Sitio de Agustín del Castillo

Grupos comunitarios, investigadores y organizaciones de la sociedad señalan que el gobierno actual olvidó el desarrollo social.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Un grupo de comunidades, profesionales, académicos, industriales y organizaciones de sociedad civil presentaron esta semana la iniciativa denominada “Bosques con todos” para que sea considerada por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, con diez propuestas de política forestal para el gobierno electo, en busca de dar vuelta de hoja a la gestión de Enrique Peña Nieto, que abandonó en buena medida al sector con magros presupuestos y programas de muy baja calidad para la integración social delos 12 millones de habitantes de bosques y selvas.

Las diez propuestas fueron entregadas a la opinión pública, y son las siguientes: 1. Un plan estratégico de mediano y largo plazo, de carácter vinculante, generado de manera incluyente y participativa, que establezca una política clara para los próximos años. 2 Perspectiva de derechos humanos en la política forestal, lo que incluye la actualización del marco legal y la armonización del mismo con diferentes compromisos internacionales, así como el fortalecimiento de los consejos de consulta ciudadana. 3- Impulso al manejo forestal comunitario, “concebido como modelo de aprovechamiento de bosques, selvas y zonas áridas en forma colectiva y organizada. Incluye la producción forestal sustentable y legal ejecutada y administrada directamente por núcleos agrarios y pequeños propietarios, así como el cultivo, protección, y eventualmente, participación en fases posteriores de agregación de valor con un enfoque integral, orientado a la generación local de oportunidades”.

4. Fomento a la producción forestal sustentable. “Incrementar el presupuesto destinado al sector forestal. Crear un área de fomento especializada en servicios financieros, con bolsa económica garantizada para un financiamiento adecuado y suficiente y con mecanismos para la constitución de garantías y fondos revolventes”. 5- Inversión pública “incluyente, eficaz y transparente, orientada a: a) Manejo forestal sustentable comunitario, encauzado al cultivo, cosecha e industrialización primaria de menor escala en redes locales de valor; b) Industria de mayor escala y complejidad tecnológica”.

6- Conservación y servicios ambientales. “Desarrollar acciones que aseguren y mejoren la provisión de los servicios ambientales en el tiempo: promover el manejo productivo sustentable, el ordenamiento territorial; frenar el avance de agricultura y ganadería extensiva en áreas forestales y fortalecer esquemas de reforestación motivando la recuperación de especies locales y retomando el papel productivo de los acahuales [vegetación forestal que surge de manera espontánea en terrenos que estuvieron en uso agrícola o pecuario]”.

7. Un marco legal “progresista y aplicable”, dado que “la recién publicada Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable tiene inconsistencias que es necesario modificar. Paralelamente, se debe formular su Reglamento y necesario revisar y actualizar las normas oficiales mexicanas existentes para el sector, además de elaborar la norma de evaluación de servicios técnicos forestales”. 8. Una nueva institucionalidad, “que cubra necesidades del sector. Sus objetivos son: gestión participativa; fortalecimiento regional y descentralización; suficiencia gubernamental para atender la agenda y acercarse al terreno; agilizar trámites, supervisión y evaluación técnica y concurrencia intersectorial”.

9. Fomento a la investigación, desarrollo de capacidades e impulso a la asistencia técnica. “Formar hombres y mujeres para generar conocimientos, desarrollar tecnologías y llevar las soluciones al bosque y a sus habitantes, muchos de ellos identificados como grupos en situación de vulnerabilidad”. Finalmente, punto 10, “atención a las agendas de cambio climático, biodiversidad, desertificación y política forestal. México debe destacar en el cumplimiento de convenios ambientales internacionales en materia ambiental; especialmente: la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Convenio de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación, las cuales es necesario atender en materia forestal”.

Los grupos firmantes señalan que “no obstante los recursos y esfuerzos de las administraciones pasadas, el que ahora termina fue un sexenio de pocos avances en política forestal”, de ahí la importancia expectativa por un verdadero cambio “que permita reactivar la producción forestal sustentable”. “La reactivación del sector puede detonar la generación de empleos permanentes de calidad en el medio rural para jóvenes y mujeres, revertir la balanza comercial forestal negativa que rebasa ya los 7 mil millones de dólares anuales y cada año aumenta y garantizar la permanencia y mejoramiento de los recursos forestales y los servicios ambientales que proveen. Para esto se debe hacer transparente y eficiente la inversión pública, así como conciliar la producción forestal sustentable con la conservación del capital natural, en un marco de respeto a los derechos de indígenas y campesinos y demás actores del sector”, señala un documento difundido por el Consejo Civil Mexicano de Silvicultura Sustentable (CCMSS).

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Claves 

Datos alarmantes 

La economía forestal representa menos de 1% del PIB. Asimismo, “se debe revertir la pobreza y marginación en que se encuentran sumidos los 12 millones de habitantes de los territorios forestales fundamentales del país, que son más de 130 millones de hectáreas del territorio nacional”

Jalisco posee alrededor de 5 millones de ha de vocación forestal y arriba de 3 millones con bosque primario o selvas, lo que le dan un enorme potencial. No obstante, esa penas sexto en aportación al PIB del sector, por debajo de Chihuahua, Durango, Michoacán, Chiapas y Oaxaca

Firman la Academia Nacional de Ciencias Forestales (ANCF), Asociación Mexicana de Plantadores Forestales (AMEPLANFOR), Asociación Mexicana de Profesionales Forestales (AMPF), Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), Red Indígena de Turismo de México (RITA) y Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF)

Investigadores de la UdeG y del IPN señalan que el problema no cederá por varios años, por lo que se debe aprovechar.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

La integración de diversos negocios comunitarios, regionales y globales para la industrialización del sargazo, debe ser prioridad del gobierno mexicano si se quiere enfrentar con herramientas de largo plazo la irrupción de sargazo en las playas del Caribe Mexicano, advierte la organización civil Vive Planeta Azul AC, con sede en Quintana Roo. 

“La retirada de sargazo en playa, no será una acción sostenible si no existe un incentivo que haga costeable este proceso, por tal motivo todos los especialistas consultados coinciden en encontrar desde la ciencia y la innovación tecnológica, usos y aplicaciones para producir biocombustibles como alcoholes industriales y biogás, además de la producción de fertilizantes, papel y biopolímeros”, señala en una nota entregada a MILENIO JALISCO, fruto del trabajo técnico de especialistas de la Universidad de Guadalajara y el Instituto Politécnico Nacional (IPN). 

Uno de los modelos más avanzados para la industrialización del sargazo, lo elaboraron Jorge Mendoza Pérez, del IPN, y Francisco Silva Bátiz, de la UdeG. La planta piloto demanda alrededor de 500 mil pesos, pero podría replicarse con costos inferiores a 250 mil, lo que hacen viable la inversión al gobierno federal o del estado, que han anunciado decenas de millones de pesos para atender el problema. 

“Una vez desarrolladas de forma repetida, todas las pruebas necesarias en laboratorio, se encuentra listos para desarrollar la primer planta piloto a escala semindustrial. El objetivo de dichas plantas es desarrollar tres procesos; el primero de ellos es la fermentación alcohólica donde se busca producir con una tonelada de sargazo seco, 300 litros de una mezcla de alcoholes, principalmente etanol. Segundo; con el resto de la biomasa se produciría por combustión en un biodigestor, un biogás de alta calidad. Se considera que con 500 kilogramos de biomasa activada, produciría siete mil litros de gas. Tercero, las cenizas restantes constituirían la base de forraje de alta calidad protéica para el ganado. La posible existencia de metales pesados, no representan un riesgo, ya que en su mayoría dichos metales pesados se eliminarían mediante un baño ácido por el que pasaría la biomasa previamente”, apunta.  Se busca que este modelo de transferencia tecnológica “pueda contribuir al problema del sargazo en playa, y tenga un impacto económico y social en las comunidades locales.

Se busca que las plantas tengas un tamaño suficiente para ser rentabilizadas por un colectivo pequeño, y su costo de construcción sea económico. El etanol y el gas producidos, podría ser empleado como combustibles de vehículos automotores, y calderas y secadoras de la industria hotelera. De esta manera podría construirse un nuevo sistema económico ligado al sargazo que involucraría a hoteles y prestadores de servicios turísticos, y a la comunidad local, buscando que el sargazo pase a ser una amenaza, a un recurso susceptible de ser aprovechado”. 

No obstante, “en los volúmenes estratosféricos de sargazo que ahora llega a nuestras costas, el aprovechamiento para biocombustibles y cenizas forrajeras, sería solo de una pequeña parte, por lo tanto, es necesario se determinen los protocolos para producir abonos agrícolas, y otros procedimientos para manejar de manera inmediata, grandes cantidades de esta macroalga. Solo con conocimiento científico y tecnológico, y buenas decisiones de gobiernos, se podrá salir de esta crisis, cuyo desenlace, aún no conocemos”. 

El avance de la invasión del sargazo en el Atlántico, parece ser una evidencia del calentamiento global y del cambio de régimen de los vientos, corrientes marinas y el clima. “Las invasiones de sargazo se han presentado con un volumen creciente desde 2010 hasta alcanzar niveles catastróficos en el 2015, y afecta a África, Europa, aunque el sur de la Florida y Texas, han empezado a ver sus costas colmatadas de esta macroalga. Sin embargo, es en el Caribe donde la llegada del sargazo ha alcanzado los niveles más dramáticos”. 

El sargazo tiene su origen en el Mar de los Sargazos, el cual está delimitado por el giro del Atlántico Norte, próximo a las Bermudas, y ahora, por el nuevo mar de los Sargazos, el cual se formó recientemente en Sudamérica, al norte de Brasil. “Ahora hay dos mares de los sargazos uno al norte y otro al sur del hemisferio en el océano Atlántico.

Periódicamente, por los meses invernales, manchas de sargazo arribaban a las costas del Mar Caribe, lo que constituía un evento natural, sin embargo en los últimos años, las cantidades de sargazo han alcanzado las 300 toneladas por kilómetro de playa por temporada, lo cual hace difícil su manejo. Sin embargo, la mayor dificultad hasta ahora no es siquiera que no haya un plan de manejo para paliar con ésta situación, sino que los científicos vaticinan que la llegada de sargazo en las playas continuará por varios años”.

