no captaba la importancia de la región, de la cultura, de la reserva de la biosfera de Manantlán que también sería afectada por la minería; que el propio gobierno creó la mina como empresa paraestatal, por lo tanto tenía responsabilidad directa; se señalaron los crímenes más duros que habían ocurrido en la zona, como la matanza de Timbillos en 1920, y en 1950 la masacre de indígenas en Tenamaxtla, un poblado nahua donde estaba un gran líder indígena, Arnulfo Elías Rodríguez; ese poblado desapareció, así se ha operado por los grandes intereses mineros desde hace décadas”. 

La mina empieza a operar formalmente en los años sesenta, tiempo en que se cambia el expediente de restitución de tierras de Ayotitlán a ejido, con lo que se deja a decisión del gobierno mexicano dotarle de tierras a la comunidad ancestral. La dotación de 55 mil hectáreas quedó incompleta, justamente en los terrenos donde Peña Colorada comenzó a explotar el mineral como empresa paraestatal. 

Los denunciantes señalan que los despojos, el uso de la fuerza, la división comunitaria por dinero y el uso faccioso de instituciones del estado mexicano ha garantizado una amplia impunidad, con violaciones de derechos y daño ambiental, a favor de la minera, que extrae alrededor de 40 por ciento del hierro que produce el país. 


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CLAVES  

Los 4 quejosos.  

Red Jalisciense de Derechos Humanos AC. 

Unión de Pueblos de la Sierra de Manantlán. 

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. 

Frente Regional Pro Manantlán y Cuenca del Marabasco AC.

En el Senado se disputa una ley de alta importancia para la vida silvestre y las áreas protegidas, sostienen ONG y activistas.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

La Comisión de Medio Ambiente del Senado de la República se ha empeñado en no incluir en la iniciativa de nueva Ley General de Biodiversidad la prohibición expresa de permitir actividades de extracción minera en el interior de las áreas naturales protegidas, amenazadas en la actualidad por la existencia de concesiones federales que podrían intentar materializar en el corto plazo, los concesionarios nacionales y extranjeros, destacan en una misiva a cinco grupos parlamentarios, dos asociaciones civiles y diez de los más notables científicos y activistas mexicanos en el tema.

"Consideramos que hay varias omisiones que en su momento se han señalado [...] no se establece la prohibición para la realización de de actividades mineras en las áreas naturales protegidas [ANP], ni siquiera en las zonas núcleo. Lo anterior resulta incomprensible y regresivo si se considera que en la legislación en materia energética se ha establecido expresamente la prohibición de desarrollar actividades para la exploración de hidrocarburos en las áreas naturales protegidas", señalan en una carta de cinco páginas el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, asociación civil; Natura y Ecosistemas Mexicanos, AC, así como los científicos, ex funcionarios y activistas Antonio Azuela de la Cueva, Julia Carabias Lillo, Miguel Ángel Cancino, Gonzalo Chapela, Roberto de la Maza Hernández, Luis Fueyo Mac Donald, Germán González Dávila, Alejandra Rabasa Salinas, Anaid Velasco y Norma Sandoval Gómez.

Advierten la necesidad de reconocer la importancia de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), "que se ha insistido debería ser creada por mandato de ley [...] frente a la evidencia de las amenazas que enfrentan las ANP y el grave déficit presupuestario y de recursos humanos con el cual opera desde su creación; existen razones de fondo para que los legisladores comprometidos tuvieran interés en fortalecer esta institución clave para la biodiversidad", caso similar a la creación del consejo consultivos de ANP.

Otro aspecto esencial que la iniciativa ha omitido es el establecimiento del principio precautorio o in dubio pro natura, pese a que el derecho ambiental internacional lo utiliza ampliamente y es "no solamente necesario para lograr la protección del medio ambiente y la biodiversidad, sino una obligación de derecho internacional para los estados que deben garantizar, para sus ciudadanos, el ejercicio del derecho humano a un medio ambiente sano y los derechos humanos dependientes del mismo, como son el derecho a la salud, al agua y a una calidad de vida digna".

Al igual que en el caso de la Ley Forestal, las iniciativas de la comisión senatorial que preside Ninfa Salinas Sada han generado controversia entre las organizaciones sociales y de productores, que ven amenazados otros aspectos como la producción forestal comunitaria. Los firmantes de la carta destacan también errores de forma y descuidos elementales de las iniciativa que se supone habían sido reformadas en marzo de 2017 como fruto de una primera andanada de consultas, tras pretenderse imponer la nueva ley sin discusiones.

SRN

Se ha denegado atención médica a los golpeados por policías colimenses el 22 de julio de 2015.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Además de ser presionados por la minera Peña Colorada y el comisariado ejidal de Ayotitlán para que aceptaran un “perdón” por delitos que no cometieron, los quince ejidatarios de Ayotitlán que acaban de ganar el proceso penal que les abrió la procuraduría de Colima, carecieron de atención médica. Al grado que a trece meses de su detención violenta, padecen secuelas de esos golpes.

“Algunos de ellos pudieron darle seguimiento a una recomendación en Derechos Humanos, para que los atendieran. Habíamos pedido primero que fueran a un poblado que está cerca, a Minatitlán, pero nomás los veían y no les daban medicinas; así que aprovechamos el día de la firma de su completa libertad [29 de julio] para ir a la comisión en Colima; muchos de ellos siguen con lesiones, no se han podido recuperar, desde que los golpearon, o golpearon a sus papás o familiares”, explica el abogado y director del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), Carlos Valentín Veyna.

Un caso es el de Francisco Hermenegildo Sánchez, a quien lo golpearon en un pie e incluso lo amarraron. “Yo le decía al policía que me soltara, y si me soltó, pero de este pie ya no pude andar; me mandaron a Colima al hospital regional, de ahí me mandaron al hospital civil, al otro día, y nomas me pelaban los dientes, no pues que chinguen a su madre, dije…”

Era un hombre de campo que laboraba la parcela como sus vecinos, ahora ha dejado de trabajar por la dolencia del pie. “No puedo trabajar, pero afortunadamente dos hijos me ayudan, ya nomás me quedo tirado en la cama porque el pie siempre me duele”, relata.

Pedro Gutiérrez Hernández, quien vive en Plan de Méndez, tiene desde hace un año un dolor de cabeza incapacitante. “Me pegaron en la cabeza y hay días en que duele cuando estoy en el campo; ya no puedo trabajar como lo hacía antes; me dieron con armas, con las macanas, y también me pegaron en la espalda y la cadera; hay trabajos del campo con los que ya no puedo.

- ¿No sabe qué le paso en la cabeza?

- Fui a Manzanillo y me dijeron que sus aparatos no servían como para ver que tenía; yo creo que no me quisieron atender; eso fue el pasado 4 de julio, con pase de derechos humanos y todo […] como saben que todo esto fue derivado del pleito con el consorcio, no quieren; a mi tío no lo quisieron atender y tuve que pagar la consulta […] nos dijeron, no los podemos atender, ustedes no tienen nada grave, ya tienen un año, no se murieron; también nos dicen que por qué no vamos a Jalisco…

Hay ejidatarios a los que ya les soldaron las costillas rotas como saldo del encontronazo con los antimotines. Pero soldaron mal, porque no tuvieron atención profesional. Ese mal no se acaba con el amparo ganado ni con la destitución de un juez. La justicia llega tarde… y mal, concluyen.

Juzgado penal de Colima determina libertad de 15 nahuas imputados del delito de despojo, en la toma de Peña Colorada, en julio de 2015.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El litigio abierto el 22 de julio de 2015, con la detención de 33 ejidatarios nahuas de Ayotitlán y del pasante Eduardo Mosqueda, por presuntos delitos en contra de la minera Peña Colorada, enclavada en los límites de Jalisco y Colima, ha llegado a su fin.

La victoria de la defensa de los campesinos es completa en 16 de los 33 casos, es decir, tanto para el pasante de derecho que labora en el Instituto de Derecho Ambiental (Idea), quien permaneció detenido más diez meses por su negativa a aceptar una “negociación” propuesta por la Secretaría General de Gobierno de Jalisco -que consistía en denunciar al Idea-, como de 15 de los nahuas que si bien estaban en libertad, debían acudir cada mes a firmar al centro penitenciario de Colima, por negarse a aceptar el “perdón” que les otorgaba la minera y algún dinero, a cambio de contribuir al desistimiento en el juicio de amparo 462/2013. El juicio de garantías permanece firme, con lo cual está viva la querella por tierras con la ferrosa más importante del país.

Ese amparo administrativo se mantiene por otro amparo de índole penal, promovido tras las detenciones de esa jornada, en que unos 500 ejidatarios habían decidido exigir la recuperación de la posesión de tierras que les dotó el presidente en 1962.

Luego de once meses de negarse a cumplir, el pasado 29 de julio, el Juzgado Primero de lo Penal en Colima, con nueva administración, dictó acuerdo en el expediente 142/2015, relativo al cumplimiento del juicio de amparo 1202/2015 que en su momento emitió el Juzgado Primero de Distrito en Colima, contra el auto de formal prisión por el delito de despojo, que era el único que les había fincado tras desvirtuarse la acusación del Ministerio Público de Colima, de secuestro consumado, robo calificado y daños en las cosas.

“Ellos quedaron muy contentos de saber que ese acuerdo se logró por el juicio de amparo que se promovió para tal efecto por el equipo de justicia ambiental del Idea. No existe rencor y odio en los nahuas […] es de hacer notar que el juez Abel Jaime y su secretaria Zalema de Montserrat, quienes dictaron auto de formal prisión y se sostuvieron por once meses con una tendencia contraria a los derechos humanos e indígenas, ya no se encontraban al frente de dicho juzgado y que ahora exista puro personal sindicalizado laborando”, dijo Carlos Valentín Veyna, director ejecutivo del Idea.

