Sitio de Agustín del Castillo

El ejercicio de consulta pública del Ayuntamiento de Guadalajara a los habitantes de 25 colonias de la zona fue solamente una “priorización” de necesidades y obras.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Ni encuestas casa por casa, ni mucho menos para preguntar si se aprobaba ceder superficie pública para acceder al fondo Iconia.

El diablo de los detalles de la consulta pública que aplicó el Ayuntamiento de Guadalajara en la zona norte de Guadalajara confirma lo que los propios líderes vecinales han señalado en estos meses: nadie se niega a que haya parques, escuelas, hospitales y calles dignas. Pero nunca se les pide opinar sobre cómo se va a hacer para financiarlo, lo cual era especialmente pertinente por la naturaleza del negocio.

Resulta que el financiamiento base son 688 millones de pesos que paga Operadora Hotelera de Salamanca, el viejo convenio de Puerta Guadalajara (2006) ahora denominado Iconia: la empresa española construye torres y centros de recreación en el lindero del periférico, utiliza alrededor de 6 hectáreas de las 13 ha originales, y aporta ese capital, el “fondo Iconia”, como pago, con el cual, el gobierno municipal realiza el plan maestro para “cambiar la historia” de esa deteriorada zona popular del norte del municipio, que se asoma a los paisajes más espectaculares del área metropolitana: las escarpadas barrancas del río Santiago.

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¿Obtuvo el ayuntamiento el apoyo de la mayoría de los vecinos dela zona beneficiada? El presidente municipal Enrique Alfaro Ramírez ha asegurado reiteradamente que se trataron de encuestas aplicadas “casa por casa” las que aprobaron los planteamientos, y también había señalado que los dirigentes de colonos habían aprobado todos los componentes del plan.

En ambos casos son verdades a medias. Ni los dirigentes vecinales apoyaron en alguna de las trece reuniones de trabajo que se cediera la superficie del terreno para Iconia a cambio del dinero (ver nota anexa) para financiar el plan, ni las 1,567 encuestas en 26 colonias del polígono (de un total de 10,700 predios registrados, lo que da 14 por ciento de domicilios consultados) preguntan en algún momento si el precio a pagar, ceder esa superficie pública adquirida desde la administración de Arnulfo Villaseñor Saavedra (1980-1982), es aceptable y adecuado.

Esto es especialmente destacable, porque en las primeras reuniones se había abordado la conveniencia de una encuesta, y se había invitado a los propios líderes de colonos a participar en su diseño (ver “Iconia, trece reuniones sin un sí”, en MILENIO JALISCO, 25 de agosto de 2016), pero esa promesa jamás se cristalizó.

En un procedimiento de transparencia presentado por este medio (expediente DTB/3088/2016) en agosto, y respondido el 6 de septiembre pasado por la Dirección de Transparencia y Buenas Práctica del ayuntamiento, se entregaron los datos de la citada encuesta.

Vitrina metodológica: “Encuesta ciudadana aleatoria realizada en 1,567 viviendas de 26 colonias del polígono, de un total de 10,700 predios. Se consultó a ciudadanía [sic] abierta y a organizaciones sociales. Se buscó entrevistar a 50 por ciento mujeres y 50 por ciento hombres. La ciudadanía eligió entre 19 opciones de obra: 12 de rehabilitación y mantenimiento y siete nuevas (en el gráfico se identifican con la letra RM para el primer caso o N para el segundo)”.

El cuestionario simplemente ofrece la posibilidad de enlistar y priorizar obras y servicios: primera parte, “rehabilitación y mantenimiento” para: uno, unidades deportivas; dos, unidades médicas; tres, mercados municipales; cuatro, centros culturales; cinco, señalética; seis, banquetas; siete, paradas de transporte público; ocho, pavimentación y mantenimiento de calles; nueve, plazas públicas; diez, parques y áreas verdes; once, prevención de inundaciones, y doce, otra (descríbala).

Segunda parte, “infraestructura nueva por realizar”: (la lista sigue la sucesión de la primera) trece, construcción de ciclovías; catorce, construcción de centros comunitarios, quince, construcción de espacios culturales; 16, plazas públicas; 17, parques y áreas verdes, y 18, otras (descríbalas).

Tercera parte: ubicación físico geográfica de las cinco obras priorizadas (“ofrecer datos precisos en la medida de lo posible, calle, número, entre qué calles, colonia o fraccionamiento y/o otros datos de referencia”).

El aplicador de la encuesta debía decir, al presentar el ejercicio al ciudadano: “Al Ayuntamiento de Guadalajara le interesa su opinión sobre la obra pública que se requiere en la zona. Por eso quisiera hacerle algunas preguntas acerca de cuáles son las necesidades de su entorno que usted considera más relevantes”. Y si bien, los encuestados por finca son representativos (14 por ciento), a nivel de habitantes baja considerablemente, como es lógico en ese tipo de aplicaciones, pues hay casi 100 mil habitantes en esas 25 colonias.

Los principales resultados se muestran en el gráfico anexo a este texto. El ejercicio es válido como “priorización” ciudadana de obras y mejoras. Pero no como aprobación del convenio que permite privatizar los terrenos de Iconia. Tampoco se pregunta sobre la pertinencia de establecer en otro predio público el recinto para las Fiestas de Octubre, ni si se acepta la cesión al Museo de la Barranca de superficie del Parque Mirador Huentitán.

Conclusión: la encuesta sirve para lo que fue hecha explícitamente, pero no es ninguna socialización ni muchos menos una consolidación de los procesos jurídicos de privatización de bienes públicos en la zona, como lo han destacado los principales críticos del proceso.