RECOLECTAR ANTES DE QUE SE PUDRA 

La investigadora de la UNAM, Mayra Murillo García, quien elaboró un proyecto de recolección de sargazo, sostiene: “esta alga posee ciertas propiedades que brindan la posibilidad de darle diferentes usos en industrias como la farmacéutica, alimentaria, textil, entre otras, obteniendo un beneficio económico. Para poder aprovechar el sargazo es indispensable recolectarlo antes de que comience su proceso de putrefacción, por eso la importancia de diseñar un proceso de recolección del mismo dentro del mar”.

En su tesis de ingeniería, añade: “dicho proceso a su vez deber ser eficiente, amigable con el ecosistema y económicamente factible […] como la excesiva cantidad de sargazo que ha llegado a las costas afecta directamente al turismo dañando la estética del lugar y produciendo mal olor, y a las actividades pesqueras de la región”, lo que hace muy viables los esfuerzos conducentes a su aprovechamiento.

La débil e incompleta manifestación de impacto ambiental de hace diez años obliga al legislativo a impugnar el proyecto.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El impacto ambiental del trasvase de agua de la presa El Zapotillo a la ciudad de León, con un acueducto de 140 kilómetros, y del sobredimensionamiento de la presa de 80 a 105 metros de altura, así como la casi duplicación de la superficie sumergida, que pasaría de 2,100 hectáreas a 3,864, nunca ha sido evaluado.

Nadie sabe a ciencia cierta qué efectos traería sacar casi 120 millones de metros cúbicos de agua desde el río Verde hacia el río Turbio, de qué modo se afecta el territorio con una gran línea de agua que lo corta, qué significa un embalse casi al doble de grande en términos ambientales y humanos, y además, si es ambientalmente sensato mover grandes volúmenes de agua del río Turbio al lago de Chapala, si bien, por ser parte de su cuenca, esto debería suceder de forma cotidiana (y no necesariamente es positivo: el Turbio es uno de los ríos más contaminados de todo El Bajío, y ha tributado siempre al Lerma).

“Aun cuando los cambios que se realizarán al proyecto original incrementarán la superficie del embalse, de 2,100 ha a 3,864 ha, el sistema ambiental regional que se delimitó en la Manifestación de Impacto Ambiental (SAR), que se elaboró para aquel proyecto, no se modificará. Esta afirmación tiene como base el hecho de que los mencionados cambios en el diseño de la obra sólo impactarán una parte del SAR y lo harán sólo en el incremento de la eliminación de una parte de la cubierta vegetal y de suelo, aspectos que, debe decirse, ya se evaluaron en el documento de la MIA anterior y que ya tiene una resolución en Materia de Impacto Ambiental por parte de la DGIRA [Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental]”, dice el documento Modificación al Proyecto: Presa El Zapotillo, para Abastecimiento de Agua Potable a Los Altos de Jalisco y a la Ciudad de León, Guanajuato, elaborado por la Comisión Nacional del Agua .

El documento añade más adelante que los impactos ambientales ya están dados por la ganaderización de la región, “podría señalarse, en una primera aproximación a describir el escenario futuro de la región del Sistema Ambiental Regional, que de no cambiar los procesos de trabajo y las relaciones sociales de producción que aún rigen la forma de apropiación de los recursos naturales, aún sin la construcción del proyecto, no se prevé ningún indicio de recuperación o rehabilitación del ambiente natural del Sistema Ambiental Regional del proyecto a una condición menos deteriorada, y si por el contrario, con las premisas antes anotadas se puede asegurar que en un futuro, a corto y mediano plazo, se presentará una tendencia a profundizar más los daños del sistema ambiental” (disponible en la dirección electrónica ftp://ftp.conagua.gob.mx/zapotillo/07.%20Estudios%20Ambientales/7.02.%20Impacto%20Ambiental%20Federal/7.02.02.%202009-Ampliacion%20MIA/Ampliacion/04%20capitulo%20IV%20Ampliacion.pdf).

Esta clara señal de responsabilizar a los productores del daño ambiental y no señalar impactos reales de una obra de gran infraestructura, ocasionó grandes dudas entre los académicos que trabajaron el Informe técnico sobre propuestas para la Gestión Integral y Sustentable del Agua en Jalisco, en el contexto del proyecto de la Presa El Zapotillo, cuya publicación definitiva acaba de hacer el Congreso del estado.

“En relación a la manifestación de impacto ambiental en la modalidad regional del proyecto Presa El Zapotillo, para abastecimiento de agua potable a los altos de Jalisco y la Ciudad de León, Guanajuato, elaborado, a saber, por La Peninsular Constructora SA de CV, empresa dependiente de Grupo Hermes, autorizado por la Semarnat mediante oficio SGPA-DGIRA-DDT-1310/06 de fecha 22 de junio de 2006 […] se perciben importantes carencias o deficiencias”, entre las cuales, destacan:

“Por determinación de la autoridad se dejan de analizar todos los efectos ambientales de aumentar la presa en su cortina más allá de los 80 metros originalmente planteados en el estudio analizado. Esto implica, de origen, la inutilidad del estudio para ofrecer datos confiables y oportunos respecto de los impactos ambientales reales de la obra (si fuera el caso a 105 metros) y sus efectos asociados. A pesar de ser una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de carácter regional y que por su naturaleza implicaría el análisis de los impactos precisamente en lo que se denomina un sistema ambiental regional y siendo el caso que el transvase implica o puede implicar importantes impactos tanto a la cuenca receptora como a la cedente, en la práctica la delimitación del área de influencia del estudio se constriñe a 120 kilómetros cuadrados a los márgenes del cauce del río Verde, sin que se defina este sistema ambiental regional ni se mencione o caractericen los aspectos que sean relevantes a analizar de la cuenca receptora que, para efectos del estudio simplemente no existe , por lo que en lo que respecta a este punto puede considerarse un estudio puntual y no regional como demanda el caso”, señalan en el documento, en poder de MILENIO JALISCO.

Así, “dichos impactos adicionales no fueron medidos, ni compensados o mitigados. Este solo aspecto pone en entredicho la efectividad del estudio y su posterior autorización por parte de la federación para garantizar que los impactos ambientales fueron satisfactoriamente analizados si la presa fuera a construirse a 105 metros. Destaca el hecho de que no se realiza ningún análisis de alternativas al proyecto a pesar de ser requerido en las guías mínimas que al respecto emite Semarnat para este tipo de estudios. En general, los efectos del transvase en todos los componentes de los sistemas bióticos y abióticos, así como en sus impactos ambientales con referencia a la cuenca receptora no se encuentran suficientemente estudiados o simplemente no fueron considerados”.

El planteamiento “está establecido de manera tal que impide el análisis de los principales impactos ambientales atribuidos a una obra de esa naturaleza, presa y trasvase. El documento aprobado no permite observar que los principales impactos no están solo en la construcción en sí de la presa sino en los efectos asociados de la obra en su conjunto en razón del territorio a intervenir, primero directamente [zona de influencia] con la inundación, almacenamiento, fragmentación de ecosistemas y demás y, segundo, en un nivel macro dentro del sistema ambiental regional que implica modificaciones en la subcuenca cedente y receptora”.

Así “entonces la lógica del estudio subestima precisamente los impactos los cuales de por si no podrían ser debidamente mesurados y compensados por la pobreza misma del capítulo descriptivo y por todos los impactos asociados al aumento de la altura de la cortina que fueron exentados por la autoridad”.

De ahí la pertinencia de la nueva controversia para atacar el impacto ambiental. Incluso la presa a 80 m no analiza el impacto del acueducto.

Presenta Congreso reclamación 

Los diputados de Jalisco interpusieron un recurso de reclamación contra el desechamiento de la demanda de controversia constitucional 116/2018, contra el proyecto de la presa El Zapotillo, debido a que el ministro instructor no habría analizado los argumentos aportados por los legisladores, en especial, en el tema de las omisiones de los ejecutivos federal y de Jalisco en el tema del impacto ambiental y de la cesión de derechos de vía para el acueducto El Zapotillo-León, de los cuales se hace conocedor el Congreso apenas el pasado mes de mayo de 2018, lo que acreditaría que no hay plazo aún vencido.

Congreso actualiza conclusiones de expertos asesores de la comisión legislativa con el propósito de que sea norma del trabajo legislativo

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Al día de hoy, “no existen procesos adecuadamente definidos y desarrollados en ninguna de las etapas de política pública en torno al proyecto de la Presa El Zapotillo”. No lo dicen los críticos de la sociedad civil que han denunciado por años la imposición del proyecto de infraestructura, sino el Congreso de Jalisco a través de los asesores de su comisión especial del agua, que ha generado la publicación definitiva del documento elaborado en el curso de 2017, apenas hace un mes.

La intención es que ese análisis sea base para desarrollar nuevas discusiones y una legislación que lleve a la realidad la demanda más importante de la sociedad y de los ambientalistas en el país: la gestión integrada del recurso agua, y no el modelo actual, en que prevalece la oferta a través de infraestructura, que provoca graves distorsiones en el desarrollo entre las regiones y la macrocefalia urbana de Guadalajara, que ha rebasado cinco millones de habitantes. 


“En primera instancia, se carece de elementos a nivel de formulación y diseño de una política pública integral y sustentable en la gestión del recurso hídrico. En segundo lugar, el problema público ambiental no está bien definido. La narrativa y los esfuerzos en definir el problema se han concentrado en la falta de abastecimiento de agua para la Zona Metropolitana de Guadalajara, los Altos de Jalisco y Guanajuato. Definido así el problema público, su solución pareciera ser lineal: construir un proyecto de infraestructura que dote del vital líquido a las ciudades y regiones. Por el contrario, el problema público es complejo, multidimensional y debe ponerse en el centro del problema la gestión integral del agua en la región de Los Altos y en la Zona Metropolitana de Guadalajara, con todas sus relaciones multicausales y bidireccionales que se desarrollen a lo largo de las dimensiones económicas, sociales, ambientales y de gobernanza ambiental alrededor del proyecto”, señalan.