“Querían que firmáramos como culpables de secuestro y despojo, todo eso nos acumularon, y que pidiéramos perdón; a muchos los asustaron y terminaron firmando, y nosotros no quisimos, les dijimos que no firmábamos nada y que teníamos un amparo que promovió nuestro abogado y que íbamos a ver el final de ese amparo”, dijo el campesino Faustino Cobián.

- ¿Qué les pedían, que se desistieran del amparo por las tierras?

- Sí, que nos desistiéramos; a un compañero le dijeron firma, cuánto quieres, y decía, no, hasta que esté mi abogado aquí, si él dice que me conviene firmar, firmo; ‘no, ¿cuánto quieres por firmar?’ […] 1,500 por la firma, que desistiera todo, y que ya se arreglaba… pero no quisimos, por qué hacernos de un delito que no hicimos. Y ni modo, cada mes era perder un día completo y gastar lo que no tenemos; el comisariado Ernestino primero nos apoyó para ir a firmar, pero cuando se enteró que no firmamos el perdón, nos dijo, ya no los voy a apoyar, ustedes verán cómo se regresan y van.

Francisco Monroy Elías, de Telcruz, dijo que muchos cedieron con engaños. “Ernestino me amenazó, me dijo que cuánto quería por mi firma; estaba con él el licenciado Cárdenas, el apoderado de Peña Colorada, y me dijeron: pon tu precio; Cárdenas me dijo que si no firmaba, las camionetas que nos quitaron el día de los hechos no iban a salir; y estaba el padre Fernando, y dijo, ‘el problema de ellos no tiene nada que ver con que salgan las camionetas’; un amigo me dijo que me fuera porque me iban a arrestar si me quedaba ahí, para que firmara a huevo…”.

La presión no solamente provino de la empresa y del presidente del comisariado (Ernestino Ciprian Ocaranza), comenta Salomé Ramos Jacobo: “después del atraco del 22 de julio del año pasado, bajó el gobernador del estado a Ayotitlán y prometió en una asamblea que iba a intervenir para resolver la situación de los detenidos”. No obstante, la instrucción del secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, a su equipo de abogados, fue que se obtuviera la libertad bajo caución de los 33 nahuas y no se sacara al pasante del Idea, pese a que era acusado de los mismos delitos. López Lara le dijo a la prensa de Guadalajara que el Idea había ocasionado los hechos al interpretar de forma abusiva. No aludió al historial de desencuentros con ese despacho de derecho ambiental, con el que permanecen abiertos expedientes contra megaobras.

La historia del amparo 462/2013 está llena de precariedades. Santos Elías González fue uno de los diez que lo interpusieron hace tres años al no contarse inicialmente con el apoyo del comisariado ejidal. Pero algo pasó; sus nueve socios se desistieron y le pusieron una firma de desistimiento al mismo Elías, a comienzos de 2015.

“Había un documento con una supuesta firma de que me había desistido; yo llegué a Guadalajara y le dije al abogado que era mentira; fuimos al juzgados y ratifiqué el amparo. Y el amparo se matuvo…”.

Ese gesto fue esencial. “Si pasa mi dizque desistimiento, se nos cae todo. Yo soy nieto de Zeferino Padilla, el que hizo el amparo los años sesenta, y lo ganó […] a mi abuelo nunca lo trataron bien, hasta le metieron balazos, ellos [sus adversarios] no querían trabajar bien, querían puras cuachalotadas; mi abuelo detuvo con ese amparo las ventas de madera y todo eso… yo no podía ser de otro modo, a tantos años de eso”, se justifica.

El amparo se salvó. Luego salió electo presidente ejidal Ernestino Ciprian, y para pactar con sus opositores, que reclamaban el proceso electivo, ofreció respaldarlo. Hasta el 22 de julio. Ernestino acordó con el gobernador y con Peña Colorada el desistimiento. Pero no contaba que había algunos campesinos aferrados.

- Las personas que firmaron y cobraron por el perdón de la minera y el desistimiento, ¿viven hoy mejor que ustedes?

- Jajaja, les dan cualquier cosa; les dan un dulce o una bolsa de pan Bimbo […] a mi abuelo antes le prometían costales de dinero y nunca hizo eso; y yo aun en la pinchi miseria no me voy a vender, otras personas se asustaron y firmaron, y otros que para tener empleo; yo me voy a quedar como estoy. Ya vendrán otros tiempos para que nos hagan justicia.

Los datos del proceso

Los detenidos: Senorio Flores Hernández, Francisco Monroy Elías, Rodolfo Pulgarín Cobián, César Orduñez Ciprián, Jovany González Olivares, José Rosales López, Arcadio Nieves Ciprián, Francisco Hermenegildo Sánchez, Fidencio Aguilar Ramos, J. Santos Ciprián Jacobo, Juan Aguilar Díaz, Pedro Ramos Monroy, Mateo Ciprián de Jesús, Francisco Cobián Gómez, Samuel Isabel Flores Martínez, Faustino Cobián de los Santos, Virginio Flores Pulgarín, José Luis Monroy Pulgarín, Víctor Contreras Alonso, Eliseo Nava Justo, Rubén Rodríguez Martínez

También: Eulogio Flores Aguilar, Pedro Gutiérrez Fernández, Luis de los Santos Rosales, Hilario de la Cruz Elías, José Oliver Flores Martínez, Martín Flores Gerardo, Salvador Flores Contreras, Bernardo de la Cruz Elías, Rubén de la Cruz Ruiz, Santos Ruiz Elías, Pedro Gerardo Deniz y Fulgencio Díaz de los Santos, ejidatarios de Ayotitlán, y el pasante en derecho Eduardo Mosqueda Sánchez

Los 33 ejidatarios salieron libres menos de una semana después de la refriega del 22 de julio de 2015, pero debieron acudir a firmar mes con mes al centro penitenciario de Colima porque el delito de despojo no fue retirado por el juez penal. Mosqueda permaneció detenido hasta mayo de 2016

De los 33 nahuas liberados, 15 no aceptaron el “perdón” que les ofreció la minera Peña Colorada bajo la condición de aceptar un dinero y desistirse del amparo 462/2013, que mantiene vigente la lucha por la restitución agraria de esa comunidad de la costa sur de Jalisco

De forma paralela, los campesinos que no aceptaron el t6rato institucional patrocinado por los gobiernos de Jalisco y Colima, han entablado un expediente en el tribunal agrario del estado vecino para impugnar la representación ejidal de Ernestino Ciprian Ocaranza; si lograron destituirlo de presidente ejidal, todos los acuerdos que haya tomado con la mina y los gobiernos carecerán de validez, señala el asesor legal del Idea, Pedro León Corrales

La familia del litigante detenido recibió la "oferta" de los abogados del gobierno para que abrieran causa penal contra la agrupación que les obstruye en la mina Peña Colorada, en Chalacatepec y en el Macrolibramiento.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El contacto fue unas semanas después de la trifulca en el ingreso a la minera Peña Colorada, en la que Eduardo Mosqueda Sánchez fue el primer detenido -después, lo acompañarían por unos pocos días 33 nahuas de Ayotitlán- , y el único que permaneció en el Centro de Readaptación social de ese estado a la vuelta del año siguiente. El pasante rumiaba su desesperación en la zona de “máxima seguridad”, al lado de homicidas y asaltantes, mientras sus padres tocaban puertas en la capital de Jalisco.

El abogado Efraín Palacios Morquecho, de la Secretaría General de Gobierno, fue encargado de hacer una oferta formal, explica Mosqueda.

- ¿Qué te propusieron?

- Él ofreció liberarme mediante un proceso más rápido, pero tenía que desistirme del amparo y denunciar a mi despacho, denunciar penalmente al Instituto de Derecho Ambiental (Idea); pero mi madre ya me conoce, y dijo, esto no lo va a aceptar Eduardo; cuando me lo contó, créeme que fue de lo que me hizo sentir bien en medio del mal que yo estaba viviendo…

Liberado el 13 de mayo pasado, a diez días de cumplir diez meses preso, el joven litigante asume que su decisión significó muchos meses más a la sombra, pero no se arrepiente ni un poco; “no tenía aún la sentencia del amparo, que fue favorable en octubre, pero se alargó por argucias de los gobiernos y el sometimiento del juez penal”, dice a MILENIO JALISCO.

Es decir, una detención con un barniz judicial, pero profundamente política, contra el despacho que encabeza la abogada Raquel Gutiérrez Nájera, que ha sido dolor de cabeza de los dos gobiernos y sus intereses en megaproyectos que entrañan muchos millones de pesos.

La estadía en el centro penitenciario ha sido una dura lección, pero de la que saca las mejores enseñanzas: la convivencia y empatía con algunos presos, la reflexión sobre la precariedad de su condición (en este sistema no existe la “presunción de inocencia”), y el enorme vacío de tiempo, que se llena con sueño, deslices hacia la depresión o las esperanzas súbitas, y el acceso a obras maestras, insospechadamente liberadoras, de la biblioteca del sitio.

- ¿Qué te encontraste y qué leíste?

- El Gargantúa y Pantagruel de Rabelais; Zadig (Voltaire), Historia de dos Ciudades (Dickens) -. “¿Qué es lo que lees? Vidas complicadas y sentencias injustas; una mazmorra del siglo XVII, La Bastilla, la torre de Londres, frente a las que una celda moderna, pese a las violaciones tácitas, parece un lujo...

