Sitio de Agustín del Castillo

Exigen terminar con la anomalía que se vive en Tenacatita. Necesita hacerse valer el artículo 27 constitucional, señala líder popular en La Huerta

Guadalajara. Agustín del Castillo. MILENIO-JALISCO

Los afectados hace un año por el desalojo de Tenacatita, propondrán a los diputados federales la elaboración de una ley reglamentaria que haga obligatorio el acceso libre a las playas, propiedad de la nación, como lo marca el artículo 27 constitucional, informó Salvador Magaña Martínez, líder popular en el municipio de La Huerta.

El 4 de agosto de 2010, los pobladores de Tenacatita tuvieron que dejar sus casas y comercios enclavados frente al mar desde 1960, tras que un juez ordenó el desalojo a favor de la inmobiliaria Rodenas, el cual fue apoyado por un amplio operativo de policías estatales. Desde entonces el acceso al lugar se encuentra restringido.

“El domingo pasado estuve allí, en Tenacatita, y se nota la decadencia; cuando mucho ocho autos pasaron a la playa, porque aún llega mucha gente que desconoce el problema; les dicen cuando preguntan: aquí es una propiedad privada, sólo pueden entrar a la playa si cumplen sus reglas, no moverse más de 50 metros, no llevar bebidas, estar todo el tiempo bajo la vigilancia de la policía, en clara violación al 27 constitucional [...] no pensamos quedarnos así”, indicó Salvador Magaña.

Por eso, el propósito es “acudir a sesión de ayuntamiento de La Huerta y exigir que cumpla su función y abra acceso a las playas; vamos a visitar y mandar escritos a bancadas parlamentarias del Congreso para que se presente una iniciativa de ley que garantice libre acceso a playa y conservación de los litorales, no hay legislación y se está violando el derecho de la gente con ese pretexto”.

Reconoció que al ocurrir en tiempo preelectoral, “van a agarrarlo como bandera política y luego a mandarlo a la congeladora”, pero es un riesgo que se debe correr para normalizar la situación de tantos espacios de litoral mexicano privatizados de facto por empresas privadas y con la anuencia de los poderes públicos.

“Yo veo que ha faltado voluntad, sobre todo del gobierno federal, porque nosotros ya estábamos conscientes de que el gobierno del estado sería totalmente parcial en favor de la inmobiliaria Rodenas, pero el gobierno federal no ha tenido la voluntad de aplicar la ley y de hacer valer el artículo 27 constitucional; y todos sabemos que efectivamente hay ahí un conflicto legal por un predio de 42 hectáreas, pero ellos tienen más de cien hectáreas tomadas, y sobre todo tienen obstruida la carretera, y están evitando el libre acceso a la playa, que es lo que estamos luchando y pidiendo justicia, que haya justicia en este aspecto”, puso en relieve.

Salvador Magaña señala la desazón de los afectados con las frustradas gestiones de muchos políticos, que quedaron en promesa.