La “gestión integrada de los recursos hídricos por cuenca hidrológica” implica “esta visión y consideración sistémica. El proceso para definir adecuadamente el problema y por tanto la búsqueda de soluciones económicamente viables, socialmente incluyentes y ambientalmente sustentables es a través de procesos deliberativos incluyentes y con múltiples actores y facilitadores. Los esfuerzos en este ámbito han sido insuficientes y fragmentados. Consecuentemente, bajo cualquier escenario de política pública integral del agua y con la información disponible en torno a la Presa El Zapotillo, los efectos en la fase de implementación del proyecto no conducirían a un escenario de desarrollo sustentable”.

El Informe técnico sobre propuestas para la gestión integral y sustentable del agua en Jalisco en el contexto del proyecto de la Presa El Zapotillo fue elaborado por los expertos Carla Delfina Aceves Ávila, Tomás Ávalos Sánchez, Marco Antonio Berger García, Hugo Briseño Ramírez, Sergio Humberto Graf Montero, Heliodoro Ochoa García, Carlos Armando Peralta Varela, y Mara Nadiezhda Robles Villaseñor, académicos de la Universidad de Guadalajara, la Universidad Panamericana, la Universidad Tecnológica de Jalisco y el Iteso.

SIN JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 

“Desde la perspectiva de la política y la gestión ambiental, los instrumentos y metodologías ambientales han sido insuficientes e inadecuadamente aplicados u omitidos. Un problema de origen que no se evidencia por autoridad alguna consiste en la Manifestación de Impacto Ambiental que pretende sustentar el proyecto, que es inconsistente respecto a la defensa de la construcción de la presa a 105 metros, de un acueducto y del trasvase entre cuencas. Asimismo, el instrumento que existe considera el proyecto fragmentado. Esto impide la ponderación integral de los efectos de todas las acciones y lo aprobado no permite evaluar los efectos del megaproyecto en su extensión y alcances reales”, subraya el documento, del cual posee copia MILENIO JALISCO.

Es decir, “la ponderación de las autoridades es la de un proyecto de infraestructura, no la de una intervención ambiental y social que alterará procesos ambientales, sociales, y que no considera asertivamente las consecuencias de todo lo anterior en el ciclo hidrológico aplicando el principio de gestión integrada de los recursos hídricos por cuenca hidrológica que señala con claridad la normativa especial aplicable. De forma similar, la información relativa a la evaluación costo-beneficio social del proyecto –incluyendo todos sus subproyectos potenciales como el trasvase, los ramales y las plantas de tratamiento- debe ser actualizada”.

Por otra parte, “la legislación vigente se refiere con claridad a que los usos del agua en las cuencas hidrológicas, incluyendo los trasvases entre cuencas, deben ser regulados por el Estado. Sin embargo, no existe una normativa ni al momento de acordarse el trasvase entre cuencas por los actores de Estado, ni tampoco en el momento actual sobre el particular, en sentido técnico respecto del balance hídrico. Tampoco se observan condiciones claras y que con transparencia justifiquen tanto la posibilidad de la cuenca donante como la necesidad de la cuenca receptora, ni las medidas de mitigación que pueda conllevar esta acción en razón de sus repercusiones, al menos ambientales”.

Más aún, “toda la información hasta ahora observada demuestra con claridad que en la cuenca pretendidamente donante no existen las condiciones de excedente hídrico en la cuenca, que permitirían pensar en un posible trasvase sin menoscabar los procesos ambientales. Desde nuestra perspectiva metodológica es difícil entender el razonamiento de las autoridades en este proyecto toda vez que no se observa con claridad la aplicación de los elementos esenciales que evidencien una gestión integrada de los recursos hídricos ya sea tanto superficiales como del subsuelo”.

NO SE VE INTERÉS PÚBLICO 

A dos décadas de la gestación del proyecto “aún no es demostrable la supremacía del interés público superior o primordial. Por tanto, los desplazamientos forzados internos no se encuentran debidamente justificados. En el caso que implica el proyecto de infraestructura hidráulica de la Presa El Zapotillo, no está claramente definido ni sustentado que el Derecho Humano de acceso al agua en cantidad y calidad adecuada que se argumenta como bien público superior, se obtenga a través de la construcción de dicha infraestructura”. 


Consecuentemente, agrega, “mientras no esté debidamente demostrado, deliberado y socializado que el bien mayor de acceso al agua sea superior a las inversiones económicas hasta ahora realizadas (así como las pendientes de realizar), la obra no es justificable desde el punto de vista social, económico o ambiental aún en la etapa actual de avance en el desarrollo y erogación de inversiones ya realizada en la construcción del proyecto”.

La necesidad es “cortar el nudo gordiano generado por la opacidad e ineficiencia en la ejecución del proyecto”, lo que “implica la búsqueda de soluciones innovadoras. Ya muchos actores, incluyendo el gobernador del estado de Jalisco, han señalado que el problema del agua se debe abordar de una manera integral donde la eficiencia en el uso del recurso, el diseño de un nuevo arreglo institucional para su atención, el establecimiento de una nueva gobernanza para su gestión, diseño y puesta en operación de instrumentos económicos y de política pública, y la creación de mecanismos efectivos para una participación colaborativa y la responsabilidad efectiva en el tratamiento de las aguas residuales, son premisas fundamentales para lograr la sustentabilidad en el aprovechamiento del agua”.

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Claves 

CASCADA DE INTERROGACIONES PENDIENTES 

1 ¿Ya inició el Gobierno del Estado el diseño de esta nueva ingeniería institucional para dar certeza del cambio necesario para la gestión integral del agua y sus cuencas?

2 ¿Qué certeza tenemos de que en el futuro no tendremos nuevos proyectos como El Zapotillo que merman la gobernabilidad alrededor de un recurso cada vez más escaso?

3 ¿Debería hacerse una comisión que transparente todo lo relativo a la presa El Zapotillo para darle certidumbre social?

4 ¿Deberían de establecerse mesas de trabajo interdisciplinarias que provean de mejores insumos y mejores procesos para la decisión en torno al futuro del proyecto Presa El Zapotillo, el trasvase a León y la gestión integral del agua?

5 ¿Qué escenarios alternativos podemos construir en torno a la gestión integral del agua para la Zona Metropolitana de Guadalajara y Jalisco tomando como caso de estudio el proyecto Presa El Zapotillo?

6 ¿Qué pasaría si se difiere o cancela el proyecto?

7 ¿Cuánto cuesta al estado de Jalisco cada día que no funciona la presa El Zapotillo?

8 ¿Cuánto cuesta a Jalisco la ausencia de una gestión integral y sustentable del agua que haga innecesaria la construcción de presas como El Zapotillo?

9 ¿Hay una opción jurídica para construir una cortina de 105 metros a pesar del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?

10 ¿Se puede modificar el decreto, en especial el porcentaje de agua para León?

11 ¿Qué implicaciones tendría la suspensión del trasvase para que de darse la construcción a 105 metros se abastezca de agua a la ZMG con el agua que correspondería a la ciudad de León y que esa misma cantidad se disminuya de la extracción del Lago de Chapala con las consecuentes compensaciones?

12 ¿Cuál es el costo económico de adaptación de la cortina de 105 a 80 metros?

13 ¿Qué escenarios económicos, ambientales y sociales tendrían que replantearse ante la conclusión de la Presa –en sus dos posibles alturas- sin trasvase?

14 ¿Es inevitable el desplazamiento de las poblaciones Acasico, Palmarejo y Temacapulín con la altura de la cortina de la presa a 80 metros?

Fuente: conclusiones del Informe técnico sobre propuestas para la gestión integral y sustentable del agua en Jalisco en el contexto del proyecto de la Presa El Zapotillo.

Jalisco es uno de los estados con menos población indígena, aunque altamente diversificada; no obstante, 11.1 por ciento de sus moradores reclaman esa condición.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Jalisco es un muestrario de la riqueza cultural indígena de México, no obstante que solamente 1.2 por ciento de sus habitantes son reconocidos por el Estado mexicano como descendientes de los aborígenes que poblaban el país antes de la llegada de los españoles. 

Pero un dato sorprendente es que 11.1 por ciento de los moradores de la entidad se reivindican como indígenas, de acuerdo a la estadística del INEGI analizada por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, publicada en “Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de México”.

De este modo, de acuerdo al conteo de 2015 del INEGI, 52,170 hombres y 50,195 mujeres, un total de 102,952 personas, conforman el conglomerado de “pueblos originarios” que habitan desde las sierras escarpadas del norte y sur del estado, hasta los valles agrícolas y las ciudades más importantes, especialmente, el área metropolitana de Guadalajara y Puerto Vallarta. Son miembros de 39 grupos étnicos, de 67 que tiene el registro del INEGI, y los números de su acceso a los servicios básicos, a la salud y la educación, y a niveles salariales, los ubican, como es ampliamente conocido, en el sótano de la calidad de vida estatal y nacional

Pero lo que llama la atención es que la “autoadscripción” apenas es estudiada, pese a que significa diez tantos la población reconocida explícitamente por el Estado mexicano. 872,531 personas de Jalisco le dijeron al INEGI en 2015 que son indígenas. Esto relativiza fuertemente la idea de que asumir la condición de indígena es reconocer precariedad y aceptar ser discriminados (lo cual indudablemente sucede), pues para nueve jaliscienses no reconocidos como aborígenes por el estado, ser indígena es mejor que no ser.

“La autoadscripción es un concepto jurídico que alude a la capacidad de una persona a considerarse parte de un grupo indígena, lo anterior de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, es el propio Estado quien sigue manteniendo el poder único para delimitar las características objetivas de quién deberá considerarse indígena. Aunque el artículo segundo establece el respeto a la autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas, el Estado Mexicano mantiene una tendencia jurídica monista, en la cual solo él determina cuáles, y para quién son las normas jurídicas, todo esto a pesar de plantear un discurso multiculturalista en la legislación nacional”, observa la investigadora Yuteita Valeria Hoyos Ramos, Estudiante del Programa de Maestría en Derecho Constitucional y Amparo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

La académica cita el protocolo de actuación “para quienes imparten justicia en casos que involucren personas, comunidades y pueblos indígenas”, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos.