Su versión

El 23 de julio de 2015, más de 600 ejidatarios de Ayotitlán, Jalisco, buscaron retomar la posesión de tierras de su dotación presidencial que están en poder de Peña Colorada, la mayor explotación ferrosa del país. Llevaban bajo el brazo la suspensión concedida en el expediente de revisión 231/2013 (juicio de amparo 462/2013), que el juez de distrito había reclamado de ejecutar de forma tibia y gradual. Eduardo Mosqueda era el único miembro del Idea que los acompañaba.

- Ustedes llegaron al patio de ingreso de las instalaciones, ¿qué sucedió?

- Los líderes del ejido le reclamaron al representante legal de la empresa, David Cárdenas, su negativa a pagar lo que estaban en los acuerdos de ocupación temporal de algunos predios, los cuales habían condicionado a que se desistieran del amparo […] Cárdenas aseguró que no tenía problemas con la comunidad, y prometió pagar de inmediato. Pero hubo que esperar hasta las cinco de la tarde, operaron todo para el pago, e inclusive imprimieron el documento de acuse de recibo, que firmó el representante legal de la empresa junto al comisariado ejidal. Luego, ellos avisaron que se retiraban por su propia decisión, pues jamás fueron violentados ni obligados.

- Si se habían retirado en paz, ¿cómo fue que llegó la policía y se dio la refriega?

-Eso fue después, casi a las siete de la noche; empezó a gritar la gente de la comunidad: ¡ahí vienen los guachos!; a mi me tocó hacer frente como representante legal y en dos ocasiones expliqué a los policías que se trataba de una acción legal, y ellos asentían, parecían comprender. La segunda vez, frente a una persona que dijo ser el procurador Marcos Santana Montes, quise volver a explicar pero esa persona dijo que nos teníamos que retirar o nos iban a llevar presos […] que el amparo no sirve, y ordena mi detención: policías y granaderos se vinieron sobre mí y me empezaron a golpear para poderme someter, […] me suben a una patrulla, arrancan enseguida, y es cuando escucho a lo lejos que comienza la agresión contra la gente…

En las horas siguientes a la refriega frente a la mina, los abogados de Jalisco y dos líderes nahuas, Gaudencio Mancilla y Eusebio Jacobo “se presentaron para decir que iban a obtener las actas de libertad, pero se debían desistir del amparo contra los intereses de la mina; ellos, que se vendieron a la empresa, me acusaron de estar con los malos; les respondí que en realidad yo estaba con los derechos del ejido y ya no hicieron más por sacarme […]”.

Allí comenzó la cuenta hasta el 13 de mayo de 2016: cuatro meses en área de alta peligrosidad, seis meses en “el pueblo”; comida de mala calidad, lecturas, incidentes entre los internos, plagas y epidemias entre los edificios sobrepoblados. Acusado primero de secuestro, luego de privación ilegal de la libertad y de robo calificado (proceso penal 142/2015). “Cinco veces el juez penal tomó decisiones que violaban lo que le ordenaban el juez de distrito y el Colegiado [expediente 1190/2015] para replantear la resolución en el caso de Eduardo; por tres faltas se destituye a un juez, pero este era un papel a modo de los intereses de Colima”, subraya la presidente del Idea, Raquel Gutiérrez Nájera.

Eduardo Mosqueda Sánchez es de nuevo hombre libre; parece que no guarda rencores, sonríe con facilidad.

- ¿Se puede no tener coraje después de diez meses a la sombra, en un proceso que el amparo lo demuestra ha sido violatorio?

- Para serte sincero, yo lo tomé como aprendizaje, un duro aprendizaje, pero tenía la opción de verlo como algo positivo. Creo en Dios y me parece que era una prueba. Y lo mejor es vivir en carne propia que la justicia mexicana es como un monstruo, y que como abogado debo contribuir a cambiarla.

Lo que no cambia es la causa que lo llevó al encierro: llevar la justicia al depauperado ejido nahua de Ayotitlán; esos naturales que no logran convertir en ventaja habitar montañas sobre una zona rica en biodiversidad, en madera y en metales.

Los expedientes

El 22 de julio de 2015 fue aprehendido Eduardo Arturo Mosqueda Sánchez junto con 33 nahuas de Ayotitlán, en una acción de policías estatales de Colima en las instalaciones de la minera Peña Colorada

En el expediente 142/2015 ante el juez 1 de lo penal de Colima, se dictó el 30 de julio de 2015, auto de libertad con reservas de ley, en favor de 33 nahuas, liberándolos de responsabilidad penal de lesiones, daño en las cosas, robo calificado, privación ilegal de la libertad (antes secuestro); mientras quedaban sujetos al procedimiento por el delito de despojo que denunció el Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada. "En tal virtud, los 33 nahuas ocurren a firmar los viernes últimos de cada mes"

En contraposición y en el mismo expediente, con los mismos elementos de prueba, a Eduardo Mosqueda asesor legal, le dictan auto de formal prisión, sin acceder a libertad bajo caución, por los delitos de robo calificado, privación ilegal de la libertad y despojo

En contra del auto de formal prisión se promovió la demanda de amparo 1173/2015. Respecto a los 33 nahuas se promovió amparo en contra del Auto de Formal Prisión por el delito de Despojo 1202/2015

El amparo indirecto 1173/2015 "se otorga en forma lisa y llana, debido a que no existen elementos de prueba para presumir la responsabilidad de Eduardo Mosqueda, respecto de los delitos"; esta sentencia está fechada en el Juzgado 1 de Distrito de Colima, el 7 de Octubre de 2015, pero la impugna Peña Colorada en revisión, el cual es entregado al IV Tribunal Colegiado Auxiliar con sede en Coahuila, que determina la libertad inmediata de Mosqueda el 13 de mayo de 2016 (expediente 1190/2016)

Dinero y amenazas, denuncia la directora del Instituto de Derecho Ambiental Raquel Gutiérrez Nájera

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La empresa minera Peña Colorada, actualmente propiedad de un conglomerado internacional (Ternium-Ispat y Mittal Steel), ha buscado mantener en el limbo los derechos del ejido nahua de Ayotitlán, y busca generar que el amparo que pone en riesgo la propiedad que le otorgó el gobierno colimense, sobre la zona en conflicto de Jalisco y Colima, sea echado abajo, denuncia la presidente del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), Raquel Gutiérrez Nájera.

“El 12 de Septiembre de 2015, compareció la representante legal del consorcio minero para otorgar el perdón a los 33 nahuas [que habían sido liberados semanas atrás, tras la refriega del 22 de julio]; ellos en su gran mayoría fueron presionados para que acudieran al juzgado para aceptar el perdón y a cambio les entregarían las catorce camionetas que les fueron retenidas. De igual manera, a decir de los nahuas procesados, el presidente del Comisariado ejidal, Ernestino Ciprián Ocaranza, fue casa por casa a presionarlos para que aceptaran el perdón de la empresa, ofreciéndoles dinero y liberar las camionetas”, señala en una nota entregada a MILENIO JALISCO.

En la actualidad, “son quince nahuas los que aún no aceptan el perdón porque ellos están conscientes de que no cometieron ningún despojo en contra de la empresa, su intención de estar en terrenos de su propiedad rentados a la empresa era exigir pagos pendientes y además el acceso les fue permitido por los mismos empleados de Peña Colorada. Por su parte Eduardo Mosqueda, al conocer del perdón que también lo beneficiaba a él, aunque Peña Colorada a él no se lo otorgó, no lo aceptó, ya que ello implica el reconocimiento tácito de un delito que nunca cometió”.

A decir de la abogada, la ofensiva de la empresa, asociada a los gobiernos de Jalisco y Colima, ha sido insuficiente para echar abajo el amparo (revisión 231/2013 del juicio 462/2013). Pero lo cierto es que la disputa por las tierras donde la minera explota desde hace casi cinco décadas el mayor yacimiento ferroso del país, en la porosa frontera de Jalisco y Colima, ha descarrilado con frecuencia la estabilidad comunitaria de los poblados nahuas de la sierra, que reclaman los derechos legítimos sobre ese territorio, no obstante el extravío de sus títulos primordiales; esos derechos no cambiarían incluso si, como pretende el gobierno de Colima, esa zona estuviera dentro de la soberanía de esta entidad.

La doctora en derecho señala que se exigirá la inhabilitación del juez 1 de lo penal de Colima, dado que demostró a lo largo de los juicios, ser un “juez de consignas” operado desde la secretaría de Gobierno de Colima, pues en cinco ocasiones no dio cumplimiento cabal a lo que planteaba el amparo para liberar al litigante Eduardo Mosqueda Sánchez.

“Ellos, a través de este juez logran una resolución a su medida, que buscaba golpear directamente al Instituto de Derecho Ambiental […] jamás se acredita algún elemento que haga probable la responsabilidad de Eduardo Mosqueda, ni en despojo, ni en privación ilegal de la libertad, y mucho menos secuestro con pago de rescate, como fue al acusación que le imputaron originalmente; hay antecedentes de otros activistas sociales que también han sido criminalizados de este modo”, señala por su parte el responsable agrario del Idea, Pedro León Corrales.

En el conflicto por el balneario de Zacualpan, que dejó una docena de heridos, señalan intromisión del gobierno estatal a favor de intereses mineros en el Cerro Grande.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La organización ecologista Biosiguana acusó al gobierno estatal de Colima, que preside Ignacio Peralta, de difundir mentiras en torno al conflicto de la comunidad de Zacualpan, en el Cerro Grande, donde comuneros opositores a la minería y un grupo interno ligado al gobierno estatal se enfrentaron de forma violenta el pasado 25 de marzo, tras la destitución de la delegada de la Procuraduría Agraria, María Elena Díaz Rivera, a quien señalaban como principal promotora del grupo empresarial.

“Es absolutamente falso lo que el gobierno del Estado dio a conocer en un comunicado el viernes 25 de marzo con relación a los hechos violentos, en los que resultaron heridas 13 personas de la Comunidad Indígena de Zacualpan”. El comunicado señala que el enfrentamiento fue por un desencuentro entre comuneros e integrantes del grupo ecologista, pero “rechazamos contundentemente la afirmación de que miembros de nuestra organización estuvieron presentes en la Comunidad durante el conflicto del pasado 25 de marzo. Este es un argumento que el gobierno de Mario Anguiano había estado utilizando para desacreditar nuestro trabajo como defensores del territorio y hacer creer a la opinión pública que somos nosotros quienes promovemos la violencia en la comunidad. Lamentamos mucho que el gobierno de Ignacio Peralta continúe en la misma lógica de criminalizar la lucha social en defensa del territorio y los derechos humanos”.

A juicio de la organización, “el gobierno del Estado nos quiere utilizar como pretexto para evadir su responsabilidad no solo de no haber actuado para evitar la violencia, sino para querer desviar la atención de la clara intervención y apoyo que han venido ofreciendo al grupo agresor. Al insistir en estos señalamientos, el gobierno del Estado coloca a los miembros de nuestra organización de nueva cuenta en una situación de vulnerabillidad por lo que responsabilizamos a Ignacio Peralta de lo que pudiera ocurrirnos. Responsabillizamos igualmente al gobierno del Estado de la ‘neutralidad’ con la dice conducirse en este conflicto cuando lo que corresponde a todo gobierno es garantizar la paz y la seguridad de sus ciudadanos. Responsabilizamos también al gobernador del Estado de cualquier daño mayor que pueda sufrir cualquier integrante del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan”, destacaron.

Tras la disputa por la posesión del balneario de Zacualpan, el saldo fue de siete hospitalizados por heridas en la cabeza y varios más con lesiones.

“Ante la complacencia de decenas de elementos de la Policía Estatal, el grupo agresor ligado al PRI arrojó piedras desde el cerro contra hombres y mujeres en el acceso al manantial de Zacualpan, el centro turístico administrado por el Comisariado de Bienes Comunales”, dijo al portal www.perriodismo.com.mx Martín Peña Guzmán, habitante de Zacualpan. Dijo que “alrededor de 150 integrantes del Consejo intentaron disolver el bloqueo del balneario que el grupo priista mantiene desde el miércoles pasado. Lo anterior ante la negativa de los policías en liberar el paso. La policía estatal dijo que su única orden es estar vigilando de que no hubiera agresión y ningún acto de violencia, y cuando se suscitó la lluvia de piedras no hicieron nada. Había 50 elementos en ese momento y no hicieron nada”, comentó.

Para el consejo, “ los agresores están protegidos por el alcalde de Comala, Salomón Salazar, y el Gobierno del Estado a cargo de Ignacio Peralta Sánchez, ambos emanados del PRI”.Al respecto, Martha Zepeda del Toro, comisionada estatal del Partido de la Revolución Democrática en Colima, exigió abrir una investigación para deslindar las posibles responsabilidades gubernamentales. “Externamos nuestra preocupación por la persistente y sistemática intimidación, amedrentamiento, hostigamiento, despojos de caminos y hecho de violencia que individuos vinculados al PRI, con la complacencia de autoridades municipales de Comala y del propio Gobierno del Estado, han desplegado en contra de miembros del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan; tenemos conocimiento de la persistente problemática y enfrentamiento de los dos grupos al interior de la comunidad indígena de Zacualpan, que se han traducido en el intento de unos pocos por imponer su voluntad y administrar el ojo de agua, ante una mayoría con una legítima representación reconocida por autoridades del ramo y representadas por el actual presidente del comisariado de bienes comunales, Taurino Rincon”, explicó.

Ejidatario de Ayotitlán padece desde hace dos días el ingreso a su parcela de equipo pesado de la minera Peña Colorada, con la que se mantiene conflicto limítrofe, en la región Costa Sur de Jalisco

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Maquinaria y equipo pesado propiedad del consorcio minero Benito Juárez Peña Colorada SA, filial de la empresa transnacional italo-argentina Ternium, entró hace dos días al predio Los Potros, propiedad de la familia del campesino Félix Monroy Rutilo, sin contar con su anuencia y con el precedente del largo diferendo por los límites del ejido Ayotitlán y la empresa que aprovecha y beneficia las vetas de hierro de la zona, las más productivas del país.

“Gracias a un sobrino suyo, Aurelio Deniz Gerardo, habitante del vecino rancho nahua de Puertecito de las Parotas, que pasa con frecuencia por las brechas cercanas de los poblados nahuas que rodean el Cerro de los Juanes, donde opera el fundo minero de Peña Colorada, Félix se enteró que la maquinaria pesada metida anoche al predio, estaba echando lumbre para destruir los cultivos, arbolado y cercos colocados por Félix hace más de 40 años, en un predio agrícola con un amplio ojo de agua y ruinas prehispánicas, que recibió de sus antepasados”, denunció a Milenio Jalisco el activista de derechos humanos Óscar González Garí.

“Para entrar al predio, antes la minera puso en contra del indígena Félix, ejemplo vivo de tenacidad a toda prueba en la defensa de sus derechos, y en la zona devastada por la minería ferruginosa, al actual comisariado ejidal de Ayotitlán, encabezado por Ernestino Ciprián, mismo que supuestamente le concedió ‘el permiso’ al consorcio para meterse a realizar ‘trabajos de limpieza’. Un centenar de ovejas y chivos que Félix cuidaba y alimentaba en Los Potros y en Cerro del Moreno, para alimentar a su familia, dispersa entre esa zona, Minatitlán y el puerto de Manzanillo, están en gravísimo peligro de sucumbir ante la maquinaria pesada del consorcio colimense que invadió territorio de Jalisco en 1969, y mantiene el asedio en contra de los indígenas que al considerarse jaliscienses y mexicanos, pero no ‘colimotes’, resultan perjudiciales a su política de saqueo y despojo”, añadió el integrante de la red Los Derechos para Todos.

Al ser los actuales gobernadores de Jalisco y Colima, militantes del PRI, “principal beneficiario de los réditos de la minería a cielo abierto […] los 16 poblados de la cuenca norte del Marabasco se encuentran en peligro de sufrir esta clase de despojos ‘de facto’, pues ‘de jure’, los indígenas les llevan la delantera, dado que el pueblo nahua-otomí de Ayotitlán tiene más de 800 años de presencia histórica en la Costa Sur de Jalisco. Y como ambos gobiernos estatales fueron denunciados por nosotros en 1991 ante la CNDH [Comisión Nacional de Derechos Humanos], por el régimen de segregación racial impuesto a los nahuas […] y siguen empecinados en mantener las prebendas e ingresos derivados de la explotación minera, los actuales mandatarios estatales no han hecho absolutamente nada para cumplir la recomendación 122/95 del ombudsman nacional sobre el caso de los pobladores del ejido Ayotitlán, Municipio de Cuautitlán, Jalisco”, enfatizó el abogado.

También hizo un recuento de los hechos pasados que permitieron a Colima “salvaguardar” sus derechos, a su juicio espurios, sobre la zona: esa recomendación exhibió a ambos gobiernos en 1995 “y obligó a llevar en 1997 la controversia limítrofe y territorial ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación”. La Primera Sala de la SCJN admitió la demanda del Gobierno de Jalisco contra su homólogo de Colima -era administración panista- bajo el expediente 3/1998, “habiéndose llevado el litigio hasta el desahogo de pruebas”.

Sin embargo, “al enterarse Colima que Jalisco, por razones ajenas a nosotros como defensores y a los nahuas como víctimas, tenía 80 por ciento de posibilidades de ganar la controversia territorial, decidió encomendarle al senador colimense del PRI, Héctor Michel Camarena, la elaboración de una reforma constitucional, para cambiar de manos el asunto, y enviarlo al Senado de la República, donde mediante un arreglo político Colima podría revertir la adversidad jurídica. Entre 2001 y 2005, Michel operó la reforma constitucional, logrando utilizar el federalismo como excusa para pasarle al Senado el caso, a inicios del año 2006. Ante el tamaño y cinismo de las maniobras priístas-colimenses, la Red Jalisciense de Derechos Humanos y la Unión de Pueblos de la Sierra de Manantlán interpusimos una demanda de amparo, ante los juzgados de distrito en Materia Administrativa de Jalisco, que consideraron infundados con conceptos de violación (los derechos humanos no eran entonces materia constitucional, como ahora lo son). Ante la negativa del Poder Judicial de la Federación para concedernos el amparo federal, acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde lleva 10 años en estudio”.

Durante todo el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), el caso estuvo en manos de una Comisión de Límites Territoriales, sin llegar a acuerdo alguno.

En octubre de 2012, la Corte retomó el control de este tipo de asuntos por decreto presidencial. “Sin embargo, al no incluir en el decreto el presidente que los expedientes materia de las distintas controversias, debían retornar a manos de la SCJN, para ser concluidos, todos se quedaron guardados en el archivo del Senado de la República, donde pueden consultarse, pero no proseguirse”.

Así, “Colima se salió con la suya ante Jalisco, que ha sido una nulidad en tratándose de defender la restitución del territorio ancestral perdido durante el siglo XX (casi 500 kilómetros cuadrados con su vecina Colima). Y los nahuas padecen las consecuencias y los perniciosos daños colaterales de esta política permisiva, como es hoy el caso de Félix Monroy Rutilo, que se ve obligado por las circunstancias a defenderse sólo ante el gigante minero y su aliado incondicional, el estado de Colima”.