“…Las personas y los pueblos indígenas tienen derecho a pertenecer a una comunidad indígena y a determinar su identidad y pertenencia conforme a sus costumbres. La autoadscripción es el criterio para determinar si una persona es indígena, pues la definición de lo indígena no corresponde al Estado. Es prerrogativa de quienes tienen conciencia de pertenecer a un pueblo o comunidad indígena definirse como tales. 

En tal sentido, la autoadscripción es el acto voluntario de personas o comunidades que, teniendo un vínculo cultural, histórico, político, lingüístico o de otro tipo, deciden identificarse como miembros de un pueblo indígena reconocido por el Estado nacional”.

La “autoadscripción” tiene efectos jurídicos que lentamente se van reconociendo en la vida judicial de Jalisco y México. Lo que hace pensar que pronto podría cambiar la forma de analizar el problema.

Una jurisprudencia 

“Los conceptos de ‘persona indígena’ o ‘pueblo indígena’ empleados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si bien tienen un significado de sustrato esencialmente antropológico y sociológico, lo cierto es que también poseen uno jurídico tendente a identificar a los destinatarios de las prerrogativas que la Ley Fundamental establece en favor de dicho sector. Por ende, este alto tribunal determina que la ‘autoconciencia’ o la ‘autoadscripción’ realizada por el propio sujeto, debe ser el criterio determinante para establecer cuándo una persona es indígena. De esta forma, será persona indígena quien se autoadscriba y reconozca a sí mismo como tal, lo cual implica asumir como propios los rasgos sociales y las pautas culturales que caracterizan a los miembros de las comunidades indígenas. Circunstancia que no deviene ilegal ni arbitraria, mucho menos ambigua o imprecisa, al ser congruente con el artículo 2, párrafo tercero, constitucional”. Jurisprudencia 2005027. 1a./J. 58/2013 [10ª] Primera Sala. Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Pág. 278.

El jalisciense Francisco Mayorga Castañeda sostiene la necesidad de “desideologizar” el desafío del desarrollo rural, no romper su creciente integración a otros sectores, ni temer al fracaso del TLC.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Si el mexicano promedio de esta época comiera igual que hace un siglo, en los tiempos de la revolución y el porfiriato, no se estaría discutiendo hoy de soberanía o autosuficiencia alimentaria, señala sin ironía el ex secretario de agricultura y ganadería de dos administraciones presidenciales, el colotlense Francisco Mayorga Castañeda.

“Yo creo que son etapas de la vida de una sociedad; cuando las comunidades estaban aisladas, pensemos en el México de Díaz, a principios del siglo XX, esas comunidades tenían que autoabastecerse, porque las comunicaciones eran muy complicadas; en la medida en que se facilitan las comunicaciones se genera intercambio, de forma natural, así que ese concepto se va minimizando […] yo digo que si México se siguiera alimentando, hoy en 2018, como en 1918, seríamos autosuficientes por mucho, porque tenemos suficiente maíz blanco para las tortillas, tenemos suficiente frijol, tenemos chile, tenemos carne para comer algún día de la semana […] se alimentaban de nopalitos y verdolagas, con un caldito cinco o seis días a la semana, y carne de res o de puerco, o pollo, en una sola ocasión”, sostiene el empresario, en entrevista con MILENIO JALISCO.

La realidad cambió, pero no solamente respecto a la dieta. La producción se tecnificó e incorporó nuevos paquetes tecnológicos; la globalización dio grandes oportunidades de nuevos mercados a productores mexicanos, pero hizo dependiente al país de alimentos producidos en otras latitudes; los mercados se hicieron complejos al establecerse precios en las bolsas, lo que obligó a mejorar financiamientos; al aumentarse la producción en monocultivos, se expuso la agricultura fuertemente a los problemas climáticos, lo que obligó al aseguramiento ante riesgo de desastres.

El gobierno creció su incidencia en el sector: dejó de regular el mercado con precios de garantías, imposible en el contexto de competencia internacional, pero ha generado instancias que asesoran a los productores y que favorecen la integración de cadenas de valor y mejores condiciones de negociación, sin dejar de transferir subsidios. La crisis ambiental ha subrayado el valor de los servicios ambientales: la agricultura y la ganadería están insertas en el territorio, y obligan a integrarlos a otras actividades económicas. El tema es entonces el desarrollo rural: el bosque, la selva, el pastizal, el campo agrícola, el potrero, con el eje transversal del medio ambiente, es decir, de la realidad concreta, física, temporal.

Cómo garantizar el agua, la fertilidad del suelo, el control natural de plagas y la calidad climática que demandan las actividades agropecuarias, sin perder la conexión de otros temas importantes como la calidad de la mano de obra (especialización), la investigación e innovación, el acceso a mercados locales y globales. Eso es nada menos el reto de la nueva administración.

Por eso, Mayorga Castañeda encuentra esencial que se aclaren los términos de la oferta política que el nuevo presidente ha hecho en temas como soberanía alimentaria, descentralización de la Sagarpa, recuperación del mercado interno. ¿Qué es de todo esto, en verdad, lógico y posible?

Somos lo que comemos 

La mesa del mexicano de esta época es el mayor reto de cualquier “autosuficiencia”, destaca Mayorga. “Ahora nadie come ya nada más una vez a la semana o a la quincena carne; y además, está el tema de los alimentos que no se pueden producir en México; tampoco hay suficiente trigo, la gente redujo el consumo de tortilla y aumentó el consumo de harinas de trigo; antes el arroz era a diario, en cualquier casa había, y ahora se consume muy poco […] al ir cambiando las dietas, al ir cambiando el poder adquisitivo, al sumarse al trabajo la mujer, y la familia consumir con frecuencia fuera de casa, todos estos conceptos sufren una transformación enorme…”.

De este modo, hay cosas que se pueden lograr, y cosas que no. “Por ejemplo, podríamos tener leche fluida para todos, pero a lo mejor no tendríamos suficiente mantequilla para la repostería, tendríamos que importar mantequilla aunque todo mundo tuviera leche; antes se decía que la leche era buena para todo mundo, ahora que solo para los niños y ancianos, entonces van cambiando hasta los conceptos mentales; si ves un refrigerador de Oxxo, la parte de bebidas quizás sea ya más importante que la de alimentos, a través de las bebidas quieren darte un licuado con todos los nutrientes, quieren darte un energetizante, quieren hidratarte, y ese tipo de alimentos traen insumos importados”.

Es decir, “si yo quiero una bebida de manzana, no hay suficientes manzanas en México; las manzanas requieren zonas de frío, entonces las traemos de Chile, las uvas las traemos de Chile, los duraznos de Chile y de California; pistaches, almendras, cosas que están ya en la alimentación diaria, que recomiendan los nutriólogos, el vino, el aceite de oliva, todos los aceites vegetales los traemos de fuera; entonces cómo sustituimos todo eso a la vez, yo digo que tenemos en el cuerpo un 50 por ciento de lo que se importa, ¿podemos ser autosuficientes en puercos?, ¿qué hacemos, cerramos la frontera, aumentamos la producción?, ¿pero qué le vamos de dar de comer a esos puercos?, si en este momento importamos más de 15 millones de toneladas de maíz, vamos a necesitar más de 18 millones de toneladas para poderlos alimentar también”.

- La dieta del ganado cambió, hace un siglo sólo comían pastos…

- Así es, si hasta a las mascotas ya las hicimos vegetarianas; perros y gatos, que antes eran carnívoros, ahora consumen granos, pastas gelatinosas, y si usted quiere, extractos de ave, de pescado, que de hecho son importadas, son productos muy elaborados; por eso digo que con una alimentación muy sencilla, sí podríamos ser autosuficientes desde hace buen rato, pero si se complica el cuadro de consumo, si la gente tiene más poder adquisitivo, si está comiendo fuera de casa, empiezan a cambiar muchas cosas.

Mayorga Castañeda, que encabezó la cartera en dos momentos durante las administraciones de Vicente Fox Quesada y de Felipe Calderón Hinojosa, tampoco encuentra muy pertinente apostar por un paquete básico de productos. “Se puede, pero tiene un costo: por ejemplo, las reservas, llevar inventarios de granos, de cárnicos, tiene un costo tremendo, porque hay mermas, hay cambios de hábitos; puedes almacenar 100 mil toneladas de frijol pinto, pero la gente quiere frijol negro, así que por más que lo tengas almacenado no va a satisfacer la necesidad; en el norte del país al gente consume tortillas de harina, y van a decir, queremos nuestra reserva de trigo; y con el trigo tenemos ya ahora un problema serio de trigo panificable y de trigo cristalino, porque el producto no cambia de cristalino a panificable, pero es más sencillo de producir el trigo cristalino”.

- Sin olvidar que el trigo requiere de más agua, y es un bien que tiende a escasear en las zonas productoras.

- Así es, hay un montón de factores, del lado de la demanda, del lado del clima; le citaré el ejemplo de Brasil, que es una potencia agroalimentaria: pero su clima no le permite producir trigo, y habría que preguntar, ¿está mal que Brasil importe trigo?, o el caso de China, que es el país de origen de la soya, es autosuficiente en maíz, pero importa 90 por ciento de la soya, porque si quiere ser autosuficiente en maíz y en soya, no le dan sus recursos […]China es el mejor ejemplo de un país tradicional que cambió con la prosperidad económica: come hoy más carne, más leche y lácteos. Igual que el resto de Asia oriental, cuya dieta básica del pasado era arroz y pescado.

- Entonces, ¿se trata de desideologizar esta cuestión?