Denuncian el acoso y violaciones de sus derechos por el gobierno de ese estado y por instancias del gobierno federal, en torno al mineral de Zacualpan

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Organizaciones sociales y ecologistas de Colima han acudido, apoyados por la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en busca de respaldo ante los abusos de que dicen ser objeto de forma sistemática por parte del gobierno de ese estado y de diversas instancias del gobierno federal, que respaldan un despojo de bienes ambientales y agrarios en perjuicio de la comunidad de Zacualpan, en el Cerro Grande, ubicado en los límites con Jalisco.

“Ante  la sistemática criminalización, amenazas, hostigamiento y persecución a los miembros de la organización Bios Iguana AC y el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, integrantes de la REMA en el estado mexicano de Colima; los diversos niveles de gobierno tanto municipal, estatal y federal, han hecho caso omiso de las denuncias, quejas, amparos y otras acciones legales que en el marco de la ley y del Estado de derecho han permitido”, señalan los quejosos en un comunicado difundido este mediodía.

Sin embargo,” las violaciones a las defensoras y defensores [sic] de los derechos humanos por su lucha contra las afectaciones del proyecto minero que se pretende imponer con lujo de violencia e ilegalidades donde participan instancias de los tres niveles de gobierno, siguen manifestándose con toda impunidad pese a contar con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación”.

Por ello, “el pasado 31 de Julio, con ayuda de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Guatemala, se ha llevado el caso ante la CIDH, quien ya ha dado curso al caso y ha solicitado información al gobierno mexicano, así como las medidas cautelares”, añaden.

De este modo, “exigimos al gobierno mexicano un alto a la impunidad, dar curso a las demandas que se han presentado en diversas instancias, y detener la sistemática violación a los derechos humanos contra los defensores y defensoras de derechos humanos en Colima, donde participan los tres niveles de gobierno, desde la Procuraduría Agraria pasando por la Secretaría de Gobierno Estatal; las policías municipal, estatal y federal; el ejército, el congreso local, hasta la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del estado de Colima”.

En Zacualpan hay una disputa por el control de la comunidad indígena que tiene como transfondo una explotación mineral. Las instituciones públicas están enfrentadas a la comunidad que ve detrás del proyecto minero el despojo de su territorio.

Señalan que los gobiernos de Jalisco y Colima, así como el federal, son culpables de omisión por no cumplir en 20 años la recomendación limítrofe de la CNDH.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Los grupos de derechos humanos que operan en la región costa de Jalisco y Colima, cuestionan la “doble moral” del consorcio minero Benito Juárez-Peña Colorada y de los gobiernos de Jalisco y Colima, al chantajear a los ejidatarios de Ayotitlán y conceder el “perdón” por una causa penal endeble por la refriega del 22 de julio pasado frente a las instalaciones de la mina, en busca del objetivo de impedir que el núcleo nahua recupere sus tierras concedidas mediante decreto presidencial de Adolfo López Mateos, en 1962.

“Evidentemente que los ejidatarios desistidos de la demanda de garantías [diez de 33] lo hicieron bajo una colosal presión moral y personal de la empresa, con consigna de que el juez penal ordenaría su detención y condena por 40 años en su contra. La visita constante de las camionetas de Peña Colorada con funcionarios colimenses a sus humildes viviendas, constituye una intimidación y un acoso inaceptable que violenta los derechos humanos de libertad personal, seguridad jurídica y respeto a su propia identidad indígena […] reprobamos esos actos intimidatorios, que podrían combatirse legalmente por ser nulos, dolosos, crueles e inhumanos”, señala una carta a la opinión pública de la que hicieron llegar copia a MILENIO JALISCO.

Con Peña Colorada “la víctima pasó aquí a ser victimario, mediante la influencia institucional y económica del consorcio en los tribunales y la procuraduría de Colima. ¿Cómo puede perdonar a los ejidatarios quien los agredió, con lujo de violencia el pasado 22 de julio del presente año? ¿No es acaso Peña Colorada la que estaría obligada moral y jurídicamente a disculparse con ellos por su alevosía, premeditación y ventaja, al disponer de un operativo represivo…?”.

Los gobiernos de Jalisco y Colima, así como el federal, tampoco están al margen, “el incumplimiento dado a la recomendación 122/95 [de 1995, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos] y a los avances de la Controversia 3/98 de límites Jalisco-Colima […] constituye una burla a la Carta Magna de la Nación y a los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas. Han pasado ya 20 años desde que las autoridades estatales de Colima y Jalisco, aceptaron y se comprometieron a darle cumplimiento a la histórica recomendación del Ombudsman Nacional, y hasta la fecha incumplen al tolerar y permitir discrecionalmente los actos delictivos, discriminatorios, excluyentes e injustos que tradicionalmente padecen el ejido y la comunidad indígena de Ayotitlán, Jalisco, a causa de la imposición de la minería de tajo [a cielo abierto], de la impunidad y de la indefinición limítrofe y territorial”, añaden.

Señalan a la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas (UACI) de la UdeG y a Gaudencio Mancilla Roblada de generar la división interna de la comunidad; “su excelente relación con la minera Peña Colorada, al prestarse al juego del cacicazgo de Colima para salir en defensa de la minería a cielo abierto, es una contradicción que ellos cargan consigo, y que para dilucidar de qué lado nace la división denunciada”.  Firman la Unión de Pueblos de Manantlán, AC; el Frente Regional Pro-Manantlán y Cuenca del Marabasco;  el Instituto de Derecho Ambiental, AC;  la Red Jalisciense de Derechos Humanos, AC,  y la Red Mexicana de Afectados por la Minería.

Ejidatarios del núcleo nahua son presionados para aceptar, tras que el comisariado logró que la asamblea se desistiera de la suspensión que suscitó la refriega del 22 de julio pasado.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La minera Benito Juárez-Peña Colorada, con el apoyo de los gobiernos de Colima y Jalisco, está a punto de echar abajo la acción judicial más peligrosa para sus intereses: el juicio de amparo  462/2013, que reivindica la superficie de dotación del ejido Ayotitlán, de 50,332 hectáreas, de las cuales faltan casi 20 mil ha., parte de ellas, presuntamente, en posesión de la empresa.

Para ello, bajo la figura del “perdón”, el consorcio anunció que se ha desistido de la querella penal 142/2015 contra 33 ejidatarios que el pasado 22 de julio fueron detenidos frente a las puertas de la factoría en reclamo de la ejecución de una suspensión otorgada en ese juicio de garantías. Esto deriva de las “negociaciones” que los gobiernos y la empresa hicieron las semanas siguientes a los hechos, en las que finalmente acordaron con el presidente del ejido, Ernestino Ciprian, que la asamblea ejidal se desistiera del incidente de suspensión, lo que es el primer paso para la “normalización” de las relaciones, que en la visión del poderoso emporio es que se le reconozcan sus propiedades y finalmente se desistan del amparo.

De ese modo, el pasado jueves 8 de octubre, por la mañana, se anunció “el perdón” y se presentó a un grupo de ejidatarios en la capital colimense, quienes agradecían a la minera su bondad al tiempo que criticaban el “engaño” de sus abogados (ver http://www.colimadigital.com/final/index.php?tn=7&n=16233); los “abusivos” abogados son integrantes del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), organización jurídica y ecologista de Guadalajara cuya salida de la sierra de los nahuas es objetivo expreso de los dos gobiernos estatales, quienes ya lograron que los ejidatarios les quiten la representación en el juicio. Los gobiernos acusan al Idea de lucrar con los conflictos; la agrupación responde que defiende intereses legítimos sobre los que ambos gobiernos pretenden pasar para beneficiar a un poderoso grupo capitalista internacional.

Carlos Valentín Veyna Martínez, director general del Idea informó a este diario que han firmado la aceptación de perdón alrededor de 16 campesinos y que están presionando al resto para que lo hagan. La presión lleva a responsabilizar a quienes se niegan a ser perdonados, por la retención, dos meses y medio después, de los vehículos en que se movilizaron los campesinos el día de la refriega, camionetas que permanecen en los corralones del gobierno de Colima.

Irónicamente, la causa penal del gobierno de Colima ya se estaba derrumbando sin necesidad de “perdón”, como lo demostró el amparo concedido al pasante en derecho Eduardo Mosqueda, quien también fue detenido ese día; en esa resolución, el juez no encontró una sola prueba de delito y por eso ordenó su liberación (MILENIO JALISCO, 7 de octubre de 2015). Veyna Martínez informó que se encuentra en marcha otro juicio de amparo a favor de los 33 nahuas, que al tener enfoque similar, “muy probablemente tendría el mismo resultado al de Mosqueda”, lo que dejaría fuera de sentido la gracia de la minera.

El tema de fondo. Según mediciones de INEGI del año 2003, de las 34,700 ha ejecutadas entre 1963 y 1964, sólo están 30,620 en posesión de los indígenas. El juicio de garantías busca que las casi 20 mil ha “perdidas” por medio siglo  sean entregadas a los ejidatarios, y la sospecha es que en parte de estas se ubica el fundo minero (definición: “el terreno amparado por una concesión minera ya sea de exploración o explotación”, ver http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/3181/Capitulo1.pdf) de la mayor factoría de hierro del país, la cual posee unas escrituras de propiedad otorgadas por el gobierno de Colima en los años 90. El amparo pide la aplicación del principio de que “el primero en tiempo es primero en derecho”, a lo que se agrega que los derechos agrarios, según el artículo 27 constitucional y su Ley Agraria, son imprescriptibles.

De ahí las serias posibilidades de que cuando se analice “el fondo” del asunto, los campesinos nahuas puedan obtener justicia a más de medio siglo de la dotación del presidente López Mateos. Y eso sería a costa de los intereses que ha construido el consorcio minero, que fue paraestatal y ahora forma parte del grupo Ternium Arcelor Mittal, de inversionistas indios, argentinos e italianos. El caso se complica con los intereses locales del gobierno de Colima, que siente que su frontera sería alterada si un juzgado de distrito le da la razón a los aborígenes de Jalisco.

EL DATO

Ayotitlán es el núcleo de una antigua comunidad nahua que se asentó en la sierra de la costa del Pacífico de Jalisco antes de la llegada de los españoles; reconocidas en el siglo XVII por el rey de España, se estima que su territorio rebasaba 400 mil ha, pero los títulos primordiales "se perdieron" y el gobierno federal dotó en 1963 un ejido de poco más de 50 mil ha, más una ampliación de 10 mil ha quince años después. Esa superficie sólo se ha entregado de forma parcial a los campesinos; se presume que la minera Peña Colorada tiene en su poder una fracción con abundante yacimiento de hierro

No se acreditaron por el MP y el juez penal los presuntos delitos de los que es acusado en la refriega del 22 de julio frente a la minera.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

A dos y medio meses de su detención bajo acusaciones prefabricadas por la Fiscalía del estado de Colima, el pasante de derecho Eduardo Mosqueda Sánchez, ha sido dejado en libertad por el juez primero de Distrito de esa entidad, en el marco del juicio de amparo 1173/2015-IIIMC, que será notificado en las siguientes horas al Juzgado Primero de lo Penal y las autoridades penitenciarias de esa entidad.

“Lo que sigue es la notificación a las autoridades y a partir de esa fecha el juez tiene 24 horas para cumplir la sentencia; es decir, dejar sin efecto el auto de formal prisión y dictar en su lugar uno de libertad con las reservas de ley por los delitos de privación ilegal de la libertad, robo calificado y despojo […] la justicia federal otorgó el amparo a Eduardo Arturo Mosqueda Sánchez, por no encontrar ningún elemento que acreditara la presunta responsabilidad en la comisión de esos supuestos delitos”, dijo a MILENIO JALISCO la abogada defensora, presidente del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), Raquel Gutiérrez Nájera.

El juzgador federal señala: “De autos se advierte que el inculpado, y los coinculpados [32 ejidatarios nahuas de Ayotitlán], son coincidentes en manifestar que el aquí quejoso, no participó en los hechos que se le imputan; además, contrario a lo manifestado por el juez natural, las denuncias y testimonios rendidos, no conllevan a presumir ni siquiera de forma indiciaria que el aquí quejoso es probable responsable de los delitos por los que se sigue el proceso penal”.

Mosqueda Sánchez fue detenido el 22 de julio pasado, al acompañar a los nahuas de Ayotitlán para la ejecutoria del amparo 462/2013, que determinó que se debían suspender actividades relacionadas con los títulos mineros propiedad de la transnacional Ternium. La autoridad colimense pretendió juzgar a Mosqueda y a los ejidatarios por los delitos de despojo, privación ilegal de la libertad y daños a la propiedad privada del consorcio minero, sin embargo, muchas de estas ”pruebas” fueron prefabricadas por el Ministerio Público, como se demostró con los cheques del presunto pago de rescate, que en realidad eran el pago de la renta de las tierras en disputa (“Nahuas secuestradores, o de cómo Colima fabricó un delito”, en MILENIO JALISCO, 27 de julio de 2015).

El gobierno de Jalisco negoció la liberación de los detenidos, excepto la de Mosqueda. El secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, lo justificó: el abogado engañó a los ejidatarios, pues el amparo no tenía esos alcances territoriales. Sin embargo, dos y medio meses después, no se ha determinado el polígono afectado por la suspensión judicial.

El procurador nacional agrario ha recibido queja de la comunidad de Zacualpan contra María Elena Díaz Rivera, a quien señalan por estar ligada a intereses mineros.

Agustín del Csstillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La dirigencia comunal de Zacualpan, en el Cerro Grande de los límites de Colima con Jalisco –comunidad acosada por proyectos de extracción minera- ha interpuesto queja ante el procurador general agrario, Cruz López Aguilar, en contra de su delegada en Colima, María Elena Díaz Rivera, a quien señalan de prepotencia y abuso de autoridad, y de apoyar a los intereses empresariales con los que están en pugna.

En un documento firmado el pasado 2 de septiembre, las autoridades comunales –encabezadas por Taurino Rincón Lorenzo-, señalan que la delegada “ordenó a Vicente Evangelista Teodoro y Daniel Aranda Vázquez, habitantes de la Comunidad y quienes en su momento encabezaron la toma y posterior bloqueo del acceso a los manantiales de Zacualpan en septiembre y diciembre del 2014 –acto que el comisariado juzga arbitrario e ilegal-,  fijar una convocatoria para una asamblea general de comuneros a celebrarse en la Casa de Usos Múltiples de la Comunidad el día 6 de septiembre de este año a las 10:00 horas, en cuyo punto 4 de la orden del día se puede leer ‘Elección de los Integrantes del Comisariado de Bienes Comunales y Consejo de Vigilancia”, es decir, la funcionaria pretendía una especie de “golpe de Estado” en contra de la autoridad comunal legítimamente constituida.

“Para nosotros, como comuneros e indígenas pertenecientes a la Comunidad de Zacualpan, la omisión y negligencia por parte de todas las autoridades federales, estatales y municipales, incluyendo a la Delegación Federal de la Procuraduría Agraria en Colima, para dar solución al conflicto generado por la imposición de la mina y el despojo de nuestros bienes comunales, como el balneario Ojo de agua, es resultado de política de discriminación que vulnera nuestros derechos con la pretensión de despojarnos de nuestro territorio indígena”, le dicen al procurador.

“el pasado 21 de agosto […] la delegada acudió a la comunidad, a la Casa de la Mujer Campesina, sostuvo una reunión con un grupo de personas vinculadas a Carlos Guzmán Teodoro, expresidente del Comisariado de Bienes Comunales [favorable a la extracción minera, y por ello, destituido en 2014]; al concluir la reunión a la que hacemos referencia en el punto que antecede, la delegada […] tuvo un comportamiento inaceptable para un funcionario público al referirse a un grupo de mujeres integrantes del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan como ‘gente de la baja’ [sic] al tiempo que se refería así misma y a quienes la acompañaban como ‘gente de la alta”.

“Carlos Guzmán Teodoro, durante su gestión como presidente del comisariado de Bienes Comunales, incluyó en la orden día de diversas asambleas, un punto para autorizar la instalación en nuestro territorio una mina de oro, plata, cobre y manganeso a cielo abierto a menos de un kilómetro del área urbana de nuestra comunidad. Detonando con esta propuesta un proceso por la defensa de nuestras tierras en contra de la amenaza de la minería que aun hoy continúa.  En cuatro ocasiones posteriores la asamblea general de comuneros rechazamos la propuesta y no autorizamos la entrada de la mina a nuestro territorio, sin embargo […] Guzmán Teodoro, violando la Ley Agraria y el estatuto comunal, no realizó ni inscribió las actas correspondientes ante el Registro Agrario Nacional (RAN)”.

El 1 de diciembre de 2013, “el aun comisario convoca a una asamblea para tratar nuevamente el asunto de la mina y al verse en clara desventaja cancela la reunión sin justificación evidente. Ese mismo día, quienes nos oponemos a la minería en nuestra comunidad, decidimos llevar a cabo una reunión con comuneros y avecindados donde, de acuerdo a nuestros usos y costumbres, decidimos conformar el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan así como destituir al Comisariado y al Consejo de Vigilancia, y declarar Zacualpan, Territorio Libre de Minería. Igualmente acordamos solicitar a la Delegación Federal de la Procuraduría Agraria en Colima convocara a nueva Asamblea General de Comuneros”.

Ante esta situación, “cansados de la impunidad y de las faltas constantes a nuestro estatuto comunal por parte del comisariado y del consejo de vigilancia y sin la intervención oportuna de la Delegación de la Procuraduría Agraria, el 23 de febrero de 2014, reunidos en asamblea general, ante más de 85 comuneros reconocidos y de acuerdo con nuestros usos y costumbres, decidimos por unanimidad destituir al comisariado, por considerar que sus intereses en relación con la minería, le impiden defender correctamente nuestro territorio comunal. En esa misma asamblea fueron nombradas  como nuevas autoridades agrarias Guadalupe Carpio Rincón, Epitacia Zamora Teodoro y Olivia Teodoro Aranda, lo cual consta en Acta de Asamblea pasada ante la fe Pablo Castañeda de la Mora, Notario Público adscrito a la Notaría cuatro de la ciudad de Colima, Colima. Igualmente, la Asamblea acordó rechazar el proyecto minero y declarar Zacualpan como Territorio Libre de Minería, además de reconocer que el comisariado de bienes comunales es quien debe administrar el balneario Ojo de Agua, propiedad de la comunidad indígena, que durante años estuvo fue administrado por caciques que nunca rindieron cuentas a la comunidad”.

Ante la posterior impugnación de Carlos Guzmán Teodoro, ahora comisariado depuesto, “el Tribunal Unitario Agrario en el expediente 81/2014, emitió una sentencia y declaró la validez de la Asamblea del 23 de febrero de 2014 referida en el punto que antecede. Esta sentencia reconoce además a las autoridades agrarias que elegimos de manera mayoritaria, aunque sólo como autoridades sustitutas, por lo que también ordena la realización de una nueva asamblea para elegir nuevos órganos de representación y vigilancia”.