- Así es, e incluso con el peor de los escenarios en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que fracasara, tenemos otro tratados y otras relaciones que nos permitirían estar tranquilos, hay nuevas fuentes de abastecimiento, toda la zona del este de Europa, la cuenca del Danubio, está creciendo de manera bárbara; ahí tienen grandes extensiones, un clima excelente, y vías de comunicación rápidas, están regresando tras el fracaso del socialismo como grandes exportadores del mercado de granos, girasol, maíz , trigo, en diferentes variedades. Así que lejos de que se reduzcan nuestras fuentes de abastecimiento en caso del fracaso del TLC, tenemos muchas opciones.

Globalización, la renuncia imposible 

La crisis venezolana viene de mucho antes de Hugo Chávez: se pensó que el auge petrolero sería permanente, y no se supieron diversificar económicamente. México aprovechó mejor la crisis de los precios y tiene una economía más robusta y considerablemente más variada. “Yo estuve en Colombia en 1979, y fui a ver un esquema que se llamaba fondos ganaderos, y ya desde entonces la región de Los Llanos, en frontera con Venezuela, era mercado de todo el ganado colombiano; los venezolanos se habían desentendido del campo, desde entonces.

- ¿Se puede salir de la globalización y del mercado internacional?

- Si cayó la cortina de hierro, el experimento socialista, fue por hambre. Yo recuerdo que en 1979 estuvo aquí un grupo de empresas francesas, trabajando con nosotros, con mi familia, buscando oportunidades en el sector agropecuario, y ya para armar un proyecto en Jalisco les hablan de Francia, ‘vente porque hay crisis en Polonia, no tiene alimentos’, así que el gobierno francés se ofreció a apoyar a Solidaridad, con leche Walesa, porque estaban a punto de reventar, ¿qué dice esto? La gran ineficacia de las fronteras cerradas. Recuerdo cuando estaba estudiando en el Itam [Instituto Tecnológico Autónomo de México], decenas de barcos de Estados Unidos para Rusia, porque estaban con una mala cosecha, y siendo archienemigos, estaba la Guerra Fría, había que apoyar por humanidad: los rusos no tenían para comer.

Descentralización compleja 

El ex secretario de agricultura advierte: “toda la Sagarpa está descentralizada, es la secretaría que tiene más presencia fuera de la Ciudad de México […] todos sus organismos tienen mucho foco afuera; Aserca que se ocupa de comercialización Senasica es sobre inocuidad y sanidad; Siap, sobre información alimentaria; Inapesca atiende la pesca, Inifap sobre investigaciones forestales, agrícolas y ganaderas; toda esta estructura está diseminada, y tenemos los distritos de desarrollo rural y lo Caders [Centro de Apoyo al Desarrollo Rural], como unidad territorial mínima…”.

Mayorga Castañeda ve riesgos en dos sentidos: el primero, que se rompa el proceso gradual de coordinación de la Sagarpa con otras secretarías para atender los temas de desarrollo desde lo económico, lo ambiental y lo cultural; el segundo, que las dependencias pierdan capacidad de negociar recursos, pues la capital, como sede presidencial y del Congreso, es dónde se seguirá discutiendo el gasto. Esto sin entrar en la posible pérdida de talento que podría generarse con una baja masiva de salarios.

“La hasta hoy vigente Ley de Desarrollo Rural Sustentable impone un enfoque multifactorial, convergen trece secretarías y empresas estatales pero coordinadas por la Sagarpa […] todo el ecosistema, todo el territorio, toda la cultura de una comunidad, juegan en favor de los recursos naturales, de la agricultura, de la ganadería, del bosque, el cuidado del suelo, del agua, las costumbres, la alimentación, es muy complejo el mundo rural para ponerlo en un compartimiento, en los países avanzados la tendencia es lo contrario a segmentar”.

La supresión no estuvo bien soportada, pero es necesario exigir la aplicación de la legislación vigente para un manejo en términos de salud pública y sustentabilidad, advierten expertas.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El análisis detenido de los diez decretos de “levantamiento de vedas” y “establecimiento de reservas de agua” para gasto ecológico, emitidos por el presidente de la república, el 6 de junio pasado, en el Diario Oficial de la Federación, revela dos grandes realidades:

Uno, que esas vedas no preservaban el medio ambiente, sino que habían sido establecidas a partir de la tercera década del siglo pasado para garantizar el recurso a proyectos agropecuarios y de abastecimiento urbano, por lo que nunca fueron obstáculo para la obtención de asignaciones o concesiones en ese sentido.

Dos, que el gobierno de la república tuvo la oportunidad de aplicar las salvaguardas ambientales que prevé la Ley de Aguas Nacionales, sobre todo a partir de las reformas de 2004, y lo hizo de forma incorrecta en cuanto a la observancia de la ley, los elementos de soporte técnico y el derecho a la consulta de usuarios y ciudadanos de las cuencas afectadas. Esto deriva en que se amplíen las posibilidades para otros usos de agua en el marco de la Reforma Energética y las necesidades de sectores primordiales de la economía como el turismo. Respecto a la reserva ambiental, la duda es si de verdad esa agua existe.

Son parte de las conclusiones a que llegan las investigadoras y académicas de la Universidad de Guadalajara, Raquel Gutiérrez Nájera e Ivonne Álvarez Gutiérrez, en un documento intitulado “Alcances y limitaciones de los decretos de supresión de veda y zonas de reserva del Ejecutivo federal publicados el 6 de junio del 2018”, del cual entregaron una copia a MILENIO JALISCO.

“…grosso modo, podemos inferir, que los decretos per se, jurídica y técnicamente no tienen robustez y su implementación no está garantizada por instrumentos de cuenca en cuanto a rendición de cuentas y supervisión, medición y monitoreo que los puedan avalar. En efecto, los decretos de supresión no valoran técnica, social y ambientalmente el impacto de supresión de las aguas y su apertura a todos los usos permitidos por las leyes de la materia, entre ellas las propiamente hídricas y las del sector productivo entre las que encontramos las del sector energético, el fracking y el minero”, señalan. 

Es decir, el objetivo verdadero sería ampliar el abanico de posibles aprovechamientos, ante las necesidades generadas por los cambios económicos de los últimos años.

Esto no obsta para reconocer que “las vedas suprimidas no significaron la prohibición absoluta de aprovechamiento de aguas nacionales, sino que eran precisamente para garantizar la actividad productiva del país, de tal manera, que la discusión debe centrarse […] en la exigencia de estudios técnicos abiertos a la sociedad y usuarios, para validar si realmente existe la cantidad de agua que se dice existe, así como las afectaciones que la liberalización al mercado del agua implicarían todos los usos contemplados en la Ley de Aguas Nacionales, ya que no tenemos la actualización del padrón de concesionarios o asignatarios de cada una de las subregiones en las que se suprimió la veda, para entender, cuánta agua de la que se dice existe, en realidad ya estaba o no comprometida vía concesiones y/o asignaciones a entes de gobierno”.

Es decir, “los decretos de supresión de vedas, no evidencian realmente el agua que existe, sino que se remiten al acuerdo de Disponibilidad de aguas nacionales de 2016 y éste no se encuentra motivado en cuanto a estudios técnicos robustos y científicos del agua que existe”, situación que se agrava porque “la institucionalidad de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de sus consejos de cuenca, la supervisión e inspección, porque en las condiciones que opera actualmente, no se garantiza la vigilancia e inspección en campo, y, el sistema de concesiones y asignaciones no ha sido eficiente para garantizar la ausencia de sobreexplotación y contaminación de las aguas superficiales”.

Lo peor es que las lagunas detectadas no debieron darse, pues la legislación vigente prevé la realización de estudios rigurosos antes de determinar un cambio de política. Simplemente no fue observado.

Así, “los estudios técnicos tienen varias lagunas, porque omiten el contenido del artículo 40 de la Ley de Aguas Nacionales a saber: la declaratoria de utilidad pública; las características de la veda, de su modificación o de su supresión; las consecuencias previstas al instrumentar el levantamiento de la veda; la ubicación y delimitación de la zona de veda; la descripción del ecosistema hídrico o ecosistemas afectados; el diagnóstico de los daños sufridos en los ecosistemas hídricos superados, el volumen disponible de agua y su distribución territorial, así como los volúmenes de extracción, recarga y de escurrimiento; las bases y disposiciones que deberá adoptar la Autoridad del Agua, relativas a la forma, condiciones y, en su caso, limitaciones, en relación con las extracciones o descargas en forma temporal o definitiva; la expedición de normas que regulen los aprovechamientos y descargas, en relación con la fracción anterior, incluyendo el levantamiento y actualización de padrones; los volúmenes de extracción a que se refieren las dos fracciones anteriores, y la temporalidad en que estará vigente la veda, reserva de agua o zona reglamentada”.

Además, “al contrastar el contenido de los estudios técnicos [ET] con el precepto legal, se infiere que no existe concordancia entre el instrumento de política hídrica con el contenido regulatorio, de donde podemos inferir, que las bases técnicas para levantar las vedas a través de los ET no tienen la robustez jurídica y técnica para que el Ejecutivo Federal pueda garantizar el agua en el contexto de la gestión integrada de los recursos hídricos” que prevé la Ley de Aguas Nacionales.

Tampoco se garantizó “la participación de los organismos de cuenca en el análisis de los ET, si bien es cierto se les presentó el resultado de los mismos, ello no garantiza la participación de los organismos de cuenca en su análisis como menciona la Ley de Aguas Nacionales en el apartado relativo a la implementación de la veda y/o zona de reserva”.