El 30 de Noviembre de 2014, “en cumplimiento a la resolución de un Tribunal Colegiado, la Procuraduría Agraria, realizó las elecciones agrarias, sin tomar en cuenta a las autoridades electas de manera sustituta y con un gran operativo de seguridad pública, en la que no se permitió la entrada de observadores y prensa. En esta Asamblea se eligió como autoridades agrarias para un periodo de tres años a los suscritos, por lo que los comuneros opositores a la mina en nuestro territorio volvimos a ganar las elecciones. Como autoridades legalmente electas, realizamos una primera asamblea comunal el 28 de diciembre de 2014 en donde los comuneros mandataron a las autoridades agrarias a tomar posesión y administrar todos los bienes de la Comunidad incluyendo el Balneario Ojo de Agua, dos días después, el comisariado acompañado de comuneros recuperaron del Balneario Ojo de Agua; sin embargo, el grupo del ex presidente de bienes comunales Carlos Guzmán cerró el paso al Ojo de Agua y desde ese día no se permite la entrada a visitantes, ni el libre acceso de comuneros”, destacan. El conflicto, así, está lejos de resolverse.

La delegada de la Procuraduría Agraria pretendía imponer asamblea y destituir comisariado.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La comunidad indígena de Zacualpan, enclavada en el Cerro Grande –muy cerca de los límites de Colima con Jalisco- obtuvo una suspensión de plano en el marco del juicio de amparo 1291/2015-III-A, por parte del Juzgado Primero de Distrito de Colima, contra las pretensiones de la delegada de la Procuraduría Agraria, María Elena Díaz Rivera, de realizar una asamblea con el presunto fin de sacar adelante acuerdos favorables a empresas mineras.

El juicio fue interpuesto contra actos de la funcionaria, a la que se le hacen cinco señalamientos: pretender desconocer los órganos agrarios comisariado de bienes comunales y consejo de vigilancia, electos por la asamblea comunal el 30 de noviembre de 2014, “al convocar a asamblea por primera convocatoria para el 6 de septiembre del año en curso sin que existan motivos para hacerlo, sin mediar solicitud de comuneros, así como sus efectos y consecuencias”;  de “intromisión en los asuntos internos de la comunidad […] generando conflictos entre los comuneros al emitir de manera ilegal la convocatoria de fecha 21 de agosto de 2015 […] sin cumplir con las formalidades necesarias…”, señala el texto de la demanda, del que MILENIO JALISCO recibió copia.

Además, la funcionaria pretende “realizar asamblea […] por primera, segunda o ulterior convocatoria, sin que la misma se haya realizado de acuerdo con los requisitos establecidos por ley”, y le reprochan “la omisión de promover y procurar la conciliación de intereses entre los comuneros, en casos controvertidos y conflictivos que se relacionen con la normatividad agraria; como es el caso […] violentando la ley y derechos humanos y generando mayor conflictividad en la comunidad…”.

De este modo, se da otra omisión: “…de  ser garante de la legalidad en las asambleas de los núcleos de población agrarios e impugnar de oficio la nulidad de éstas en los casos en que así lo establezca la Ley Agraria y sus reglamentos conforme al artículo 5 fracción XV del Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria”.

Guadalupe Espinoza, abogado de los quejosos, explicó que el organismo federal deseaba destituir a las autoridades comunales por oponerse a los negocios mineros que presuntamente respalda la titular de la delegación.

Lo cierto es que el juez de distrito consideró que había elementos y concedió la suspensión. “… conforme lo dispone el artículo 126, último párrafo de la Ley de Amparo, dado que existe un indicio de afectación derivado de la propias manifestaciones del comisariado ejidal quejoso, conlleva a conceder la suspensión de plano con la finalidad de evitar la celebración de la asamblea general de comuneros de la comunidad de Zacualpan, municipio de Comala, Colima, a celebrarse el 6 de septiembre de 2015; situación que deberá prevalecer hasta en tanto se resuelva sobre el fondo del presente juicio”. La decisión fue tomada el pasado 3 de septiembre.<

La comunidad indígena de Zacualpan, enclavada en el Cerro Grande –muy cerca de los límites de Colima con Jalisco- obtuvo una suspensión de plano en el marco del juicio de amparo 1291/2015-III-A, por parte del Juzgado Primero de Distrito de Colima, contra las pretensiones de la delegada de la Procuraduría Agraria, María Elena Díaz Rivera, de realizar una asamblea con el presunto fin de sacar adelante acuerdos favorables a empresas mineras.

El juicio fue interpuesto contra actos de la funcionaria, a la que se le hacen cinco señalamientos: pretender desconocer los órganos agrarios comisariado de bienes comunales y consejo de vigilancia, electos por la asamblea comunal el 30 de noviembre de 2014, “al convocar a asamblea por primera convocatoria para el 6 de septiembre del año en curso sin que existan motivos para hacerlo, sin mediar solicitud de comuneros, así como sus efectos y consecuencias”;  de “intromisión en los asuntos internos de la comunidad […] generando conflictos entre los comuneros al emitir de manera ilegal la convocatoria de fecha 21 de agosto de 2015 […] sin cumplir con las formalidades necesarias…”, señala el texto de la demanda, del que MILENIO JALISCO recibió copia.

Además, la funcionaria pretende “realizar asamblea […] por primera, segunda o ulterior convocatoria, sin que la misma se haya realizado de acuerdo con los requisitos establecidos por ley”, y le reprochan “la omisión de promover y procurar la conciliación de intereses entre los comuneros, en casos controvertidos y conflictivos que se relacionen con la normatividad agraria; como es el caso […] violentando la ley y derechos humanos y generando mayor conflictividad en la comunidad…”.

De este modo, se da otra omisión: “…de  ser garante de la legalidad en las asambleas de los núcleos de población agrarios e impugnar de oficio la nulidad de éstas en los casos en que así lo establezca la Ley Agraria y sus reglamentos conforme al artículo 5 fracción XV del Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria”.

Guadalupe Espinoza, abogado de los quejosos, explicó que el organismo federal deseaba destituir a las autoridades comunales por oponerse a los negocios mineros que presuntamente respalda la titular de la delegación.

Lo cierto es que el juez de distrito consideró que había elementos y concedió la suspensión. “… conforme lo dispone el artículo 126, último párrafo de la Ley de Amparo, dado que existe un indicio de afectación derivado de la propias manifestaciones del comisariado ejidal quejoso, conlleva a conceder la suspensión de plano con la finalidad de evitar la celebración de la asamblea general de comuneros de la comunidad de Zacualpan, municipio de Comala, Colima, a celebrarse el 6 de septiembre de 2015; situación que deberá prevalecer hasta en tanto se resuelva sobre el fondo del presente juicio”. La decisión fue tomada el pasado 3 de septiembre.

Disputa por tierras en zona limítrofe Jalisco-Colima. Los ejidatarios han ratificado al Idea como responsable del amparo 462/2013, pero la negociación la encabeza el comisariado ejidal

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

Los ejidatarios de Ayotitlán, los gobiernos de Jalisco y Colima y la empresa minera Benito Juárez-Peña Colorada, de grupo Ternium, no encontraron evidencias de problemas con la renta de 801 hectáreas de la comunidad agraria a la mayor ferrosa del país, que le pretende dar uso para depositar material inerte; por ende, y sólo en relación con ese asunto, se ha determinado que la asamblea ejidal reciba la petición de desistirse del amparo 462/2013. Pero sólo en lo que atañe a ese predio.

El comisariado, que encabeza Ernestino Ciprián Ocaranza, ha recibido la advertencia de los responsables del gobierno de Jalisco de que el Instituto de Derecho Ambiental (Idea), que preside Raquel Gutiérrez Nájera y que ha asignado como asesor del ejido al ex legislador perredista Pedro León Corrales, quede al margen de la mesa de negociaciones. Los dirigentes campesinos, si bien aceptan encabezar personalmente el trabajo de conciliación, notificaron al gobierno que León Corrales mantendrá el trabajo de gestión del amparo, si bien, las mesas determinarán los alcances del mismo.

De este modo, queda pendiente entrar al análisis de 401 hectáreas restantes, materia de la ejecutoria de la suspensión de plano que concedió el juez IV de distrito de Guadalajara contra la aplicación de concesiones mineras, ambientales y de aguas emitidas por el gobierno federal a la poderosa empresa transnacional.
La controversia se sintetiza en los siguientes elementos: la defensa del ejido asegura que las 401 ha propiedad de Ayotitlán son justamente donde se asienta la extracción de mineral, el beneficio del metal y los vertidos de desechos, es decir, las actividades sustantivas de la empresa. Por su parte, esta señala que no hay tal, sino que son terrenos distintos.

El ejercicio, que se pretende culminar el próximo 24 de agosto, demanda poner en plano tanto la superficie ejidal de dotación, que data de 1963 pero se ejecutó en 1977, como las escrituras privadas que el gobierno de Colima entregó a Peña Colorada, las cuales estarían fechadas en 2000, tras un procedimiento expropiatorio

Si se demostrara la trasposición de planos, se tendría que demostrar a quién corresponde el mejor derecho: si a un ejido dotado por el presidente de la república hace poco más de medio siglo, o a la minera cuya escrituración es un proceso más reciente.

Las controversias culminaron el pasado 22 de julio con una trifulca frente a las instalaciones mineras, y 34 detenidos. Jalisco pagó la fianza de 33, y permanece detenido el litigante Eduardo Mosqueda Sánchez, a quien ya se califica en las redes como chivo expiatorio del conflicto entre la Secretaría General de Gobierno de Jalisco y el despacho del Idea.