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Claves 

Los datos generales 

Los diez decretos de supresión de vedas publicados en 2018, tienen su fundamento en la Ley de Aguas Nacionales vigente, aplicando el principio de progresividad y pro naturaleza es una fortaleza, en virtud de que el abordaje de los mismos rebasa a la ley de origen

Las vedas, reservas de aguas y zonas reglamentadas, constituyen instrumentos de la política hídrica, por un lado del régimen de concesiones y asignaciones del agua para su aprovechamiento y con el de la gestión de aguas nacionales para racionalizar las necesidades de agua y con ello contribuir al mejoramiento de la economía (art. 14 BIS 6 frraciones II y III de la LAN). Es decir, tienden a limitar el aprovechamiento de las aguas nacionales y su gestión

Los decretos de supresión de veda datan de 1931 y los más recientes de 1999 y 2012

Los decretos abarcan diez diferentes regiones hidrológicas, en nueve se suprimen vedas y en uno se crea solamente reservas de agua. Son 120 cuencas en 17 estados , 36 decretos de veda y de éstos uno es para asegurar agua para la actividad productiva, diecinueve relativos a actividades agrícolas, dos para garantizar agua potable, trece para aprovechar las aguas nacionales y uno para generar energía eléctrica

Decreto por decreto 

1 La subregión hidrológica (RH) Pánuco, abarca 11 cuencas hidrológicas, recorre 8 estados de la República y suprime 7 decretos de veda. De éstos, 5 vedas era para garantizar riego para la actividad agrícola, uno para garantizar agua la actividad productiva de la región de Querétaro, Hidalgo y San Luis Potosí y uno para el abastecimiento de agua potable para Ciudad Victoria y Madero y el funcionamiento de la cuenca.

2 La Región Hidrológica (RH) 12, Subregión Río Santiago, abarca 33 cuencas en 3 estados. Suprime 5 decretos de veda, todas ellas relativas a garantizar sistemas de riego nacionales y datan de 1931 a 1947.

3 La RH 19 de la Costa Grande de Guerrero, abarca 17 cuencas, todas ellas del estado de Guerrero. Suprime 8 decretos de veda que datan de 1954 y todos ellos tenían como objeto: conservar las condiciones hídricas para el aprovechamiento de las aguas y proyectos hidráulicos futuros.

4 La RH 20 de la Costa Chica de Guerrero, abarca 10 cuencas en la Costa del estado de Guerrero y parte de Oaxaca. Los acuerdos de supresión de veda datan de 1936, 1954 y 1955. La finalidad de dos de ellos era para la conservación de condiciones hidráulicas para proyectos de aprovechamiento de aguas y uno para la construcción de obras de riego y asegurar la producción agrícola.

5 La RH 25 San Fernando-Soto La Marina, abarca 10 cuencas en los estados de Nuevo León y Tamaulipas y sólo tiene un decreto de veda que se suprime de 1931, cuya finalidad era conservar las condiciones hídricas para el desarrollo de proyectos de aprovechamiento de aguas superficiales.

6 La RH 28, subregión Papaloapan, abarca 2 cuencas en los estados de Puebla y Veracruz. Los acuerdos de veda que se suprimen datan de 1935, 1948, 1954 y 1955. La finalidad de dos de ellos era conservar las condiciones para el aprovechamiento y desarrollo de proyectos de aguas superficiales, uno para la construcción de obras hidráulicas de irrigación y la creación de Distrito Nacional de Riego y otro para garantizar el abastecimiento de agua potable a la población de Jalapa, Veracruz

7 La RH 14 Ameca, abarca 9 cuencas en los estados de Jalisco y Nayarit. El acuerdo suprime 3 vedas todos ellos de 1954 y de igual manera su finalidad era la construcción de proyecto de aprovechamiento hídrico a través de obra de riego para aumentar y mejorar la producción agrícola

8 La RH 15, Costa de Jalisco, abarca 8 cuencas en los estados de Jalisco y Colima. Los 4 acuerdos de veda que se suprimen datan de 1954 y su finalidad era la construcción de proyecto de aprovechamiento hídrico a través de obra de riego y mejorar la producción agrícola

9 La RH 28, Papaloapan, abarca dos cuencas en los estados de Oaxaca, Veracruz y Puebla. No tiene decretos de veda

10 La RH 30 Grijalva-Usumacinta, tiene 18 cuencas en los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Campeche. El decreto de veda que se suprime data de 2012 y su objeto era la falta de disponibilidad de agua en la Presa La Concordia y La Concordia II, determinó la capacidad de generación de energía eléctrica y levanta veda en toda la cuenca tributaria del río Grijalva

Fuente: Fuente: Alcances y limitaciones de los decretos de supresión de veda y zonas de reserva del Ejecutivo federal publicados el 6 de junio del 2018, Raquel Gutiérrez e Ivonne Álvarez

Dar preferencia a los que presenten primero solicitud de concesión violenta derecho constitucional, aseguran expertos.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Los decretos que levantan vedas en las dos regiones de la costa de Jalisco, donde 72 por ciento del agua es reserva ecológica o “caudal ecológico”, y 28 por ciento se abre a concesiones, tienen dos desafíos: el primero es saber el modo en que se garantizará que el agua reservada no sea tocada; el segundo, cómo asegurar que a los pueblos y comunidades rurales se les respete el agua signada en sus decretos presidenciales de dotación, ampliación o reconocimiento y titulación.

Señala el decreto de la región Costa de Jalisco: “las concesiones o asignaciones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, serán reconocidas siempre que el título esté vigente y no se haya incurrido en causas de suspensión, revocación o extinción”. Añade: “los volúmenes disponibles, no comprometidos por medio de la reserva parcial que se establece en el presente decreto, se podrán explotar, usar o aprovechar mediante título de concesión o asignación previamente emitido por la Autoridad del Agua, en términos de lo previsto por la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, atendiendo la disponibilidad media anual de las aguas superficiales y conforme al orden de presentación. En los casos que resulte procedente, deberá observarse también lo dispuesto en los Programas de Manejo de las áreas naturales protegidas correspondientes”.

También, que “la Comisión Nacional del Agua vigilará que se conserven las condiciones de cantidad, calidad y régimen hidrológico requeridas para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente Decreto y, en su caso, emitirá lineamientos y reglas adicionales para normar las condiciones de emergencia y escasez extrema, con el objeto de regular el uso, explotación o aprovechamiento de las aguas, de conformidad con la Ley de Aguas Nacionales”.

A juicio del presidente del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua, estas obligaciones no tiene posibilidad de cumplirlas la Conagua, porque “la red hidrométrica no está modernizada, y en muchísimos casos tenemos solamente datos hechos a ojo de buen cubero, en escritorio, es decir, completamente obsoletos”.

Por su parte, la Central Campesina Cardenista, a nivel nacional, promueve un formato de amparo contra los decretos presidenciales: “las autoridades responsables han actuado con desconocimiento del derecho a acceder y usar los recursos hídricos de forma equitativa y sustentable, por lo cual, al concederse el amparo y protección de la justicia de la Unión, la medida de reparación principal que se persigue es la declaración de invalidez de los actos reclamados y sus consecuencias”, señala el documento base de las demandas.

Agrega: “los actos reclamados […] conceden acceso y uso del agua a quienes primero lo soliciten, sea porque la misma ya fue concesionada o asignada con anterioridad a la vigencia del decreto aludido, o bien porque los volúmenes disponibles no comprometidos por las reservas parciales fijadas, se podrán explotar, usar o aprovechar por concesión o asignación, bajo la lógica de la primacía del orden de presentación de las solicitudes”. Es en ese escenario “que resultan inconstitucionales por la violación al artículo cuarto de la Constitución”.

El acceso y uso equitativo del agua, “conlleva dar prioridad o preponderancia a las personas o comunidades que más la necesiten, y no seguir el principio de primacía en el tiempo de las solicitudes, se debe de seguir la argumentación siguiente: uno, el propio derecho humano al agua prioriza el consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible; (dos, en el artículo segundo constitucional, apartado A, fracción VI, se reconoce un derecho de las personas, comunidades y pueblos indígenas para acceder al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan, entre ellos, el agua; tres, ese derecho también es predicable para las comunidades equiparables a las indígenas, como pueden ser las comunidades rurales, acorde al último párrafo de ese mismo artículo segundo constitucional”.


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Claves 

Los datos del decreto región río Ameca 

Río Salado, con 160.3 millones de m³ de disponibilidad, de las que 149.9 millones de m³ van a uso ambiental o caudal ecológico (93.5% de reserva ecológica)

Río Cocula, con 314.9 millones de m³ de disponibilidad y 244.5 millones de m³ de caudal ecológico (77.6% de reserva ecológica)

Río Ahuacatlán, con 157 millones de m³ y 92.9 millones de m³ de caudal ecológico (59.1% de reserva ecológica)

Río Atenguillo, con 174.5 millones de m³ de disponibilidad y 120 millones de m³ de caudal ecológico (68.8% de reserva ecológica)

Río Ameca Pijinto, con 977.7 millones de m³ de disponibilidad y 869 millones de m³ de caudal ecológico (88.9% de reserva ecológica)

Río Ameca Ixtapa, con 1,324 millones de m³ de disponibilidad y 1,128.9 millones de m³ de caudal ecológico (85.3% de reserva ecológica)

Río Talpa, con 48.5 millones de m³ de disponibilidad, 30.6 millones de m³ de caudal ecológico y 520 mil m³ de agua para reserva de uso urbano (64.1% de reserva ecológica y uso público urbano)

Río Ameca Ixtapa B, con 1,962.3 millones de m³ de disponibilidad y 1,640 millones de m³ de caudal ecológico (83.6% de reserva ecológica)

Río Mascota, con 411.3 millones de disponibilidad, 193.2 millones de m³ de caudal ecológico y 374 mil m³ de agua para uso público urbano (47% de reserva urbana y ecológica).

Totales: 5,530.5 millones de m³ de disponibilidad, de los cuales 4,469 millones de m³ se van a caudal ecológico (80.8% reservado)

Fuente: decreto presidencial por el que se suprimen la zonas de veda vigentes en las cuencas hidrológicas Salado, Cocula, Ahuacatlán, Atenguillo, Ameca Pijinto, Ameca Ixtapa A, Talpa, Mascota y Ameca Ixtapa B de la Región Hidrológica número 14 Ameca y se establece zona de reserva parcial de aguas nacionales superficiales para los usos doméstico, público urbano, ambiental o para conservación ecológica en las cuencas hidrológicas que se señalan, DOF, 6 de junio de 2018

Los decretos contra vedas son “exceso” del Ejecutivo, y se debe a que el Congreso no ha sacado la Nueva Ley General de Aguas.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Las omisiones del Congreso de la Unión, en establecer una ley reglamentaria del derecho constitucional al agua, deja en la precariedad a miles de ejidos y comunidades indígenas que podrían ser afectadas por los decretos presidenciales que levantan vedas en cerca de 300 cuencas del país, señala un análisis de la asociación civil Observatorio Agrario. Esa modificación constitucional “declara de utilidad pública, es decir, intervención directa del estado para el cumplimiento de sus funciones, la gestión integrada de recursos hídricos superficiales”. Y la omisión de su reglamento ha llevado a ajustar políticas hídricas como resultado de la falta de cumplimiento de los legisladores en la emisión de una nueva Ley General de Aguas.

“Por eso se considera que el Ejecutivo Federal excede sus atribuciones y facultades al realizar adecuaciones vía decretos reglamentarios, a las políticas hídricas de la ley de aguas nacionales, al establecer distribuciones de las aguas superficiales para consumo humano y para preservación del ambiente, que con motivo de la modificación y adiciones al artículo 4 constitucional, le corresponden al poder legislativo, en términos el artículo tercero transitorio del decreto de fecha 18 de enero de 2012”, añade el documento, denominado “Opinión preliminar respecto de los decretos emitidos por el Titular del Ejecutivo Federal, que suprimen vedas en nueve Regiones Hidrológicas Mexicanas y, establecen reservas parciales de aguas nacionales superficiales para uso ambiental o conservación ecológica, publicadas el 6 de junio de 2018”. El texto está firmado por Nayar Emilio Paredes Nieto, presidente del Observatorio Agrario.

Advierte: los decretos “dada su naturaleza, prácticamente extinguen las concesiones y asignaciones otorgadas con anterioridad a dichos decretos, si no están vigentes y, si sus los titulares han incurrido en causas de suspensión, revocación o extinción. Esta situación pone en claro riesgo a los derechos, las concesiones y las asignaciones de aguas superficiales de los núcleos agrarios que se encuentran las áreas de los decretos, de donde resulta necesario que, en aras del orden público e interés social, las dependencias del sector agrario coordinado realicen acciones inmediatas a efectos de que se preserven las titularidades y los derechos de agua de los núcleos agrarios que se encuentran dentro de las áreas comprendidas en los decretos de referencia”.

Sugiere que la estructura territorial de la Procuraduría Agraria “podría colaborar con los comisariados ejidales y de bienes comunales que sean titulares de derechos, concesiones y asignaciones de aguas superficiales, a efecto de realizar las gestiones necesarias ante las delegaciones de la Comisión Nacional del Agua en los estados, a efectos de que se informe el estado que guardan los derechos de los núcleos agrarios”.

Dada la ubicación y distribución de los efectos de los decretos en estudio con relación a la propiedad social, juntamente con las concesiones mineras, las asignaciones mineras, las áreas naturales protegidas tanto federales como estatales, “resulta urgente que se recontextualice la participación del sector social de propiedad en cada uno de los consejos de cuencas hidrológicas”, agrega.

Los consejos de cuenca deberían estar preparados para lo que se viene con los decretos, esto es, contar con representación legal, con reglamentos y programas de manejo “a efecto de que los decretos no se conviertan en escenarios de competencia y depredación de los volúmenes de agua disponibles, en perjuicio de los centros de población, los núcleos agrarios, de las actividades agropecuarias del sector social, así como también no se le restrinja el agua superficial a los pequeños productores a agrícolas y pecuarios que subsisten de esos recursos hídricos”.

El observatorio cree que el análisis de los decretos debe ser materia de estudio y opinión por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por su parte, el Observatorio Agrario “empezará a coordinar un conjunto de acciones y consultas con los núcleos agrarios, los profesionistas y técnicos al servicio de la propiedad social, y las instituciones del sector agrario, a efectos de coordinar acciones y estrategias que atienda las necesidades de los ejidatarios, comuneros, pueblos originarios titulares de derechos de agua dentro de las cuencas materia de los decretos en estudio”.

El dato 

Núcleos agrarios y derechos Jalisco tiene alrededor de 80 mil km2 donde se alojan 1,448 núcleos agrarios, de los cuales, 55 son comunidades indígenas, y se tienen 224,666 titulares de derechos sobre 3 millones 164,366 hectáreas en 121 municipios.

Evitarlo ddepende de que el gobierno de Jalisco responda con eficacia a demandas en seguridad, educación y salud, el 5 de junio

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Los wixaritari de San Sebastián Teponahuaxtlán y diversos directores de áreas de seguridad, salud, educación e infraestructura del gobierno del estado, se reunieron el pasado 24 de mayo, y acordaron que el 5 de junio se daría respuesta a las demandas de mejoras de la comunidad. Lo aborígenes les advirtieron que si la respuesta falla, se moverá de escala la protesta que mantiene desde el pasado 30 de abril.

“Estamos esperando que se presenten los secretarios ese día, en Mesa del Tirador, y hemos advertido que si no hay respuestas adecuadas, la protesta saldrá de la sierra, de la comunidad, y eso podría llevar a la toma de carreteras y de instalaciones del gobierno, tanto en Colotlán como en Guadalajara”, aseguró a MILENIO JALISCO el vocero de Wuaut+a, Ubaldo Valdez Castañeda.

Dijo que hay molestia con el gobierno federal por obligar a posponer las ejecuciones de sentencias a favor de los comuneros en la zona de Huajimic, y que ese pendiente permanece como la principal demanda de los indígenas, pero que esperan señales positivas del gobierno del estado en las otras peticiones, principalmente en el asunto de la seguridad, pues no se retirará el bloqueo que permanece contra el proceso electoral mientras no se destrabe la entrega de sus tierras.

“La respuesta de Gobernación fue muy desafortunada; hicimos en la comunidad, de manera paralela, una reunión con el gobierno del estado, y las diferentes direcciones, para sacar algunos atrasos que tenemos en salud, seguridad pública, educación, y se agendó el día 5 de junio una reunión ya con los secretarios titulares aquí en la comunidad, en la caseta de vigilancia de Mesa del Tirador. Por ahora solamente se generó una agenda, las autoridades estatales ya saben cuáles son las problemáticas que aquejan a la comunidad, y se los volvimos a reiterar: hay algunos pendientes en los que se ha venido trabajo pero que no se han cumplido”, refirió en entrevista telefónica.

El tema en que más insistieron fue “seguridad pública: dijimos que para nosotros es muy importante, porque hemos estado recibiendo mensajes, amenazas, como de costumbre; tenemos la necesidad de la fuerza pública, rural, pues para que haga más vigilancia, en las localidades (…) ellos con su puño y letra firmaron sus compromisos; también como punto central acordamos ahí que en caso de que no traigan soluciones concretas, en lo que les corresponde hacer a las diferentes secretarías, del día 6 de junio en delante, la comunidad va a tratar de sacar su movimiento fuera de la comunidad, con toma de carreteras federales, presidencias municipales, e incluso a algunas dependencias federales, en Colotlán y Guadalajara”, añadió.

- O sea, habrá tomas, manifestaciones y bloqueos si no tienen respuesta satisfactoria.

- Sí, si no hay compromiso, si no se ha concretado nada, la comunidad ya va a estar en condiciones de visibilizar su movimiento, pero ya fuera de esta zona.

Valdez Castañeda subrayó que todas las decisiones que se han tomado el 29 de abril, tanto el bloqueo al proceso electoral y el cierre de carreteras el 30 de abril, como el cierre de escuelas y de centros de salud, salvo para emergencias, son medidas que permanecen vigentes. Reconoce que hay riesgo de que se pierda el año escolar, por eso la han solicitado a Educación que se establezca un esquema adecuado para rescatarlo. Si hubiera respuestas satisfactorias, podría determinarse levantar esa huelga en específico, pero es algo que deberá determinar la asamblea.

“Eso va depender de la respuesta del 5 de junio que nos traigan ellos, obviamente, sin perder de vistas lo que es el tema agrario, como demanda principal, en espera de que Gobernación nos confirme de los trabajos para desatorar las indemnizaciones y que por fin la comunidad pueda recuperar la posesión y el uso de las tierras que le fueron arrebatadas”, añadió.

Guzmán Pérez Peláez, vocero de la versión disidente de una parte de la jerarquía y laicos influyentes, se escandaliza por lo que considera el caso de mayor impunidad en México.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Un día como hoy, hace 25 años, a las 3.45 pm, fue asesinado de 14 disparos “directísimos” el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, a bordo de su Gran Marquís blanco, en el aeropuerto internacional de Guadalajara. Considerado uno de los artífices del reestablecimiento de las relaciones Iglesia católica-estado mexicano, en un cuarto de siglo no se ha resuelto la polémica pública del móvil del homicidio, entre la hipótesis oficial de la confusión del prelado por sicarios del narcotráfico, o un asesinato de estado por presuntas revelaciones de colusión entre los barones de la droga y altos funcionarios del gobierno salinista.

Más allá de la polémica, el caso constituye uno de los ejemplos de violación de derechos más longevos de la historia judicial mexicana, asegura el defensor de la tesis del crimen de estado, y ex secretario general de gobierno de Jalisco en dos ocasiones, Fernando Guzmán Pérez Peláez.

“Tenemos ya 25 años de impunidad, es medalla de plata o de aniversario de plata de impunidad, y yo no sé cuándo vaya a llegar o cuando quieran rescatar la verdad; porque a 25 años, seguimos sin sentenciados, seguimos con una hipótesis que no se puede acreditar, la de la confusión, y con más de 100 expedientes guardados en la Procuraduría General de la República, que no han sido consignados al juez penal, ya que el juez, al conocer todos este material probatorio, cambiaría la versión de una confusión a una versión acreditada de un crimen deliberado, con premeditación, alevosía y ventaja, donde el cardenal Posadas fue la víctima escogida de sus asesinos, que le dispararon a menos de un metro de distancia, 14 impactos, a plena luz del día”, dice a MILENIO JALISCO.

- En su opinión, ¿por qué no se pudo llegar a esa verdad? El asesinato ocurrió con Salinas, luego llegó Zedillo, y luego dos gobiernos del PAN, y nunca pasó nada que terminara por cambiar la versión.