Conflicto Ayotitlán-Peña Colorada: gobiernos de Jalisco y Colima, ejidatarios y minera reconocen necesidad de localizar la tierra materia de la suspensión judicial que ocasionó trifulca.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Los gobiernos de Jalisco y Colima, los representantes de la minera Peña Colorada y las autoridades legales del ejido Ayotitlán, acordaron hacer los trabajos de gabinete para georreferenciar y verificar si las superficies de 801 y 401 hectáreas que abarca la suspensión judicial concedida en el marco del amparo 462/2013, corresponden o no a zonas de extracción mineral de la mayor ferrosa del país.

En caso de que no sea así, notificar al juez responsable para que levante la medida cautelar y puedan allanarse las negociaciones y el entendimiento entre las partes.

Esto se señala en la escueta minuta levantada tras la reunión realizada el pasado 3 de agosto en palacio de gobierno de Jalisco, donde finalmente se sentó a discutir el tema con las instituciones y el consorcio, los integrantes de las autoridades ejidales del núcleo nahua, presididas por Ernestino Ciprián Ocaranza, según copia del documento en poder de MILENIO JALISCO.

En específico, se determinó la “localización del polígono de las [sic] 801 hectáreas en conjunto con ejidatarios y consorcio minero […] para verificar si esta última se encuentra o no extrayendo material, y demostrar al juez de distrito que dentro de éstas no existe extracción, y si se cumple o no con los alcances del convenio”.

Las cuatro partes, agrega, “consideran pertinente que se active de manera inmediata el reparto de los recursos que por concepto de renta de las 801 ha se pagaron el 22 de julio pasado [los dineros que según la Procuraduría de Colima eran por pago de un rescate por secuestro] , asimismo que se activen los comités para la aplicación de los recursos”.

“Finalizada la localización de las 801 ha y verificado el cumplimiento de los acuerdos, se propondrá a la asamblea de ejidatarios de Ayotitlán levantar la medida cautelar respecto de esas 801 ha en el amparo otorgado 462/2013 del Juzgado IV de Distrito en materia Administrativa y del Trabajo del Tercer Circuito”, añade.

Con esos tres acuerdos cumplidos, “se deberá iniciar la localización de las 401 ha materia de acuerdo entre el ejido y el consorcio minero, para verificar si dentro de estas se cumple con lo estipulado o si se realizan trabajos de extracción”, lo cual se concretará en una reunión el próximo 24 de agosto, en la sede física de la Secretaría General de Gobierno de Jalisco. Como agregado, Colima se compromete a dar facilidades para regresar 24 vehículos incautados a ejidatarios tras la trifulca del 22 de julio.

Con acuerdos un grupo del ejido Ayotitlán buscará desistirse del amparo 462/2013.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El gobierno de Jalisco firmó acuerdos con su homólogo de Colima, con la transnacional Peña Colorada y con el grupo político de Ayotitlán que encabeza el ex dirigente del Consejo de Mayores, Gaudencio Mancilla Roblada, tendiente a perseguir y castigar al grupo “externo” que a su juicio instigó la toma de “instalaciones privadas” de la mina que derivaron en los hechos violentos del 22 de julio pasado.

También se allanó el camino para que el núcleo ejidal se desista del amparo 462/2013 cuya suspensión judicial perjudica los intereses del consorcio minero,  con el cual “no existe conflicto” ni reclamo pendiente.

Estos acuerdos fueron  alcanzados en reuniones realizadas los días 27 y 28 de julio,  cuando no se había resuelto la crisis de 33 ejidatarios y un pasante en derecho detenidos y acusados por Colima, de  forma prefabricada, del delito de “secuestro consumado “, cuyas endebles pruebas no convencieron al juez de  turno, lo que derivó en la liberación de 33 campesinos el pasado 30 de julio.

A las negociaciones no asistió la representación ejidal legalmente constituida desde finales de 2014,  pues los miembros del comisariado no reconocen en Gaudencio Mancilla una representación legal,  además de que trascendió que el gobierno de Colima emitió orden de aprehensión en su contra.

No obstante, los acuerdos -de cuyas minutas posee copias MILENIO JALISCO- se dieron con la aceptación de los ejidatarios habilitados por el gobierno de Jalisco como negociadores, de que se había cometido delitos en perjuicio de la mina y estos podían perdonarse siempre que se acusara a los “externos”, en clara alusión al trabajo de asesoría de Pedro León Corrales y Raquel Gutiérrez Nájera en la asociación civil Instituto de Derecho Ambiental  (Idea).

“Ambos gobiernos acuerdan se inicien las investigaciones referidas a quienes instigaron a la violencia y mal informaron  (...) el gobierno de Jalisco y ejidatarios revisarán y propondrán a la asamblea general la pertinencia de desistirse de las quejas y amparos promovidos en contra del gobierno de Colima y sus diferentes dependencias”, señala una de las minutas.

La promesa del grupo de Gaudencio Mancilla es que cualquier acción futura contra Peña Colorada “se hagan por los cauces jurisdiccionales o administrativos” sin aceptar influencias externas. Ayer en Guadalajara ya se dio un primer acercamiento con el comisariado que promovió ejercer los derechos sobre las tierras controvertidas con la poderosa ferrosa de grupo Ternium.

Hoy amanecieron en sus aldeas de la sierra de Manantlán; no se acreditó “secuestro consumado”, el eje de la acción de la procuraduría local.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Un total de 33 ejidatarios nahuas del ejido Ayotitlán, detenidos tras la trifulca del pasado 22 de julio en la zona de producción de la minera Peña Colorada, fueron dejados libres por el Juez I de lo penal del primer partido judicial del estado de Colima, quien no encontró elementos para consignarlos por secuestro consumado, robo calificado o daños, pero sí les dictó formal prisión por despojo, con lo cual salieron libres tras el pago de una fianza de monto no precisado por parte del gobierno de Jalisco, ayer, alrededor de las diez de la noche.

En el marco de la causa 142/2015 S3, fuentes del juicio aseguraron a MILENIO JALISCO que a los campesinos no los salvó el “perdón” del gobierno de Colima –aunque policías antimotines retiraron cargos y el gobierno decidió no reclamar daños a diez camionetas-; lo fundamental fue la precariedad con que la Procuraduría de Justicia de ese estado integró la investigación, con datos falsos como el supuesto pago de un rescate por secuestro, que se demostró era el pago de una deuda por renta de superficie ejidal por parte del consorcio (ver edición de este diario del 27 de julio de 2014).

La salida de los ejidatarios comenzó alrededor de las 21:45 horas. Un camión pagado por el gobierno jalisciense los esperaba a las afueras, con la misión de trasladarlos inmediatamente a sus comunidades, enclavadas en territorio de Jalisco, a partir del poblado de La Astilla hacia Telcruz y Ayotitlán, en Cuautitlán de García Barragán. Sus representantes en el juicio fueron la doctora Raquel Gutiérrez Nájera, quien preside el Instituto de Derecho Ambiental (Idea), y el abogado Carlos Valentín Veyna, apoyados por la defensoría de oficio del poder judicial de Colima.

Los campesinos liberados son Senorio Flores Hernández, Francisco Monroy  Elías, Rodolfo Pulgarín Cobián, César Orduñez Ciprián, Jovany González Olivares, José Rosales López, Arcadio Nieves Ciprián, Francisco Hermenegildo Sánchez, Fidencio Aguilar Ramos, J. Santos Ciprián Jacobo, Juan Aguilar Díaz, Pedro Ramos Monroy, Mateo Ciprián de Jesús, Francisco Cobián Gómez, Samuel Isabel Flores Martínez, Faustino Cobián de los Santos, Virginio Flores Pulgarín, José Luis Monroy Pulgarín, Víctor Contreras Alonso, Eliseo Nava Justo, Rubén Rodríguez Martínez, Eulogio Flores Aguilar, Pedro Gutiérrez Fernández, Luis de los Santos Rosales, Hilario de la Cruz Elías, José Oliver Flores Martínez, Martín Flores Gerardo, Salvador Flores Contreras, Bernardo de la Cruz Elías, Rubén de la Cruz Ruiz, Santos Ruiz Elías, Pedro Gerardo Deniz y Fulgencio Díaz de los Santos. Todos ellos firmaron los alegatos que sustanciaron la determinación de sólo procesarlos por despojo, aunque sus defensores combatirán legalmente el auto de formal prisión.

En contraste, al pasante de derecho Eduardo Mosqueda Sánchez, integrante del Idea, no ha sido liberado. Habiendo sido el primer detenido en los hechos, se le ha retenido por robo calificado y privación ilegal de la libertad, lo que sorprendió fuertemente a su abogada defensora. En este hecho –que en la tarde ya había sido adelantado por el secretario general de Gobierno de Jalisco, Roberto López Lara- se evidencia la ruptura entre ese organismo no gubernamental que representa a los nahuas en su disputa con la gigantesca minera, y el gobierno de Jalisco: un aparente cobro de facturas por las acciones legales exitosas del Idea contra proyectos de infraestructura multimillonarios en Jalisco, como el Macrolibramiento de Guadalajara, la ampliación del aeropuerto de la ciudad, la urbanización del cerro del Tesoro y el proyecto turístico de Chalacatepec o “nuevo Cancún”, en la costa del estado.

Cada fianza costó 1,200 pesos al erario de Jalisco. Lo más importante: la disputa por el control de Ayotitlán, el gigantesco y marginado ejido de la sierra de Cuautitlán, ha comenzado.