- Es una buena pregunta, ahí ha habido falta de voluntad política, o de componendas en el pasado, para no mover el agua, porque han pasado tantos años y un crimen de estado sin duda tendría un alto impacto; ahora viene una nueva elección, un nuevo gobierno, y seguiremos con un expediente abierto, vivo, un expediente de un magnicidio, a plena luz del día, de un cardenal, que está en la impunidad, con un primer detenido, el famoso Gory, Alberto Gallardo Robles, que desapareció de un penal de alta seguridad, que nunca fue puesto a disposición del juez, y que después declara en Estados Unidos ante la PGR, fuimos el grupo interinstitucional a obtener su versión, porque aquí en lugar de ponerlo con un juez lo mandaron a allá prestado; allá declaró que había sido sacada su declaración con tortura, que él nunca había disparado en el aeropuerto, y después, en los tiempos del procurador Jorge López Vergara, se encontró un peritaje guardado en un escritorio, firmado por los mismos peritos que firmaron el del Gory, decía que sí disparó, luego otro dice que no disparó, o sea simplemente cambiaron una por otra, y así se la llevaron […].

Guzmán sostiene que “hay más de mil volúmenes de investigación que acreditan que no hubo ninguna confusión; al final del grupo interinstitucional, en agosto de 2000, se concluyó, y en esto también estuvo coincidente la PGR, que en la reconstrucción de los hechos no hay la posibilidad de que el cardenal se atraviese en un fuego entre narcotraficantes, no hubo tal fuego cruzado, lo primero que sucede en el aeropuerto es la ejecución del cardenal a menos de un metro de distancia, y esto está reconstruido con la declaración de las personas que iban en el auto de adelante, con la declaración de otros testigos, de los maleteros: el cardenal iba bajando, y a plena luz del día y a menos de un metro de distancia le dispararon 14 tiros, 250 balas recibió el coche después […]”.

Los testimonios en los 100 tomos abundan, agrega. “Hay uno de un amigo de la infancia del cardenal, que lo vio el 6 de mayo, hace 25 años, 14 días antes del crimen, y el cardenal le dice que fue a una reunión a Los Pinos a quejarse de la protección de los cárteles del narcotráfico y de la prostitución, y que de ahí fue sacado violentamente y le dijeron que no se metiera en esos temas. Eso lo refiere un testigo directo del cardenal Posadas, se lo confió 14 días antes”.

Otro elemento que apunta a la tesis del magnicidio: “el jefe de la Policía Judicial Federal estaba en el aeropuerto antes del crimen, de eso hay varios testimonios; están las bitácoras, donde llega un avión al aeropuerto de Guadalajara, que estaba bajo la supervisión del procurador Carpizo, una hora antes del crimen, que se regresa media antes, y en la tarde vuelve a regresar para montar la investigación, ¿pero a que vino una hora antes? O sea, hay elementos que siempre se han denunciado, porque siempre les hemos exigido la verdad, pero están ahí guardados en 100 tomos, lejanos del alcance de los jueces, y el juez no ha encontrado en todos los elementos que le han exhibido suficientes elementos para sentenciar y condenar de forma definitiva a alguien, o sea no hay sentencia, y ya han pasado 25 años”.

Un cambio que ocasionó la investigación fue que la PGR corrigió parcialmente su hipótesis, “la del fuego cruzado, a que no había habido una confusión por el auto del cardenal, como trataron de sostener, lo cual era ridículo, no era el único Marquís blanco en la ciudad; terminaron diciendo que hubo una confusión por la inercia de los tiempos, pero se acreditó que el asunto del aeropuerto comenzó con la ejecución del cardenal, y eso está firmado”.

Posteriormente “vino la administración de Fox, se detuvo a otras personas que se buscaba su declaración, y una de ellas declara que fue encargada de intervenir los teléfonos del cardenal Posadas […] hay un policía de caminos que refiere que del automóvil del cardenal, de la cajuela, hubo una persona que sacó unos papeles, expedientes. Pero realmente no hubo la voluntad de llegar al final, hubo discusiones con el procurador de Fox, el general Macedo de la Concha, y él decía que no había bitácoras agregadas al expediente, cuando sí están. Si fueron gobiernos del PAN o del PRI, eso fue irrelevante para el aspecto de las investigaciones, ninguno tuvo la voluntad”.

A su juicio, lo que ha sucedido con el país puede derivar también de esta primera impunidad. “Un escenario de violencia desbordada, van 24 sacerdotes asesinados en esta administración, lo cual me parece gravísimo, somos el país con más sacerdotes asesinados y con más periodistas asesinados, es el reino de la impunidad”.

- ¿Usted ve posibilidad de que el próximo presidente se decida a reabrir el caso?

- Es una buena pregunta para los aspirantes, porque un país sin justicia no puede aspirar a su desarrollo, y una país como México que vive una crisis de violencia y de inseguridad tampoco, está desbordado, y sería muy edificante de que hubiera la voluntad de llegar fondo en este caso, y no por venganza o para exhibir a los responsables, realmente han pasado muchos años y algunos estarán muertos, otros no, pero es un grito que clama al cielo por justicia, la iglesia lo ha reclamado, la sociedad lo ha exigido, el papa Juan Pablo II pidió esclarecer […]

- El grupo político que ordenó este crimen, ¿sigue vigente en las esferas de poder como para impedir que se llegue al fondo?

- Nada más quiero decirte que el asunto incluso llego a la Corte, por 2009 o 2010, y el gobernador de Jalisco pidió que pudiera atraer las investigaciones por grave violación a los derechos humanos, aquí hay una grave violación de acceso a la justicia, de denegación de justicia […] la corte publicó en aquel tiempo en un pizarrón para conocimiento público, la admisión del recurso, pero antes de que se discutiera en la sala correspondiente, alguien se movió, y una mano invisible hizo que cambiaran de idea, cancelaron este proyecto, y metieron otro, en que no había posibilidad de discutirlo siquiera.

Guzmán Pérez Peláez no cita el famoso drama Asesinato en la catedral, de TS Eliot, relato del magnicido del arzobispo Santo Tomás Becket. Pero parece que el fracaso de la justicia en el caso Posadas se sintetiza en uno de sus más famosos versos: “La especie humana no soporta demasiada realidad”.

Respecto a la acusación de que la jerarquía y los católicos aprovecharon el homicidio para mejorar la posición pública de la iglesia, empeñados en negar la hipótesis oficial, hay otro recitativo, más largo e inquietante, proferido por el obispo asesinado, que haría pensar a más de algún pastor: “Quien sirve a Dios, corre el peligro de pecar / más que el hombre que sirve al rey. / Porque aquellos que sirve a la causa más grande pueden servirse de la causa / aun obrando bien; y luchando con políticos / hacen política la causa, no por lo que hacen / sino por lo que son…” (Murder in the catedral, segunda parte). Pero Guzmán Pérez Peláez no vacila:

- ¿Estos 100 volúmenes apuntan a la posibilidad de una conspiración desde el poder para matar a Posadas Ocampo?

- Así es, sin duda.



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Claves

Un historiador regresa al lugar de los hechos

“La muerte de monseñor se constituyó en la prueba inicial que ponía en predicamento las recién estrenadas relaciones entre las iglesias y el Estado –y precisamente con la que concentraba más creyentes–. El episodio colocó a la referida Iglesia en la posición de pedir cuentas y exigir justicia cuando menos por una década, lo cual, a diferencia de lo que ocurrió con el PRI, la consolidó […] el 21 de abril de 1994, Juan Sandoval Iñiguez fuera designado IX Arzobispo de Guadalajara. Con él comenzaría la denuncia encarnizada del asesinato de su predecesor”

“Cuando el 1 de junio de 1993 el procurador general de la República Jorge Carpizo, mediante un Nintendo, aseguró que lo ocurrido en el aeropuerto de Guadalajara había sido un enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes, con confusión de personajes y fuego cruzado incluidos, el forense más famoso de Jalisco, Mario Rivas Sousa, ya se le había adelantado afirmando apenas el 25 de mayo que las “balas fueron directísimas”. Tiempo después se sostuvo en sus palabras: “[Los disparos] no podían ser más directos. No fueron a más de un metro o menos, digamos a 80 centímetros. Yo dije cómo lo mataron desde el punto de vista científico, no quién lo mató. Posiblemente, el primer balazo fue el del pie derecho, que probablemente se lo dieron al estarse bajando”

“Hay que reconocerle al procurador su capacidad para armar la escena previa al fatal suceso. Ante una pregunta del periodista Jacobo Zabludovsky sobre si se había tratado de algo casual o de una emboscada contra el Chapo, respondió presto y enfático: “Esta es una operación extraordinariamente planeada […] De esto la procuraduría no tiene ninguna duda”. Entonces Zabludovsky, comparando las fotos del Chapo y del cardenal, le dice: “¿Cómo los sicarios pudieron confundirse a ese grado?”

Carpizo responde: “Se imagina usted la confusión –16 coches quedaron con impactos de bala–. Tenemos el testimonio de Bayardo, que le habían dicho que el Chapo iba a llegar en un Grand Marquis blanco; pero también el administrador del Chapo nos afirma que uno de los coches del Chapo es un Grand Marquis blanco que generalmente no lo usa sino su esposa. Entonces, en el momento de la gran confusión se piensa que el coche Century azul es parte de la escolta y ya sabemos qué pasó […] Ahora, ¿por qué no se reconoció al cardenal? Todo sucedió entre 20 y 25 segundos, pero esos gatilleros enemigos sabían que se estaban jugando la vida. Acá lo importante es quién tira primero”

“Según Carpizo, hubo mínimo dieciséis versiones de complots posibles que, a pesar de ello, con notable lucidez, discriminó para poder avanzar. Defendió, con fuerza y seguridad, que se trató de un asesinato circunstancial, pero ‘extraordinariamente planeado’, con lo que frustró la posibilidad del clero de Jalisco de añadir un nuevo mártir a sus altares y, sobre todo, logró atrapar a un sinnúmero de pistoleros y narcotraficantes”

Fernando M González, “De las balas directísimas a los informes que sólo parecen directos”, 2010